Piden a la Corte Constitucional revisar tutela sobre cierre minero en el Cesar

La Sala de Selección de Tutelas Cuatro de la Corte Constitucional se reunirá hoy a las 4:00 pm para el proceso que hacen periódicamente de elegir las decisiones de tutela que, tras superar su segunda instancia, consideran que merecen una revisión final de su parte.

Dentro de las tutelas que podrían seleccionar, se encuentra una que fue interpuesta por 14 organizaciones del Cesar, entre sindicados, asociaciones de campesinos, juntas de acción comunal, entre otras, pidiendo que se garantizara su derecho a participar en el proceso de definición del cierre ambiental y minero que debe hacer la empresa Prodeco.

Esta discusión inició en 2021, cuando el Gobierno aceptó la renuncia anticipada por parte de la multinacional a los títulos de las minas La Jagua y Calenturitas, en el departamento de Cesar. Este se convirtió en el primer caso de un cierre de minas de carbón en el país y aún no se conoce cuáles son las compensaciones ambientales y sociales que realizará la empresa como parte de la terminación de su explotación en la región.

Las 14 comunidades presentaron una solicitud para que la Corte seleccione esta tutela para revisión. A pesar de que ya hubo una decisión judicial en la que se ordenó crear un mecanismo de participación efectiva por parte de estas comunidades en el cierre minero, “solo se realizó una reunión con la empresa Glencore, los tres municipios afectados y el gobierno, para socializar una propuesta de plan de cierre ambiental”, dicen en un comunicado sobre la solicitud.

Una sola reunión, dicen las comunidades, es “insuficiente para discutir y definir las medidas de fondo en un cierre ambiental que debe durar más de 6 años”. Por eso, exigen que se cree una mesa en la que participen entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la empresa (Prodeco), además de las comunidades. También esperan que se cuente con la veeduría de la Defensoría y la Procuraduría en el proceso.

Por otra parte, el comunicado hace un llamado a revisar esta tutela por considerar que “es la primera vez que Colombia se enfrenta al cierre de dos minas de carbón a cielo abierto luego de 25 años de explotación”, por lo que se podría generar un precedente en la jurisprudencia que garantice el derecho a la participación ciudadana en la definición de los planes de cierre ambiental que se vienen en las minas del país.

Esta región, además, fue declarada en 2022 por el actual Gobierno como el primer piloto para la transición energética, porque sus municipios dependen en gran medida de la explotación de carbón, pero varias de las licencias de explotación están a pocos años de empezar sus procesos de cierre y el presidente Gustavo Petro ha dicho que no se entregarán extensiones para la explotación de carbón a cielo abierto.

En Colombia no existe una ley que defina de manera clara cuáles son los compromisos que debe cumplir una empresa tras el cierre de sus minas. Tampoco define cómo debe hacerse este proceso cuando la renuncia a los títulos mineros es anticipada, como en el caso de Prodeco, que los entregó 10 años antes de terminar su licencia de explotación.

Una de las propuestas que presentó el Gobierno en el borrador de Ley Minera que se encuentra en proceso de consulta previa es que, para entregar nuevos títulos de explotación minera, las empresas tengan que definir desde la solicitud una propuesta sobre cómo harán el cierre y entrega de la mina en la que trabajen.

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Dentro de las tutelas que podrían seleccionar, se encuentra una que fue interpuesta por 14 organizaciones del Cesar, entre sindicados, asociaciones de campesinos, juntas de acción comunal, entre otras, pidiendo que se garantizara su derecho a participar en el proceso de definición del cierre ambiental y minero que debe hacer la empresa Prodeco.

Esta discusión inició en 2021, cuando el Gobierno aceptó la renuncia anticipada por parte de la multinacional a los títulos de las minas La Jagua y Calenturitas, en el departamento de Cesar. Este se convirtió en el primer caso de un cierre de minas de carbón en el país y aún no se conoce cuáles son las compensaciones ambientales y sociales que realizará la empresa como parte de la terminación de su explotación en la región.

Las 14 comunidades presentaron una solicitud para que la Corte seleccione esta tutela para revisión. A pesar de que ya hubo una decisión judicial en la que se ordenó crear un mecanismo de participación efectiva por parte de estas comunidades en el cierre minero, “solo se realizó una reunión con la empresa Glencore, los tres municipios afectados y el gobierno, para socializar una propuesta de plan de cierre ambiental”, dicen en un comunicado sobre la solicitud.

Una sola reunión, dicen las comunidades, es “insuficiente para discutir y definir las medidas de fondo en un cierre ambiental que debe durar más de 6 años”. Por eso, exigen que se cree una mesa en la que participen entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la empresa (Prodeco), además de las comunidades. También esperan que se cuente con la veeduría de la Defensoría y la Procuraduría en el proceso.

Por otra parte, el comunicado hace un llamado a revisar esta tutela por considerar que “es la primera vez que Colombia se enfrenta al cierre de dos minas de carbón a cielo abierto luego de 25 años de explotación”, por lo que se podría generar un precedente en la jurisprudencia que garantice el derecho a la participación ciudadana en la definición de los planes de cierre ambiental que se vienen en las minas del país.

Esta región, además, fue declarada en 2022 por el actual Gobierno como el primer piloto para la transición energética, porque sus municipios dependen en gran medida de la explotación de carbón, pero varias de las licencias de explotación están a pocos años de empezar sus procesos de cierre y el presidente Gustavo Petro ha dicho que no se entregarán extensiones para la explotación de carbón a cielo abierto.

En Colombia no existe una ley que defina de manera clara cuáles son los compromisos que debe cumplir una empresa tras el cierre de sus minas. Tampoco define cómo debe hacerse este proceso cuando la renuncia a los títulos mineros es anticipada, como en el caso de Prodeco, que los entregó 10 años antes de terminar su licencia de explotación.

Una de las propuestas que presentó el Gobierno en el borrador de Ley Minera que se encuentra en proceso de consulta previa es que, para entregar nuevos títulos de explotación minera, las empresas tengan que definir desde la solicitud una propuesta sobre cómo harán el cierre y entrega de la mina en la que trabajen.

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