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Hace unas tres semanas, la ahora exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, hizo un anuncio que causó sorpresa: dijo que el primer parque eólico del país, Jepírachi, también empezará a ser manejado por las comunidades wayuu cercanas.
“EPM decide que Jepírachi, parque eólico de 19,5 MW en La Guajira, pasará a esquema de propiedad con comunidad wayuu. Cumplimos al presidente Gustavo Petro en su iniciativa de asociatividad público popular para materializar la transición energética justa”, afirmó la entonces ministra, en compañía de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y la junta directiva de EPM.
Pero, mientras esto se replicaba en redes sociales, incluso por el presidente Gustavo Petro, empezaron a surgir varias dudas. Primero, porque Jepírachi está en proceso de ser desmantelado y cerraría su operación, por completo, en octubre de este año. Y, segundo, porque algunos miembros de las comunidades de Kasiwoluin y Arutkajuy, dos de las que están cerca al parque, dijeron que se enteraron del anuncio al mismo tiempo que el resto del país.
“La noticia nos cayó como un baldado de agua fría, nadie nos consultó ni informó de que se había tomado la decisión”, explica Nancy Gutiérrez, de la comunidad de Kasiwoluin, y quien los ha representado en varios momentos ante EPM y el Gobierno. “Hasta ahora no sabemos cómo funcionaría la propuesta”. (También puede leer: La orden al Gobierno para que contemple los impactos que no tuvo en cuenta del carbón)
Salvo un nuevo comunicado publicado la semana pasada, ni el Ministerio de Minas y Energía ni EPM han explicado, exactamente, en qué consistiría la propuesta. Aunque El Espectador solicitó más información a estas entidades sobre los detalles de la iniciativa, el proceso con las comunidades y los pasos a seguir hace varias semanas, ambas entidades dijeron que, por el momento, no van a dar más respuestas.
Hasta ahora, lo único que se sabe es que las comunidades wayuu cercanas al parque serían sus copropietarios, bajo un esquema conocido como asociación público-privada o APP, que fue regulado en Colombia hace poco más de 10 años en la Ley 1508 de 2012.
Como explica Camilo Ignacio González, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, básicamente, estas alianzas parten de “una lógica de esfuerzo compartido entre sectores públicos y privados, donde se comparten costos y riesgos”. La idea general, agrega, es incentivar una mayor inversión por parte de los privados, especialmente en escenarios donde el presupuesto del sector público es más limitado.
Lo novedoso del caso de Jepírachi, hasta donde se sabe, es que está enmarcado dentro de una de las propuestas de transición energética que quedó consignada dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que la alianza sería con particulares: las comunidades wayuu.
Su inclusión dentro del PND fue el resultado de una propuesta liderada por la ONG Nación Wayuu, que ve en la bonanza de proyectos eólicos una oportunidad a largo plazo para las comunidades y dueños ancestrales del territorio, según explicó hace un tiempo José Silva, presidente de la ONG.
A pesar de que el anuncio hecho por el Gobierno parece responder a las solicitudes hechas por algunas comunidades wayuu, desarrollar la iniciativa en Jepírachi despierta serias dudas para varias de las personas que conocen del tema. Como resume Joanna Barney, coordinadora para empresas, derechos humanos y medio ambiente de Indepaz, la iniciativa podría tratarse de un “regalo envenenado”.
Un piloto que llega a su fecha de cierre de operaciones
Jepírachi inició hace unos 20 años, cuando comenzó a aportar energía al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) en abril de 2004. Con una capacidad de generación de energía de 19,5 MW (una sola turbina de Hidroituango genera alrededor de 15 veces más de energía) la idea inicial del parque era, justamente, dar luces sobre cómo podrían empezar a funcionar los proyectos de energía eólica en la región. “Era una especie de laboratorio en sí mismo”, comenta José Quintero, investigador de energías renovables de la Universidad de La Guajira.
Por esa época, agrega Quintero, no existía mucha de la regulación para proyectos renovables que hoy conocemos. Pero, hacia mediados de 2019, la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG) expidió la resolución 060, que cambió el futuro de Jepírachi.
En pocas palabras, ese documento estableció algunas nuevas reglas de juego para la operación de plantas solares y eólicas. Entre otras, se determinó que ciertas tecnologías debían salir del mercado porque quedaban obsoletas. (Le puede interesar: Eran mineros de carbón y ahora terminaron un diplomado en transición energética)
Ese anuncio afectó a Jepírachi, pues sus aerogeneradores, los equipos con las turbinas para generar energía, son viejos. En ese momento, entonces, EPM solicitó a la CREG una revisión, pero esta insistió en que se debía repotenciar el parque, cuenta Barney. Es decir, que la tecnología de los aerogeneradores debía actualizarse, para optimizar su rendimiento.
Para ese entonces, Indepaz estaba acompañando a las comunidades, porque repotenciar el parque implicaba, a su juicio, realizar una nueva consulta previa. Al final esto no se necesitó, pues en 2020, la empresa le informó a las comunidades que la repotenciación no era posible para Jepírachi.
“Les indicaron que, por disposiciones de la Aeronáutica Civil, ya que el parque queda cerca al aeropuerto de Cerrejón, no se podía aumentar el tamaño de los aerogeneradores”, dice Barney. En respuesta a El Espectador, la Aeronáutica Civil confirmó que, aunque la nueva altura solicitada por la empresa para los equipos era de 186 metros, se aprobaron medidas menores para los seis aerogeneradores, variando entre 39 y 104 metros.
A mitad de 2020, EPM afirmó que había llegado a un acuerdo con el Gobierno para que el parque pudiera seguir operando, hasta el fin de su vida útil, plazo que se cumple el 8 de octubre de este año. Desde ese anuncio, hace tres años, empezó el plan de desmantelamiento del parque. Por medio de este proceso, se retiran todas las infraestructuras del proyecto, para dejar el terreno (en la medida de lo posible) como estaba antes de que estuviera el parque eólico.
La nueva propuesta del Gobierno y EPM cambiaría este plan, pues apunta a que el parque siga funcionando, con algunos cambios (que todavía no son claros). El ministerio afirmó hace unas semanas que se requeriría un ajuste regulatorio, aunque reconoció que todavía “no se ha definido la viabilidad técnica, financiera, social y ambiental de continuar operando el parque eólico”. (Puede leer: El piloto de taxis eléctricos que impulsó Petro como alcalde se acaba pronto. ¿Funcionó?)
Hasta el momento, solo hay una pista de uno de los ajustes que debería hacer EPM si se quiere ampliar la vida útil del parque: actualmente, solo 16.9 MW de los 19,5 instalados están en funcionamiento, por la salida de dos aerogeneradores de la operación. La empresa debería “subsanar la situación” para seguir con la operación de Jepírachi, dijo el ministerio.
Cómo lograrlo es una de las preguntas más grandes del momento. O se tendrían que cambiar las reglas que estableció la CREG en 2019 o el parque se debería que adaptar a ellas para seguir funcionando. Ningún camino es fácil, a los ojos del abogado Carlos Manuel Guerra, quien ha trabajado como asesor en los talleres de desmantelamiento de Jepírachi.
Un buen punto para ilustrar esta dificultad, dice, es que, por su cercanía con el aeropuerto de Puerto Bolívar (del Cerrejón), los aerogeneradores no pueden tener una altura mayor, para no interferir con la seguridad aérea. Eso es competencia de la Aeronáutica Civil y pensar en hacer una reglamentación específica para que el parque siga funcionando “es un enredo”, apunta Guerra.
También hay dudas sobre el futuro financiero del parque. En 2004, cuando empezó su operación, el entonces gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria, dijo que Jepírachi no le representaba ganancias a la empresa, al ser solo un piloto. Con la reciente propuesta del Gobierno, la sostenibilidad del parque vuelve a estar en el centro del debate.
Guerra se pregunta, por ejemplo, cómo se va a desarrollar una alianza entre copropietarios en un parque que solo genera pérdidas. “Si voy a ser socio, necesito ganar algo”, dice. A ese interrogante se le suman otros que plantea Quintero, de la U. de La Guajira: ¿cuánto tiempo más podría funcionar el parque? ¿Qué costos adicionales podría tener? ¿Quién garantizaría su mantenimiento?
Esas respuestas, en teoría, se conocerán una vez que el Minminas finalice su evaluación del estado de Jepírachi y la comunique a las comunidades. En el fondo, una de las preguntas más importantes es qué implicaría para ellas que el parque se convierta “público-popular”, como lo llama el Ministerio.
Las asociaciones público-privadas suelen hacerse entre el Estado y empresas privadas, recuerda González, de la U. de los Andes, porque su objetivo, usualmente, es incrementar la inversión desde varias partes. “Es difícil pensar que ese sea el caso para una comunidad, porque no suelen manejar tantos recursos”, señala.
Aunque aún no se conoce los detalles específicos de cómo funcionaría esta propuesta, dice que una posibilidad es que las comunidades sean involucradas como mano de obra para la operación del parque o para el mantenimiento de este.
La preocupación por el agua potable
Andrés*, de la comunidad de Arutkajuy, cuenta que, antes de recibir la noticia sobre el posible nuevo futuro de Jepírachi, estaba enfocado en obtener más respuestas sobre el desmantelamiento del parque. Una de sus grandes dudas es qué va a pasar con el suministro de agua potable si el proyecto deja de funcionar.
Resulta que, en 2003, EPM construyó una planta desalinizadora de agua como medida de compensación para las comunidades wayuu por la construcción del parque. “En los 20 años de operación que lleva la planta, el municipio de Uribia no ha cumplido con la obligación de operarla y mantenerla y, para no dejar a las comunidades sin agua, EPM asumió durante todo este tiempo esa responsabilidad a través de convenios”, indicó la empresa en una carta que envió hace cerca de un mes a una de las comunidades.
Por eso, una de las mayores preocupaciones que comparten Andrés y Gutiérrez, de la comunidad Kaiswoluin, es quedarse sin agua cuando ya no esté Jepírachi. En parte por esto, Gutiérrez dice que la entusiasma el nuevo anuncio sobre el futuro del parque: significaría, en teoría, que la planta de agua permanecería, mientras opere el proyecto. (También puede leer: ¿Dónde poner proyectos renovables a gran escala en Colombia?)
A la vez, piensa que la nueva propuesta (de que el parque continúe con un esquema “público-popular”) es una forma de “aprovechar la necesidad que tenemos por el agua”. Para muchos de los miembros de la comunidad es importante saber que siguen teniendo agua potable, sin importar que “ni sabemos qué podría significar esta nueva decisión para nosotros en algunos años. ¿Se debería hacer otra consulta? ¿Qué implica que nos quedemos con máquinas viejas?”, se pregunta Gutiérrez.
El Ministerio de Minas le apunta a que la fase de concertación con las comunidades sea un espacio para resolver estas preguntas y conocer si tienen un interés de participar en el nuevo esquema del parque. Sin embargo, para Barney, de Indepaz, este proceso se hizo al revés. “Incluso si se resuelven hasta los temas regulatorios, hay algo que ya no se puede resolver a menos que se devuelva el tiempo: las comunidades no fueron consultadas”.
Otra de las preguntas que tienen las comunidades, y que hasta el momento no se ha resuelto, es cuáles serían los costos de desmantelar un parque como Jepírachi y si, eventualmente, les corresponderían a ellos. El investigador Quintero indica que, además de este costo—que es alto—también es importante aclarar cómo se planea disponer de las máquinas.
Aunque se estima que el 90 % de los aerogeneradores puede ser reciclado, no es el caso de las aspas. En varios lugares del mundo estas se desechan en rellenos sanitarios o se trituran y entierran. “Hablar de esa posibilidad de entierro en las comunidades étnicas es fuerte, y es algo que se debe contemplar en un proceso de consulta previa”, dice Quintero.
¿La idea tiene futuro?
La propuesta anunciada por Vélez, el alcalde de Medellín y EPM hace parte de una apuesta más grande del Gobierno que busca que la transición energética sea “justa”. En el marco de este discurso, y de las peticiones que ya han hecho miembros de varias comunidades wayuu, Guerra reconoce que las asociaciones público-privadas pueden ser una estrategia para hacer más inclusiva la transición energética. Pero, considera que, en el caso de Jepírachi, “escogieron el peor escenario para hacerlo posible”.
Otra posibilidad que señala Guerra, es implementar esquemas similares en los nuevos proyectos costa afuera (offshore) a los que le estaría apuntando el Gobierno. Como representan un terreno nuevo para el Estado, empresas y comunidades locales, el abogado opina que esta podría ser la oportunidad para establecer nuevas reglas de juego para todos los actores, que no pongan a alguno de ellos en desventaja, especialmente a las comunidades.
En una carta enviada al Ministerio de Minas y Energía en diciembre del año pasado, 105 líderes de comunidades de La Guajira escribieron algunas de sus solicitudes y propuestas para tener en cuenta en el marco de la transición energética. En una de ellas, “solicitan un tiempo para organizarse de manera ancestral y no por rancherías o por certificados de autoridades tradicionales, con el fin de evitar conflictos”, indica Barney. (Puede leer: Transición energética en La Guajira: de las guerras del gas a las disputas por el viento)
Pero otra de las dificultades en la región es que, en ocasiones, los registros de autoridades tradicionales que tiene el Ministerio del Interior no corresponden con las autoridades ancestrales, representativas de algunos territorios.
“Hay comunidades más organizadas que otras, porque ya tienen protocolos y clasificaciones territoriales. En esas comunidades ya se pueden iniciar diálogos y concertaciones”, agrega la investigadora de Indepaz. Pero, si se continúan adelantando procesos en comunidades donde todavía no hay claridad sobre los representantes, “se puede generar un conflicto más grande”.
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
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