Más de 70 congresistas radican proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia
Por cuarta vez, varios senadores y representantes a la Cámara presentaron un nuevo proyecto para que no se realice fracking en el país.
En la mañana de este miércoles 10 de agosto, más de 80 congresistas radicaron un nuevo proyecto de ley para intentar prohibir el fracking en Colombia. Se trata de la cuarta ocasión que presentan una iniciativa de este tipo. (Lea Indígenas lanzan cuenta regresiva: 1.239 días para proteger el 80% de la Amazonía)
Como informan en un comunicado, el documento es el resultado del trabajo de varios senadores e integrantes de la Cámara de Representantes, junto con la organización a “Alianza Colombia Libre de Fracking”. También, aseguran, cuenta con el respaldo del Gobierno que acaba de posesionarse. (Lea Lo que pasa cuando perdemos la conectividad entre la Amazonia y los Andes)
“La iniciativa garantiza, al mismo tiempo, la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, que es necesaria para una transición energética justa”, señalan.
La idea del proyecto, en pocas palabras, es buscar que no se haga fracking en cualquier territorio del país y evitar “la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”.
Así mismo, con la iniciativa pretenden que se detengan los proyectos piloto de fracking que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander.
En otras palabras, como dijo en Twitter Alirio Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático, “no podría “haber más contratos, convenios, concesiones, licencias ambientales, planes pilotos para hacer fracking en Colombia. Se da un año para que se revoquen y concluyan contratos existentes”. El proyecto, dijo, también pretende que haya una reforma de la estructura energética.
En la otra cara de la moneda, quienes han impulsado esta técnica de extracción de hidrocarburos, aseguran que implementarla en Colombia permitiría ampliar las reservas de crudo hasta por 22 años y las de gas por 35 a 50 años, algo que para sus defensores, es crucial especialmente en un posible escenario de recesión económica y en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia.
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En la mañana de este miércoles 10 de agosto, más de 80 congresistas radicaron un nuevo proyecto de ley para intentar prohibir el fracking en Colombia. Se trata de la cuarta ocasión que presentan una iniciativa de este tipo. (Lea Indígenas lanzan cuenta regresiva: 1.239 días para proteger el 80% de la Amazonía)
Como informan en un comunicado, el documento es el resultado del trabajo de varios senadores e integrantes de la Cámara de Representantes, junto con la organización a “Alianza Colombia Libre de Fracking”. También, aseguran, cuenta con el respaldo del Gobierno que acaba de posesionarse. (Lea Lo que pasa cuando perdemos la conectividad entre la Amazonia y los Andes)
“La iniciativa garantiza, al mismo tiempo, la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, que es necesaria para una transición energética justa”, señalan.
La idea del proyecto, en pocas palabras, es buscar que no se haga fracking en cualquier territorio del país y evitar “la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar delicados ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”.
Así mismo, con la iniciativa pretenden que se detengan los proyectos piloto de fracking que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander.
En otras palabras, como dijo en Twitter Alirio Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático, “no podría “haber más contratos, convenios, concesiones, licencias ambientales, planes pilotos para hacer fracking en Colombia. Se da un año para que se revoquen y concluyan contratos existentes”. El proyecto, dijo, también pretende que haya una reforma de la estructura energética.
En la otra cara de la moneda, quienes han impulsado esta técnica de extracción de hidrocarburos, aseguran que implementarla en Colombia permitiría ampliar las reservas de crudo hasta por 22 años y las de gas por 35 a 50 años, algo que para sus defensores, es crucial especialmente en un posible escenario de recesión económica y en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia.
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