“No dejaremos que hagan ese basurero”: Ovidio Pushaina

Hace dos meses, cuenta Graciela Cotes, autoridad tradicional de la comunidad wayuu Okushinama, varias volquetas llegaron al kilómetro 11 en la vía de Riohacha a Valledupar y comenzaron a cavar un hoyo que, dice la lideresa, tiene unos ocho metros de profundidad. Así fue como ella y otras autoridades wayuus se dieron cuenta de que, a pesar de no haber aceptado en consulta previa la construcción del relleno sanitario regional de Riohacha, la administración municipal igual lo realizaría.

“A nosotros nadie nos dijo nada antes de iniciar. No sabemos nada, nadie nos ha explicado. Nos dimos cuenta de que el proyecto iniciaba cuando entraron las volquetas, que no nos dejan dormir en la noche”, le dijo Graciela Cotes a El Espectador. “ Nosotros, las comunidades más cercanas al proyecto, jamás firmamos los acuerdos que permiten hacer este relleno”, añadió. Ovidio Pushaina, de la comunidad Ipamana, le dijo lo mismo a este diario: “Nosotros no queremos que construyan nada ahí. Son nuestras tierras y las necesitamos”.

Las primeras consultas previas que se hicieron con las comunidades wayuus impactadas se remontan al 21 de mayo de 2014. El Espectador tuvo acceso a las actas de las reuniones que se realizaron a lo largo de ese año, y en ellas se evidencia que por lo menos seis comunidades impactadas por el proyecto se mostraban en total desacuerdo con la implantación del relleno sanitario. En ese entonces se estimó que el proyecto afectaría a 22 comunidades indígenas.

“Somos entre cinco y diez autoridades que no queremos que se haga, las más cercanas, que nos separan máximo tres mil metros del basurero”, le dijo Rafael Arpushana, de la Comunidad Dividivi a este medio. Ovidio Pushaina, cuya comunidad está compuesta por 96 personas, contó que su gente necesita las 78 hectáreas que cobijan el proyecto. “Tenemos toda clase de animales, chivos, burros, vacas, y ese trabajo se va a llevar las tierras, va a ser privado”, comentó.

La autoridad tradicional de la comunidad Wayawitka, Ana Pushaina, teme que la ausencia de tierras afecte los niveles de desnutrición de los niños de su ranchería, en la que viven 50 familias. “¿Sabes por qué se están muriendo los niños de desnutrición en Manaure y Maicao? Porque allí hay un basurero, allí hay mucha enfermedad y, por el relleno, allí ya no crece nada. No van a crecer nuestros árboles que comen los animales que nos dan el alimento”, dijo.

Graciela Cotes, quien conoció el relleno sanitario de Manaure, inaugurado en 2014, dice haber visto niños con enfermedades en la piel a causa de las basuras, y afirma: “Lo que más nos da miedo es la contaminación del ambiente. El aire que respiramos es limpio, como el agua que tomamos en el pozo. Por lo que yo he visto, la piel se nos va a pelar, nuestros hijos no van a ser los mismos”.

Otro gran miedo que las comunidades manifestaron en las consultas previas fue la destrucción de los arbustos y plantas que usan en su medicina tradicional. Por sus experiencias, temen que seque las escorrentías intermitentes que se forman en las épocas de lluvias, que son las únicas fuentes superficiales de aguas de las cuales beben los wayuus y las plantas –los ojos de palo, la raíz de palo– que ellos usan para hacer remedios.

Además, manifestó Graciela Cotes, “la cultura se verá afectada. Habrá mucha gente de afuera, gente que va a venir y que no sigue nuestras costumbres”. Cuenta que a menos de 200 metros del sitio donde se están realizando las excavaciones del proyecto hay un cementerio wayuu. Y, según dejan ver las actas, los indígenas temen por la perturbación de las almas que reposan en el camposanto y, además, por los posibles hallazgos arqueológicos que puedan hacerse al remover la tierra.

La Alcaldía de Riohacha y Corpoguajira, los promotores del proyecto, les explicaron a las comunidades la forma como se mitigarían los impactos. Según Luis Medina, director de Corpoguajira, “se ofrecieron todas las garantías para poder atender esas necesidades”. Los acuerdos propuestos por los ejecutores del proyecto plantean soluciones para cada una de sus inquietudes.

Entre ellas están el recubrimiento del hueco donde se verterán las basuras con un filtro, la construcción de nuevas vías lejos del cementerio y de las rancherías para el paso de los camiones, la contratación de indígenas de las comunidades para el desarrollo de la obra y la notificación previa a las comunidades sobre el comienzo de las obras y de la operación del relleno.

Sin embargo, para estos grupos, las soluciones no fueron suficientes para aceptar la construcción del relleno.

Por eso, en la última reunión, ocurrida el 22 de octubre de 2014, las autoridades de las comunidades wayuus de Okushimana, Ipamana, Dividivi, La Ceiba, Plowsira y Wayawitka, quienes ocupan la mayor extensión de tierras afectadas por el relleno, se opusieron al proyecto. Por esta razón, a pesar de que en la reunión se concertaron los acuerdos ambientales y socioculturales con los asistentes, “no se protocolizaron los acuerdos, ya que la mayoría de comunidades asistentes no están de acuerdo con la realización de este proyecto”.

Aun así, la licencia ambiental del proyecto se firmó el 26 de junio de 2015. En ella se evidencia la firma de 33 autoridades indígenas aceptando los acuerdos de la consulta previa, en reuniones posteriores a la del 22 de octubre de 2014. “Después de esa última reunión –cuenta Carlos Uriana, de la comunidad Campoalegre– dejamos de ser invitados a las discusiones una vez se dieron cuenta de que nos oponíamos. Empezaron a trabajar con los afectados indirectos, que son los más lejanos”.

“Nosotros jamás firmamos los protocolos ni los acuerdos de la consulta previa, porque no queremos nada de eso aquí en nuestro territorio”, le dijo Ovidio Pushaina, autoridad de la comunidad Ipamana, a El Espectador. Las actas con la mayoría de las firmas que aceptaron los acuerdos son de reuniones del 11 y 12 de diciembre de 2014: tres meses después de que las seis comunidades ya mencionadas se opusieron a la construcción.

Según Graciela Cotes, “lo que ellos hicieron fue que al ver que ninguna de las autoridades de influencia iba a aceptar ese proyecto, se fueron a buscar gente de comunidades lejanas al proyecto, y las convencieron de que firmaran para apoyarlo, y que así les dieran la licencia ambiental”. Rafel Arpushana se manifestó en este mismo sentido: “Ellos buscaron comunidades que no tienen nada que ver con el proyecto, que están a cuatro o cinco kilómetros de distancia del basurero y que por eso no les importa”.

Así, dicen las cinco autoridades más cercanas y que se rehúsan a firmar, es que la Alcaldía de Riohacha consiguió las 33 firmas que avalan la ejecución del relleno sanitario. De acuerdo con Jair Quintero, secretario de Medio Ambiente de Riohacha (La Guajira), “encontramos esos acuerdos hechos desde la administración pasada. En un término de seis meses, les estaremos cumpliendo a las comunidades firmantes con las compensaciones que se habían acordado con ellas”.

Estas compensaciones, explica Quintero, son “ayudas en especie” que ellas ya ratificaron y que les sirven para trabajar: “Agua, alimentos para los chivos, cosas para el mejoramiento de su vivienda y de sus cultivos que nosotros ya ratificamos con ellos en tres reuniones que hemos hecho este año. Si la Alcaldía pasada no les cumplió los compromisos, ésta sí tiene el firme propósito de hacerlo”.

Sin embargo, todas las autoridades consultadas por El Espectador tienen una visión distinta sobre las intenciones detrás de estas compensaciones. “Ellos lo que han hecho es sobornarlos. Les han ofrecido tanques de cinco mil metros cúbicos para almacenar el agua, les ofrecen cosas, comida, con tal de que firmen”, asegura Graciela Cotes.

Incluso, afirma que “están ofreciendo $5 millones a cada autoridad indígena para que firmen los acuerdos”. En 2012, cuando el proyecto estaba paralizado, Rafael Arpushana dice que un ingeniero vallecaucano le ofreció $30 millones por aceptar.

Frente a estas acusaciones, el secretario de Medio Ambiente, Jair Quintero, dice no tener conocimiento: “No hemos ofrecido ningún tipo de dinero, sólo le estamos cumpliendo a la comunidad”. Por su parte, Luis Medina, director de Corpoguajira, también aseguró no saber de los acuerdos incumplidos que se estarían presentando en la construcción de la obra.

Graciela Cotes, autoridad tradicional de Okushimana, expresa que “ellos dicen en las actas que nos van a cumplir, pero mire, ya empezaron las construcciones y se están incumpliendo los acuerdos. ¿Cómo quieren que confiemos en ellos? ¿Por qué nos tienen que engañar así?”

Por ahora las comunidades que se oponen convocarán a una reunión con todos los afectados para ver si pueden convencerlos de que han sido engañados y que aceptar el proyecto, en palabras de Ovidio Pushiana, es como “entregar la cabeza de un familiar”.

Hace dos meses, cuenta Graciela Cotes, autoridad tradicional de la comunidad wayuu Okushinama, varias volquetas llegaron al kilómetro 11 en la vía de Riohacha a Valledupar y comenzaron a cavar un hoyo que, dice la lideresa, tiene unos ocho metros de profundidad. Así fue como ella y otras autoridades wayuus se dieron cuenta de que, a pesar de no haber aceptado en consulta previa la construcción del relleno sanitario regional de Riohacha, la administración municipal igual lo realizaría.

“A nosotros nadie nos dijo nada antes de iniciar. No sabemos nada, nadie nos ha explicado. Nos dimos cuenta de que el proyecto iniciaba cuando entraron las volquetas, que no nos dejan dormir en la noche”, le dijo Graciela Cotes a El Espectador. “ Nosotros, las comunidades más cercanas al proyecto, jamás firmamos los acuerdos que permiten hacer este relleno”, añadió. Ovidio Pushaina, de la comunidad Ipamana, le dijo lo mismo a este diario: “Nosotros no queremos que construyan nada ahí. Son nuestras tierras y las necesitamos”.

Las primeras consultas previas que se hicieron con las comunidades wayuus impactadas se remontan al 21 de mayo de 2014. El Espectador tuvo acceso a las actas de las reuniones que se realizaron a lo largo de ese año, y en ellas se evidencia que por lo menos seis comunidades impactadas por el proyecto se mostraban en total desacuerdo con la implantación del relleno sanitario. En ese entonces se estimó que el proyecto afectaría a 22 comunidades indígenas.

“Somos entre cinco y diez autoridades que no queremos que se haga, las más cercanas, que nos separan máximo tres mil metros del basurero”, le dijo Rafael Arpushana, de la Comunidad Dividivi a este medio. Ovidio Pushaina, cuya comunidad está compuesta por 96 personas, contó que su gente necesita las 78 hectáreas que cobijan el proyecto. “Tenemos toda clase de animales, chivos, burros, vacas, y ese trabajo se va a llevar las tierras, va a ser privado”, comentó.

La autoridad tradicional de la comunidad Wayawitka, Ana Pushaina, teme que la ausencia de tierras afecte los niveles de desnutrición de los niños de su ranchería, en la que viven 50 familias. “¿Sabes por qué se están muriendo los niños de desnutrición en Manaure y Maicao? Porque allí hay un basurero, allí hay mucha enfermedad y, por el relleno, allí ya no crece nada. No van a crecer nuestros árboles que comen los animales que nos dan el alimento”, dijo.

Graciela Cotes, quien conoció el relleno sanitario de Manaure, inaugurado en 2014, dice haber visto niños con enfermedades en la piel a causa de las basuras, y afirma: “Lo que más nos da miedo es la contaminación del ambiente. El aire que respiramos es limpio, como el agua que tomamos en el pozo. Por lo que yo he visto, la piel se nos va a pelar, nuestros hijos no van a ser los mismos”.

Otro gran miedo que las comunidades manifestaron en las consultas previas fue la destrucción de los arbustos y plantas que usan en su medicina tradicional. Por sus experiencias, temen que seque las escorrentías intermitentes que se forman en las épocas de lluvias, que son las únicas fuentes superficiales de aguas de las cuales beben los wayuus y las plantas –los ojos de palo, la raíz de palo– que ellos usan para hacer remedios.

Además, manifestó Graciela Cotes, “la cultura se verá afectada. Habrá mucha gente de afuera, gente que va a venir y que no sigue nuestras costumbres”. Cuenta que a menos de 200 metros del sitio donde se están realizando las excavaciones del proyecto hay un cementerio wayuu. Y, según dejan ver las actas, los indígenas temen por la perturbación de las almas que reposan en el camposanto y, además, por los posibles hallazgos arqueológicos que puedan hacerse al remover la tierra.

La Alcaldía de Riohacha y Corpoguajira, los promotores del proyecto, les explicaron a las comunidades la forma como se mitigarían los impactos. Según Luis Medina, director de Corpoguajira, “se ofrecieron todas las garantías para poder atender esas necesidades”. Los acuerdos propuestos por los ejecutores del proyecto plantean soluciones para cada una de sus inquietudes.

Entre ellas están el recubrimiento del hueco donde se verterán las basuras con un filtro, la construcción de nuevas vías lejos del cementerio y de las rancherías para el paso de los camiones, la contratación de indígenas de las comunidades para el desarrollo de la obra y la notificación previa a las comunidades sobre el comienzo de las obras y de la operación del relleno.

Sin embargo, para estos grupos, las soluciones no fueron suficientes para aceptar la construcción del relleno.

Por eso, en la última reunión, ocurrida el 22 de octubre de 2014, las autoridades de las comunidades wayuus de Okushimana, Ipamana, Dividivi, La Ceiba, Plowsira y Wayawitka, quienes ocupan la mayor extensión de tierras afectadas por el relleno, se opusieron al proyecto. Por esta razón, a pesar de que en la reunión se concertaron los acuerdos ambientales y socioculturales con los asistentes, “no se protocolizaron los acuerdos, ya que la mayoría de comunidades asistentes no están de acuerdo con la realización de este proyecto”.

Aun así, la licencia ambiental del proyecto se firmó el 26 de junio de 2015. En ella se evidencia la firma de 33 autoridades indígenas aceptando los acuerdos de la consulta previa, en reuniones posteriores a la del 22 de octubre de 2014. “Después de esa última reunión –cuenta Carlos Uriana, de la comunidad Campoalegre– dejamos de ser invitados a las discusiones una vez se dieron cuenta de que nos oponíamos. Empezaron a trabajar con los afectados indirectos, que son los más lejanos”.

“Nosotros jamás firmamos los protocolos ni los acuerdos de la consulta previa, porque no queremos nada de eso aquí en nuestro territorio”, le dijo Ovidio Pushaina, autoridad de la comunidad Ipamana, a El Espectador. Las actas con la mayoría de las firmas que aceptaron los acuerdos son de reuniones del 11 y 12 de diciembre de 2014: tres meses después de que las seis comunidades ya mencionadas se opusieron a la construcción.

Según Graciela Cotes, “lo que ellos hicieron fue que al ver que ninguna de las autoridades de influencia iba a aceptar ese proyecto, se fueron a buscar gente de comunidades lejanas al proyecto, y las convencieron de que firmaran para apoyarlo, y que así les dieran la licencia ambiental”. Rafel Arpushana se manifestó en este mismo sentido: “Ellos buscaron comunidades que no tienen nada que ver con el proyecto, que están a cuatro o cinco kilómetros de distancia del basurero y que por eso no les importa”.

Así, dicen las cinco autoridades más cercanas y que se rehúsan a firmar, es que la Alcaldía de Riohacha consiguió las 33 firmas que avalan la ejecución del relleno sanitario. De acuerdo con Jair Quintero, secretario de Medio Ambiente de Riohacha (La Guajira), “encontramos esos acuerdos hechos desde la administración pasada. En un término de seis meses, les estaremos cumpliendo a las comunidades firmantes con las compensaciones que se habían acordado con ellas”.

Estas compensaciones, explica Quintero, son “ayudas en especie” que ellas ya ratificaron y que les sirven para trabajar: “Agua, alimentos para los chivos, cosas para el mejoramiento de su vivienda y de sus cultivos que nosotros ya ratificamos con ellos en tres reuniones que hemos hecho este año. Si la Alcaldía pasada no les cumplió los compromisos, ésta sí tiene el firme propósito de hacerlo”.

Sin embargo, todas las autoridades consultadas por El Espectador tienen una visión distinta sobre las intenciones detrás de estas compensaciones. “Ellos lo que han hecho es sobornarlos. Les han ofrecido tanques de cinco mil metros cúbicos para almacenar el agua, les ofrecen cosas, comida, con tal de que firmen”, asegura Graciela Cotes.

Incluso, afirma que “están ofreciendo $5 millones a cada autoridad indígena para que firmen los acuerdos”. En 2012, cuando el proyecto estaba paralizado, Rafael Arpushana dice que un ingeniero vallecaucano le ofreció $30 millones por aceptar.

Frente a estas acusaciones, el secretario de Medio Ambiente, Jair Quintero, dice no tener conocimiento: “No hemos ofrecido ningún tipo de dinero, sólo le estamos cumpliendo a la comunidad”. Por su parte, Luis Medina, director de Corpoguajira, también aseguró no saber de los acuerdos incumplidos que se estarían presentando en la construcción de la obra.

Graciela Cotes, autoridad tradicional de Okushimana, expresa que “ellos dicen en las actas que nos van a cumplir, pero mire, ya empezaron las construcciones y se están incumpliendo los acuerdos. ¿Cómo quieren que confiemos en ellos? ¿Por qué nos tienen que engañar así?”

Por ahora las comunidades que se oponen convocarán a una reunión con todos los afectados para ver si pueden convencerlos de que han sido engañados y que aceptar el proyecto, en palabras de Ovidio Pushiana, es como “entregar la cabeza de un familiar”.