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Cuando se habla sobre los procesos que están afectando a los animales, plantas y ecosistemas—lo que conocemos técnicamente como la biodiversidad—es probable que escuchemos sobre las temperaturas extremas, el derretimiento de glaciares o la construcción de infraestructuras como carreteras, que terminan, en varias ocasiones, afectando los recorridos y hábitats de distintas especies. (Lea: Los microplásticos llegaron a las playas del Caribe)
Pero hay otro elemento que está empeorando la situación de la biodiversidad a nivel mundial: los crímenes o delitos contra la naturaleza. Si está en Colombia, es posible que haya visto noticias sobre la deforestación, la minería ilegal o el tráfico de fauna. Todas estas actividades son delitos ambientales, junto a algunas otras como la pesca o conversión del suelo ilegal.
Estos delitos no solo están afectando a animales, plantas y ecosistemas en todo el mundo, sino que son una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales. De hecho, se calcula que, cada año, se generan entre 110.000 y 281.000 millones de dólares de ingresos. Estos, a su vez, tienen un impacto indirecto de entre uno y dos billones de dólares.
¿Qué hacer ante una problemática tan grande? Esta pregunta no tiene una única respuesta pero, ahora, un grupo de actores de varios sectores se unió para lanzar la Alianza de Delitos contra la Naturaleza (NCA por sus siglas en inglés).
“Esta es la primera vez que se elabora a tal escala una respuesta multisectorial a los delitos”, escribió la Alianza a través de un comunicado. Entre sus miembros están Estados Unidos, Noruega, Gabón, Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pueblos indígenas y comunidades locales y distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil, como el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés).
La Alianza se inauguró este miércoles 23 de agosto en la séptima asamblea del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), ante un público de distintos países. Durante el lanzamiento, Ani Dasgupta, presidente de WRI, aseguró que no se ha “avanzado en el tratamiento de los delitos contra la naturaleza, que es algo realmente difícil de atacar. Pero no alcanzaremos nuestros objetivos ambientales si no somos capaces de hacer algo al respecto”.
Por eso, destacó que la nueva iniciativa juntará a representantes de distintos sectores de la sociedad a “aumentar la voluntad política, movilizar el compromiso financiero y reforzar la capacidad operativa para luchar contra los delitos contra la naturaleza”.
Hasta el momento, 19 actores, incluyendo gobiernos, organizaciones, comunidades y medios de comunicación hacen parte de la iniciativa, pero sus miembros hicieron una invitación este miércoles para aumentar la red de colaboradores. (Puede leer: Ecuador le dijo no a la explotación petrolera en el Amazonas: ¿qué implica?)
Uno de los objetivos específicos de la Alianza, explicó Yulia Strange, directora de la NCA, es darle la vuelta a la historia de delitos ambientales. “Hasta el momento, se ha visto que los delitos contra la naturaleza son una oportunidad para obtener grandes beneficios económicos sin mayor consecuencia”, indicó. Ahora, la nueva iniciativa busca lograr que los delitos ambientales se vuelvan una actividad de alto riesgo y baja recompensa. “Para que cometer estos crímenes sea casi impensable”, agregó.
La iniciativa se basará en tres ejes para impulsar su visión: aumentar la voluntad política, movilizar compromisos financieros y reforzar la capacidad operativa. Primero, le apuntan a que los delitos ambientales sean un asunto más discutido. Después de todo, según Joe Walston, director de Conservación Global en Wildlife Conservation Society (WCS), “durante años hemos tratado de poner esta problemática sobre la mesa y de convencer a las personas de que es un problema para todo el mundo, no solo la periferia”.
Tras aumentar la discusión, la Alianza busca que los gobiernos persigan “energéticamente” a las redes criminales y otros actores detrás de los delitos ambientales. La nueva iniciativa, a su vez, le apuntará a conseguir más financiación para enfrentar a las redes criminales y mejorar las capacidades de identificación, desmantelamiento y enjuiciamento de los delincuentes.
“No se trata de duplicar las iniciativas que ya existen, sino de conectar los puntos que no están conectados”, precisó Strange. Los integrantes de la alianza conformarán grupos de trabajo específicos que abordarán vacíos en el tratamiento de delitos ambientales. Entre estos están los grupos de trabajo de: delitos financieros, para identificar flujos financieros detrás de los crímenes: cadenas de suministro; herramientas y tecnología; aplicación de la ley y marcos jurídicos; defensores de primera línea; y de comunicaciones estratégicas.
Sobre el lanzamiento de la iniciativa, Susan Gardner, directora de Ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), dijo que era necesario, pues “los países no pueden alcanzar el desarrollo sostenible sin ecosistemas fuertes”. Sin embargo, agregó que un punto importante es pensar en los delitos ambientales desde una perspectiva más amplia. (Le puede interesar: Ecuador dio el sí para detener extracción de petróleo en una zona del Amazonas)
“La delincuencia organizada, frecuentemente, también tiene que ver con las oportunidades de subsistencia que existen en ciertos lugares. Los mineros informales también lo hacen, en ocasiones, para llevar comida a la mesa. Es muy importante hablar de esto también, al abordar los delitos”, manifestó.
Propuso que otra discusión a incluir podría ser la de las oportunidades para ofrecer incentivos en las regiones donde se presentan algunos de los delitos. “Hay una gama de oportunidades que tenemos que comprender mejor, para determinar qué oportunidades existen para promover medios de subsistencia sostenibles”.
Resaltó el caso de la Amazonia, donde se está promoviendo la bioeconomía como una de las apuestas principales para proteger la selva. De hecho, este fue uno de los puntos principales que quedó incluido en la Declaración de Belém, el acuerdo que firmaron recientemente los países amazónicos, incluyendo a Colombia.
Allí, se afirmó que el principal objetivo es que las bioeconomías aporten a la sostenibilidad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, y que vayan de la mano con investigación. Buscan que comunidades, científicos y demás actores de la Amazonia intercambien “conocimientos y el debate profundo sobre estudios, metodologías, monitoreos y alternativas para reducir la deforestación, impulsar el desarrollo sostenible y prevenir el desequilibrio ambiental en la Amazonia”.
Walston dio otro consejo para garantizar el éxito de la Alianza. “Si queremos que esto funcione, debemos implementar la alianza en lugares donde los gobiernos tengan una menor gobernanza. Allí, se debe desarrollar la capacidad con proyectos y socios locales. No se trata de un proyecto puntual, sino de un trabajo generacional”.
¿Cuáles son los delitos ambientales en Colombia?
En Colombia, se escucha a diario de la deforestación, minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre. El Gobierno ha impulsado varias estrategias para hacerle frente a estas actividades. Por ejemplo, durante la presidencia de Iván Duque se sancionó la Ley de Delitos Ambientales.
Su objetivo era endurecer las penas por la afectación al medio ambiente y crear seis nuevos delitos ambientales, entre los que estaban el delito de tráfico de fauna, de deforestación, promoción y financiación de la deforestación, financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, apropiación ilegal de los baldíos de la nación y financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación.
Incurrir en estos delitos podría conllevar multas entre 134 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o desde cinco hasta 15 años de prisión, ambos dependiendo del tipo de delito. (Podría leer: Ciencia ciudadana: un camino para que todos ayudemos a salvar a los corales)
La gran “pelea” de Colombia, al igual que otros países de la región, ha sido en contra de la deforestación. Frente a ese delito, el Estado ha propuesto y desarrollado varias estrategias, con grados de éxito diferentes.
La Operación Artemisa, bandera del gobierno de Iván Duque, fue una las propuestas recientes más criticadas. Por medio de la iniciativa, se judicializaron a más de 180 personas, cifra que el anterior gobierno presentó como uno de sus grandes logros. Sin embargo, durante su realización, organizaciones de la sociedad civil afirmaron que Artemisa se había concentrado en identificar y castigar a los eslabones más bajos de la cadena de la deforestación: los campesinos a los que les pagan por talar durante una jornada.
Esto no solo resultó en una estigmatización de las comunidades que terminan siendo las primeras defensoras de bosques y selvas, sino que, según personas que conocen del tema, no terminó siendo efectiva para atacar el problema de fondo. Susana Muhamad, ministra de Ambiente del gobierno actual, sostuvo al principio de su gestión que la Operación Artemisa no fue efectiva en detener la deforestación.
De acuerdo con una de las estimaciones más recientes del Ministerio de Ambiente, en Colombia, la deforestación tiene una red de más de 200 mil eslabones. Para estudiarlos, la cartera anunció la creación de un nuevo grupo para investigar delitos ambientales y, específicamente, la deforestación. El grupo, explicó hace unos meses Muhamad, realizará un análisis estratégico y de la información financiera de delitos ambientales en el país.
La ministra también había enfatizado que uno de los puntos principales de la estrategia contra la deforestación en este gobierno será trabajar acuerdos con las comunidades y fortalecer la vocación de los suelos “para que las comunidades trabajen con el Estado y no deforesten”. (Le podría interesar: Queda poco del que alguna vez fue el jardín más grande de Medellín)
Este artículo se realizó en el marco de la beca de reportaje de Earth Journalism Network a la 7ª Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en Vancouver, Canadá.
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