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En horas de la mañana de este 7 de diciembre, Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional Minera (ANM), llevó a cabo una reunión con algunos periodistas en la que hizo un anuncio que muestra cuál es el rumbo que tomará la minería de carbón a cielo abierto en el país. (Lea Así está Colombia en ránking global que mide el desempeño frente al cambio climático)
La idea, dijo Pardo, es que en el futuro no se celebren más contratos para explotar ese mineral de aquella manera. “No va a haber más contratos de minería de carbón a cielo abierto en Colombia”, aseguró.
Con este anuncio, el presidente de la ANM no se refería a que dejará de explotarse ese mineral en el país, sino que nuevos proyectos a cielo abierto como los que hoy tiene Cerrejón en La Guajira o el que pertenecía a Prodeco, en el Cesar, no podrán realizarse en el futuro.
Pardo aclaró que la Agencia es respetuosa de los contratos y de quienes tienen títulos mineros, así como de los derechos que han adquirido. Sin embargo, advirtió que así como estas empresas o particulares exigen derechos, también deben cumplir deberes. Por ejemplo, dijo, los mineros (no solo los de carbón) le deben en este momento a Colombia $303.376 millones, que corresponden al pago de regalías.
Aunque no dio muchos detalles sobre la decisión de no celebrar contratos en el futuro para explotar carbón a cielo abierto, lo que sucedió en los últimos meses con Prodeco muestra los desafíos que tiene este tipo de minería.
Tras estar cerca de 25 años extrayendo ese mineral, esta empresa, subsidiaria de la multinacional Glencore, devolvió al Estado las minas de Calenturitas y La Jagua, en Cesar, donde se extraen más de 15 millones de toneladas de carbón al año.
Pero esa decisión acarrea también una compleja discusión. Aunque muchos esperan que el Estado asigne esas minas a otras empresas, las reglas de juego de cómo hacerlo responsablemente aún no están muy claras. Como lo contamos en este artículo a mediados de este año, una de las preocupaciones es que, una vez se liquiden los contratos entre el Estado y la empresa, Prodeco no cumpla con varias obligaciones que tiene.
Uno de esos compromisos se refiere, por solo dar una muestra, a la compensación de pasivos ambientales o al cumplimiento que deben dar a una orden del Ministerio de Ambiente que, en 2010, los obligó, junto a otras dos compañías mineras, a reasentar a la comunidad de El Hatillo (Cesar), pues sus pobladores se encontraban en una zona de alta contaminación de aire por la presencia de la explotación de carbón.
¿Cómo garantizar la estabilidad para quienes por años han trabajado en esas minas y su principal fuente de ingreso es el carbón?, es otro de los grandes interrogantes que inquieta a la ANM.
Para Pardo, esos retos que quedan tras explotar carbón en minas a cielo abierto, que muestran que es un mineral finito -y, además, uno de los grandes culpables de las emisiones de gases efecto invernadero-, los ha obligado a discutir y a preguntarse sobre si el país debe permitir este tipo de proyectos. Para él la respuesta es no.
Mientras tanto, para resolver los enormes retos que sacó a la luz la decisión de Prodeco, Pardo aseguró que en la reforma que buscan hacer del Código de Minas esperan incluir un capítulo especial de cómo debe hacerse un cierre minero, un asunto pendiente en el actual código.
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