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El problema era el siguiente. En la reforma tributaria del 2016 Colombia tomó una decisión en sintonía con muchos otros países en el mundo: comenzar a cobrar un impuesto a las empresas por las emisiones de C02 que emiten a la atmósfera. Con el dinero recaudado, se esperaba engordar un poco las flacas arcas del sector ambiental y hacer frente, poco a poco, a las amenazas del cambio climático. Sin embargo, a espaldas de todos, el Gobierno decidió que ese dinero iría al Fondo Colombia en Paz.
La decisión no cayó nada bien en el sector ambiental pues la misma ley ordenaba que ese dinero tuviera una destinación específica. ¿Qué sentido tiene cobrar para combatir el cambio climático pero invertir el dinero en otra cosa? Los cerca de $476 mil millones que se recaudaron en el primer año cambiaron de rumbo en un abrir y cerrar de ojos. (Lea: Impuesto al carbono se lo sacaron del bolsillo a Minambiente)
Cuando la noticia se divulgó, varios líderes del sector ambiental criticaron los movimientos del Gobierno. Hoy, en un intento por remendar la situación, el Secretario de Presidencia Alfonso Prada firmó un decreto con el que le abre un espacio a un delegado del Ministerio de Ambiente para participar en el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz, que es la bolsa que recibirá el dinero junto a otras fuentes del posconflicto, y decidirá en que proyectos se inyecta.
La solución tiene sentido en opinión de analistas como Isabel Cavelier, abogada experta en temas ambientales y directora de Transforma, pues “construir la paz y promover el desarrollo resiliente y competitivo, y bajo en carbono, son objetivos complementarios que pueden lograrse con inversiones públicas bien planeadas y que incluyan explícitamente ambos objetivos”. (Lea: Confunde y reinarás el impuesto al C02).
En el mismo sentido se había pronunciado Alberto Galán, director del Fondo Patrimonio Natural, en aquella ocasión: “Es posible crear programas para disminuir la deforestación y avanzar en paz. Se puede trabajar en minería ilegal y contribuir a la paz. Cuando se integran poblaciones afectadas por el conflicto a la protección de fuentes de agua se cumplen ambos objetivos”.
Con el nuevo decreto, el ministro de Ambiente, por ahora Luis Gilberto Murillo, podrá ser parte del Consejo Directivo de dicho fondo que por estos días ha sido centro de críticas y cuestionamientos por el manejo de recursos. (Noruega, Suiza y Suecia piden claridad en manejo del fondo para el posconflicto).