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Cuando se habla sobre las luces y las sombras del extractivismo, Colombia aparece como un caso emblemático. Siendo el principal exportador de carbón en América Latina y uno de los países que le ha apostado al desarrollo con modelos como el de la “locomotora minera”, hoy es un caso de interés para los estudiosos del medio ambiente y la economía. En la penúltima cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental (FNA), se analizaron varias dimensiones del extractivismo en Colombia. (Le puede interesar: ¿En qué están los compromisos climáticos de Colombia?)
En esta ocasión, participaron los siguientes panelistas: Guillermo Rudas, economista, investigador en seguimiento de política pública e integrante del comité asesor del FNA; Mauricio Cabrera Leal, asesor en relaciones de gobierno de WWF Colombia e integrante del grupo de diálogo sobre la minería en Colombia; Juana Hoffman, abogada ambientalista, investigadora y directora de Ambiente y Ruralidad en la Secretaría de Planeación de Bogotá y Carolina Arias Hurtado, profesora del Departamento de Estudios Interdisciplinarios de la facultad de Ciencias Ambientales, de la Universidad Tecnológica de Pereira.
El rol de la minería en Colombia
En la primera parte del evento, Guillermo Rudas habló sobre algunas características del sector extractivo en Colombia. Según datos del DANE presentados por Rudas, los sectores del petróleo y el carbón no son los que más contribuyen al PIB en el país. En porcentaje, estas dos actividades representan cerca del 4,5 % del PIB, mientras que el sector agropecuario alcanza un 6,2% y la industria manufacturera un 11,9%. Vale la pena señalar, dijo Rudas, que el peso del petróleo en el PIB es mayor al de la minería de carbón, pues el primer sector aporta el 3,4%, mientras que el segundo el 1,07%. (Puede leer: La ONU urge al mundo a restaurar mil millones de hectáreas de tierra degradada)
No obstante, en la inversión extranjera sigue primando la extracción de petróleo, la cual ha oscilado entre un 20% y un 28% en las últimas dos décadas, permaneciendo por encima de la industria manufacturera, que hoy alcanza el 16%, y la minera, que presenta un porcentaje del 15%. Sin embargo, cuando se habla sobre exportaciones, el sector manufacturero sigue presentando los porcentajes más altos. Entre 2006 y 2019, este sector representó el 45% de las exportaciones, mientras que el de la extracción de petróleo un 34% y el de la extracción de minerales un 14%. Asimismo, mostró Rudas, mientras que la industria manufacturera genera cerca de dos millones de empleos y el sector agropecuario casi tres millones, el sector petrolero y de minerales generan en promedio 171.000 empleos.
Aún así, señaló Rudas, el sector extractivo goza de grandes beneficios tributarios. Tanto los sectores de gas y petróleo, por ejemplo, están exentos de impuestos departamentales y municipales; también tienen descuentos por los activos del patrimonio; una exención de impuestos en gasolina y ACPM. Adicionalmente “hay un altísimo riesgo sobre doble descuento por las regalías y la DIAN se ha negado a otorgar esa información, se la oculta incluso a los funcionarios del Ministerio de Hacienda”. Por otro lado, Rudas también habló sobre las regalías diferenciadas. Mientras que los sectores de petróleo y gas pagan entre el 8 y el 20% en cantidades físicas, hay títulos de propiedad privada, como el Cerrejón, que deben pagar el 0,45% en regalías. (Puede leer: Preocupa que América Latina se la juegue por el extractivismo para su recuperación económica)
El caso del cobre, señaló, es preocupante, pues el total de regalías que genera ese sector es cercano al 0,0006% teniendo en cuenta los valores de las exportaciones. De hecho, señaló el caso de la compañía Atico Mining Co, que dejó de pagar cerca de 6,4 millones de dólares en regalías, un caso que ya está en manos de la Contraloría. “¿Quién le pone el cascabel al gato en este tipo de experiencias? ¿Se están cumpliendo las pólizas de las obligaciones ambientales? ¿Está siendo la ANLA independiente?”, se preguntó el expositor.
Para terminar, Rudas dijo las siguientes conclusiones: “En bonanza, el petróleo incrementa los ingresos del Estado, teniendo en cuenta las utilidades de Ecopetrol. En minería, los ingresos son muy precarios. Por otro lado, las regalías, tanto en petróleo y minería, tienen un porcentaje fijo y no tienen en cuenta el crecimiento de precios internacionales. Adicionalmente, se requiere transparencia de la DIAN y es necesario exigirle a los organismos de control que vigilen el cumplimiento de la ley”.
Características de la minería colombiana
El segundo expositor, Mauricio Cabrera Leal, habló sobre algunas inconsistencias del sector minero en el país. Actualmente, señaló, la contribución de la minería en las exportaciones oscila entre el 13% y el 16% y ha representado entre el 7 y el 25% de la inversión extranjera directa. En Colombia, dijo, más del 99% de los títulos mineros son de pequeña y mediana escala. El 1% son de gran minería y representan el 80% de las regalías. Por otro lado, más del 62% de los títulos mineros son de materiales de construcción y oro.
Actualmente, Colombia cuenta con 7.688 títulos mineros y tiene 9.299 solicitudes. La mayoría de títulos están en el corredor Pacífico y, en general, en el occidente del país. De otro lado, añadió que la explotación ilícita de minería alcanza a cubrir 98.000 hectáreas. El 41 % de las zonas más afectadas están en Antioquia, el 36% en Chocó y en Bolívar el 11%. De otro lado, el 60% de la producción de oro se relaciona con la minería ilegal o informal. En el país, agregó, existe una incidencia criminal importante en la explotación ilícita de yacimientos mineros. Son 94 municipios, pasando desde Antioquia hasta la Amazonia, en donde los grupos armados tienen control sobre territorios en los que se hace minería ilegal .
En el país, como señaló el expositor, es necesario fortalecer procesos para enfrentar los desafíos ambientales y económicos. Este proceso debe respetar los derechos e intereses de todas las partes involucradas y debe contar con el apoyo y la vigilancia de instituciones sólidas. Adicionalmente, se debe fomentar una administración responsable de los recursos naturales, reducir al mínimo los daños ambientales y operar dentro de los límites ecológicos.
Para terminar, Cabrera mencionó algunas tensiones que es necesario resolver, como la prioridad del modelo extractivista por parte del gobierno y a su vez la necesidad de conservar el medio ambiente, la inestabilidad jurídica y la debilidad institucional (el 1% de los recursos de las regalías van para la institucionalidad ambiental) y los problemas de ordenamiento territorial así como los pasivos ambientales mineros.
Preservar la naturaleza
Juan Hoffman, abogada y magíster en ordenamiento territorial, recordó que en Colombia se tiene el 10% de la biodiversidad del planeta y el modelo de extracción de minerales y combustibles fósiles no solo está degradando el país, sino que estas actividades son de las que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. Hoffman señaló que, si bien se ha presentado un avance normativo, lo cierto es que el sector extractivo sigue siendo una prioridad en términos políticos, lo cual constituye una contradicción. Adicionalmente, señaló, Colombia es el cuarto país con mayores exportaciones en carbón y el que más exporta este material en América Latina. Infortunadamente, este es el combustible fósil que genera más emisiones de CO2 a la atmósfera, acelerando el calentamiento global.
Para terminar, Carolina Arias Hurtado, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira, señaló que el extractivismo tiene una estrecha relación con la economía política y con la geopolítica, ámbitos que deben evaluarse. De otro lado, dijo que es necesario ahondar en investigaciones sobre el destino final de los recursos económicos productos del extractivismo, pues existe una desigualdad latente, en buena medida por una “regulación que no es virtuosa” y una intervención de grandes conglomerados empresariales que es “perversa” en su relación costo y beneficio.