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Este martes, 14 de mayo, fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 190 de 2023, de la senadora Andrea Padilla, con el que se busca crear un programa nacional de esterilizaciones para perros y gatos a nivel nacional.
Este era el cuarto debate de la iniciativa, por lo que, luego de conciliar las proposiciones de modificación que fueron presentadas, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley. El objetivo del programa es hacer una cirugía de esterilización a los perros y gatos que no tengan hogar o que vivan en hogares de los grupos A, B y C del Sisbén.
En diciembre de 2023, luego de que el proyecto fuera aprobado en tercer debate, la senadora Andrea Padilla le dijo a El Espectador que la meta era esterilizar anualmente al 10 % de los perros y gatos de la calle anualmente. Según las cifras del Ministerio de Salud, se estima que en el país hay más de 11 millones en esta situación, por lo que habría que realizar más de un millón de esterilizaciones en el año.
En el articulado que fue discutido en cuarto debate, en su artículo 4.6, no se establece una cifra, pero se asegura que “el porcentaje anual de animales a esterilizar deberá ser progresivo y eficaz en la reducción de la natalidad de gatos y perros, según los criterios que se establezcan en la reglamentación a la que hace referencia el presente artículo”.
Las esterilizaciones que propone el proyecto se basan en la estrategia CER (capturar, esterilizar y reubicar, retornar o rescatar). Aunque la senadora le dijo a este diario en diciembre pasado que esta no es la única estrategia, el artículo 4 de la iniciativa establece que, después del procedimiento y el posoperatorio, “el profesional asegurará (...) el cuidado del animal hasta su reincorporación a la zona que habita o entrega al tenedor, propietario u hogar de paso”.
Algunas de las críticas al proyecto tienen que ver justamente con esa estrategia. La bióloga Ana María Prieto, en conversación con El Espectador en diciembre de 2023, explicó que no hay una garantía de que esterilizar a los perros y gatos contribuya a disminuir su población, a menos que se incorporen otras estrategias, como la adopción y rescate de estos animales o la eutanasia en casos muy específicos, como animales con enfermedades graves. Estas dos últimas, sin embargo, no se contemplan en el proyecto.
A esto, explicaba, se suma que la presencia de estos animales en entornos naturales significa un riesgo para la biodiversidad, una situación que requiere de más medidas que no son contempladas en el proyecto.
Otra de las discusiones en torno a la implementación de un programa nacional de esterilizaciones tiene que ver con los recursos que requieren las cirugías. En 2018, según un reporte del Ministerio de Salud, se practicaron en el país poco más de 80.000 de estas cirugías, un número muy lejano al que plantea la senadora Padilla.
Hace unos meses, en conversación sobre este proyecto, Diego Guevara, viceministro general del Ministerio de Hacienda, dijo a El Espectador que “los Ministerios involucrados (...) no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar campañas de salud animal a nivel nacional” y que, de acuerdo con la Política de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción, emitida por el Ministerio de Salud en 2017, “la esterilización es una responsabilidad directa de sus propietarios, que puede ser asumida por los alcaldes, cuando se tenga identificada la superpoblación en espacios públicos y se cuente con los recursos necesarios”.
En el caso de los municipios que no cuenten con los recursos, aseguró Guevara, el proyecto podría “obligar a las entidades territoriales a acudir a sus ingresos corrientes de libre destinación, lo cual puede desembocar en el incumplimiento de la obligación por ausencia de recursos”.
Lea el artículo completo con las dudas alrededor de este proyecto aquí.
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