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El 22 de abril, de alguna manera, fue un día histórico. Tras ocho años de intensas conversaciones, de negociación entre todos los gobiernos de los países de América Latina, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, un pacto histórico que permitirá cuatro cosas, fundamentalmente: que haya más transparencia en asuntos ambientales, que las comunidades y los ciudadanos puedan participar en todas las discusiones y no se les dé la espalda (como ha sucedido en tantas oportunidades), que haya más justicia ambiental y que exista, realmente, una protección real de los defensores ambientales. En 2019, en Colombia, que no ha ratificado el Acuerdo, asesinaron a 64.
Lograr un documento de este tipo en medio de gobiernos tan disímiles no fue nada fácil. Requirió un gran esfuerzo de muchas organizaciones civiles y de personas que trataron de alinear y convencer a los participantes de la importancia de contar con este Acuerdo. Una de ellas fue José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, organismo de la ONU que promueve el desarrollo económico de la región. Samaniego es mexicano y htiene una larga trayectoria como economista. Ha sido consultor de varias organizaciones internacionales. (PNUD, WWF, PNUMA, Banco Mundial)Ha participado en varios libros que advierten la necesidad de cambiar de rumbo para evitar una tragedia climática. Conversó con El Espectador sobre lo que implica el histórico Acuerdo de Escazú y le hizo una petición al gobierno de Iván Duque: “Ojalá Colombia se sume a su ratificación”.
¿Qué significa para usted, después de tantos años, este día en el que entra en vigor el Acuerdo de Escazú?
Es un momento muy importante, de celebración. Se está marcando un hito en América Latina y el Caribe, porque es el primer Acuerdo de alcance regional desde y para Latinoamérica. Hay tratados parciales, como el de la Vicuña, o de protección de la Amazonia. Pero este es un tratado para los países de AL elaborado por todos los países de AL. Es una señal de fortalecimiento del multilateralismo como un espacio de cooperación y de la preocupación que tenemos frente al costo humano que tiene el tratar de proteger la región de la destrucción de la naturaleza. También creo que marca un hito en el sentido de expresar la voluntad de América Latina de armonizar hacia arriba el Estado de derecho y la gobernabilidad de las sociedades. El Acuerdo, que resalta los pilares de información, participación y justicia ambiental, genera instrumentos que creo que son muy positivos para discutir el rumbo que quiere darse a las sociedades. Y genera un espacio de cooperación internacional que también es muy importante. Estamos muy contentos de que entre en vigor. Es el primer paso de una ruta larga para generar la institucionalidad, la cooperación, la organización de las conferencias de las partes. Es la celebración del fin una etapa y del inicio de otra que va a ser de mayor duración.
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Hay mucha expectativa sobre este nuevo camino que se viene. ¿Qué cambia a partir de este 22 de abril?
El tratado entra en vigor y, entonces, deja de ser una declaración. Es un instrumento vinculante para los países que son parte del Acuerdo. Eso es un cambio fundamental. Hace que las partes se empiecen a mover para ver cuáles son los principales temas y asuntos para cooperar entre sí. Y pone al alcance de las respectivas sociedades una serie de instrumentos que existían de manera incompleta o no existían. Entonces, amplía y mejora el menú de instrumentos a disposición de la sociedad. Eso cambia a partir del 22 de abril.
Aún hay una larga lista de países que no han ratificado el Acuerdo. ¿Qué sucede si no lo ratifican? ¿Qué sucede con el cumplimiento del Acuerdo?
El Acuerdo está sujeto al cumplimiento del Acuerdo. Y lo que las partes ganan es algo muy importante: ganan en legitimidad, en gobernabilidad y en términos de tener una política que les evite conflictos cuando los puedan evitar. Mientras que los ratificantes de Escazú fortalecen su capacidad de prevenir conflictos, los que no firman y no ratifican van a seguir el mismo camino de siempre, salvo que tomen una política nacional que emule lo que está buscando Escazú. Pero con los compañeros vas a avanzar más rápido que solo.
¿Cómo evitar que un cambio de gobiernos afecte el cumplimiento del Acuerdo? ¿Cómo verificar que lo cumplan?
Ratificar el Acuerdo es tener un pacto con la sociedad. Quienes no ratifican el Acuerdo es porque no quieren asumir ese pacto. Salirte tiene un costo reputacional y real en términos de la capacidad de seguir avanzando para fortalecer el Estado de derecho. El cumplimiento del Acuerdo no es responsabilidad de quienes no firman, sino de los que están adentro, pero los que no están adentro van a ver cómo mejoran sus capacidades los países que sí lo ratificaron. Eso se convierte en un incentivo para que los que estén afuera quieran estar adentro y se beneficien de lo que allí ocurre. No descartamos que, además de las mejoras institucionales, convoque a un fortalecimiento financiero, por lo que ser parte va a ofrecer más ventajas que estar afuera del Acuerdo.
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Estos años la sociedad civil fue fundamental en las negociaciones del Acuerdo de Escazú. A partir de ahora, ¿cuál será su papel?
Creo que el Acuerdo de Escazú sentó un precedente. Hay una probabilidad a favor de que se mantenga una dinámica con el público, como la que se tuvo en el período de negociación, porque ya se vio en la práctica el papel positivo que cumplen las organizaciones sociales, tanto en el proceso de negociación como en la implementación. Creemos que el público va a seguir cumpliendo un papel muy importante en la implementación de Escazú, tanto en el interior de los países como en el ámbito internacional cuando se reúnan las instancias, como la Conferencia de las partes del Acuerdo. Fomentaremos la participación del público a través de sus organizaciones sociales y expertos.
No ha sido fácil llegar a este punto. En estos años hubo momentos muy retadores en las conversaciones. ¿Qué fue lo más desafiante?
Lo más desafiante ha sido el proceso de ratificación de los países, porque el Acuerdo de Escazú genera una visión de a dónde quisieras llegar. Y acordar esa visión tiene sus dificultades. Te tienes que imaginar cosas que deben ser construidas y que reflejan dificultades de la institucionalidad actual de los países. Además, hay mucha dificultad en que los actores sociales que han estado fuera del proceso de negociación, que tienen intereses creados, como los sectores productivos, vean las ventajas de hacer las cosas un poco mejor. Eso implica ganar consensos sociales, cambiar en algunos casos procesos productivos, diversificar y moverte hacia otras producciones. Por eso algunos procesos de discusión nacional han sido muy complicados, han requerido enormes movilizaciones de sus grupos sociales para hacer evidentes las ventajas de un proceso como el de Escazú. Todavía falta la que sigue: que cuando nos encontremos con situaciones, proyectos productivos, conflictos sociales, uno tenga que hacer uso del Acuerdo de Escazú para evitar que esos conflictos se produzcan o escalen, y encuentren una mejor canalización.
De todas esas dificultades, ¿hay algo que especialmente le preocupe?
Me preocuparía que se perdiera el espíritu de colaboración que refleja Escazú, porque es muy necesario, sobre todo a la luz de lo que está pasando fuera de Escazú. Estamos viendo que llegamos a los límites planetarios. Esta semana salían noticias sobre otro récord en las emisiones de gases efecto invernadero y sobre la gran pérdida de biodiversidad en América Latina. Eso es lo que realmente me preocupa: la dinámica real de destrucción de la naturaleza y de la vulnerabilidad de quienes defienden la naturaleza. Escazú es un instrumento que se enfrenta a un estilo de desarrollo que no está ajustándose a la capacidad que tiene la naturaleza de soportar el impacto humano. Se suma a una familia de instrumentos que están tratando de hacer compatible la economía humana con las capacidades de resiliencia, de recuperación y de mantener sus funciones de la naturaleza. Las preocupaciones están fuera de Escazú, en ese mundo que Escazú debe ayudar a reorientar.
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Colombia aún no ratifica el Acuerdo. ¿Qué mensaje le enviaría al Gobierno y a encargados de esa ratificación?
El Ejecutivo, encabezado por el presidente Duque, hizo un compromiso muy explícito respecto a la ratificación de Escazú. Eso implica que su fracción parlamentaria comparte ese compromiso, y que, por lo tanto, debe haber una tarea de convencimiento a las demás fracciones parlamentarias. Escuchando, por supuesto, a los distintos sectores sociales. Como en otros países, los sectores productivos tienen temores y, en algunos casos, son deliberadamente exagerados para contrapesar en las voces que ven ventajas en la ratificación de Escazú. El esfuerzo mayor que se debe hacer está en que los sectores productivos puedan asimilar la idea de que se puede mantener la producción de un mejor modo; de que el cambio de los patrones de consumo es necesario para poder darle sostenibilidad y durabilidad para las generaciones que vienen. Hay muchos signos de que el estilo de desarrollo que tiene Colombia hoy no tiene esa característica de sostenibilidad intergeneracional. Como muestra un par de botones: mientras se siga teniendo como base del estilo de desarrollo la destrucción de los bosques, y la explotación de los hidrocarburos sea motor de la economía, es muy difícil que se le dé sostenibilidad a la Colombia del futuro. Es ganancia para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, lo mejor es poder reorientar gradualmente la economía a otros sectores. Es parte de un cambio cultural también en los sectores productivos. En eso hay que hacer un esfuerzo que nunca para.
Uno de los puntos fundamentales del Acuerdo es la protección de los líderes ambientales, lo que lo convierte en un pacto histórico. Pero, dada la situación de nuestros países, especialmente en Colombia, parece una meta difícil de lograr…
Lo es si no tienes la voluntad de que esa situación cambie. Tienes que tener el convencimiento de que las cosas pueden ser mejores. Para los defensores de derechos humanos hay una situación preocupante no solamente en Colombia, sino también en otros países como Brasil o México, o en Centroamérica. Incluso, sin el Acuerdo de Escazú, tienes la obligación de ir generando un entorno seguro para todas las personas, incluidas las que defienden los recursos naturales y la naturaleza. El Acuerdo de Escazú lo hace más evidente y genera criterios que puedes seguir objetivamente. Puedes tener una referencia muy clara respecto a cuáles son las medidas adecuadas y efectivas, cuáles son las protecciones reales para cuidar a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Puedes definir qué es un entorno seguro, propicio para que puedas hacer la defensa de la naturaleza de manera segura... esto implica que tengas un aparato gubernamental que pueda prevenir, investigar y sancionar los ataques, las amenazas e intimidaciones a los defensores de la naturaleza. No es imposible. Es una construcción que puede ser iniciada de manera inmediata, incluso sin el Acuerdo, pero que el Acuerdo obliga a hacer mucho más efectivo y visible. Ojalá Colombia se sume a la ratificación del Acuerdo. Con esa participación facilitan un tránsito institucional y de mentalidad para hacer mejor las cosas y para hacer que esta relación sociedad-naturaleza sea mejor.