¿Por qué Colombia no ha logrado proteger su biodiversidad?

La biodiversidad de América Latina y el Caribe está en declive. Como lo señaló WWF en su informe ‘Planeta Vivo 2020’, entre 1970 y 2016 la región tuvo una reducción promedio de su biodiversidad del 94%, mientras que en el planeta el porcentaje promedio fue de 68%. En la quinta sesión de la Cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental, se tocó el tema de la eficacia de las políticas para proteger la biodiversidad, haciendo énfasis en el caso colombiano, país que tiene cerca del 60% de sus ecosistemas en peligro.

Esta sesión, moderada por Manuel Rodríguez Becerra, director del Foro Nacional Ambiental, contó con la participación de Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS); Juanita Aldana, profesora de Química y Biología de la Universidad del Norte y María Ángela Echeverry, profesora de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. De acuerdo con Rodríguez, la región y Colombia en particular tiene un potencial importante de desarrollo sostenible si logra proteger su biodiversidad. Sin embargo, las políticas implementadas para alcanzar este objetivo no han sido del todo eficaces.

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Retos para la gestión de los ecosistemas

La primera expositora, Brigitte Baptiste, habló sobre los desafíos en Colombia para garantizar la gestión adecuada de los ecosistemas y así evitar un colapso ecosistémico. Más allá de lo que dicen los informes globales sobre biodiversidad, Baptiste llamó la atención sobre la noción de servicios ecosistémicos y la funcionalidad de la biodiversidad, un enfoque que es necesario tener en cuenta, pues este tiene en cuenta las relaciones entre las especies vivas y no se analiza la biodiversidad como “un gran inventario de seres vivos o un museo de animales muertos”. De hecho, parte de las relaciones de los seres vivos, incluido el ser humano.

En Colombia, agregó, la situación para los ecosistemas es preocupante por los cambios acelerados en los usos de suelo y por fenómenos como la deforestación masiva. A estos problemas se suma la incapacidad del Estado para gestionar adecuadamente la biodiversidad. A manera de ejemplo, Baptiste habló sobre la gestión de los páramos: “Llevamos 15 años en la tarea de definir jurídicamente qué es un páramo y hasta dónde llegan con el fin de excluir ese territorio de actividades económicas relacionadas con agricultura y minería. La delimitación de los páramos ha sufrido embates complejos y todo ese procedimiento para trazar las líneas ha sido muy controversial”.

En esas delimitaciones jurídicas, señaló Baptiste, surgen diferentes intereses por los desarrollos de actividades mineras y agropecuarias. La disputa por el oro en el páramo de Santurbán, por ejemplo, “parece no tener fin. Y teniendo en cuenta este caso surge la pregunta de si realmente necesitamos cambiar la Constitución cada vez que se presente un proyecto de gran impacto ambiental “, dijo. Y para ilustrar otro caso que demuestra la incapacidad del Estado para proteger los ecosistemas, habló sobre los hipopótamos en el Magdalena Medio, una especie invasora que lleva más de 25 años en el país y que no ha sido controlada, poniendo en riesgo a los ecosistemas.

Actualmente, dijo Baptiste, Colombia tiene entre 60 y 100 hipopótamos en vida libre. “Han pasado 25 años y no hemos tomado una decisión sobre el sacrificio de una especie que genera daños delicados en nuestro ecosistema. Hay varios grupos de personas que se oponen al sacrificio pero han planeado opciones inviables para sostener la especie en el país”. Algo similar, añadió, ocurre con el pez basa, el cual fue traído de Vietnam y “es extremadamente destructivo en los ríos del país (no olvidemos que Colombia es el segundo país más rico en agua dulce)”.

Un tercer caso que mencionó la expositora fue el del Río Quito, el cual se ha visto destruido por todos los vertimientos de mercurio para la minería ilegal y, pese a toda la evidencia, el Estado no ha logrado frenar su contaminación y degradación. El reto, entonces, pasa por fortalecer la gestión de capacidades institucionales para proteger la biodiversidad, así como el fortalecimiento de la educación ambiental y la toma de conciencia sobre la funcionalidad ecológica del país. Por otro lado, señaló Baptiste, es clave “impulsar la innovación científica y la adopción de una perspectiva económica y social regenerativa”.

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Deforestación, una acción destructiva que no da tregua

Rodrigo Botero, director de la FCDS, es una de las personas que más ha estudiado la deforestación y sus impactos en ecosistemas estratégicos, como la Amazonia. De acuerdo con él, en los últimos dos años se ha presentado una reducción en la deforestación en los departamentos que componen la Amazonia pero es probable que las cifras de 2020 y las que corresponden a lo que va de 2021 demuestren un repunte importante en el número de hectáreas deforestadas.El registro más reciente del Ideam señala que en 2019 fueron deforestadas 101.395 hectáreas en la Amazonia, mientras que en 2018 fueron 144.099 hectáreas.

La razón principal, explicó, es el acaparamiento de tierras para desarrollar actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, la construcción de vías y los cultivos de uso ilícito. “En la Amazonia se están concentrando núcleos de deforestación en áreas de parques nacionales y en corredores de conectividad ecológica como Chirbiquete, también en las zonas de sabana en la Orinoquía”. Todo el proceso de acaparamiento de tierras, señaló, demuestra “la incapacidad del Estado de gobernar y proteger el territorio”. Actualmente existe una correlación directa entre el aumento de ganado en la Amazonia y las zonas deforestadas. Se da, dijo Botero, principalmente “en baldíos de la Nación, en Parques Nacionales e incluso en Zonas de Reserva Campesina”.

La ganadería en la Amazonia colombiana, así como los cultivos de uso ilícito o los cultivos ilegales de palma, han generado una “explosión vial, combinando infraestructura planificada con recursos públicos y otro tipo de actividades”, agregó Botero. De hecho, preocupa la tendencia en ascenso de la deforestación en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Prueba de ellos es la construcción de más de 1.700 km de vías en la selva amazónica que comparten estos departamentos.En los últimos años, explicó Botero, se han presentado estrategias institucionales para hacerle frente a la deforestación que se basan en adecuaciones normativas, presupuestales, acuerdos intergerenciales, nuevos lineamientos jurídicos, acuerdos internacionales como el Pacto de Leticia y la aplicación de la ley a través de la Fiscalía y el Ejército.

Si bien estos cambios han sido importantes, Botero señaló que el avance lento en la implementación del Acuerdo de Paz y la expansión de diferentes grupos armados en la Amazonia han dificultado la protección adecuada de los ecosistemas. Para Botero, la baja presencia institucional en la Amazonia, así como la baja inversión estatal, dificultan que se le pueda hacer frente a diferentes economías ilegales, como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Por otro lado, hace falta investigación sobre los modelos forestales de aprovechamiento y un cambio urgente en el modelo dominante de ganadería extendida desde la Orinoquía.

Uno de los aspectos más preocupantes en la Amazonia son las nuevas colonizaciones, impulsadas también por los grupos armados. Actualmente existe “un proyecto político territorial por parte de los grupos armados que incluye el desarrollo a gran escala en el área de Manejo especial La Macarena, Chiribiquete, Kukak y Paya. Los funcionarios de Parques Nacionales amazónicos han sido expulsados y las carreteras se están abriendo en medio de la selva, cruzando parques y resguardos”.

Para terminar, Juanita Aldana y María Ángela Echeverry comentaron las dos exposiciones. Para Aldana, es claro que las políticas no solo en Colombia sino en América Latina y el Caribe han sido insuficientes y prueba de ello es que el 61% de los ecosistemas de la región están declinando y todavía no parece existir conciencia sobre lo que significa la vulnerabilidad socioecológica en nuestro país. De otro lado, Echeverry señaló que es importante que se aborde un problema a escala nacional y tiene que ver con los tiempos para ejecutar proyectos estratégicos, como los planes de desarrollo territorial y que estos, así como otras estrategias de gobernanza del territorio, estén alineados con metas claras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La biodiversidad de América Latina y el Caribe está en declive. Como lo señaló WWF en su informe ‘Planeta Vivo 2020’, entre 1970 y 2016 la región tuvo una reducción promedio de su biodiversidad del 94%, mientras que en el planeta el porcentaje promedio fue de 68%. En la quinta sesión de la Cátedra Repensar Nuestro Futuro, del Foro Nacional Ambiental, se tocó el tema de la eficacia de las políticas para proteger la biodiversidad, haciendo énfasis en el caso colombiano, país que tiene cerca del 60% de sus ecosistemas en peligro.

Esta sesión, moderada por Manuel Rodríguez Becerra, director del Foro Nacional Ambiental, contó con la participación de Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS); Juanita Aldana, profesora de Química y Biología de la Universidad del Norte y María Ángela Echeverry, profesora de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana. De acuerdo con Rodríguez, la región y Colombia en particular tiene un potencial importante de desarrollo sostenible si logra proteger su biodiversidad. Sin embargo, las políticas implementadas para alcanzar este objetivo no han sido del todo eficaces.

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Retos para la gestión de los ecosistemas

La primera expositora, Brigitte Baptiste, habló sobre los desafíos en Colombia para garantizar la gestión adecuada de los ecosistemas y así evitar un colapso ecosistémico. Más allá de lo que dicen los informes globales sobre biodiversidad, Baptiste llamó la atención sobre la noción de servicios ecosistémicos y la funcionalidad de la biodiversidad, un enfoque que es necesario tener en cuenta, pues este tiene en cuenta las relaciones entre las especies vivas y no se analiza la biodiversidad como “un gran inventario de seres vivos o un museo de animales muertos”. De hecho, parte de las relaciones de los seres vivos, incluido el ser humano.

En Colombia, agregó, la situación para los ecosistemas es preocupante por los cambios acelerados en los usos de suelo y por fenómenos como la deforestación masiva. A estos problemas se suma la incapacidad del Estado para gestionar adecuadamente la biodiversidad. A manera de ejemplo, Baptiste habló sobre la gestión de los páramos: “Llevamos 15 años en la tarea de definir jurídicamente qué es un páramo y hasta dónde llegan con el fin de excluir ese territorio de actividades económicas relacionadas con agricultura y minería. La delimitación de los páramos ha sufrido embates complejos y todo ese procedimiento para trazar las líneas ha sido muy controversial”.

En esas delimitaciones jurídicas, señaló Baptiste, surgen diferentes intereses por los desarrollos de actividades mineras y agropecuarias. La disputa por el oro en el páramo de Santurbán, por ejemplo, “parece no tener fin. Y teniendo en cuenta este caso surge la pregunta de si realmente necesitamos cambiar la Constitución cada vez que se presente un proyecto de gran impacto ambiental “, dijo. Y para ilustrar otro caso que demuestra la incapacidad del Estado para proteger los ecosistemas, habló sobre los hipopótamos en el Magdalena Medio, una especie invasora que lleva más de 25 años en el país y que no ha sido controlada, poniendo en riesgo a los ecosistemas.

Actualmente, dijo Baptiste, Colombia tiene entre 60 y 100 hipopótamos en vida libre. “Han pasado 25 años y no hemos tomado una decisión sobre el sacrificio de una especie que genera daños delicados en nuestro ecosistema. Hay varios grupos de personas que se oponen al sacrificio pero han planeado opciones inviables para sostener la especie en el país”. Algo similar, añadió, ocurre con el pez basa, el cual fue traído de Vietnam y “es extremadamente destructivo en los ríos del país (no olvidemos que Colombia es el segundo país más rico en agua dulce)”.

Un tercer caso que mencionó la expositora fue el del Río Quito, el cual se ha visto destruido por todos los vertimientos de mercurio para la minería ilegal y, pese a toda la evidencia, el Estado no ha logrado frenar su contaminación y degradación. El reto, entonces, pasa por fortalecer la gestión de capacidades institucionales para proteger la biodiversidad, así como el fortalecimiento de la educación ambiental y la toma de conciencia sobre la funcionalidad ecológica del país. Por otro lado, señaló Baptiste, es clave “impulsar la innovación científica y la adopción de una perspectiva económica y social regenerativa”.

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Deforestación, una acción destructiva que no da tregua

Rodrigo Botero, director de la FCDS, es una de las personas que más ha estudiado la deforestación y sus impactos en ecosistemas estratégicos, como la Amazonia. De acuerdo con él, en los últimos dos años se ha presentado una reducción en la deforestación en los departamentos que componen la Amazonia pero es probable que las cifras de 2020 y las que corresponden a lo que va de 2021 demuestren un repunte importante en el número de hectáreas deforestadas.El registro más reciente del Ideam señala que en 2019 fueron deforestadas 101.395 hectáreas en la Amazonia, mientras que en 2018 fueron 144.099 hectáreas.

La razón principal, explicó, es el acaparamiento de tierras para desarrollar actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, la construcción de vías y los cultivos de uso ilícito. “En la Amazonia se están concentrando núcleos de deforestación en áreas de parques nacionales y en corredores de conectividad ecológica como Chirbiquete, también en las zonas de sabana en la Orinoquía”. Todo el proceso de acaparamiento de tierras, señaló, demuestra “la incapacidad del Estado de gobernar y proteger el territorio”. Actualmente existe una correlación directa entre el aumento de ganado en la Amazonia y las zonas deforestadas. Se da, dijo Botero, principalmente “en baldíos de la Nación, en Parques Nacionales e incluso en Zonas de Reserva Campesina”.

La ganadería en la Amazonia colombiana, así como los cultivos de uso ilícito o los cultivos ilegales de palma, han generado una “explosión vial, combinando infraestructura planificada con recursos públicos y otro tipo de actividades”, agregó Botero. De hecho, preocupa la tendencia en ascenso de la deforestación en los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Prueba de ellos es la construcción de más de 1.700 km de vías en la selva amazónica que comparten estos departamentos.En los últimos años, explicó Botero, se han presentado estrategias institucionales para hacerle frente a la deforestación que se basan en adecuaciones normativas, presupuestales, acuerdos intergerenciales, nuevos lineamientos jurídicos, acuerdos internacionales como el Pacto de Leticia y la aplicación de la ley a través de la Fiscalía y el Ejército.

Si bien estos cambios han sido importantes, Botero señaló que el avance lento en la implementación del Acuerdo de Paz y la expansión de diferentes grupos armados en la Amazonia han dificultado la protección adecuada de los ecosistemas. Para Botero, la baja presencia institucional en la Amazonia, así como la baja inversión estatal, dificultan que se le pueda hacer frente a diferentes economías ilegales, como la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito. Por otro lado, hace falta investigación sobre los modelos forestales de aprovechamiento y un cambio urgente en el modelo dominante de ganadería extendida desde la Orinoquía.

Uno de los aspectos más preocupantes en la Amazonia son las nuevas colonizaciones, impulsadas también por los grupos armados. Actualmente existe “un proyecto político territorial por parte de los grupos armados que incluye el desarrollo a gran escala en el área de Manejo especial La Macarena, Chiribiquete, Kukak y Paya. Los funcionarios de Parques Nacionales amazónicos han sido expulsados y las carreteras se están abriendo en medio de la selva, cruzando parques y resguardos”.

Para terminar, Juanita Aldana y María Ángela Echeverry comentaron las dos exposiciones. Para Aldana, es claro que las políticas no solo en Colombia sino en América Latina y el Caribe han sido insuficientes y prueba de ello es que el 61% de los ecosistemas de la región están declinando y todavía no parece existir conciencia sobre lo que significa la vulnerabilidad socioecológica en nuestro país. De otro lado, Echeverry señaló que es importante que se aborde un problema a escala nacional y tiene que ver con los tiempos para ejecutar proyectos estratégicos, como los planes de desarrollo territorial y que estos, así como otras estrategias de gobernanza del territorio, estén alineados con metas claras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).