Las promesas pendientes de la transición energética en el Cesar
Con la salida inminente del carbón en el Cesar por la prohibición de nuevos títulos para esta actividad, los habitantes del corredor minero se preguntan cuándo llegará la promesa de la transición energética al departamento, que hicieron tres ministerios en 2022.
Andrés Mauricio Díaz Páez
Tras el cierre de dos de las minas de carbón más grandes del Cesar en 2021, Hilda Arrieta está pensativa. “¿Ahora qué vamos a hacer?”, se pregunta, pues en La Loma, un corregimiento de El paso con más de 25.000 habitantes, “no se consigue empleo si no es en la minería”.
Desde que llegó a vivir allí, hace más de 20 años, Arrieta ha liderado proyectos comunitarios para mejorar la calidad de vida de las personas del municipio. Una de sus labores, por ejemplo, ha sido ayudar a vincular personas a las minas cuando no tienen empleo. Pero, desde que el Grupo Prodeco renunció a sus títulos de explotación de carbón, en las minas de Drummond y Colombian Natural Resources (CNR), las dos grandes empresas que continúan en la región, “ya no hay muchas oportunidades”, expresa.
(Lea la primera entrega de este reportaje: Después del carbón: lo que quedó de la explotación minera en el Cesar)
Ese impacto en la economía de la región es visible en las cifras de producción de carbón del departamento. En 2019, último año en el que la explotación de carbón operó con normalidad, se reportaron más de 52 millones de toneladas de extracción del mineral, y al cierre de 2023 había caído a poco más de 32 millones. Y se espera que la producción siga cayendo, pues, de las cinco minas que aún siguen activas en el corredor minero, una de ellas cerrará el próximo año (La Francia), dos más en 2028 (El Hatillo y La Loma) y las otras dos estarán cerradas para 2035 (La Divisa y El Descanso), según información suministrada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Aunque algunos de estos lugares podrían tener reservas del mineral para la fecha de su cierre, el Gobierno de Gustavo Petro planteó desde su Plan Nacional de Desarrollo que “se prohibirá el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como minería de gran escala”. Desde la cartera de Minas y Energía han reafirmado esto diciendo que, si bien se sacará el mayor provecho posible a las explotaciones que se desarrollan actualmente, no se entregarán nuevos contratos.
Por eso, en diciembre de 2022, durante un evento que se realizó en La Jagua de Ibirico, el corredor minero del Cesar fue anunciado como “el piloto de la transición energética justa” por parte del Gobierno, con la intención de convertirlo en un “distrito minero especial para la diversificación productiva”. Allí estuvieron tres ministras: Irene Vélez, entonces al frente del Ministerio de Minas y Energía, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Gloria Ramírez, ministra de Trabajo.
(Le puede interesar: Cierre de minas de carbón: así se encuentra el corredor minero del Cesar)
Vélez y Ramírez hablaron de crear un fondo de recursos para la transición económica en el departamento y de implementar capacitaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para promover alternativas laborales. Muhamad, por su parte, se comprometió en el evento con una inversión de $26.000 millones “en la restauración ecológica participativa con la gente para recuperar la Ciénaga de Zapatosa y la Serranía del Perijá, y también las fincas productivas que están absolutamente erosionadas”. Todo esto como parte de la política de “Distritos mineros especiales”.
Sin carbón, aseguraban las ministras, las alternativas estarían en la agricultura, el turismo y la transición energética. Sin embargo, tras un año y medio de esa visita, los habitantes de los municipios productores de carbón del Cesar dicen que todavía están esperando que les ofrezcan una alternativa para recuperar su economía. En La Loma, dice Arrieta, hay familias que no tienen para alimentarse, mientras ella se sigue preguntando “¿dónde está ese llamado ‘Corredor de la Vida’? Porque todavía no lo veo”.
Los empleos de la transición energética
En febrero de 2024, Gustavo Petro viajó a La Loma para inaugurar el que hasta ahora es el parque solar más grande del país. Se trata de un complejo de más de 400.000 paneles solares que tienen la capacidad de generar energía para 600.000 personas, según el Grupo de Energía de Bogotá, empresa que opera el proyecto. Este es el segundo parque solar en la región, pues en 2018 ya se había inaugurado uno cerca de la cabecera municipal de El Paso.
Estos proyectos hacen parte de la transición energética que se está impulsando desde hace varios años en el país y que ha sido una de las banderas del actual Gobierno. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía le aseguró a El Espectador que está trabajando en una política pública para reactivar la economía de la región, que involucra a varios ministerios y que tiene como una de sus estrategias el impulso de “todas las actividades industriales asociadas a la transición energética”, explica Johana Rocha Gómez, viceministra de Minas.
Pero, desde las comunidades cercanas a la zona en donde están construidos los proyectos “tenemos un sinsabor con los paneles solares. Esa no es una transición para nosotros porque no hemos tenido ningún tipo de beneficio”, asegura Arrieta. Durante la construcción del parque, añade, sí se generaron algunos empleos, pero ahora que está operando, solo se necesita de algunos técnicos para su funcionamiento.
Álvaro Castro, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de La Jagua de Ibirico, dice que tampoco han tenido beneficios por la generación de energía que se está dando en su territorio. “La energía se está yendo para Enel en Bogotá, pero aquí nosotros pagamos una de las tarifas de energía más altas del país”, apunta.
(Lea: Biodiversidad, la historia de un fracaso)
El decreto con el que se busca implementar los “distritos mineros especiales para la diversificación productiva”, responde Rocha desde el Minminas, contempla que las comunidades de este corredor tengan participación en los proyectos que se pongan en marcha para reactivar la economía. De hecho, la viceministra hizo parte de una mesa técnica el pasado 5 de junio, en la que participaron más de 100 delegados de comunidades del corredor minero.
El objetivo de esa reunión, según informó el Ministerio en sus redes sociales, era “construir juntos mecanismos de inclusión y crear una hoja de ruta para la participación social en la constitución y desarrollo del Distrito Minero Corredor del Cesar”. Sin embargo, el decreto para nombrar a esta región como distrito minero no ha sido firmado por el presidente Gustavo Petro, por lo que aún no está vigente.
Mientras ese mecanismo, en el que también participarían los Ministerios de Ambiente, Trabajo y Agricultura, entra en funcionamiento, los habitantes de los cinco municipios que conforman este corredor siguen sin tener claro cuáles serán los empleos de la transición energética a los que podrán acceder.
Las tierras para la agricultura y el turismo
Álvaro Castro dice que, después de años de ver poca vegetación y árboles con aspecto opaco, algunas zonas cercanas a las minas que cerraron volvieron a cultivarse. “Retornar al campo no es fácil, pero el campesino es resiliente, está intentando volver a producir alimentos a que haya seguridad alimentaria en el municipio”, explica.
Esa era una de las preocupaciones con las que la viceministra de Minas se encontró cuando llegó a revisar la situación en la región. Durante la construcción de la política pública de los distritos mineros, se firmó un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial para que esa entidad hiciera un diagnóstico de estos municipios. “Había una pregunta sobre si podrían o no destinarse suelos del centro del Cesar para la producción de alimentos y la respuesta es que sí hay condiciones para que se reactive la agroindustria”, apunta Rocha.
A esto se suma que, tanto Grupo Prodeco, que ya cerró, como Drummond y CNR, que cerrarán en los próximos años, deberán hacerse cargo de compensaciones en tres componentes: aprovechamiento forestal, pérdida de biodiversidad y en el componente biótico (los organismos vivos de un ecosistema). De acuerdo con una presentación hecha por Grupo Prodeco en una reunión convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las compensaciones por parte de la empresa incluyen la compra de predios y el establecimiento de acuerdos de compensación para el uso sostenible de las tierras.
(Lea: Los “imprevistos” que tienen quieto al primer bus de hidrógeno en Colombia)
Esas compensaciones deben quedar plasmadas en los planes de cierre que la empresa presente a la ANLA. Sin embargo, hay otros aspectos de la reactivación económica que no se encuentran en las áreas de influencia directa de las minas.
Por ejemplo, la comunidad indígena Yukpa vive en un resguardo que ocupa una parte importante de la Serranía del Perijá, desde la cabecera del municipio de Becerril hasta la frontera con Venezuela. Martha Ávila, miembro de esa comunidad y concejala de Becerril, asegura que “actualmente somos entre 5.000 y 6.000 indígenas” y la tierra cultivable ya no es suficiente para producir los alimentos que necesitan para sobrevivir. Desde hace 10 años, complementa, están esperando que les resuelvan una solicitud para ampliar su resguardo, pero no han recibido una respuesta definitiva.
La Serranía, que es su mayoría es un área protegida, también es clave para el tercer pilar de lo que sería la reactivación económica: el turismo. La intención es crear un corredor que la conecte con la Ciénaga de Zapatosa, que se encuentra hacia el sur del Cesar, limitando con el departamento de Magdalena. Pero, aún no se sabe mucho sobre la “restauración ecológica participativa” a la que se comprometió el Minambiente en su visita de 2022.
El pasado 18 de octubre, como respuesta a una solicitud de la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente dijo que aún no había terminado la estructuración financiera para ejecutar los $26.000 millones del presupuesto de 2023 con los que se había comprometido. “Teniendo en cuenta lo manifestado por esa cartera ministerial, se evidenció que a la fecha no se cuenta aún con una estructura financiera relacionada con el programa ‘Corredor Minero’ que hace parte de la estrategia ‘Transición Justa’”. El Espectador consultó al Minambiente para conocer si en los últimos meses han tenido algún avance en la destinación de esos recursos, pero al cierre de esta edición no había tenido respuesta.
Al turismo, se sumarán otras iniciativas en las que están trabajando desde varias asociaciones comunitarias de la región, como la venta de café, productos derivados del cacao y artesanías. “Tenemos la idea, pero necesitamos la plata”, asegura una de las involucradas en estos emprendimientos. “Lo que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que vengan, pero que traigan definido qué van a hacer, porque han venido varias ministras y no ha pasado nada”, puntualiza Castro.
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Tras el cierre de dos de las minas de carbón más grandes del Cesar en 2021, Hilda Arrieta está pensativa. “¿Ahora qué vamos a hacer?”, se pregunta, pues en La Loma, un corregimiento de El paso con más de 25.000 habitantes, “no se consigue empleo si no es en la minería”.
Desde que llegó a vivir allí, hace más de 20 años, Arrieta ha liderado proyectos comunitarios para mejorar la calidad de vida de las personas del municipio. Una de sus labores, por ejemplo, ha sido ayudar a vincular personas a las minas cuando no tienen empleo. Pero, desde que el Grupo Prodeco renunció a sus títulos de explotación de carbón, en las minas de Drummond y Colombian Natural Resources (CNR), las dos grandes empresas que continúan en la región, “ya no hay muchas oportunidades”, expresa.
(Lea la primera entrega de este reportaje: Después del carbón: lo que quedó de la explotación minera en el Cesar)
Ese impacto en la economía de la región es visible en las cifras de producción de carbón del departamento. En 2019, último año en el que la explotación de carbón operó con normalidad, se reportaron más de 52 millones de toneladas de extracción del mineral, y al cierre de 2023 había caído a poco más de 32 millones. Y se espera que la producción siga cayendo, pues, de las cinco minas que aún siguen activas en el corredor minero, una de ellas cerrará el próximo año (La Francia), dos más en 2028 (El Hatillo y La Loma) y las otras dos estarán cerradas para 2035 (La Divisa y El Descanso), según información suministrada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Aunque algunos de estos lugares podrían tener reservas del mineral para la fecha de su cierre, el Gobierno de Gustavo Petro planteó desde su Plan Nacional de Desarrollo que “se prohibirá el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón térmico a cielo abierto clasificados como minería de gran escala”. Desde la cartera de Minas y Energía han reafirmado esto diciendo que, si bien se sacará el mayor provecho posible a las explotaciones que se desarrollan actualmente, no se entregarán nuevos contratos.
Por eso, en diciembre de 2022, durante un evento que se realizó en La Jagua de Ibirico, el corredor minero del Cesar fue anunciado como “el piloto de la transición energética justa” por parte del Gobierno, con la intención de convertirlo en un “distrito minero especial para la diversificación productiva”. Allí estuvieron tres ministras: Irene Vélez, entonces al frente del Ministerio de Minas y Energía, Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Gloria Ramírez, ministra de Trabajo.
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Vélez y Ramírez hablaron de crear un fondo de recursos para la transición económica en el departamento y de implementar capacitaciones con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para promover alternativas laborales. Muhamad, por su parte, se comprometió en el evento con una inversión de $26.000 millones “en la restauración ecológica participativa con la gente para recuperar la Ciénaga de Zapatosa y la Serranía del Perijá, y también las fincas productivas que están absolutamente erosionadas”. Todo esto como parte de la política de “Distritos mineros especiales”.
Sin carbón, aseguraban las ministras, las alternativas estarían en la agricultura, el turismo y la transición energética. Sin embargo, tras un año y medio de esa visita, los habitantes de los municipios productores de carbón del Cesar dicen que todavía están esperando que les ofrezcan una alternativa para recuperar su economía. En La Loma, dice Arrieta, hay familias que no tienen para alimentarse, mientras ella se sigue preguntando “¿dónde está ese llamado ‘Corredor de la Vida’? Porque todavía no lo veo”.
Los empleos de la transición energética
En febrero de 2024, Gustavo Petro viajó a La Loma para inaugurar el que hasta ahora es el parque solar más grande del país. Se trata de un complejo de más de 400.000 paneles solares que tienen la capacidad de generar energía para 600.000 personas, según el Grupo de Energía de Bogotá, empresa que opera el proyecto. Este es el segundo parque solar en la región, pues en 2018 ya se había inaugurado uno cerca de la cabecera municipal de El Paso.
Estos proyectos hacen parte de la transición energética que se está impulsando desde hace varios años en el país y que ha sido una de las banderas del actual Gobierno. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía le aseguró a El Espectador que está trabajando en una política pública para reactivar la economía de la región, que involucra a varios ministerios y que tiene como una de sus estrategias el impulso de “todas las actividades industriales asociadas a la transición energética”, explica Johana Rocha Gómez, viceministra de Minas.
Pero, desde las comunidades cercanas a la zona en donde están construidos los proyectos “tenemos un sinsabor con los paneles solares. Esa no es una transición para nosotros porque no hemos tenido ningún tipo de beneficio”, asegura Arrieta. Durante la construcción del parque, añade, sí se generaron algunos empleos, pero ahora que está operando, solo se necesita de algunos técnicos para su funcionamiento.
Álvaro Castro, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de La Jagua de Ibirico, dice que tampoco han tenido beneficios por la generación de energía que se está dando en su territorio. “La energía se está yendo para Enel en Bogotá, pero aquí nosotros pagamos una de las tarifas de energía más altas del país”, apunta.
(Lea: Biodiversidad, la historia de un fracaso)
El decreto con el que se busca implementar los “distritos mineros especiales para la diversificación productiva”, responde Rocha desde el Minminas, contempla que las comunidades de este corredor tengan participación en los proyectos que se pongan en marcha para reactivar la economía. De hecho, la viceministra hizo parte de una mesa técnica el pasado 5 de junio, en la que participaron más de 100 delegados de comunidades del corredor minero.
El objetivo de esa reunión, según informó el Ministerio en sus redes sociales, era “construir juntos mecanismos de inclusión y crear una hoja de ruta para la participación social en la constitución y desarrollo del Distrito Minero Corredor del Cesar”. Sin embargo, el decreto para nombrar a esta región como distrito minero no ha sido firmado por el presidente Gustavo Petro, por lo que aún no está vigente.
Mientras ese mecanismo, en el que también participarían los Ministerios de Ambiente, Trabajo y Agricultura, entra en funcionamiento, los habitantes de los cinco municipios que conforman este corredor siguen sin tener claro cuáles serán los empleos de la transición energética a los que podrán acceder.
Las tierras para la agricultura y el turismo
Álvaro Castro dice que, después de años de ver poca vegetación y árboles con aspecto opaco, algunas zonas cercanas a las minas que cerraron volvieron a cultivarse. “Retornar al campo no es fácil, pero el campesino es resiliente, está intentando volver a producir alimentos a que haya seguridad alimentaria en el municipio”, explica.
Esa era una de las preocupaciones con las que la viceministra de Minas se encontró cuando llegó a revisar la situación en la región. Durante la construcción de la política pública de los distritos mineros, se firmó un acuerdo de cooperación con el Banco Mundial para que esa entidad hiciera un diagnóstico de estos municipios. “Había una pregunta sobre si podrían o no destinarse suelos del centro del Cesar para la producción de alimentos y la respuesta es que sí hay condiciones para que se reactive la agroindustria”, apunta Rocha.
A esto se suma que, tanto Grupo Prodeco, que ya cerró, como Drummond y CNR, que cerrarán en los próximos años, deberán hacerse cargo de compensaciones en tres componentes: aprovechamiento forestal, pérdida de biodiversidad y en el componente biótico (los organismos vivos de un ecosistema). De acuerdo con una presentación hecha por Grupo Prodeco en una reunión convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), las compensaciones por parte de la empresa incluyen la compra de predios y el establecimiento de acuerdos de compensación para el uso sostenible de las tierras.
(Lea: Los “imprevistos” que tienen quieto al primer bus de hidrógeno en Colombia)
Esas compensaciones deben quedar plasmadas en los planes de cierre que la empresa presente a la ANLA. Sin embargo, hay otros aspectos de la reactivación económica que no se encuentran en las áreas de influencia directa de las minas.
Por ejemplo, la comunidad indígena Yukpa vive en un resguardo que ocupa una parte importante de la Serranía del Perijá, desde la cabecera del municipio de Becerril hasta la frontera con Venezuela. Martha Ávila, miembro de esa comunidad y concejala de Becerril, asegura que “actualmente somos entre 5.000 y 6.000 indígenas” y la tierra cultivable ya no es suficiente para producir los alimentos que necesitan para sobrevivir. Desde hace 10 años, complementa, están esperando que les resuelvan una solicitud para ampliar su resguardo, pero no han recibido una respuesta definitiva.
La Serranía, que es su mayoría es un área protegida, también es clave para el tercer pilar de lo que sería la reactivación económica: el turismo. La intención es crear un corredor que la conecte con la Ciénaga de Zapatosa, que se encuentra hacia el sur del Cesar, limitando con el departamento de Magdalena. Pero, aún no se sabe mucho sobre la “restauración ecológica participativa” a la que se comprometió el Minambiente en su visita de 2022.
El pasado 18 de octubre, como respuesta a una solicitud de la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente dijo que aún no había terminado la estructuración financiera para ejecutar los $26.000 millones del presupuesto de 2023 con los que se había comprometido. “Teniendo en cuenta lo manifestado por esa cartera ministerial, se evidenció que a la fecha no se cuenta aún con una estructura financiera relacionada con el programa ‘Corredor Minero’ que hace parte de la estrategia ‘Transición Justa’”. El Espectador consultó al Minambiente para conocer si en los últimos meses han tenido algún avance en la destinación de esos recursos, pero al cierre de esta edición no había tenido respuesta.
Al turismo, se sumarán otras iniciativas en las que están trabajando desde varias asociaciones comunitarias de la región, como la venta de café, productos derivados del cacao y artesanías. “Tenemos la idea, pero necesitamos la plata”, asegura una de las involucradas en estos emprendimientos. “Lo que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que vengan, pero que traigan definido qué van a hacer, porque han venido varias ministras y no ha pasado nada”, puntualiza Castro.
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