Nuevo proyecto minero se avecina en Santurbán

Los habitantes de la provincia de Soto Norte, en Santander, siguen inconformes con el hecho de que su territorio se mantenga en la mira de las empresas que quieren explorar la riqueza de su subsuelo. Después de lograr que se le diera un reversazo al proyecto Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán y liderado por la canadiense Eco Gold, parte de la comunidad no ha recibido bien la noticia de que un nuevo proyecto, que podría extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro durante 25 años, esté empezando a hacer exploración en zonas cercanas.

Esta vez se trata de un título minero en manos de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), que, aunque no se encuentra por encima de la línea que delimita el páramo de Santurbán, ya empezó a prender las alarmas de algunos miembros de la comunidad.

Al desarrollarse tentativamente entre los municipios de California y Suratá, que sumados tienen cerca del 46 % de su territorio en área de páramo, este podría convertirse en un nuevo escenario del eterno enfrentamiento de visiones que muchos creían superado en la región: la inversión minera o la conservación. Un dilema al que los habitantes de Santander no son ajenos.

“El hecho de que el proyecto no esté sobre la delimitación de páramo no significa que no afecte a este ecosistema, que es muy frágil. Primero, porque esa delimitación del Ministerio de Ambiente para muchos no está bien trazada y, segundo, porque ellos están hablando de hacer una minería por túneles que apuntan al páramo. Aquí hay que entender que, desde el nivel del mar hasta los nevados, se trata de un solo ecosistema”, comenta uno de los voceros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, quien prefiere que su nombre no sea mencionado.

En efecto, según explica Minesa en un video, el proyecto que quieren realizar no es minería a cielo abierto, sino un sistema de túneles que les permitiría hacer la explotación y el transporte del material. En el municipio de California, concretamente, se ubicaría la mina de la cual se desprendería el material con explosivos y de manera controlada. Luego este material se cargaría en volquetas operadas a control remoto hasta una trituradora y finalmente sería transportado en bandas hasta la planta de beneficios, que se ubicaría en el municipio de Suratá.

Allí, explica la empresa, se rompería la roca para separar los metales valiosos del resto del material, pero no se obtendrían lingotes ni oro puro, por lo que no se usaría ni mercurio ni cianuro. “Este proceso responde a una zonificación de protección ambiental que contempla una zona geológicamente estable, la menor utilización del área y reducción de impactos en el proceso extractivo”, afirmó Minesa a El Espectador.

Ahora, otra de las preocupaciones que tienen los miembros del Comité gira alrededor de la falta de independencia que pueden tener las autoridades ambientales ante los convenios que ha firmado Minesa con la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Con las diferentes alcaldías de Soto Norte y la CDMB, Minesa llegó a un acuerdo marco de cooperación, firmado en marzo de este año, para promover estrategias de sostenibilidad en la cuenca del río Vetas y el río Suratá Alto. Además, entre el 2015 y el 2016, Minesa firmó dos convenios de cooperación en los que la empresa le dio a la CDMB un monto de alrededor de $157 millones para mejorar el plan de operación de las PTAR de algunos municipios y caracterizar las unidades de pequeñas mineras en California.

No obstante, según explicó Martín Camilo Carvajal, director de la CDMB, a El Espectador, “este tipo de convenios no comprometen la independencia de la corporación o la independencia a la hora de desarrollar las labores de competencia dentro del proyecto. Estamos dentro del marco que la ley permite para hacer esfuerzos con el sector privado con el fin de mejorar las condiciones de los ciudadanos”. Aunque la encargada de entregarle la licencia ambiental a Minesa es la ANLA, la corporación debe emitir un concepto ambiental sobre el proyecto, lo que no deja de preocupar a los pobladores de Soto Norte.

Lo cierto, por ahora, es que, al igual que sucedió hace algunos años, en Bucaramanga ya se están empezando a ver los primeros plantones que buscan hacerle resistencia a la minería en la región.

Los habitantes de la provincia de Soto Norte, en Santander, siguen inconformes con el hecho de que su territorio se mantenga en la mira de las empresas que quieren explorar la riqueza de su subsuelo. Después de lograr que se le diera un reversazo al proyecto Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán y liderado por la canadiense Eco Gold, parte de la comunidad no ha recibido bien la noticia de que un nuevo proyecto, que podría extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro durante 25 años, esté empezando a hacer exploración en zonas cercanas.

Esta vez se trata de un título minero en manos de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), que, aunque no se encuentra por encima de la línea que delimita el páramo de Santurbán, ya empezó a prender las alarmas de algunos miembros de la comunidad.

Al desarrollarse tentativamente entre los municipios de California y Suratá, que sumados tienen cerca del 46 % de su territorio en área de páramo, este podría convertirse en un nuevo escenario del eterno enfrentamiento de visiones que muchos creían superado en la región: la inversión minera o la conservación. Un dilema al que los habitantes de Santander no son ajenos.

“El hecho de que el proyecto no esté sobre la delimitación de páramo no significa que no afecte a este ecosistema, que es muy frágil. Primero, porque esa delimitación del Ministerio de Ambiente para muchos no está bien trazada y, segundo, porque ellos están hablando de hacer una minería por túneles que apuntan al páramo. Aquí hay que entender que, desde el nivel del mar hasta los nevados, se trata de un solo ecosistema”, comenta uno de los voceros del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, quien prefiere que su nombre no sea mencionado.

En efecto, según explica Minesa en un video, el proyecto que quieren realizar no es minería a cielo abierto, sino un sistema de túneles que les permitiría hacer la explotación y el transporte del material. En el municipio de California, concretamente, se ubicaría la mina de la cual se desprendería el material con explosivos y de manera controlada. Luego este material se cargaría en volquetas operadas a control remoto hasta una trituradora y finalmente sería transportado en bandas hasta la planta de beneficios, que se ubicaría en el municipio de Suratá.

Allí, explica la empresa, se rompería la roca para separar los metales valiosos del resto del material, pero no se obtendrían lingotes ni oro puro, por lo que no se usaría ni mercurio ni cianuro. “Este proceso responde a una zonificación de protección ambiental que contempla una zona geológicamente estable, la menor utilización del área y reducción de impactos en el proceso extractivo”, afirmó Minesa a El Espectador.

Ahora, otra de las preocupaciones que tienen los miembros del Comité gira alrededor de la falta de independencia que pueden tener las autoridades ambientales ante los convenios que ha firmado Minesa con la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Con las diferentes alcaldías de Soto Norte y la CDMB, Minesa llegó a un acuerdo marco de cooperación, firmado en marzo de este año, para promover estrategias de sostenibilidad en la cuenca del río Vetas y el río Suratá Alto. Además, entre el 2015 y el 2016, Minesa firmó dos convenios de cooperación en los que la empresa le dio a la CDMB un monto de alrededor de $157 millones para mejorar el plan de operación de las PTAR de algunos municipios y caracterizar las unidades de pequeñas mineras en California.

No obstante, según explicó Martín Camilo Carvajal, director de la CDMB, a El Espectador, “este tipo de convenios no comprometen la independencia de la corporación o la independencia a la hora de desarrollar las labores de competencia dentro del proyecto. Estamos dentro del marco que la ley permite para hacer esfuerzos con el sector privado con el fin de mejorar las condiciones de los ciudadanos”. Aunque la encargada de entregarle la licencia ambiental a Minesa es la ANLA, la corporación debe emitir un concepto ambiental sobre el proyecto, lo que no deja de preocupar a los pobladores de Soto Norte.

Lo cierto, por ahora, es que, al igual que sucedió hace algunos años, en Bucaramanga ya se están empezando a ver los primeros plantones que buscan hacerle resistencia a la minería en la región.