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El Foro Nacional Ambiental (FNA), una alianza de doce organizaciones creada en 1998 con el fin de contribuir al objetivo de fortalecer la protección ambiental de Colombia, envió el pasado 6 de abril una carta a Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente, en la que describe una serie de preocupaciones y necesidades sobre los proyectos piloto de fracking en el país.
Hay que recordar que a finales de marzo pasado la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), le otorgó la licencia ambiental al proyecto piloto de fracking que se pretende realizar en Puerto Wilches (Santander). El FNA señala que sus comentarios se realizan con base en las condiciones previas propuestas por la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) para la ejecución de los proyectos. Entre ellas, una amplia concertación con las comunidades locales.
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“(...) vemos con preocupación que las condiciones sociales y de gobernabilidad presentes en la zona donde se propone la ejecución de los PPII (Proyectos Piloto de Investigación Integral) han puesto a riesgo a los diferentes actores involucrados en el proceso”, dice la carta, firmada por Manuel Rodríguez Becerra, presidente del FNA. Estas condiciones de inseguridad, según la alianza, provocan que “tanto la gestión institucional como la participación comunitaria no se puedan adelantar en condiciones que permitan la construcción de confianza”.
De hecho, el FNA señala que la reciente licencia aprobada al proyecto denominado Kalé en Puerto Wilches “se tramitó y otorgó en condiciones muy adversas de participación comunitaria y en la actualidad no existen condiciones para implementar adecuadamente las ocho condiciones” que creó la Comisión Interdisciplinaria Independiente. La alianza cree que esas condiciones son indispensables para generar confianza y una evaluación objetiva sobre si es viable o no extraer gas y/o petróleo a través de la técnica de fracking en Colombia, el objetivo de los proyectos pilotos.
“Si bien hay avances en ciertos temas y atraso en otros, el factor determinante a la fecha es la inseguridad que se vive en la zona. Esto ha dificultado la gestión institucional y ha evidenciado la necesidad de retirar de la zona e incluso sacar del país, por razones de seguridad, a miembros de la comunidad que se han opuesto a la ejecución de los Proyectos Piloto”, dice la carta.
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Debido a que para el FNA no es posible la veeduría ciudadana y la gestión de la licencia social de los proyectos en las citadas condiciones, propone detener los proyectos “hasta tanto no sea posible garantizar desde el Gobierno Nacional condiciones de seguridad para avanzar en un proceso de gran trascendencia e importancia para el país”.
La alianza propone que se cree un canal de comunicación formal entre el Ministerio de Energía y Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el FNA para informar a la comunidad sobre los avances en el cumplimiento de las condiciones para los proyectos. “Para todos es claro que entre más información, más transparencia, más legitimidad en la decisión final y mayores posibilidades para generar un acuerdo nacional que respalde una decisión ilustrada y conveniente para el país. Adelantar adecuadamente este proceso marcará un hito en el proceso de transición energética que el país enfrenta y que presenta grandes retos tecnológicos, sociales, ambientales y políticos”, finaliza la carta.