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Como ha sido común en varios momentos desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, la propuesta de transición energética del Gobierno ha estado en el centro de varias discusiones en los últimos días.
En esta ocasión, las declaraciones del presidente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, nuevamente llamaron atención sobre la crisis climática y la necesidad de financiar un “capitalismo descarbonizado”. Esta pasada semana, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un documento en el que analizó los efectos de tener una economía baja en carbono en Colombia.
Una de las conclusiones principales de ese estudio es que la transición a una economía baja en carbono tendría un impacto mayor en los empleos de sectores asociados a los combustibles fósiles, como el petrolero y el del carbón. Resaltó que es necesario incrementar la producción en el sector agrícola, agroindustria y turismo, a nivel departamental, para compensar la pérdida de empleos y abrir posibilidades productivas en otros campos.
Esta es solo una de las recomendaciones, pero no la única, que han dado distintos actores con respecto a la transición energética en Colombia. De hecho, hace unos días, la Agencia Internacional de Energía (AIE), la organización intergubernamental encargada de ofrecer información, datos y análisis sobre el sector energético mundial, también publicó algunas impresiones sobre el tema. (También puede leer: Los cuatro escenarios para la transición energética que le esperarían a Colombia)
Se trata de la “Revisión de la Política Energética de Colombia 2023″, el primer documento en que la AIE detalla el panorama energético en Colombia y algunas de las prioridades que deberá tener en cuenta para realizar una transición energética justa. En este análisis, la organización afirma que el país “ha surgido como líder en la elaboración de políticas de transición hacia energías limpias y es un ejemplo inspirador de país productor de combustibles fósiles comprometido con la acción climática, basado en una vía de descarbonización a largo plazo y en una política de diversificación energética y económica y de transición justa”.
La agencia revisó el panorama del planteamiento para la transición energética, el cambio climático, las energías renovables, electricidad, carbón, petróleo y gas en Colombia, para dar algunas recomendaciones. Estas son algunas de las principales.
¿Cómo llevar a cabo la transición energética?
El documento destaca desde el inicio que la clave de la transición energética en el país será respaldarse en un aumento de las inversiones para energías “limpias” y en compensar la disminución de ingresos de exportación de combustibles fósiles.
La dependencia a nivel nacional de estos ingresos deberá ser tenida en cuenta para elaborar la transición del sector de hidrocarburos, indica la organización. Por esto, una de las recomendaciones de la AIE para la transición energética es establecer una hoja de ruta de mediano y largo plazo en materia de seguridad energética, “definiendo acciones concretas para asegurar el petróleo, el gas, la electricidad y los minerales críticos necesarios para la transición energética del país”.
El caso de Noruega, agrega el documento, podría ser útil para Colombia, pues ese país comunicó claramente qué rol jugarían las rentas del petróleo para el despliegue de energías renovables. El gobierno colombiano ha afirmado anteriormente que tiene la intención de crear un fondo para la transición energética, a partir de las regalías e impuestos a distintos combustibles fósiles.
Pero más allá de esto, la Agencia Internacional de Energía dice que es necesaria una “visión clara” que defina cómo se planean transformar, a largo plazo, los sectores del petróleo, gas y carbón en el país. Es importante, además, tener en cuenta las transformaciones de otros países, pues “Colombia sigue siendo un gran exportador de energía y depende de los mercados energéticos mundiales”, indica el documento. (Le puede interesar: Lo que debe saber sobre el parque eólico que le “dieron” a una comunidad wayuu)
Hasta el momento, no existe una información clara sobre lo que el gobierno proyecta para estos sectores, más allá de varias declaraciones de ministros y el presidente, y algunos anuncios diplomáticos. En las pasadas semanas, el país se unió a las alianzas Más Allá del Petróleo y el Gas y “Powering Past Coal” (Impulsando más allá del carbón). Ambas son grupos de países, organizaciones y otros sectores comprometidos con la eliminación progresiva de esos combustibles fósiles.
Pero, de momento, no hay una hoja de ruta que especifique qué plazos está contemplando el gobierno para esa eliminación progresiva en el país, más allá de haber indicado, en varias ocasiones, que será “gradual”. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que el gobierno aspira aumentar la proporción de exportaciones no mineras hasta el 56.3 % para 2026, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Cómo lograrlo es algo de lo que tampoco hay muchos detalles, de momento. Petro ha afirmado que el turismo será un motor importante, así como nuevos proyectos renovables y exportaciones de hidrógeno verde.
Sin embargo, todavía no hay mayor claridad sobre qué pasará en municipios carboníferos como La Guajira y Cesar, donde miles de trabajos, directos e indirectos, dependen de la minería de carbón. En Cesar, por ejemplo, municipios como La Jagua de Ibirico están enfrentando una crisis económica, después de que miles de trabajadores se quedaron sin sus empleos en 2021.
La razón es que, ese año, Prodeco, filial de la multinacional Glencore, renunció a dos de sus títulos mineros, cerrando las minas de Calenturitas y La Jagua, básicamente, de un día para otro, sin tener un plan de compensación o reconversión laboral para sus trabajadores. El gobierno ha indicado que planea impulsar la restauración ecológica y agricultura en el corredor minero de Cesar, pero, varios de los extrabajadores de Prodeco continúan denunciando que no hay un plan específico para ellos.
La disminución de gases asociados al cambio climático
En el documento, la AIE anotó que Colombia es distinto a otros países, al hablar de los gases de efecto invernadero (GEI), asociados al cambio climático. Por ejemplo, aunque el PIB per cápita ha crecido un 65 % entre 2000 y 2021, las emisiones totales de CO2, relacionadas con energía, aumentaron un 42 %. Eso significa que Colombia “tiene una economía menos intensiva en carbono que los países de la AIE y los niveles de intensidad han disminuido a pesar del continuo crecimiento económico”, indicó la organización.
Por otra parte, Colombia tampoco puede compararse a otros países, pues la mayoría de emisiones vienen del sector de agricultura, ganadería y cambio del uso de suelo, normalmente asociados a la deforestación. En el país, se calcula que estas actividades representan alrededor del 60 % de las emisiones.
Por eso, la AIE resalta que una de las apuestas del país debe ser transformar este sector de un emisor neto de carbono a un sumidero neto, es decir, que absorba las emisiones de CO2, por medio de la protección de bosques, por ejemplo. El país quiere lograr una absorción de hasta 508 Mt de CO2-eq (una medida que indica las emisiones equivalentes a una tonelada de dióxido de carbono) al año.
Además, de esta meta, Colombia tiene como objetivo de reducir sus emisiones en un 51 % para 2030, con relación a las reportadas en 2018. Para mitad de siglo, el país espera llegar a la carbono neutralidad, donde lo que se emite es igual a lo absorbido o reducido. (Puede leer: “Los bonos de carbono son una nueva fiebre del oro”: Bernardo Strassburg)
Aunque la AIE reconoce la importancia de estas metas a largo plazo, dice que al país aún le faltan indicadores específicos en el corto plazo. Una de las formas de obtenerlos son los presupuestos de carbono, que son “topes” de emisiones. Básicamente, se tratan valores máximos de emisiones asociadas al cambio climático que países o sectores no pueden superar en cierto período de tiempo.
Por ejemplo, la AIE detectó una desconexión entre los escenarios energéticos presentados en el Plan Energético Nacional (PEN) y los planes de reducción de emisiones. Ninguno de los escenarios del PEN “presenta una vía para que el sector energético contribuya plenamente a este objetivo y no hay claridad sobre la trayectoria sectorial de la producción de petróleo/gas y la minería del carbón de Colombia en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones”.
En ese sentido, la organización resaltó que, aunque las exportaciones de carbón, por ejemplo, no hacen parte del objetivo de reducción de emisiones nacionales, estas emisiones “exportadas”, igualmente, contribuyen al calentamiento global, que es un problema conjunto de países consumidores y productores.
La AIE expresó que Colombia “tiene la responsabilidad de hacer planteamientos creíbles a este respecto para convertirse en un verdadero pionero mundial en política climática”, como mejorar la eficiencia de producción y la inversión en energías limpias en los sectores que utilizan carbón, como la generación de energía y la industria.
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