Por primera vez una capital aprueba consulta popular sobre minería

Casi dos meses después de que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentara la propuesta para llevar a cabo una consulta popular, este lunes 10 de los 19 miembros del Concejo de la capital tolimense le dieron el visto bueno.

La idea, como lo ha expresado Jaramillo, es que los ibaguereños decidan si quieren o no minería en su territorio. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto de extracción de oro La Colosa, que se realizará en el municipio de Cajamarca y que, asegura, podría afectar la cuenca del río Coello.

Por su parte, Anglo Gold Ashanti, que espera extraer 29 millones de onzas de ese material desde 2020, ha reiterado que su área de influencia solo será Cajamarca. Y aunque la minera le dijo a este diario en otra oportunidad que no se pronunciaría sobre la consulta popular, asegura que ha ido devolviendo los títulos mineros que tenía en Ibagué y hoy tiene cuatro que no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos del acueducto.

La decisión se tomó luego de que funcionarios del Gobierno y de la Procuraduría visitaran a los concejales y, según dijeron algunos a este diario, trataran de convencerlos para que no votaran a favor de la consulta, que ahora pasará a revisión de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima. Por ejemplo, según Camilo Delgado, presidente del Concejo, varios se alertaron cuando el organismo de control anunció posibles investigaciones por aprobar la consulta popular. 

Para Jaramillo, como dijo en un artículo publicado en este medio, ha habido matoneo de varias entidades que van desde la destitución hasta la pérdida de investidura para convencer a los gobernantes de que no se lleve a cabo este proceso. “Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”, aseguró. 

De aprobarla, sería la primera capital del país que haría una consulta popular sobre este tema, y el primer territorio en hacerlo luego del fallo de la Corte Constitucional que frenó la minería en páramos. En él, además, se aclaró el tema de fondo que esconde este debate y que ha sido un eterno tire y afloje entre el Gobierno y las autoridades locales: ¿Pueden los municipios decidir sobre su territorio a la hora de explotar recursos naturales?

A esa pregunta volvió el alto tribunal. De acuerdo a la sentencia, y como lo ha reiterado en varias ocasiones César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, debe haber una concertación entre las autoridades municipales y las autoridades nacionales. "Cómo se debe hacer es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar de la consulta popular", le explicó a El Espectador la semana pasada. 

Según Rodríguez, lo que se defina en la consulta popular, que de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Tolima posiblemente se realice en junio, puede ser entendido como una instrucción de la ciudadanía a su mandatario para que vaya a esa concertación. Ya en julio de 2013, el municipio de Piedras, donde también pensaba operar Anglo Gold Ashanti, había votado una consulta popular, en la que le dijo no a la minería. En Cajamarca, por su parte, se había hecho el trámite ante el Concejo pero no prosperó. Fuente cercanas al proceso, le habían advertido a este diario que las presiones de la Procuraduría frenaron las intenciones de varios concejales. 

Pero más allá de que Ibagué sea la primera capital en llevar a cabo este proceso, hay otro precedente importante y es el hecho de que un municipio decida sobre los efectos que tendría la minería sobre su territorio aún cuando no haya minas en él. En este caso, esos efectos se reflejarían en el río Coello, que alimentará un nuevo acueducto. 

Los opositores, por su parte, han señalado que por un lado, la pregunta de la consulta es abstracta e induce al "no" como respuetsa y por otro tendría un impacto negativo en las finanzas de la región.  

Casi dos meses después de que el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentara la propuesta para llevar a cabo una consulta popular, este lunes 10 de los 19 miembros del Concejo de la capital tolimense le dieron el visto bueno.

La idea, como lo ha expresado Jaramillo, es que los ibaguereños decidan si quieren o no minería en su territorio. Aunque no lo puntualiza, el interrogante hace referencia al proyecto de extracción de oro La Colosa, que se realizará en el municipio de Cajamarca y que, asegura, podría afectar la cuenca del río Coello.

Por su parte, Anglo Gold Ashanti, que espera extraer 29 millones de onzas de ese material desde 2020, ha reiterado que su área de influencia solo será Cajamarca. Y aunque la minera le dijo a este diario en otra oportunidad que no se pronunciaría sobre la consulta popular, asegura que ha ido devolviendo los títulos mineros que tenía en Ibagué y hoy tiene cuatro que no están relacionados con La Colosa ni sobre terrenos del acueducto.

La decisión se tomó luego de que funcionarios del Gobierno y de la Procuraduría visitaran a los concejales y, según dijeron algunos a este diario, trataran de convencerlos para que no votaran a favor de la consulta, que ahora pasará a revisión de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima. Por ejemplo, según Camilo Delgado, presidente del Concejo, varios se alertaron cuando el organismo de control anunció posibles investigaciones por aprobar la consulta popular. 

Para Jaramillo, como dijo en un artículo publicado en este medio, ha habido matoneo de varias entidades que van desde la destitución hasta la pérdida de investidura para convencer a los gobernantes de que no se lleve a cabo este proceso. “Definitivamente, lo que es claro es que Bogotá no está acostumbrada a que los pueblos decidan. Este país es cada vez más centralista, pero nosotros tenemos derecho a decidir”, aseguró. 

De aprobarla, sería la primera capital del país que haría una consulta popular sobre este tema, y el primer territorio en hacerlo luego del fallo de la Corte Constitucional que frenó la minería en páramos. En él, además, se aclaró el tema de fondo que esconde este debate y que ha sido un eterno tire y afloje entre el Gobierno y las autoridades locales: ¿Pueden los municipios decidir sobre su territorio a la hora de explotar recursos naturales?

A esa pregunta volvió el alto tribunal. De acuerdo a la sentencia, y como lo ha reiterado en varias ocasiones César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, debe haber una concertación entre las autoridades municipales y las autoridades nacionales. "Cómo se debe hacer es un tema que la Corte deja abierto, pero lo que sí aclara es que se pueden usar mecanismos de participación ciudadana. Debe haber un acuerdo para definir cuál es el lugar de la consulta popular", le explicó a El Espectador la semana pasada. 

Según Rodríguez, lo que se defina en la consulta popular, que de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Tolima posiblemente se realice en junio, puede ser entendido como una instrucción de la ciudadanía a su mandatario para que vaya a esa concertación. Ya en julio de 2013, el municipio de Piedras, donde también pensaba operar Anglo Gold Ashanti, había votado una consulta popular, en la que le dijo no a la minería. En Cajamarca, por su parte, se había hecho el trámite ante el Concejo pero no prosperó. Fuente cercanas al proceso, le habían advertido a este diario que las presiones de la Procuraduría frenaron las intenciones de varios concejales. 

Pero más allá de que Ibagué sea la primera capital en llevar a cabo este proceso, hay otro precedente importante y es el hecho de que un municipio decida sobre los efectos que tendría la minería sobre su territorio aún cuando no haya minas en él. En este caso, esos efectos se reflejarían en el río Coello, que alimentará un nuevo acueducto. 

Los opositores, por su parte, han señalado que por un lado, la pregunta de la consulta es abstracta e induce al "no" como respuetsa y por otro tendría un impacto negativo en las finanzas de la región.