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Se cumple el primer año de este gobierno y los resultados en reducción de deforestación han generado esperanza. El presidente Petro, en la reciente instalación del Congreso de la República (2023-2024), planteó las metas de su política ambiental, la cual permitiría que América del Sur gane “preponderancia en las relaciones de la geopolítica mundial”. En otros escenarios, también ha propuesto, aun sin éxito, el canje de deuda por naturaleza, con una clara intención: la de posicionar a Colombia en la conversación climática global (el liderazgo de Colombia en la pre-cumbre Amazónica fue un ejemplo de esta intención). (Lea En video | Así subieron a la báscula a 14.000 animales en un zoológico)
La política ambiental, dicen algunos, es la que podría salvar a este gobierno. Pero, ¿quién salva al Amazonas?
Colombia ha perdido 1,92 millones de hectáreas (ha) de bosques primarios en los últimos 20 años, según Global Forest Watch. Después de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana en 2016, la tasa de deforestación ha tenido un incremento pronunciado. El 2017 y el 2018 fueron los años donde se presentó la pérdida más alta de bosque húmedo, con registros de 162 mil ha y 177 mil ha, respectivamente. (Lea Calendario ambiental de 2023: estas son las fechas que quedan por conmemorar)
Revertir estas tendencias es prioritario. Recientemente, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró una reducción significativa de la deforestación. El último informe del IDEAM que cita el Ministerio indica que la deforestación pasó de 174.103 ha deforestadas en 2021, a 123.517 ha en 2022. Igualmente, en el primer trimestre de 2023, la Amazonía tuvo una reducción del 76% en la deforestación respecto al mismo período del año 2022, al pasar de cerca de 50.500 a cerca de 12.000 ha. Un logro muy importante a tener en mente a la hora de analizar la política ambiental del gobierno en curso, el cual inició su trayectoria con la ratificación del Acuerdo de Escazú y recientemente tuvo un rol de liderazgo en la cumbre amazónica que dio paso a la declaración de Belém.
Ahora bien, el acceso a los datos reportados por el Gobierno no ha sido posible, pues el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), que maneja el IDEAM, no está en funcionamiento para consulta pública desde hace dos años, aproximadamente. Además, cifras del GFW muestran una historia distinta para los años 2021 y 2022 (129 vs. 128 kha deforestadas respectivamente). Comprendemos que las metodologías de medición son distintas y es esperable que arrojen cifras diferentes. Sin embargo, queremos analizar aquí qué tan duraderos pueden ser los logros de control a la deforestación presentados por el Gobierno.
Conflicto armado, narcotráfico, ganadería, oro y deterioro ambiental han ido de la mano en Colombia. Las regiones con los índices más altos de deforestación desde 2001 hasta 2022 en GFW lo ocupan: Caquetá, Meta, Antioquia, Guaviare y Putumayo, zonas históricamente afectadas por la presencia de conflicto. Solo el Caquetá y el Guaviare, perdieron un total de 773 mil ha y 409 mil ha durante las últimas dos décadas. En regiones como estas, los actores armados, primero, y las disidencias, luego, han actuado como reguladores de la vida social y proveedores de servicios públicos como protección. Esto lo ha documentado agudamente Ana María Arjona, en su libro Rebelocracias, en el que plantea que los grupos armados creaban órdenes locales y actuaban como reguladores del territorio en zonas en las que había baja capacidad de gobernanza local, como ocurre en muchos de los frentes de deforestación activos.
Bajo estos órdenes locales se custodia o ataca el territorio y el ambiente con intereses militares y estratégicos. Algo que entienden muy bien figuras como Iván Mordisco. Algunas investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones que trabajan en el arco de deforestación amazónico han alertado sobre el rol del EMC en los resultados de deforestación de este año. Si el EMC apalancó la reducción lograda, usando las amenazas y el terror difundidas a través de panfletos y mensajes de texto, los resultados serán muy frágiles. Si quien controla la deforestación en el Amazonas es un grupo delictivo que tiene la expectativa de instrumentalizar la bandera ambiental en un contexto de negociaciones de paz, dos temas de gran importancia para el Gobierno actual, los resultados serán muy difíciles de sostener en el tiempo.
Los cultivos de coca, un negocio controlado por grupos armados, son también una amenaza indirecta para el Amazonas colombiano. Después del pico histórico de 204 mil ha cultivadas en el país en el 2021, se ha observado una sobreoferta del producto, que ha llevado a una caída en el precio de la misma. Se sabe que algunos cocaleros abandonaron temporalmente sus cultivos, lo que, de nuevo, puede jugar a favor de los resultados presentados por el Gobierno.
Por último, la ganadería. Departamentos sin vocación ganadera, como el Guaviare (“una tierra sin hombres, para hombres sin tierra”) han visto un incremento del 89% en el número de bovinos entre el 2021 y el 2022. Caquetá, otro departamento amazónico, pasó de 1,3 millones de vacas a 2,2 millones en un periodo de siete años. Los suelos amazónicos no son aptos para la ganadería. La actividad en este tipo de ecosistema es muy poco productiva, lo cual crea un bucle de retroalimentación en el que se deforesta más bosque para ampliar potreros para una actividad muy ineficiente. La trazabilidad de la carne y garantizar que sea libre de deforestación es otro gran reto que se está abordando desde un proyecto de ley.
Los Acuerdos Sociales de Conservación con las comunidades y la promoción de la Economía Forestal son dos de los mecanismos centrales en la política de control de la deforestación del actual gobierno. En particular, la ampliación de los Pagos por Servicios Ambientales, la creación de incentivos al comercio de bioproductos forestales no maderables, la inclusión de un enfoque ambiental en las negociaciones de Paz, y la persecución de los delitos ambientales, son algunas de las propuestas que se estipulan en el PND.
Este ha sido un Ministerio que le cree a la ciencia y a la participación comunitaria, que ha buscado liderazgo y protagonismo para Colombia, que comprende las causas e implicaciones geopolíticas que supone afrontar la crisis climática. Es necesario que se aborde abiertamente la fragilidad en los resultados de su primer año para que no se “ganen indulgencias con avemarías ajenos”.
*Profesora Asociada, Universidad de los Andes.
**Investigadora, Universidad de los Andes.
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