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Astolfo Aramburo, abogado del Proceso de Comunidades Negras (PNC), cuenta desde Cali que lograr la titulación colectiva para las comunidades afros siempre ha sido un laberinto. “Se ha creído, desde la Ley 70 de 1993, que esto solo debe pasar en el Pacífico, que es donde más se han dado titulaciones. Pero hay muchos consejos comunitarios también en el Caribe, en Cauca y en Valle del Cauca donde estaban las grandes haciendas y casi ninguno de esos territorios han sido titulados”, comenta. (Le puede interesar: Hay 1.500 demandas relacionas con cambio climático, pero la mayoría fracasan)
Aunque lograr que el Estado reconozca las áreas donde las comunidades afros han habitado por décadas suele ser un proceso lento, a Aramburo le preocupa que en los últimos tres años el tema se ha agudizado. “En este momento hay rezagadas 401 solicitudes a las que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no le ha dado respuesta”. La cifra que da la ha ido construyendo tanto el PCN como el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC) de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana desde hace algún tiempo.
A partir de datos de la ANT, información de otros centros de investigación y trabajo de campo han mapeado a escala nacional dónde se encuentra cada una de estas solicitudes. En la zona Caribe y los valles interandinos, por ejemplo, hay 304 solicitudes que, sumadas a las que existen en el oriente colombiano, representan el 90,3 %. Pero no para todas las solicitudes, advierten, han podido rastrear exactamente el tamaño del polígono que se quiere titular, por lo que la información de hectáreas que estarían en juego solo existe para el 62 % de los títulos solicitados: aunque estiman que son 538.210 hectáreas las que se buscan titular, solo han podido ubicar con precisión 295.614 hectáreas. (Puede leer: La segunda selva más grande de Sudamérica está siendo destruida)
“Sabemos que es algo que toma tiempo, pero desde el PCN hemos ofrecido nuestra ayuda a la ANT para agilizar esas respuestas. No solo facilitando el acceso a territorio, sino con recursos, porque incluso la organización The Tenure Facility de Suecia nos ha cooperado”, dice el abogado.
El OTEC de la Javeriana ha estimado que el tiempo promedio de la titulación colectiva de tierras afrodescendientes en Colombia es de aproximadamente seis meses, desde que se expide el auto de aceptación hasta que llega a la comisión técnica. Pero los investigadores se suman a la alerta de que las demoras son cada vez más excesivas. De hecho, hay solicitudes pendientes desde 1997.
Cristian Guerrero, investigador del OTEC y especialista en derecho de tierras de la Universidad Externado, señala que desde 2017, cuando el Observatorio sacó una primera publicación sobre el tema, se dieron cuenta de que no solo se trata de una deuda histórica con los consejos comunitarios afros, sino que muchos títulos no prosperaban porque “hay una agenda y expectativa económica sobre ellos”. “Se traslapan con proyectos o solicitudes mineras, de hidrocarburos o tierras zonificadas para palma, aguacate o banano”. (Le puede interesar: Tumbando estatuas: esfuerzos para descolonizar la ciencia en Colombia)
Los datos de minería en relación con solicitudes de titulación colectiva afros, que da el OTEC, son los siguientes: hay ya 46 títulos mineros concebidos que se cruzan con 38.413 hectáreas que las comunidades afros han solicitado y 72 consejos comunitarios que se cruzan con solicitudes mineras que aún no están concesionadas. Específicamente, con 195 solicitudes mineras para explotar oro, plata, cobre, carbones y arcillas (ver mapa).
En cuanto a proyectos de hidrocarburos, los investigadores han calculado que hay 77 solicitudes para títulos colectivos que se cruzarían con bloques ya concesionados. En palabras más simples, el total de áreas en las que podría existir un conflicto, ya sea por minería o hidrocarburos, es de 71.034 hectáreas.
A pesar de que El Espectador consultó con la ANT desde el 11 de junio para conocer cuántas solicitudes tenían represadas y la razón de las demoras, hasta el momento no ha recibido respuesta.
Títulos colectivos afros, un beneficio más allá de una Colombia multicultural
El 1° de agosto de 2018, el PCN y la ANT firmaron un convenio para que los primeros ayudaran a los segundos a recolectar insumos que agilizaran la titulación colectiva de comunidades afros. Según cuenta Aramburo, se pusieron la meta de aprobar 50 titulaciones entre 2018 y 2020. Pero fue un camino lleno de obstáculos. Antes de empezar, por el cambio de gobierno entre Santos y Duque, que se dio el 7 de agosto, hubo una pausa de tres meses.
“Por parte del PCN alcanzamos a entregar los documentos técnicos de cuatro solicitudes. Dos se concedieron y dos no. Una porque estaba en Barú y, nos dijeron, había mucha oposición del sector hotelero, y otra en Putumayo, porque se cruzaba con un proceso de restitución de tierras”, cuenta. “Después de eso, casi que todo el convenio por parte de la ANT se detuvo y no hemos podido hacer uno nuevo”.
A Guerrero, por su lado, le preocupa que la demora en solucionar las solicitudes indique que el Estado no entiende los beneficios que traen estas figuras. Él los tiene claros. “No solo es por la multiculturalidad del país, sino porque hay una ventaja ambiental. La evidencia muestra que las comunidades étnicas son las que mejor conservan los bosques, porque existe una gobernanza real en los territorios. Lo hacen mejor, incluso, que Parques Nacionales”. Además, titular tierras colectivas reduce la conflictividad en el territorio y, en el caso de muchos consejos comunitarios, ayudan a hacerle frente a la presencia de cultivos ilícitos. “Es una figura llena de bondades”.