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El 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro anunció la implementación de un piloto de generación de energías limpias en cinco barrios de Barranquilla. “Cambiar sus techos por paneles solares”, dijo el mandatario, sería el inicio de un cambio en el modelo de producción de energía eléctrica en la costa Caribe.
Se trata de los barrios Malvinas, Las Nieves, Montes, La Playa y Los Trupillos, a los que se unirían 10 más de otros municipios que aún no han sido definidos. En estas “Comunidades Energéticas”, como las llamó Petro, se empezaría a producir energía solar para satisfacer la demanda de los hogares.
El objetivo, complementó Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, es “liberar a las familias del yugo de la tarifa y avanzar hacia la autonomía energética”. Según el presidente, además, su implementación, les saldrá gratis, “porque el sol es gratuito”.
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En el Caribe el costo de la factura de energía eléctrica es, para muchas familias, muy alto. Este problema se ha intensificado desde 2020, cuando entró en liquidación la empresa Electricaribe, y entraron a remplazarla EPM y Air-e. De acuerdo con Petro, hay también otro motivo: “la energía que consume la población del Caribe se basa fundamentalmente en el gas, en el carbón, en el diésel e, inclusive, la energía que se genera en el Atlántico está importando gas a precios de la guerra de Ucrania. Por eso las tarifas eléctricas están tan elevadas”.
Pero en esta propuesta hay varias inquietudes que vale la pena aclarar con más detalle, pues no todo es tan sencillo como explicó el presidente. ¿En realidad es gratuita la producción de energía solar?, ¿es posible suplir la demanda energética de las familias únicamente utilizando paneles solares?, ¿realmente sería gratis para las familias hacer parte de estos pilotos?
El problema de la energía en el Caribe
Empecemos por aclarar las razones del costo de la energía. El cálculo de la tarifa de energía es un poco más complejo que lo que dijo Petro. Se calcula con base en seis factores: generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas.
Daniela Mercado, magíster en Regulación minera, energética y petrolera, y asesora en proyectos de energías renovables, explica que el problema del Caribe, de hecho, no se encuentra en la generación.
“La tarifa de la energía en la costa es cara por dos cosas. Primero, porque se consume más. A la gente no le gusta aceptar ese hecho, pero en la costa se consume más energía que en Bogotá. La segunda es por un componente que se llama pérdidas. Es la energía que finalmente sí se produce, pero que nunca se llega a cobrar. Es decir, hay personas que están conectadas ilegalmente”, apunta Mercado.
Para el Minminas, un camino para reducir ese costo de la energía es, justamente, crear una “Comunidad Energética” que, según su definición, es la reunión de personas naturales o jurídicas para “generar, comercializar y/o usar eficientemente la energía a través del uso de fuentes no convencionales de energía renovables, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”.
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Pero en ese camino también hay varios puntos que son más complejos de lo que parecen.
Instalar los paneles solares y las baterías que se requieren para almacenar la energía que se utiliza mientras no hay sol requiere de una inversión que puede tardar unos siete años en recuperarse. El Gobierno ha dicho que para los estratos bajos la instalación la cubrirá el Estado, aunque el Minminas no respondió las preguntas de El Espectador sobre el origen de esos recursos, pues aún no hay claridad.
Suponiendo que ya está el dinero para esa inversión, lo que las personas que integren la Comunidad Energética sí tendrían que pagar es el costo de operación y mantenimiento de los paneles, que generalmente lo hacen empresas o profesionales especializados en estas tecnologías. Por esto, de acuerdo con José Vega, investigador asociado del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), que el Gobierno asegure que la energía será gratuita después de implementar este proyecto es, por lo menos, “irresponsable”.
Hay otro detalle más de fondo: el Minminas tiene pendiente expedir el decreto que formalizaría la existencia de las Comunidades Energéticas en el país, pues su operación aún no es posible por falta de claridad normativa. Actualmente, una casa puede autoabastecerse de energía, pero comercializar la energía que sobra es algo que solo pueden hacer empresas.
Además, según el último borrador del decreto que fue publicado para comentarios hace algunas semanas, también se le pedirá a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) determinar el precio al que se venderían esos excedentes de energía. La disminución en consumo de la red y los beneficios que se obtienen de los excedentes de energía, explica Vega, no se traducirían en una transferencia monetaria a la comunidad. En realidad, se reflejarían en una reducción en el costo final de la factura.
Ya hay un caso en Barranquilla que puede dar algunas luces sobre esto. En la ciudad hay un piloto que ya empezó a implementarse por parte de la Alcaldía y Triple A, la empresa de acueducto y alcantarillado. Tras instalar paneles solares, estimaron que el ahorro en la factura de cada casa podría ser de entre 20 y 30 % del valor total, según informó el alcalde Jaime Pumarejo durante el lanzamiento del proyecto. Eso sí: las personas tendrán que pagar por medio de la factura de acueducto el costo de instalación de la infraestructura para la generación de energía solar.
En otro piloto de este tipo, que se encuentra en Medellín, en el barrio El Salvador, se han evidenciado reducciones en la factura (entre el 10 y el 15 %), aunque hay una diferencia clara: allí las familias no tuvieron que pagar por la instalación de los paneles ni las baterías.
Las lecciones aprendidas con la energía solar
Algo “positivo” de la propuesta de implementar pilotos de energía solar en Barranquilla es que sirven para testear lo que puede funcionar y lo que puede salir mal en su implementación, dice Elisa Arond, líder del equipo de investigación de Transición Energética Justa del SEI en Latinoamérica. Eso le da al Gobierno la posibilidad de corregir falencias y prever riesgos de la implementación, para que la regulación sobre las Comunidades Energéticas tenga en cuenta esas lecciones aprendidas.
El caso del barrio Salvador, en Medellín, hay varios puntos que podrían servir como base para la propuesta del Gobierno, pese a que no se trata de un proyecto estatal, sino de una iniciativa de investigación entre universidades y empresas.
Algo fundamental, destaca Santiago Ortega, asesor del proyecto por parte de la Universidad EIA, es que “uno no puede llegar a montar una comunidad energética donde no haya un esquema de gobernanza previo”. Esto es, en otras palabras, que las personas se conozcan entre sí y estén organizadas para trabajar de manera conjunta. Una forma de hacerlo, añade, podría ser mediante Juntas de Acción Comunal, asociaciones de vecinos o cooperativas de trabajo comunitario.
Otro punto importante es tener en cuenta las limitaciones de infraestructura que puede tener un barrio. Para esto, explica Juanita Giraldo, ingeniera ambiental que también hace parte del equipo de investigadores del proyecto, es importante tener en cuenta que no todas las personas participan de la misma manera dentro de la comunidad.
Por ejemplo, una familia que viva en el primer piso de una casa de varios niveles no podría instalar paneles solares, pero sí podría ser parte de la inversión inicial, de operación y mantenimiento de la generación de energía, así como ser compradores de los excedentes de energía que generen otros hogares.
Para que se den estas transacciones de beneficios, además de la asistencia técnica, las personas necesitan capacitarse para aprender cómo funciona una Comunidad Energética y de qué forma es posible participar. Allí, asegura Arond, refiriéndose a la experiencia de Medellín, el rol de las universidades es crucial para generar conocimiento y no solo infraestructura para la transición energética.
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