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Armonización. Un grupo de abuelos del cabildo uitoto danzan en el centro de Bogotá. En un auditorio que los espera, a ellos y a sus comunidades, se trata de entender por qué aquello de la Amazonia en riesgo pasó de ser discurso a un hecho, comenzando por un baile. Luego, en una totuma de boca grande, rotan de mano en mano a todos los presentes una bebida ancestral. Buscan hacer sentir a la gente de la ciudad como si estuvieran por un momento en su territorio. En su casa, en su tierra.
Luego, con la tranquilidad de saber que los abuelos abonaron el terreno, aparecieron cinco representantes de los pueblos indígenas amazónicos y con ellos los argumentos, de fondo y de forma, que les permiten levantar la mano de alarma al país, al mundo entero, del porqué el extractivismo, la deforestación y la falta de garantías en el ejercicio de los derechos a la consulta previa hoy se vislumbran como los problemas más graves que atentan contra la sostenibilidad de su territorio.
“Les están entregando ese territorio a las multinacionales. Eso pasa en Guainía, porque hay extracción de especies nativas, de plantas medicinales, del saber tradicional, algo que ya pasó en Arauca, en Santander, en el Llano. La Orinoquia es el colchón de protección de la Amazonia; si se deteriora, se deteriora la Amazonia. El territorio debe ser intocable. No solo van por el coltán, van por más minerales y especies”, advirtió Rafael Guayabo Guzmán, de la comunidad cumaral guamuco, en Guainía, quien comenzó con una eufórica defensa.
Nixon López Hernández, del pueblo yanacona, resguardo Villa María de Anamú, en Putumayo, deja claro que su afán se centra en un malestar generalizado, de muchos actores. “Las grandes concesiones que han llegado al departamento del Putumayo son un gran problema porque el departamento está catalogado como distrito minero, y eso nos preocupa. El 70 % del territorio indígena se está entregando a esas grandes concesiones. Lo primero que hacen es tomar decisiones aquí (en Bogotá), en el escritorio, pero al departamento ya llegan con la licencia, el permiso, sin consultar con los pueblos indígenas, que son 15 asentados en todo el Putumayo”. Y antes de dejar un espacio a la duda, recalca: “Hemos hecho llamados al Gobierno. Nos ha tocado llegar a las vías de hecho para que vaya y nos ponga atención, para que concertemos”.
Pero, como en un rosario de problemas, el llamado de alerta no para ahí. La deforestación está a la orden del día. Los líderes de los pueblos, quienes aclaran una y otra vez que lo que buscan es poner en la agenda pública nacional sus dolores, porque si encuentran la atención del país entero se podrá frenar ese riesgo que ya es un hecho, hablaron también de su cosmogonía. Luis Alberto Fiagama, líder indígena de Solano, Caquetá, le dijo al auditorio que había que ir más allá de lo evidente, de lo obvio. “Cualquier tipo de explotación rompe la vida real espiritual. Cuando a los pueblos indígenas se les reconoce por las letras, también les deben reconocer la palabra y el conocimiento. Para nosotros no es dinero. Un árbol, un caño, una laguna que se daña, allí también se les está dañando la espiritualidad a nuestros pueblos, porque es la conexión del ser vivo en ese equilibrio de la vida misma. Cuando los mayores (abuelos) se mueren físicamente es porque hay un fallo espiritual de esa ligadura con la naturaleza. Cuando eso pasa no lo paga ningún dinero de lo que saquen de la tierra. Y eso es lo que pasa con la deforestación”.
Se refiere a que la expansión ganadera y agrícola en el Caquetá, además de los proyectos futuros para excombatientes de las Farc, están generando la tala de árboles que nadie tenía en sus planes. “Se están dañando las cabeceras de los ríos, el pescado se va y las formas de vivir con ellos. Se está dañando el potencial ecosistémico, cultural y espiritual”. Pone sobre la mesa el riesgo que implica que ese departamento sea “el mejor productor de leche y carne del país”, teniendo en cuenta que es además una actividad lícita, pero recuerda que “el indígena es autoridad ambiental de su territorio, pero las CAR son las que dan los permisos”.
Para entenderlo de otra forma, lo resumió así: “Donde no hay indígenas hay potreros. El problema va más allá: la deforestación es un proceso nefasto que se adelanta teniendo en cuenta que no es desarrollo. Nosotros usamos los árboles para hacer las casas, sí, pero volvemos a plantar. Caquetá es un territorio solo, donde no está el Estado. La madera es un problema como el de la minería, como el del petróleo”.
Claro que fue Mateo Estrada, indígena de Vaupés y coordinador de territorio de Opiac, quien tocó lo que muchos consideraron el fondo de todo: las consultas previas. “Es un derecho, más que nada, a la vida, a vivir en armonía con la naturaleza”. De allí se desprende todo. Su postura va en línea con una investigación divulgada en el mismo foro: “La garantía y el ejercicio de los derechos a la consulta previa de los pueblos indígenas amazónicos exigen hoy, en primera medida, reafirmar, poner sobre la mesa de discusión pública y tomarse en serio la biodiversidad cultural de esta región. Este es un necesario criterio de partida para revaluar en cooperación con los pueblos indígenas los verdaderos alcances de los impactos potenciales, acumulativos y sinérgicos derivados de la avanzada de proyectos, obras y actividades (POA) de diversa índole sobre sus derechos territoriales, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales”. Dicho de otra forma: si se consulta a las comunidades y se les incluye en la construcción de las decisiones de ámbito nacional, otro sería el cantar.
Pero un par de temas no menos importantes también aparecieron: la posición de la mujer y el turismo. “En la Amazonia hemos sido asaltados en la parte femenina, no somos tenidas en cuenta, hemos avanzado en un proceso solas, el de ganarnos espacios, y por eso estoy acá. Las mujeres hemos sido vulneradas y a pesar de eso nos vemos obligadas a proteger el pulmón del mundo, a nuestros hijos, a los abuelos y abuelas. Nuestra preocupación es por la humanidad, no solo por nosotros mismos”, manifestó Mónica Amparo Yucuna Perea, líder indígena del Amazonas, y además denunció que incluso están “sacando” a muchas de sus mujeres de sus comunidades para explotación sexual. Criticó el turismo porque advirtió que solo les traía miseria, que quienes se quedaban con los réditos de exponerlos a ellos eran las agencias de turismo y quienes estaban en el negocio hotelero.
Tras esta serie de problemas, El Espectador entrevistó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien fue claro en que “una de mis obsesiones es que el turismo sea sostenible, que es, por ejemplo, controlar planificadamente un destino, como lo que no sucede en Rodadero. Para mí, eso significa que se inserte y se integre a las comunidades que han estado históricamente en el destino turístico a destacar. Iniciamos un trabajo con el viceministro de Turismo para lograr que ese turismo vaya en línea con lo que pide la comunidad. Si eso no se hace, corres el riesgo de que no sea sostenible. Y se hizo en Santa Marta, en San Andrés con los raizales. Lo tenemos que hacer en el Amazonas, a donde no hemos ido, pero debe ser prioritario dialogar con las comunidades para que no tengan ese sentimiento. Que se aproveche el destino turístico pero que se respete a las comunidades”.
En cuanto al tema general de desarrollo económico, que tiene que ver con el uso de la tierra en temas de extracción, deforestación y consultas previas, citó al presidente Iván Duque: “Producir conservando y conservar produciendo. No podemos abusar en desarrollo empresarial de nuestros activos, en este caso de activos de la naturaleza, ambientales. Creo en eso. Hay que seguir lo que las normas señalan para el desarrollo empresarial. Si la norma habla de consulta previa, pues hay que cumplir con ello. Son obligaciones que tenemos, aunque todo esto se sale de mi sector”.
El país tiene entonces una oportunidad de oro justo ahora, cuando se está trazando el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años de sentar a todos los actores en la mesa, comenzando por los que cuidan el pulmón del mundo. ¿Se logrará?
La Coalición para la promoción de los derechos territoriales de pueblos indígenas amazónicos está conformada por OPIAC, Ambiente y Sociedad y Tierra Digna, además, cuenta con el apoyo de Rainforest Foundation Norway.