Plata para atender emergencias climáticas, como la de Chocó, en riesgo en la COP29

Mientras cientos de personas están reunidas en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, acercándose al final de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP29), en Colombia, 190.000 habitantes de Chocó intentan estimar cuánto perdieron después de las inundaciones del pasado 11 de noviembre.

Mientras cientos de personas están reunidas en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, acercándose al final de la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP29), en Colombia, 190.000 habitantes de Chocó intentan estimar cuánto perdieron después de las inundaciones del pasado 11 de noviembre.

En una foto compartida por Nubia Córdoba-Curí, gobernadora del departamento, un hombre carga un televisor en sus brazos, mientras está sumergido hasta la cintura, en medio de una calle. En 27 de los 31 municipios del país se presentaron afectaciones en viviendas, escuelas y cultivos. “El volumen de la emergencia ha superado por completo la capacidad de atención de los municipios y autoridades locales”, dijo Córdoba-Curí en su perfil de X.

El presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre en el país, también por las afectaciones causadas por el clima en La Guajira y Bogotá. Además, el Gobierno anunció un “plan de inversiones” para atender a las familias damnificadas por los desastres climáticos que se han presentado en las últimas semanas en Colombia. La plata que se necesita, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son $700.000 millones. Es la misma cifra del déficit presupuestal para atender emergencias durante lo que resta de 2024, del que la entidad advirtió hace varios meses.

En 2023, durante la COP28 en Dubai, se aprobó la creación de un fondo internacional para que los países en desarrollo, como Colombia, pudieran acceder a recursos para atender las emergencias climáticas. Ese fondo todavía no ha entregado las primeras ayudas y los aportes que se han hecho son cercanos a los US $800 millones, menos del 1 % de lo que se necesitaría para atender las emergencias climáticas el próximo año.

Colombia y los países de América Latina querían, en la COP de este año, que los países de mayores ingresos hicieran aportes obligatorios a ese fondo, en lugar de voluntarios, como funciona ahora. Sin embargo, su propuesta fue descartada horas antes del cierre de la conferencia en Bakú y no se sabe qué pasará con los recursos que se necesitan para las emergencias climáticas.

Recuperarse de un desastre climático

Colombia no es el único lugar en el que el clima está causando problemas. En Costa Rica también se declaró emergencia nacional la semana pasada por la tormenta tropical Sara, por la que más de 3.000 personas tuvieron que dejar sus hogares en la costa Pacífica de ese país. También, hace menos de un mes, una DANA impactó a Valencia, España, causando la muerte de más de 200 personas, inundaciones y daños en gran parte de la provincia.

Además, este año hubo incendios y una sequía en la Amazonía; el paso del huracán Milton en Florida, Estados Unidos; e inundaciones en Nepal, Pakistán y Europa Central. “Ahora vemos los desastres como algo normal, cotidiano, cuando, hace una década, ni siquiera los veíamos como probables”, señala Adrián Martínez Blanco, fundador de la ONG Ruta del Clima, que ha seguido durante varios años las cumbres de cambio climático.

Cada vez que ocurre un evento así, es necesario reconstruir viviendas, escuelas y vías, además de revisar las pérdidas de cosechas y alimentos. En un estudio de 2023, investigadores aseguraban que el costo anual de las pérdidas y daños relacionados con eventos climáticos entre 2000 y 2019 fue de US $143.000 millones. Más recientemente, una investigación publicada en junio en la revista Nature reviews earth & environment, estima que para 2025 ese costo será cercano a los US $400.000 millones. Los países de menores ingresos, como los de América Latina y el Caribe, tienen menos capacidades para pagar por esos costos.

“También, hay que pensar en las cosas que no podemos calcular”, advierte Illari Aragón, directora de Políticas de Justicia Climática en Christian Aid, una organización que hace incidencia en las negociaciones de la COP29. Por ejemplo, no se puede estimar el costo de las vidas que se pierden después de una tragedia, el de un ecosistema tras un incendio forestal o el impacto que tendrá en una comunidad rural quedarse sin escuela.

En el caso de Colombia, la UNGRD tuvo que solicitar al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal, pues no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia en Chocó. En estos casos, dice Martínez, “las comunidades necesitan soluciones inmediatas. Necesitan el dinero para comprar el colchón que se mojó, para reponer los uniformes escolares de los niños, para llenar la alacena esta semana”.

En 2023, la aprobación para poner en marcha el fondo de pérdidas y daños en Dubái “generó mucha expectativa por las promesas de financiamiento que hicieron varios países”. Durante la COP29, se han anunciado aportes de US $39 millones, que vendrán de Australia (US $33 millones) y Nueva Zelanda (US $6 millones). Con esto, el fondo ha reunido cerca de US $800 millones, el 0,2 % de lo que se necesitaría para atender los desastres climáticos en 2025.

Lo que está en juego en la COP29

Martínez explica que en las discusiones sobre pérdidas y daños se enfrentan “dos ideas fundamentales”: la primera defiende que los aportes de los países desarrollados para enfrentar esta problemática deberían ser voluntarios, tal como funciona en el fondo que fue aprobado hace un año; la segunda indica que los países desarrollados, “al ser responsables por el 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático, tienen responsabilidad” sobre los desastres relacionados con este, por lo que sus aportes deberían ser obligatorios.

“Es un tema de justicia, no de caridad”, añade Aragón. Colombia, según confirma la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, pidió que las pérdidas y daños se incluyeran en la nueva meta global de financiamiento, la discusión principal de la COP29. Esa posibilidad hace parte del texto con el que las delegaciones de los países están negociando. El bloque de países en desarrollo más grande de las negociaciones (el G77+China) también “quiere que se incluya”, asegura Aragón. Esta propuesta estuvo incluida hasta la mañana de este viernes en esas negociaciones.

Sin embargo, sobre las 3:00 p.m. del viernes, hora local (6:00 a.m., hora de Colombia), la presidencia de la COP29 publicó un nuevo borrador del texto que definirá la nueva meta de financiamiento. En este, se eliminaron cuatro páginas que contenían varias propuestas de los países, entre ellas la de dirigir aportes obligatorios a atender las pérdidas y daños de emergencias climáticas.

Tras la publicación de este texto, y después de que varias organizaciones de la sociedad civil manifestara su inconformidad, las delegaciones volvieron a reunirse a puerta cerrada para hacer comentarios al texto y revisar qué se puede recuperar de las propuestas que fueron eliminadas. Pero, hay otras prioridades sobre la mesa y “dudo mucho que se logre incluir nuevamente pérdidas y daños”, señaló Nicole Makowski, coordinadora de diplomacia climática del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, quien ha estado observando las negociaciones durante las últimas dos semanas. El nuevo texto se publicaría este sábado en horas de la mañana (en Azerbaiyán)

Susan Otieno, observadora de las negociaciones por parte de la ONG Action Aid International Kenya, indica que “al ser voluntario, no se tiene control sobre cuál va a ser el tipo de financiamiento que va a llegar a ese fondo. Podrían ser desde préstamos con intereses y no donaciones. Además, los países que son responsables del cambio climático, y que deberían brindar estos recursos, no se van a sentir obligados a hacerlo”.

Sin tener avances en la entrega de recursos que se necesitan para atender las emergencias climáticas, Martínez asegura que “las comunidades seguirán sufriendo. Si esto sigue así, vamos a llegar a un punto en el que las negociaciones serán irrelevantes porque ya no habrá comunidades que proteger”.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.