En el Congreso cursa un proyecto de ley que busca crear, al menos legalmente, un nuevo tipo de pesca: la turística. A falta de solo dos debates en el Senado, y con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, esta iniciativa busca promover esta actividad con un enfoque centrado en las comunidades locales y con la promesa de la sostenibilidad ambiental.
El proyecto se tramita dos años después de que la Corte Constitucional prohibiera la pesca deportiva en el país. Según el alto tribunal, esta práctica, que consiste en atraer, capturar y luego liberar a peces, podría considerarse maltrato animal. La decisión generó un profundo debate, sobre todo en aquellas zonas que tenían en esta actividad una fuente de turismo.
De acuerdo con un estudio del Instituto Humboldt, para 2019, la “pesca deportiva se practicaba en el 80 % de los departamentos, principalmente en Vichada, Guainía, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Santander, Sucre y Valle del Cauca; tanto en el mar como en las aguas continentales, ríos, lagunas, ciénagas, lagos incluyendo los embalses, lagos artificiales o estanques”. Ante la prohibición decretada por la Corte, el proyecto de ley busca entonces crear y definir la “pesca de turismo”, al incluir la clasificación y finalidad de la pesca para fines turísticos en la normativa del país.
“No quisimos ponerle el apellido de deportiva porque tendríamos que entrar a regular el deporte y lo que buscamos impulsar es la actividad de forma recreativa como impulso al turismo de las regiones”, explica José Octavio Cardona, uno de los representantes a la Cámara ponentes del proyecto de ley. “Es un proyecto que busca responder a las necesidades de las comunidades marginadas que encuentran un importante sustento en estas actividades”. En términos simples, sin embargo, la que sería una nueva actividad pesquera se parece mucho a la deportiva y tendrá que superar varios retos, entre ellos, seguramente, una nueva revisión de la Corte Constitucional.
¿Qué es la pesca de turismo?
La prohibición de la Corte Constitucional sobre la pesca deportiva entró en vigencia el 23 de julio de 2022. Desde que el alto tribunal tomó esa decisión, diversos sectores como la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (Pispesca) no estuvieron de acuerdo. “Es una faena en que el pez se regresa al agua en las mejores condiciones posibles”, decían.
Precisamente, una de las consecuencias negativas que para esa organización ha tenido la decisión de la Corte es que “la gente sigue pescando, pero en lugar de devolverlos cuando se capturan los peces, los consumen como está establecido en la ley. Entonces, se sacan y matan peces pequeños y grandes, en diferentes etapas de desarrollo, sin tener en cuenta medidas mínimas para cumplir con esa condición de pesca de subsistencia”, señala Andrés Reyes, presidente de Pispesca. Al igual que sucedía con la pesca deportiva, la propuesta de proyecto de ley señala que en la futura pesca de turismo los peces capturados “podrán ser devueltos a su hábitat o destinados al consumo personal. En ningún caso podrán ser comercializados o regresados a un hábitat diferente al de extracción”.
El proyecto define que la pesca de turismo es la que “se realiza con el fin de promover actividades culturales y de aprovechamiento sostenible”. En el articulado se describe que “la pesca de turismo se practica en zonas apartadas del país que no gozan de una economía que ofrezca alternativas productivas competitivas. En estas zonas, la realización de la pesca de turismo se asocia al derecho al trabajo de las comunidades, a la generación de ingresos necesarios para la atención del mínimo vital, a contribuir a la reducción de la pobreza y a atender la seguridad alimentaria de las comunidades marginadas”.
El proyecto en trámite da algunas cifras para dimensionar esa actividad: en Puerto Carreño (Vichada), la principal actividad turística es la pesca desde hace más de 20 años. Según el proyecto, con este tipo de pesca se ven beneficiadas más de 200 familias del municipio que pertenecen a la cadena productiva del turismo (hoteles, restaurantes, comercio, operadores turísticos, agencia de viajes y de transporte.
Entre los principios que deben guiar la pesca de turismo, el proyecto plantea, por ejemplo, el de la sostenibilidad. En él, se apunta a que el uso de los recursos hídricos e hidrobiológicos debe ser equilibrado, “sin comprometer la biodiversidad nativa de los ecosistemas”.
En cabeza de esta reglamentación estará la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), adscrita al Ministerio de Agricultura. Esta entidad asegura esta de acuerdo con la iniciativa, siempre y cuando cumpla “con el enfoque de integrar la pesca turismo a los esquemas de Turismo Comunitario Rural, un tipo especial de turismo promovido con el fin de fortalecer la participación de las comunidades organizadas, el acceso a Incentivos, su oferta de servicios turísticos, su vinculación a la cadena de actores del ámbito económico, social, cultural y ecológico del sector turismo, que hasta ahora encuentra consagración en un artículo de la ley general de turismo”, según explicó a El Espectador, la Aunap.
Sin embargo, la Aunap reconoce que hay algunas cosas, aun por resolver. Por ejemplo, la autoridad pesquera admite que no se tiene referencia de los sitios en lo que se realizarán estás actividades. El proyecto deja abierta la puerta a que el Estado determine prohibiciones o vedas respecto de especies e individuos hidrobiológicos, y también delimitar, “cuando lo considere pertinente, las zonas excluidas para el ejercicio de la práctica de pesca de turismo”. Precisamente, y en el marco de la eventual reglamentación, “uno de los aspectos que indiscutiblemente se tendrá en cuenta tiene que ver con la determinación de las zonas exclusivas para el desarrollo de la actividad”, admite la Aunap.
De acuerdo con la entidad, por el momento, la reglamentación estará soportada en estudios previos técnicos de la población que garanticen su no disminución. Además, esta incluirá las artes, aparejos, cantidades, métodos, determinación de zonas exclusivas para la pesca de turismo, temporadas de pesca y de especies, “que se aplicarán en las diferentes regiones del país en atención a la oferta natural de recursos pesqueros y las particularidades ambientales, socioeconómicas, comunitarias y culturales de cada una de ellas, así como los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades asociadas a la pesca de turismo”.
El Espectador conoció que el Ministerio de Ambiente, que no está mencionado directamente en el proyecto de ley, todavía no ha concretado su postura en torno a este asunto.
Desde hace varios años la comunidad científica está pidiendo que, en caso de que se permita la pesca recreativa, esta se gestione eficazmente. Una investigación publicada en 2019 que revisó la legislación pesquera de 227 países y encuestó a 57 expertos de 29 países, encontró que, “aunque el 67% de los países mencionan la pesca recreativa en sus leyes, solo 86 de ellos tienen una definición clara de esta actividad. Entre nuestras conclusiones se desprende que una gobernanza eficaz de la pesca recreativa requiere un reconocimiento explícito de la pesca recreativa con una definición jurídica clara en la política, una declaración de política bien elaborada, amplios procesos de cogestión, estructuras de seguimiento biológico, económico y social claramente definidas y mecanismos de recuperación de costes eficaces y transparentes”, concluían los autores.
Frente a esto, la Aunap le aseguró a este diario que es “indiscutible que la actividad per se genera un impacto sobre los ecosistemas y el medio ambiente, sin embargo, se puede lograr un aprovechamiento sostenible de la actividad si esta se enmarca en las medidas que se establecen dependiendo de la pesquería y de las condiciones que logren determinarse atendiendo al entorno y demás aspectos relevantes”.
Un anzuelo constitucional
Uno de los principales retos que tendrá que sortear la nueva ley, de ser aprobada, será pasar la revisión de los altos tribunales, entre ellos, el de la Corte Constitucional, que ya marcó un precedente de prohibición alrededor de la pesca deportiva.
Los autores del proyecto saben de esa prueba. Entre los argumentos que expondrán para defender el proyecto, será clave el impacto económico que tiene el turismo de pesca, de la que dependen 120 mil personas en el país, según cifras de Pispesca. “Es importante hacer explícito que la pesca de turismo tiene varios propósitos relevantes relacionados con el derecho al trabajo de los actores relacionados con esta actividad, como son las agencias de turismo, los guías de pesca, los miembros de las comunidades locales y el comercio en general, y con el principio de desarrollo sostenible. Así, estos objetivos constitucionales podrían hacer ceder el mandato de protección de los animales en virtud de un ejercicio de ponderación”, argumenta Luz María Zapata, directora de Asocapitales.
Pero además del impacto económico, Juan Carlos Gutiérrez, subdirector de la Fundación Alma, una ONG que participó en el proceso de declaratoria de la Pesca artesanal en el Río Magdalena como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, uno de factores principales que debe tener esta iniciativa es su impacto cultural.
“Una de las principales peticiones de las comunidades, según lo que he conocido, es que se articule con esa idea de cultura y que sean los grupos de base, y no grandes empresas, con un turismo depredador, que realicen esas actividades. Que se realicen por comunidades y con sus artes para evitar un impacto mayor en el medioambiente”, explica Gutiérrez. “Esto es clave, pues la pesca solo es posible con un ambiente sano, y eso lo entienden las comunidades locales”.
Este último componente aún no está claro en el proyecto de ley, por lo que estará entre las varias acotaciones que tendrá que surtir el proyecto antes devolver una normativa en el país.
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