Entre septiembre y octubre de 2023 hubo semanas en las que no llovió en la Amazonia. Millones de personas de los ocho países que la conforman quedaron desabastecidas de agua, combustible y comida en medio de una temporada seca que duró más de lo regular. Hubo zonas que estuvieron totalmente desconectadas.
Por esos días, las familias del Resguardo Indígena Ticoya, a más de dos horas en lancha de Leticia, se organizaban para salir una a dos veces por semana al casco urbano de Puerto Nariño a proveerse de agua, recuerda el vigía ambiental Jerónimo Ahue Cuello, de la comunidad Puerto Esperanza, de ese resguardo.
Mientras pasa una canoa con un motor ruidoso frente a la estación de vigías en Ticoya, Jerónimo dice que en esos meses de sequía no vio tantos turistas.
Puerto Nariño es uno de los sitios más turísticos de la Amazonia colombiana. Al año recibe unos 24.000 turistas, algo que hace cincuenta años, antes de que se fundara el municipio (en 1984), era imposible. Los tiempos han cambiado: hoy el municipio tiene 22 hoteles y funcionan 19 agencias y operadores de viajes.
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Según la Secretaría de Turismo y Cultura de ese departamento, en Leticia, la capital, funcionan más de 400 servicios entre agencias, operadores y alojamientos que reciben alrededor de 30.000 turistas al semestre en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, los acomodan y guían sus salidas por fuera del municipio de Leticia. El otro destino al que van los visitantes es Puerto Nariño y sus alrededores.
Aunque la industria del turismo genera uno de los principales ingresos económicos para el municipio, hay comunidades que se están cuestionando sobre el impacto social y ambiental de esta actividad, que tuvo un empujón tras el Acuerdo de Paz de 2016. Hoy esta fuente de ingreso se ha extendido a conceptos como el ecoturismo, el turismo comunitario o el etnoturismo.
Muy cerca de Puerto Nariño, como lo muestra el siguiente mapa, está el sitio Ramsar Lagos de Tarapoto, el primer complejo de humedales en la Amazonia en tener esa designación, la máxima medida internacional para la protección de dichos ecosistemas. Declarado en 2018 por el Ministerio de Ambiente, este sitio se encuentra en medio del Resguardo Ticoya, desde donde habla Jerónimo. Está conformado por 22 comunidades de los pueblos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua.
Sobre este resguardo del Amazonas confluyen varias opiniones en torno al turismo. Si bien es un sector que aporta a la economía, ha incumplido las reglas de unos acuerdos de pesca que las comunidades pactaron hace unos años. Esta situación las mantiene divididas.
A inicios de la anterior década en Lagos de Tarapoto disminuyeron especies de peces como los arowanas, las cachamas blancas, los bagres y el famoso pirarucú. Las comunidades se acercaban a los bosques inundables, es decir, unos árboles que crecen entre el agua a orillas de los ríos, en donde normalmente es más fácil hallar los peces, pero no los hallaban igual que hace varias décadas.
Más de 40 años atrás, en 1980, un indígena se demoraba en promedio 15 minutos capturando lo necesario para su familia y para comerciar, mientras que hoy pueden tardar incluso toda una noche, especialmente en temporada de verano, lo que además afecta la alimentación de los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), especies sombrilla que están por encima de la cadena alimenticia, cuyo bienestar es un medidor sobre el estado del ecosistema. Actualmente, ambas están categorizadas como “en peligro” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Según cuenta el vigía Jerónimo Ahue, los acuerdos a los que llegaron las comunidades han ayudado a enfrentar esa escasez. “Antes se veía gente de las mismas comunidades pescando pirarucú”, que ya no se puede pescar.
La declaración de Lagos de Tarapoto como sitio Ramsar, que permite proteger un área de 54.643 hectáreas, se dio a la par de que las comunidades lograran 10 acuerdos de pesca responsable para aumentar las poblaciones de peces. Estos puntos incluyen restricciones para proteger ciertas especies en periodos específicos del año, acorde a sus ciclos de reproducción; también define cuáles son las especies completamente vetadas para pesca, y cuáles son las redes y los motores permitidos.
Durante la sequía del año pasado, el trayecto de Lagos de Tarapoto a Puerto Nariño demoraba alrededor de una hora más de los 15 a 20 minutos que normalmente dura. Los bosques inundables, en donde en época de aguas altas pueden nadar los delfines rosado y gris (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis), parecía simple vegetación sobre la tierra: nada de agua.
Según estimaciones de la Fundación Omacha, ONG que acompañó durante cuatro años al Resguardo Ticoya en la formulación de los acuerdos, cada familia necesita para alimentarse una sarta y media al día (una sarta tiene en promedio diez pescados), lo que equivale a 2 kilogramos diarios cuando hay aguas bajas, y 0,67 kilogramos en temporada de aguas altas. Los acuerdos permiten pescar diariamente hasta 10 sartas o 20 kg por pescador, aunque la pesca diaria por especie no puede exceder los 10 kg por pescado.
Para tratar de garantizar que los acuerdos se cumplan, en la boca del complejo de humedales hay una estación en la que integrantes de las 22 comunidades se van rotando cada quince días para revisar las mallas que utilizan los pescadores para capturar los peces, el motor de las balsas, así como las especies que pescan.
Para el vigía Juan Ahue Cuello, de Puerto Esperanza, cumplir los acuerdos también trae beneficios “para los que vienen atrás: los nietos y bisnietos. Nosotros como vigías estamos aportando para que los peces sigan reproduciéndose; si no, nos quedaremos sin nada”.
Aunque los acuerdos han servido para recuperar poblaciones de especies, como señala el vigía Gabriel Ahue Gómez, de la comunidad de Santa Clara de Tarapoto, hay discordias entre las comunidades porque algunos pescadores no cumplen con el tamaño de las mallas permitido (superior a tres pulgadas) y emplean de dos pulgadas.
Santa Clara es la comunidad en la que los pescadores cumplen menos los acuerdos. Están más cerca del lago principal y no les suena mucho seguir las reglas de otras comunidades del mismo resguardo que vienen a “su” lago.
“Los pescadores no están de acuerdo. Yo quisiera que incluso no hubiera mallas en verano”, opina Jerónimo, especialmente en casos como el año pasado, cuando se alargó el periodo seco.
Para Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha y quien fue elegido como Explorador del Año por National Geographic, hay dos problemas claves: que quienes incumplen los acuerdos no reciben ningún tipo de sanción y que la mayoría de vigías “son personas mayores y, desafortunadamente, no tienen mucha autoridad” entre los pescadores y las autoridades del resguardo que no reconocen los acuerdos.
Los problemas entre los pescadores y los vigías se dan sobre todo en verano porque, como explica Trujillo, es cuando hay mayor concentración de peces, mientras que en otros periodos “los pescadores pueden pasar toda la noche y con suerte sacan una sarta”.
Otro de los puntos en discordia son las canoas, que únicamente pueden tener un motor pequeño, denominado “pkpk caballaje 5.5”, y andar a menos de 5km, para evitar lastimar a los peces y delfines con las aspas o afectarlos con el ruido. Es una regla que, según los vigías, no conocen ni cumplen algunas las embarcaciones de operadoras que llevan turistas.
Es paradójico: el avistamiento de delfines es uno de los principales intereses de los turistas que llegan a Lagos de Tarapoto, pero, según los datos de la Fundación Omacha, las poblaciones de delfines rosados han disminuido un 52 % y las de los grises un 37 % en los últimos 30 años en el Trapecio Amazónico (el extremo sur del departamento).
“Esto sucede en un área en donde hay manejo. En las otras en donde no lo hay, la situación seguramente es peor”, puntualiza Trujillo.
Lilia Java, líder de los vigías, cuenta que en la estación registran a todo pescador que entra, pero con los turistas es difícil llevar ese control. “Algunos se acercan y se enteran del trabajo de los vigías, otros vienen a bañarse a los lagos y se van el mismo día, otros se quedan más de una noche, otros vienen a pescar”, una actividad prohibida por los acuerdos. El problema no son tanto los turistas, “sino los operadores. Hemos tenido momentos en los que se han enojado porque les hacemos la observación de que no pueden entrar con embarcaciones de motores de alto cilindraje. Hay otros que van despacio cuando entran y más adentro aumentan la velocidad”.
De las 22 comunidades indígenas de Ticoya, 12 ofrecen hospedajes y actividades para turistas, por lo que desde el año pasado empezaron a implementar un cobro. “La finalidad de las comunidades pareciera que es recaudar fondos, no hacer cumplir los acuerdos ni apoyar la labor de los vigías”, cuestiona Java.
Esta actividad dejó el año pasado un récord de ganancias en el país por más de US $9.000 millones. En cuanto a Puerto Nariño, en 2023 el municipio volvió a recibir la certificación de turismo sostenible que perdió entre 2017 y 2018 por falta de saneamiento y agua potable. Según la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte de Puerto Nariño, de los dos mil turistas que al mes llegan, el 40 % va a Lagos de Tarapoto.
Para la secretaria de Cultura, Linda Acevedo, un camino para que las comunidades se involucraran más en el turismo sería que se organizaran y se legalizaran “como empresas prestadoras de servicios turísticos” y se realizara “una inversión en capacitación en temas de turismo, en bilingüismo y la creación de atractivos turísticos en el interior de las diferentes comunidades”.
Jose Barreto, de la operadora Amazon Xplorer Travel en Leticia y quien hizo parte de la Dirección de Asuntos Étnicos, dice que el ideal es que las comunidades indígenas reciban apoyo para certificarse como guías turísticos, pero que también las agencias y operadoras "busquen a los guías nativos, que son quienes conocen la selva, en vez de contratar guías de afuera".
Pero para las comunidades, las preguntas alrededor del turismo van más allá de organizarse como prestadoras de servicio o regular el uso de las lanchas de las operadoras. Cuestionan que el turismo esté desconociendo las reglas de los acuerdos de pesca y que en la Amazonia, el bosque tropical más grande de la Tierra, no haya una reglamentación sobre la participación de las comunidades en esta actividad. Sin embargo, en Ticoya acudieron a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y están a un paso de que se reconozca lo que llaman turismo comunitario.
Planean presentarle al Gobierno una propuesta que permita que sean las comunidades quienes estén a cargo de la regulación del turismo en sus propios territorios. “Buscamos que este turismo sea reconocido y beneficie a las comunidades y no solo a las agencias y operadoras”, afirma Java. “Tenemos otras formas de gobierno y de ver la vida, queremos que las comunidades tengan la posibilidad de organizar el turismo a su manera, a su medida, en sus propios tiempos”.
La secretaria de Cultura y Turismo del Amazonas, Marcela Velásquez, asegura que el Plan de Desarrollo Territorial actual incluye fortalecer “cadenas de valor como el turismo comunitario y especializado”.
Por su parte, el año pasado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelantó un plan para posicionar el turismo indígena en el país, siguiendo un documento que armaron las organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación.
El vigía Luis Ahue, que apoya el trabajo con la ONIC, reconoce que el turismo tiene un potencial muy fuerte: “es el único sector que ha estado generando empleo, pero si no hacemos un buen trabajo y nos unimos, va a ser un problema mayor”, dice refiriéndose a un posible incumplimiento mayor de los acuerdos de pesca.
Cerca a Leticia ya se dio un proceso similar, específicamente en Lagos de Yahuarcaca (ver mapa), conformado por siete comunidades indígenas. De la asociación Atica de pescadores de esas comunidades, que también adelanta proyectos de investigación junto al Instituto Sinchi y la Universidad Nacional, se formó una asociación de turismo comunitario denominada Painu, en la que participan tres de las comunidades y hacen salidas con turistas a los Lagos.
En un artículo publicado en abril en la revista Economic Development and Cultural Change, Santiago Saavedra, PhD en Economía por la Universidad de Stanford y profesor de la Universidad del Rosario, estudió el impacto del ecoturismo en 76 municipios de Colombia, incluyendo Puerto Nariño y Leticia.
“Encontramos que donde se promueve el ecoturismo, aumenta el empleo en un 16 % y se reduce la deforestación en un 50 %”, explica el investigador, además de que se disminuyen otras actividades agresivas con el ambiente como la sobrepesca.
Jeimy Cuadrado, coordinadora de Recursos naturales y medios de vida sostenibles de WWF Colombia, también es enfática en lo importante que es apostarle a actividades que demuestren el valor de mantener el bosque en pie “y cambiar los sistemas de producción que han tenido una tendencia a potrerizar el bosque”. Lo esencial, para ella, es recordar que en regiones como la Amazonia “el turismo vive de buenas condiciones de biodiversidad para ofertar, lo que a la vez garantiza servicios ecosistémicos como la absorción de carbono”.
Un informe publicado el año pasado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) señala que entre 2001 y 2020, la Amazonia, en los ocho países que la conforman, perdió más de 54,2 millones de hectáreas. Según diferentes estudios, como los realizados por el Panel Científico de la Amazonia, si la región sobrepasa el 20 % de deforestación llegaría a un punto de no retorno, lo que significa que dejaría de regenerarse y se convertiría en una sabana. Hasta ahora, la cifra va en un 17 %.
A esto se suman otros datos. Un estudio del World Weather Attribution encontró que el cambio climático hizo que la sequía del año pasado fuera 30 veces más probable, una situación que podría empeorar a medida que la Tierra se siga calentando. Además, otra publicación reciente en la revista PNAS advierte que el 37 % de toda la Amazonia está tardando más en recuperarse de las sequías.
Hace años se promueve el turismo con las comunidades locales en varias zonas del país, por ejemplo, en regiones como el Pacífico y el Caribe, en donde, pese a que se ha incluido más a las comunidades, sigue habiendo un turismo masivo manejado por agencias y operadoras, como en el caso de Capurganá (Chocó). ¿Cuáles serían los errores que no habría que repetir en la Amazonia?
Para Cuadrado, un turismo mal regulado puede convertirse en una presión que genere desbalances tanto ambientales como sociales, por ejemplo, cuando se dejan a un lado las actividades tradicionales y se modifica el uso del espacio. La forma de evitarlo, apunta, es plantear modelos de turismo que “no sean masivos, con un enfoque experiencial que le permita a la gente entrar a valorar lo que hay en el territorio: la cultura, los usos y costumbres tradicionales, el respeto y dependencia de los ecosistemas”.
Por eso, dice, hay que insistir en el desarrollo de buenas prácticas, no solo en la capacidad de gente que puede soportar un ecosistema, sino también en las actividades que se hacen, “como que el avistamiento de delfines no sea invasivo”, o que el turismo sea “sostenible y regenerativo, es decir, que contribuya a que el lugar pueda mantenerse en sus ritmos propios de recuperación”. En el caso de Ticoya ya se han adelantado capacitaciones en observación responsable de delfines y de aves.
Paula Cortés, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) asegura que “la mayoría de los paquetes turísticos y productos de las regiones se hacen de la mano de las comunidades”. También afirma que el hecho de que haya una intermediación de agencias y operadores turísticos no tiene incidencia en que se presente un turismo masivo.
El departamento no cuenta con un protocolo ambiental para el sector turismo, aunque la secretaria Velásquez afirma que se encuentran conformando un Plan de Desarrollo Turístico que lo incluiría.
Por su parte, el Ministerio de Comercio añade que entre los proyectos que ha desarrollado esa cartera en el Amazonas, se incluye la dotación de cuatro embarcaderos fluviales (una suerte de puentes sobre el agua para subirse a una lancha) en zonas no municipalizadas. También, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, están impulsando el desarrollo de productos con un enfoque de turismo regenerativo, la formulación de proyectos asociados al aviturismo y el turismo indígena.
A la mitad del camino entre Leticia y Puerto Nariño, en la comunidad indígena de Arara, en donde viven unas mil personas, se están adelantando procesos similares, a partir de la experiencia de otras zonas del Amazonas, como Lagos de Tarapoto.
“Pensamos ir formando una asociación de turismo, no queremos intervención de agencias, sino que queremos que la logística sea directamente nuestra: alojamiento, salidas a la selva, alimentación, para que beneficie a nuestras familias”, dice Jaime Vento, quien está impulsando un emprendimiento de turismo comunitario con alojamiento en su casa. “Nosotros como dueños de la selva sabemos manejar la naturaleza, transmitirles a los turistas cómo cuidarla y hacerlo con buenas prácticas. Ese punto es muy importante”.
Según Juan Monteiro, de la asociación Painu en Lagos de Yahuarcaca, no han recibido ningún apoyo o alianza por parte del departamento. Para ellos, asociarse con agencias u operadoras “sería una gran cosa, tendríamos visitas turísticas, venta de artesanías”. El único temor que tienen es que luego las agencias les impongan ciertos servicios o paquetes a ofrecer, o que terminen concentrando la mayoría de las ganancias.
Volviendo a Puerto Nariño, al borde del río Amazonas y mientras observa dos embarcaciones que llegaron con turistas, el vigía Luis Ahue dice que hay que empezar por que en Ticoya “se cumplan los reglamentos internos: ese es el primer paso para que el turismo no se vuelva un problema”.
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*Este especial es publicado gracias a la Beca Conservando Juntos (Together for Conservation) de la Earth Journalism Network.
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