Opinión | Un gran impulso a las áreas protegidas

En Colombia existen 1.457 áreas protegidas que cubren una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas (el 15,3 % del territorio del país), y se espera que esta cifra aumente considerablemente en cumplimiento de nuevas metas de conservación establecidas a nivel nacional y global. Sin embargo, pese al rápido crecimiento en el número de nuevas áreas protegidas, a la expansión de algunas, y a que cada vez se tiene más consciencia de lo necesarias que son, esto no ha ido acompañado de algo primordial: más inversión y financiamiento a largo plazo.

Imaginemos un área protegida como el Parque Nacional Natural Chiribiquete (el área protegida terrestre más grande del país) sin recursos. Las más de 4 millones de hectáreas que componen este Parque Nacional de la Amazonia colombiana, correrían mayores riesgos a los que corren hoy; el hábitat de especies como el jaguar, determinantes para la salud de los bosques, se fragmentaría aún más, y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, así como el arte rupestre que data de hasta hace 20 mil años, estarían bajo amenazas como la apropiación de tierras o los cultivos ilícitos. En otras palabras, perderíamos un escudo clave contra la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, poniendo en riesgo el bienestar de los colombianos.

Por supuesto que declarar un área protegida es motivo de celebración, pero es solo el primer paso para asegurar su conservación a largo plazo. Para que la biodiversidad de estos espacios, los servicios ecosistémicos que prestan y los valores culturales que resguardan perduren en el tiempo, se requiere una adecuada planificación y sostenibilidad financiera, y en Colombia no se han destinado recursos suficientes.

El costo de gestionar un área protegida depende de factores como su tamaño, si es marina o terrestre, el tipo de ecosistemas que protege, su accesibilidad, si confluye con comunidades étnicas y/o campesinas, entre otros, y se divide entre costos de inversión y costos recurrentes, que van desde lo relacionado con las actividades de restauración y rehabilitación ecológica al interior del área, hasta aquellos para garantizar un adecuado manejo y operación, la implementación de un sistema costo efectivo de monitoreo, prevención, vigilancia y control y su mantenimiento, así como los procesos participativos con actores sociales e institucionales que se asocian a la operación del área.

Sin embargo, entre el 2010 y el 2018 el promedio de presupuesto destinado para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible representó apenas el 0,3% del total de la Nación y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) solo le corresponde una asignación del 11% de esta cifra, lo que ha conducido a un bajo nivel de efectividad en su gestión. Mientras que en países como Costa Rica o Perú dedican 12,34 y 1,52 dólares por habitante al manejo de sus áreas protegidas, respectivamente, en Colombia, la cifra tan solo ronda los 50 centavos de dólar/hab.

¿No es lamentable que dediquemos tan poco a la conservación de la naturaleza de la que depende el bienestar de todos los colombianos y de la humanidad entera? Nuestro país es el segundo más biodiverso del mundo, una pieza clave para el equilibrio del planeta, pero si miramos esas cifras, pareciera que no fuéramos conscientes.

Necesitamos identificar e implementar mecanismos e instrumentos financieros que permitan cubrir la actual brecha y hacer de esos recursos algo sostenible en el tiempo que no dependa exclusivamente de la cooperación multilateral. También tenemos que capacitarnos, de tal manera que los recursos requeridos respondan a las necesidades reales que implica conservar un área protegida. De nada sirve aprender a diversificar las fuentes si no somos efectivos a la hora de implementarlos.

De acuerdo con los análisis realizados para el desarrollo de la nueva política de Áreas Protegidas, el sistema enfrentaba un déficit anual de 15 millones de dólares antes de la pandemia por COVID-19. La evaluación identificó la necesidad de un nuevo modelo financiero para abordar los desafíos financieros existentes.

Herencia Colombia, la iniciativa de largo plazo que le apuesta a la financiación permanente de las áreas protegidas del país y los paisajes en que se encuentran, es un gran paso para cerrar esa brecha. Esta semana, el gobierno nacional, la Fundación Gordon y Betty Moore, Fondo Patrimonio Natural, WWF, WCS y Conservación Internacional, ratificamos nuestro compromiso con este programa que busca asegurar mil millones de dólares para gestionar eficazmente cerca de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas y paisajes en el país en los próximos años. Ya vamos por 245 millones de dólares recaudados.

Celebramos que Herencia Colombia tenga este avance gracias al apoyo del sector privado, la sociedad civil, agencias de desarrollo y multilaterales, así como a la contribución del Estado colombiano para preservar el capital natural del país a perpetuidad.

En Colombia existen 1.457 áreas protegidas que cubren una superficie aproximada de 31 millones de hectáreas (el 15,3 % del territorio del país), y se espera que esta cifra aumente considerablemente en cumplimiento de nuevas metas de conservación establecidas a nivel nacional y global. Sin embargo, pese al rápido crecimiento en el número de nuevas áreas protegidas, a la expansión de algunas, y a que cada vez se tiene más consciencia de lo necesarias que son, esto no ha ido acompañado de algo primordial: más inversión y financiamiento a largo plazo.

Imaginemos un área protegida como el Parque Nacional Natural Chiribiquete (el área protegida terrestre más grande del país) sin recursos. Las más de 4 millones de hectáreas que componen este Parque Nacional de la Amazonia colombiana, correrían mayores riesgos a los que corren hoy; el hábitat de especies como el jaguar, determinantes para la salud de los bosques, se fragmentaría aún más, y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, así como el arte rupestre que data de hasta hace 20 mil años, estarían bajo amenazas como la apropiación de tierras o los cultivos ilícitos. En otras palabras, perderíamos un escudo clave contra la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, poniendo en riesgo el bienestar de los colombianos.

Por supuesto que declarar un área protegida es motivo de celebración, pero es solo el primer paso para asegurar su conservación a largo plazo. Para que la biodiversidad de estos espacios, los servicios ecosistémicos que prestan y los valores culturales que resguardan perduren en el tiempo, se requiere una adecuada planificación y sostenibilidad financiera, y en Colombia no se han destinado recursos suficientes.

El costo de gestionar un área protegida depende de factores como su tamaño, si es marina o terrestre, el tipo de ecosistemas que protege, su accesibilidad, si confluye con comunidades étnicas y/o campesinas, entre otros, y se divide entre costos de inversión y costos recurrentes, que van desde lo relacionado con las actividades de restauración y rehabilitación ecológica al interior del área, hasta aquellos para garantizar un adecuado manejo y operación, la implementación de un sistema costo efectivo de monitoreo, prevención, vigilancia y control y su mantenimiento, así como los procesos participativos con actores sociales e institucionales que se asocian a la operación del área.

Sin embargo, entre el 2010 y el 2018 el promedio de presupuesto destinado para el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible representó apenas el 0,3% del total de la Nación y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) solo le corresponde una asignación del 11% de esta cifra, lo que ha conducido a un bajo nivel de efectividad en su gestión. Mientras que en países como Costa Rica o Perú dedican 12,34 y 1,52 dólares por habitante al manejo de sus áreas protegidas, respectivamente, en Colombia, la cifra tan solo ronda los 50 centavos de dólar/hab.

¿No es lamentable que dediquemos tan poco a la conservación de la naturaleza de la que depende el bienestar de todos los colombianos y de la humanidad entera? Nuestro país es el segundo más biodiverso del mundo, una pieza clave para el equilibrio del planeta, pero si miramos esas cifras, pareciera que no fuéramos conscientes.

Necesitamos identificar e implementar mecanismos e instrumentos financieros que permitan cubrir la actual brecha y hacer de esos recursos algo sostenible en el tiempo que no dependa exclusivamente de la cooperación multilateral. También tenemos que capacitarnos, de tal manera que los recursos requeridos respondan a las necesidades reales que implica conservar un área protegida. De nada sirve aprender a diversificar las fuentes si no somos efectivos a la hora de implementarlos.

De acuerdo con los análisis realizados para el desarrollo de la nueva política de Áreas Protegidas, el sistema enfrentaba un déficit anual de 15 millones de dólares antes de la pandemia por COVID-19. La evaluación identificó la necesidad de un nuevo modelo financiero para abordar los desafíos financieros existentes.

Herencia Colombia, la iniciativa de largo plazo que le apuesta a la financiación permanente de las áreas protegidas del país y los paisajes en que se encuentran, es un gran paso para cerrar esa brecha. Esta semana, el gobierno nacional, la Fundación Gordon y Betty Moore, Fondo Patrimonio Natural, WWF, WCS y Conservación Internacional, ratificamos nuestro compromiso con este programa que busca asegurar mil millones de dólares para gestionar eficazmente cerca de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas y paisajes en el país en los próximos años. Ya vamos por 245 millones de dólares recaudados.

Celebramos que Herencia Colombia tenga este avance gracias al apoyo del sector privado, la sociedad civil, agencias de desarrollo y multilaterales, así como a la contribución del Estado colombiano para preservar el capital natural del país a perpetuidad.