No es tiempo de anclarnos al pasado e impulsar el fracking

Colombia acaba de renovar sus metas climáticas y son tan ambiciosas que el país es visto en la región como un líder al respecto. El plan con el que aportará al Acuerdo de París (la NDC o Contribución Determinada a Nivel Nacional), tiene 196 acciones y medidas para lograrlo, y se plantea reducir más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene proyectado emitir de aquí a 2030. WWF lo incluyó dentro del grupo de las ‘NDC que queremos’, por encima de las de la Unión Europea y Reino Unido, entre otras.

Según eso (y sumando la meta de ser carbono neutro para 2050), el país pareciera estar alineado (e incluso destacarse) con el propósito mundial de enfrentar esta amenaza; de transformar su modelo de desarrollo en uno que genere cada vez menos emisiones. El impuesto al carbono, que desde 2017 les cobra a las empresas privadas un excedente por generar este tipo de gases, es prueba de ello.

Pero cuando miramos en detalle, encontramos inconsistencias como el fracking: esa técnica de extracción de hidrocarburos que pone en riesgo la salud humana y del medio ambiente, a la vez que alimenta la dependencia en los combustibles fósiles (cuya quema genera emisiones y contribuye al calentamiento global).

El fracking consiste en inyectar a presión grandes volúmenes de una mezcla de agua, arena y químicos para fracturar rocas que tienen atrapado en su interior gas y petróleo y que se encuentran a kilómetros de profundidad. Si se generaliza en el planeta, además de sus impactos directos, no habría esperanza de lograr limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2º C para finales de siglo, como indica la ciencia.

Adicionalmente, pone en jaque el recurso más precioso que tenemos, el agua (sin contar con el efecto de la variabilidad climática). Requiere muchísimas cantidades más que la extracción convencional: en un único pozo se puede consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas.

Como si fuera poco, si los fluidos inyectados se filtran en la roca, pueden contaminar acuíferos subterráneos que terminan abasteciendo a comunidades, ecosistemas y otras actividades económicas (estudios realizados en EEUU revelan que el fracking produce casi la misma cantidad de agua contaminada que la que se usa en la operación).

Lo que se ha dicho públicamente de estos químicos en algunos países no es del todo claro y transparente, y aún falta mucho por indagar. Recientes investigaciones en EEUU muestran que en ese país ya se han utilizado químicos que con el tiempo pueden descomponerse en sustancias tóxicas, difíciles de degradar y persistentes en el ambiente y el cuerpo humano. Cáncer, infertilidad, problemas hormonales y defectos de nacimiento, son algunas de las afecciones que se han relacionado con el uso de estas sustancias.

Lea: El caso “fracking” sigue sin solución: Consejo de Estado cambió a magistrado ponente

Además, el mundo avanza hacia otra dirección. Países como Francia, Italia, España y algunos estados de los EEUU han prohibido esta técnica en sus territorios. Hace unos días, la Unión Europea presentó su plan para lograr tener la primera economía libre de carbono. En el mercado de valores, los sectores de petróleo y gas valen lo mismo que los sectores de la economía verde. Y el precio del carbón, nuestro hidrocarburo por excelencia, va en declive.

Mientras tanto, acá ya hay dos pilotos de investigación de fracking en marcha, y hace días el Congreso hundió el proyecto de ley que buscaba prohibirlo. Todavía se desconoce el estado de las aguas subterráneas que podrían resultar afectadas por esta técnica y no contamos con un marco legislativo sobre pasivos ambientales, ni con los sistemas para contabilizar estos costos y asegurar que estas externalidades están consideradas en el análisis de costos y beneficios de seguir con esta propuesta de ampliar la dependencia en hidrocarburos.

Si el 20 de julio (cuando el nuevo periodo legislativo comienza) esa iniciativa no se presenta, o si su debate se dilata como pasó en 2020, estaremos dando un paso hacia atrás.

El fracking no es solo un asunto ambiental; es un asunto de derechos humanos. Los efectos del cambio climático cada vez afectan más las condiciones mínimas que una persona debería tener para vivir dignamente. La disponibilidad del agua es sinónimo de calidad de vida. Y los químicos en cuestión vulneran nuestro derecho a la salud.

Apostarle al fracking parece cosa del pasado, sacado de contexto y, sobre todo, contrario a la urgencia que hay de revertir la pérdida de la naturaleza e impedir que el planeta se caliente más.

Colombia acaba de renovar sus metas climáticas y son tan ambiciosas que el país es visto en la región como un líder al respecto. El plan con el que aportará al Acuerdo de París (la NDC o Contribución Determinada a Nivel Nacional), tiene 196 acciones y medidas para lograrlo, y se plantea reducir más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene proyectado emitir de aquí a 2030. WWF lo incluyó dentro del grupo de las ‘NDC que queremos’, por encima de las de la Unión Europea y Reino Unido, entre otras.

Según eso (y sumando la meta de ser carbono neutro para 2050), el país pareciera estar alineado (e incluso destacarse) con el propósito mundial de enfrentar esta amenaza; de transformar su modelo de desarrollo en uno que genere cada vez menos emisiones. El impuesto al carbono, que desde 2017 les cobra a las empresas privadas un excedente por generar este tipo de gases, es prueba de ello.

Pero cuando miramos en detalle, encontramos inconsistencias como el fracking: esa técnica de extracción de hidrocarburos que pone en riesgo la salud humana y del medio ambiente, a la vez que alimenta la dependencia en los combustibles fósiles (cuya quema genera emisiones y contribuye al calentamiento global).

El fracking consiste en inyectar a presión grandes volúmenes de una mezcla de agua, arena y químicos para fracturar rocas que tienen atrapado en su interior gas y petróleo y que se encuentran a kilómetros de profundidad. Si se generaliza en el planeta, además de sus impactos directos, no habría esperanza de lograr limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2º C para finales de siglo, como indica la ciencia.

Adicionalmente, pone en jaque el recurso más precioso que tenemos, el agua (sin contar con el efecto de la variabilidad climática). Requiere muchísimas cantidades más que la extracción convencional: en un único pozo se puede consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas.

Como si fuera poco, si los fluidos inyectados se filtran en la roca, pueden contaminar acuíferos subterráneos que terminan abasteciendo a comunidades, ecosistemas y otras actividades económicas (estudios realizados en EEUU revelan que el fracking produce casi la misma cantidad de agua contaminada que la que se usa en la operación).

Lo que se ha dicho públicamente de estos químicos en algunos países no es del todo claro y transparente, y aún falta mucho por indagar. Recientes investigaciones en EEUU muestran que en ese país ya se han utilizado químicos que con el tiempo pueden descomponerse en sustancias tóxicas, difíciles de degradar y persistentes en el ambiente y el cuerpo humano. Cáncer, infertilidad, problemas hormonales y defectos de nacimiento, son algunas de las afecciones que se han relacionado con el uso de estas sustancias.

Lea: El caso “fracking” sigue sin solución: Consejo de Estado cambió a magistrado ponente

Además, el mundo avanza hacia otra dirección. Países como Francia, Italia, España y algunos estados de los EEUU han prohibido esta técnica en sus territorios. Hace unos días, la Unión Europea presentó su plan para lograr tener la primera economía libre de carbono. En el mercado de valores, los sectores de petróleo y gas valen lo mismo que los sectores de la economía verde. Y el precio del carbón, nuestro hidrocarburo por excelencia, va en declive.

Mientras tanto, acá ya hay dos pilotos de investigación de fracking en marcha, y hace días el Congreso hundió el proyecto de ley que buscaba prohibirlo. Todavía se desconoce el estado de las aguas subterráneas que podrían resultar afectadas por esta técnica y no contamos con un marco legislativo sobre pasivos ambientales, ni con los sistemas para contabilizar estos costos y asegurar que estas externalidades están consideradas en el análisis de costos y beneficios de seguir con esta propuesta de ampliar la dependencia en hidrocarburos.

Si el 20 de julio (cuando el nuevo periodo legislativo comienza) esa iniciativa no se presenta, o si su debate se dilata como pasó en 2020, estaremos dando un paso hacia atrás.

El fracking no es solo un asunto ambiental; es un asunto de derechos humanos. Los efectos del cambio climático cada vez afectan más las condiciones mínimas que una persona debería tener para vivir dignamente. La disponibilidad del agua es sinónimo de calidad de vida. Y los químicos en cuestión vulneran nuestro derecho a la salud.

Apostarle al fracking parece cosa del pasado, sacado de contexto y, sobre todo, contrario a la urgencia que hay de revertir la pérdida de la naturaleza e impedir que el planeta se caliente más.