La carta de más de 30 líderes ambientales preocupados por el proyecto de jurisdicción agraria
Un grupo de líderes ambientales envió una carta en la que aseguran que el proyecto de ley sobre la Jurisdicción Agraria “generaría el mayor debilitamiento de la normatividad ambiental en su historia”. Estos son sus principales reparos.
En una carta abierta, un grupo de líderes ambientales, académicos, juristas, exministros de Ambiente, expertos y, entre otros directores de organizaciones como WWF Colombia, The Nature Conservancy, WCS Colombia y la Fundación Natura, expresaron sus reparos frente al proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria en Colombia.
“Con este proyecto convertido en ley se generaría el mayor debilitamiento de la normatividad ambiental en su historia. No solamente se desconocen la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales y la conformación del Sistema Nacional Ambiental, sino que se someten a una visión agraria prevalente, la función ecológica de la propiedad y en general la protección de la naturaleza. Además, se desconocen las obligaciones adquiridas por Colombia en las convenciones de biodiversidad y de Cambio Climático, que buscan superar la aguda crisis ambiental por la que atraviesa el planeta”, se lee en la carta.
El documento está firmado por Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia; Yesid Gonzáles, director de ASOCARS; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Claudia Vásquez, director para Colombia de The Nature Conservancy; Juan Mayr, exministro de Ambiente; Omar Franco, director de Parques Nacionales Cómo Vamos y, entre otro, Juan Camilo Cárdenas, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.
¿Cuáles son las preocupaciones ante el proyecto?
Los firmantes de la carta, que fue divulgada por la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), resaltaron nueve aspectos preocupantes de la propuesta legislativa que es impulsada por el Gobierno Nacional, en particular por los ministerio de Agricultura y de Justicia.
Uno de los primeros aspectos es que el proyecto de ley no solo buscaría definir las competencias de la Jurisdicción Agraria y sus procedimientos, sino ir más allá, lo que podría ir en contra de la Constitución Ecológica y el derecho ambiental en Colombia.
Los expertos indican que se estaría creando “una superjurisdicción que conocería de todos los asuntos que ocurran en el 99 % del territorio continental colombiano, pues apenas el 0.4 % de nuestro territorio es suelo urbano. Esta jurisdicción conocería de controversias que se susciten en el suelo rural, el cual define equivocadamente como predios agrarios”.
En ese sentido, los líderes ambientales aseguran que el “supuesto del proyecto de ley, y quizá su principal equivocación, es que todo lo rural es agrario. Es preciso advertir que casi el 60 % de este territorio rural contiene bosques naturales que regulan el clima, el agua y mantienen la biodiversidad”.
Además de esto, los firmantes de la carta apuntan que el proyecto de ley incentivaría la ocupación de tierra y la invasión ilegal de predios con fines agropecuarios, no solo de los de propiedad privada, sino los de la Nación.
De esta manera, en la carta se afirma que el proyecto de ley afectaría en general el acceso a la justicia al tener como principio fundamental la prevalencia de lo agrario sobre otros asuntos.
Un ejemplo de esto es que, según los expertos, la nueva normativa pondría en riesgo la integridad de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, en especial de aquellos que no tienen titulación colectiva y que estarían sometidos a un tribunal en el que prevalecería lo agrario.
“La protección ambiental y el acceso justo a la tierra son clave para el desarrollo sostenible. Desde WWF, pedimos una ley de Jurisdicción Agraria que equilibre justicia social y sostenibilidad, que debe hacer parte del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia”, indicó Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia.
Con estas observaciones, los firmantes de la carta piden al Gobierno y a los congresistas que discuten el proyecto realizar ajustes al texto para que no se pierda la función ecológica de la propiedad y la conservación de las áreas del Sistema de Parques Naturales.
Estos, dicen, “permitirá avanzar en hacer efectivos los derechos de las comunidades rurales, al tiempo que reconocemos los derechos de la naturaleza y en cualquier caso, reivindicamos los principios y postulados constitucionales como la primacía del interés general sobre el particular”, concluyen los firmantes de la carta.
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En una carta abierta, un grupo de líderes ambientales, académicos, juristas, exministros de Ambiente, expertos y, entre otros directores de organizaciones como WWF Colombia, The Nature Conservancy, WCS Colombia y la Fundación Natura, expresaron sus reparos frente al proyecto de ley que busca reglamentar la Jurisdicción Agraria en Colombia.
“Con este proyecto convertido en ley se generaría el mayor debilitamiento de la normatividad ambiental en su historia. No solamente se desconocen la Constitución Ecológica, el Código de Recursos Naturales y la conformación del Sistema Nacional Ambiental, sino que se someten a una visión agraria prevalente, la función ecológica de la propiedad y en general la protección de la naturaleza. Además, se desconocen las obligaciones adquiridas por Colombia en las convenciones de biodiversidad y de Cambio Climático, que buscan superar la aguda crisis ambiental por la que atraviesa el planeta”, se lee en la carta.
El documento está firmado por Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia; Yesid Gonzáles, director de ASOCARS; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Claudia Vásquez, director para Colombia de The Nature Conservancy; Juan Mayr, exministro de Ambiente; Omar Franco, director de Parques Nacionales Cómo Vamos y, entre otro, Juan Camilo Cárdenas, director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina.
¿Cuáles son las preocupaciones ante el proyecto?
Los firmantes de la carta, que fue divulgada por la representante Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), resaltaron nueve aspectos preocupantes de la propuesta legislativa que es impulsada por el Gobierno Nacional, en particular por los ministerio de Agricultura y de Justicia.
Uno de los primeros aspectos es que el proyecto de ley no solo buscaría definir las competencias de la Jurisdicción Agraria y sus procedimientos, sino ir más allá, lo que podría ir en contra de la Constitución Ecológica y el derecho ambiental en Colombia.
Los expertos indican que se estaría creando “una superjurisdicción que conocería de todos los asuntos que ocurran en el 99 % del territorio continental colombiano, pues apenas el 0.4 % de nuestro territorio es suelo urbano. Esta jurisdicción conocería de controversias que se susciten en el suelo rural, el cual define equivocadamente como predios agrarios”.
En ese sentido, los líderes ambientales aseguran que el “supuesto del proyecto de ley, y quizá su principal equivocación, es que todo lo rural es agrario. Es preciso advertir que casi el 60 % de este territorio rural contiene bosques naturales que regulan el clima, el agua y mantienen la biodiversidad”.
Además de esto, los firmantes de la carta apuntan que el proyecto de ley incentivaría la ocupación de tierra y la invasión ilegal de predios con fines agropecuarios, no solo de los de propiedad privada, sino los de la Nación.
De esta manera, en la carta se afirma que el proyecto de ley afectaría en general el acceso a la justicia al tener como principio fundamental la prevalencia de lo agrario sobre otros asuntos.
Un ejemplo de esto es que, según los expertos, la nueva normativa pondría en riesgo la integridad de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, en especial de aquellos que no tienen titulación colectiva y que estarían sometidos a un tribunal en el que prevalecería lo agrario.
“La protección ambiental y el acceso justo a la tierra son clave para el desarrollo sostenible. Desde WWF, pedimos una ley de Jurisdicción Agraria que equilibre justicia social y sostenibilidad, que debe hacer parte del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia”, indicó Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia.
Con estas observaciones, los firmantes de la carta piden al Gobierno y a los congresistas que discuten el proyecto realizar ajustes al texto para que no se pierda la función ecológica de la propiedad y la conservación de las áreas del Sistema de Parques Naturales.
Estos, dicen, “permitirá avanzar en hacer efectivos los derechos de las comunidades rurales, al tiempo que reconocemos los derechos de la naturaleza y en cualquier caso, reivindicamos los principios y postulados constitucionales como la primacía del interés general sobre el particular”, concluyen los firmantes de la carta.
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