Los reparos al proyecto de ley que busca esterilizar a gatos y perros en el país

Desde finales de noviembre, cuando el proyecto de ley que plantea crear un programa nacional para esterilizar a perros y gatos en el país fue aprobado en tercer debate, se reavivó la discusión sobre cómo abordar la problemática de estos animales que son abandonados y viven en la calle e, incluso, en varios ecosistemas estratégicos del país. (Puede leer: Cuando los perros y gatos son una amenaza para la biodiversidad)

Desde finales de noviembre, cuando el proyecto de ley que plantea crear un programa nacional para esterilizar a perros y gatos en el país fue aprobado en tercer debate, se reavivó la discusión sobre cómo abordar la problemática de estos animales que son abandonados y viven en la calle e, incluso, en varios ecosistemas estratégicos del país. (Puede leer: Cuando los perros y gatos son una amenaza para la biodiversidad)

Para la senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde y autora de esta iniciativa, la esterilización es un método “eficaz y humanitario para controlar la natalidad desbordada de estos animales”. Y aunque en el país no hay bases de datos actualizadas sobre la cantidad de perros y gatos que viven en la calle, el proyecto de ley reporta que, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social durante el 2022, “se calcula un total de 11.034.761” animales en esta situación.

De lo que sí se tiene certeza y evidencia científica es del impacto de los perros y gatos que andan libres sobre la biodiversidad y la salud pública. De acuerdo con la evaluación más completa que se haya hecho hasta ahora sobre la dieta de los felinos, publicada hace solo unos días en la revista Nature, estos animales “propagan nuevas enfermedades a una serie de especies, incluidos los humanos, compiten con los félidos autóctonos (...), amenazan la integridad genética de los félidos salvajes, depredan la fauna autóctona y han llevado a muchas especies a la extinción”. (Le puede interesar: Mascotas y animales silvestres, una pieza que no debe olvidar la salud pública)

Por eso, dice el primer artículo del proyecto de ley, este programa también tiene el objetivo de “reducir los fenómenos de maltrato, sufrimiento e indigencia animal, propender por un ambiente sano, proteger a la fauna silvestre y mitigar los riesgos para la salud pública asociados a la presencia de animales en las calles”.

Sin embargo, varios biólogos, veterinarios, zootecnistas e, incluso, el Ministerio de Hacienda, tienen algunos reparos con el proyecto de ley. Las críticas giran en torno a cuatro asuntos: la pertinencia y evidencia científica que lo soporta, así como la perspectiva desde la que se aborda el problema; el hecho de que sea el Ministerio de Ambiente quien coordine el Programa; la participación en la elaboración de la iniciativa; y, finalmente, las obligaciones financieras que debería asumir el Estado para financiar el 100 % de las esterilizaciones en los municipios de categoría 5 y 6, así como el 50 % en los municipios de segunda, tercera y cuarta categoría.

¿Preocuparse por el individuo o por el ecosistema?

Juan Ricardo Gómez, biólogo con un doctorado en Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, sintetiza una de las principales inquietudes que comparte con varios colegas: “¿Cuál es el problema que estamos tratando de abordar?”, se pregunta sobre el proyecto de ley. “¿Es el trato ético o la conservación de las especies? Porque son dos dimensiones de la discusión que, aunque se quieren llevar al mismo nivel, no lo están”. Una, añade, implica preocuparse por los perros y gatos como individuos, mientras la otra tiene que ver con el problema que generan en los ecosistemas. (También puede leer: Los perros que están causando un serio problema en Colombia)

Para Gómez, así como para Ana María Prieto Ramírez, bióloga que adelanta su posdoctorado en la Universidad de Hildesheim (Alemania), la respuesta a estas preguntas es clave para analizar tanto el proyecto de ley como los resultados que podrían esperarse. Ambos coinciden en que la iniciativa de la senadora Padilla se centra, sobre todo, en la problemática del bienestar animal. Muestra de esto, dicen, es que no se contemplan otras medidas para abordar los problemas que los gatos y perros libres generan en la biodiversidad del país o en la salud pública.

De hecho, advierte Prieto, quien hace parte de Biodiversos, una plataforma ciudadana de profesionales que trabajan por la conservación y la biodiversidad del país desde la ciencia, el proyecto de ley ni siquiera solucionaría el problema que busca atacar: “Controlar la natalidad de gatos y perros y reducir la cifra de animales en las calles y de maltrato animal”, en palabras de la senadora Padilla.

Para entender las razones de la afirmación de Prieto, es importante explicar que el proyecto de ley se basa en las estrategias CES (capturar, esterilizar y soltar) o CER (capturar, esterilizar y reubicar, retornar o rescatar). Aunque la senadora le dijo a este diario que esta no es la única estrategia, el artículo 4 de la iniciativa establece que, después del procedimiento y el posoperatorio, “el profesional asegurará (...) el cuidado del animal hasta su reincorporación a la zona que habita o entrega al tenedor, propietario u hogar de paso”.

Por eso, continúa Prieto, la esterilización solo reduciría la natalidad, pero la población no disminuiría, pues la iniciativa no asegura que estos animales salgan de las calles. Además, agrega la bióloga, las dinámicas de población de los animales dependen también de la mortalidad, la inmigración (cuántos animales entran) y la emigración (cuántos salen), por lo que atacar solo una de las variables no altera el resultado final.

Un estudio llevado a cabo en la ciudad de Rishon LeZion, cerca de Tel Aviv (Israel), permite entender las limitaciones que tendría este enfoque. Tras analizar los resultados que se obtuvieron tras aplicar la estrategia CER en esta ciudad por 12 años, los investigadores encontraron que “la esterilización de más del 70 % de los gatos provocó un descenso de la población cuando se aplicó en zonas contiguas”. En este punto es importante señalar que la meta del proyecto de ley de la senadora Padilla apunta a esterilizar al 10 % de los gatos y perros del país al año. (Puede leer: Los gatos que deambulan en Colombia cazan anualmente de 3 a 12 millones de aves)

Sin embargo, agregaron los científicos, el descenso “se vio limitado por un aumento de rebote en la reproducción y la supervivencia”. Por eso, los investigadores aseguraron que esta estrategia debe “realizarse con alta intensidad, de forma continuada y en contigüidad geográfica para permitir la reducción de la población”. Así mismo, recomendaron que el método CER se combine con la regulación de los recursos vitales; es decir, que la gente no pueda alimentar a los animales callejeros, así como la adopción o la eutanasia de los gatos enfermos.

Pero este método, combinado con las otras estrategias, solo aplicaría para entornos urbanos, advierte Prieto. La bióloga apunta que desde hace algunos años existe consenso científico que revela la estrategia CER como inadecuada para controlar las poblaciones de gatos asilvestrados o ferales, algo que también aplica para los perros en esta situación.

Gómez, de la Javeriana, Prieto y recientes estudios que abordan la problemática coinciden en que se debe contemplar la extracción de estos individuos, sea moviéndolos a otros lugares (lo cual puede ser costoso y complejo) o por eutanasia. La razón, explican, es muy sencilla: al retornar estos animales ferales, sea a zonas urbanas o rurales (muchas de ellas áreas protegidas, en el segundo caso), los impactos sobre la fauna y flora silvestre persisten a pesar de que ya no se puedan reproducir.

Sin embargo, la iniciativa de la senadora Padilla no lo hace. La congresista le dijo a este diario que esta medida no aparece, pues “nos rompe la unidad de materia, ya que es un proyecto de ley sobre esterilización, no de medidas de control”.

Si bien Gómez y Prieto reconocen que el problema de los gatos y perros callejeros, así como los ferales, no es fácil de resolver, coinciden en que además de incluir la eutanasia como una medida para casos muy específicos, el proyecto debería tener mayor énfasis en las campañas de adopción y tenencia responsable. También debería incluir campañas de educación que permitan reducir en el corto plazo el abandono de estos animales, una de las principales causas de todo el problema.

Por ejemplo, dice Prieto, así como se incluyó una meta anual de esterilizaciones, también deberían incluirse metas para la adopción y el no abandono.

“Los comentarios no han sido tenidos en cuenta”

Uno de los principales cambios que hubo en el proyecto de ley entre el primer texto, presentado a inicios de diciembre de 2022, y el texto que se discutió en el tercer debate, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hace algunas semanas, tiene que ver con los sectores que se involucraron en su construcción. Mientras en el primero solo aparecían “las fundaciones y los hogares de paso que albergan a miles de gatos, perros y otros animales domésticos rescatados…”, en el segundo aparecen varias asociaciones de médicos veterinarios y zootecnistas. (Le puede interesar: Los gatos domésticos cazan a más de 2.000 especies de animales en el mundo)

Entre esas, pero no exclusivamente, se menciona a la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acovez) y de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios de Colombia (Amevec), que es la entidad que representa al país ante la Asociación Veterinaria Mundial (WVA, por sus siglas en inglés), el organismo más reconocido a nivel mundial en la medicina veterinaria.

El Espectador se contactó con ambas asociaciones para conocer si sus comentarios sobre el proyecto de ley habían sido incorporados en la versión más reciente de la iniciativa, así como para conocer su opinión frente a la misma. Sin embargo, señalaron que a pesar de haber enviado “correcciones, comentarios y sugerencias (...) nunca se han tenido en cuenta estas observaciones, de hecho, ni siquiera se han enviado los documentos finales de los proyectos o alguna comunicación de recibido, por lo que probablemente esos proyectos de ley tengan vacíos técnicos, como se ha evidenciado en ocasiones anteriores”.

A pesar de que este diario le solicitó a Acovez y Amevec analizar la versión más reciente del proyecto de ley para conocer sus percepciones, ambas entidades manifestaron que este es un proceso que toma bastante tiempo, por lo que solo hasta enero podrían manifestarse al respecto. “¿Cómo es posible que a los gremios no se les haga llegar este documento? Desde octubre está (la nueva ponencia), ¿por qué no la comparten? Esa es la molestia de los gremios”, respondieron desde las juntas directivas de las asociaciones, reiterando que su participación en este tipo de iniciativas es clave.

Al preguntarle a la senadora Padilla por este tema, señaló que, aunque no es su obligación hacer mesas técnicas: “pocos senadores como yo consultamos gremios, sectores empresariales y grupos universitarios”. Si bien reconoció que, tras las mesas técnicas celebradas hace un año, en las que participaron Acovez y Amevec, entre otras organizaciones, no se volvieron a hacer consultas con estas, resaltó que dichas asociaciones pudieron buscar a su equipo, como lo hicieron otras entidades.

El rol del Ministerio de Ambiente

A biólogas como Prieto, así como a otros colegas que hacen parte de la plataforma de Biodiversos, les preocupaba el hecho de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tuviera que destinar recursos propios para la implementación del programa. Aunque todavía no se conoce el impacto fiscal que puede tener el proyecto (a lo que volveremos más adelante), la senadora Padilla estima que los costos que debería asumir la nación rondan los 63.000 millones de pesos al año.

Sin embargo, aclara de manera enfática que este dinero vendrá de la nación y no del Ministerio, cuya única función será la de reglamentar el programa en caso de que el proyecto se convierta en ley. La confusión, como le explicó esa cartera a El Espectador, surgió porque en uno de los textos se incluyó la posibilidad de que el Ministerio dispusiera de algunos recursos, algo que fue corregido en la última versión del texto. “Para tranquilidad de todas las personas, el Ministerio será el encargado de dar los lineamientos”, señalaron desde la cartera. (También puede leer: ¿Tiene perro o gato? Sepa cuál es el impacto ambiental de la dieta de sus animales)

Aún con la respuesta, a Prieto le inquieta que los funcionarios del Ministerio deban dedicarle tiempo a un programa que, desde su perspectiva, no va a tener un impacto positivo sobre la biodiversidad del país y que, incluso, puede tener resultados negativos. “Creemos que no es la competencia del Ministerio, menos cuando hay otras competencias, como varios planes de conservación, Parques Nacionales Naturales y especies amenazadas que no reciben recursos”.

Al respecto, la cartera ambiental respondió que, desde la expedición de la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, a finales del gobierno anterior, quedaron a la cabeza de estas competencias, que se reforzaron con la creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), consignado en el artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Las inquietudes del Ministerio de Hacienda

El 20 de septiembre de este año, tras ser aprobado en segundo debate, el viceministro general del Ministerio de Hacienda, Diego Guevara, respondió a la solicitud de la senadora Padilla de emitir un concepto fiscal sobre el proyecto de ley.

Además de pedir que se incluyeran “los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el respectivo financiamiento”, el viceministro rescató que “los Ministerios involucrados (...) no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar campañas de salud animal a nivel nacional” y que, de acuerdo con la Política de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción, emitida por el Ministerio de Salud en 2017, “la esterilización es una responsabilidad directa de sus propietarios, que puede ser asumida por los alcaldes, cuando se tenga identificada la superpoblación en espacios públicos y se cuente con los recursos necesarios”.

Precisamente sobre las entidades territoriales, que tendrían que asumir el 50 % de los gastos del programa en los municipios de categorías 2, 3 y 4, el viceministro Guevara agregó que esto implicaría “la obligación de incurrir en gastos de funcionamiento y de inversión sin que se señale una fuente de financiación para los mismos”. Sin una fuente recursos, el proyecto podría “obligar a las entidades territoriales a acudir a sus ingresos corrientes de libre destinación, lo cual puede desembocar en el incumplimiento de la obligación por ausencia de recursos”. (Lea: ¿Por qué Polonia declaró a los gatos como especie exótica invasora?)

Si bien no existe un nuevo concepto fiscal sobre la iniciativa, la senadora y el Ministerio de Hacienda ya se han reunido para ajustar estos aspectos y es posible que antes del último debate, que tendrá lugar en la plenaria de la Cámara de Representantes el próximo año, se tenga un documento actualizado sobre el proyecto de ley.