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Tan sólo pasaron siete entre los dos anuncios. El primero ocurrió el pasado 23 de junio. Ese día, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, anunció que no incluiría a la Ciénaga Grande de Santa Marta en el Registro Montreux, un listado de humedales seriamente amenazados, que requieren atención prioritario. Eso a pesar de que era una de las ocho recomendaciones de un comité internacional de la Convención Rmasar, que visitó el humedal.
El segundo ocurrió el pasado 1 de julio, cuando, en su cuenta de Twitter, Murillo dijo que, tras discutir con expertos y aliados, la Ciénaga sí se convertiría en el ecosistema número 49 del Registro Montreux. ¿Qué pasó? El Espectador habló con el Ministro sobre el tema.
¿Qué acciones ha adelantado el Gobierno para proteger la Ciénaga Grande?
La Ciénaga Grande de Santa Marta y todo su ecosistema es esencial para la salud ecológica de toda esta macrorregión, pero también del país. Es como un riñón y su situación, como hemos venido planteando, es crítica. Por eso conformamos un comité interinstitucional, coordinado desde el Ministerio de Ambiente, con el fin de liderar acciones desde el Gobierno nacional para rescatar la ciénaga. En este comité hay, además, actores departamentales y regionales, comunidades e incluso el sector privado. Allí definimos cinco líneas de acción que se han estado adelantando.
¿En qué consisten estas líneas de acción?
En primer lugar, revisar su estado ecológico actual y allí tenemos un convenio muy importante con el Invemar, donde hacemos muestreos periódicos para cumplir el Plan de Acción para la Recuperación Integral de la Ciénaga, que tiene una duración de 5 años. Dado que la dinámica hidráulica de la ciénaga cambió, se está haciendo un modelo hidrosedimentológico de la ciénaga, que nos permita saber qué obras hidráulicas debemos adelantar para recuperar el equilibro entre agua dulce y salada. Lo que se ha programado es tener, el año entrante, el modelo definitivo.
En segundo lugar, creamos un mecanismo coordinador, con autoridades locales y corporaciones autónomas para declarar emergencias y responder rápidamente, sobre todo cuando hay mortandad de peces. Un tercer punto tiene que ver con agua potable y saneamiento básicos de los municipios vecinos, pues muchos no tienen manejo de residuos y hacen vertimiento directo de los mismos. Hay, también, un punto de seguridad alimentaria y productiva y el último tiene que ver con el restablecimiento de la gobernanza de la ciénaga, un programa que es apoyado por Usaid, que financió una gerencia técnica específica para la Ciénaga Grande en el marco de su programa de Reconciliación del Posconflicto.
¿Cuántos recursos se han invertido en este plan para la recuperación de la ciénaga?
Hay fuentes diversas que han aportado a la ciénaga, tanto nacionales, regionales e internacionales, así como el sector privado. Desde el sector ambiente, conformado por el Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas, hemos invertido, desde 2015, cerca de $50.000 millones. Ya vamos a aumentar sustancialmente esos recursos y, además, creemos que debemos avanzar en el modelo financiero.
¿Esto qué quiere decir?
Sí, creemos que tarde o temprano tenemos que avanzar en un instrumento financiero específico para las inversiones más puntuales y de columna vertebral de la ciénaga. Vamos en el plan y tenemos reuniones periódicas para avanzar en este sentido.
Usted argumentó, el pasado 23 de junio, que no incluiría a la ciénaga en el Registro Montreux por lo fuerte de este plan de recuperación. ¿Por qué reversar esa decisión?
No hubo “reversazo”; tal vez no me he hecho entender. Fue el propio Gobierno el que solicitó al Convenio Ramsar que hiciera la visita de los expertos. El propósito, de hecho, era revisar la posibilidad de ser incluidos en el Registro Montreux. En esa visita, el comité internacional coincidió con nuestro diagnóstico, y sus recomendaciones se ajustan a las medidas extraordinarias que ya veníamos implementando. Lo que sucedió fue que, en nuestras discusiones técnicas sobre el informe, se levantó una posición fuerte que planteó que ya se había avanzado sustancialmente y que lo conveniente era seguir en este proceso pero dar espera a una posible entrada al registro. Es que, mire, Colombia ya tiene la capacidad técnica instalada para recuperar este ecosistema.
Sin embargo, la gran mayoría de nuestros aliados —expertos, comunidades, empresa privada— consideraron que el ingreso al Registro Montreux nos da un acompañamiento internacional que pone las respuestas de la Ciénaga Grande en un contexto de prioridad internacional, nos da acceso formal a la experticia de la Convención Ramsar. Muchos plantearon que era una especie de blindaje, sobre todo teniendo en cuenta que, e nuestra cultura institucional, los ciclos políticos afectan el nivel de importancia que se le da a la ciénaga. Yo entendí, pues para nosotros es muy importante que nuestros aliados estén tranquilos.
¿Por qué cree que hubo quienes critican la decisión de entrar en el registro?
Con la visita de los expertos del Convenio Ramsar, nosotros lo que queríamos ver era si coincidíamos en los diagnósticos y soluciones para salvar la Ciénaga, y así fue. Por eso, el Gobierno está tranquilo, porque estamos haciendo bien la tarea. Ahí tuvimos una validación muy importante. Lo que pasa es que la lista genera cierta preocupación porque hay un prejuicio de que estar en la lista es aceptar que no se ha hecho nada, pero no; eso no es así: allí hay humedales hasta de Costa Rica. No es una calificación a la gestión ambiental del país, aunque muchos académicos e incluso técnicos dentro del mismo Ministerio lo entendieron así.
¿Qué sigue ahora para entrar oficialmente al Registro Montreux?
Lo primero es que debemos comunicarle a la Secretaría General de la Convención Ramsar de esta decisión y con ellos definiremos una hoja de ruta, tanto legal como de trabajo formal. Nosotros ya tenemos listo el plan de acción de la Ciénaga Grande; simplemente, se tendrán algunas discusiones con ellos para hacer algunos ajustes. La entrada en el Registro lo que hará será consolidar el cuidado de la Ciénaga Grande como una política pública.