Prevenir los impactos de los mercados de carbono, la clave para la acción climática

Mucho hemos visto últimamente sobre el impacto negativo que están teniendo los mercados de carbono en las comunidades de la Amazonía Colombiana. En el último reportaje del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) se pone en evidencia el caso de un proyecto de bonos de carbono en el Resguardo Indígena de Monochoa, municipio de Solano (Caquetá), que está excluyendo a dos de las seis comunidades que por años han trabajado mancomunadamente para preservar su territorio de las decisiones y beneficios de la conservación de los bosques.

Cada vez estoy más convencida de que necesitamos regular, con mucha urgencia, la aplicación de las salvaguardas socioambientales en los mercados de carbono. Y es que sin una regulación sólida, vinculante e inclusiva de estas, no lograremos tener una acción climática justa y efectiva en una Colombia que le apueste a ser una potencia mundial de la vida. (Lea El aumento de la minería ilegal amenaza a un pueblo del Amazonas en aislamiento)

Recapitulemos sobre la importancia y el estado actual de regulación de las salvaguardas socioambientales para mercados de carbono en el país. Aunque los mercados de carbono son una estrategia importante para el cumplimiento de las metas climáticas globales, la ejecución de los proyectos para el desarrollo de los bonos de carbono que se transaccionan en los mercados está teniendo un impacto social importante en Pueblos Indígenas y comunidades locales. Por ejemplo, no se da información transparente y completa a las comunidades, hay una inequitativa distribución de beneficios, se comprometen los derechos territoriales por décadas, entre otros. Las salvaguardas son una forma de prevenir y manejar estos impactos.

Hoy tenemos una interpretación nacional de unos lineamientos que se dieron a nivel internacional para aplicar salvaguardas en los mercados de carbono que derivan de los proyectos REDD+ [1], que hacen referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación. Pero esta interpretación es solamente un documento que da línea. No es vinculante para ningún actor. Es decir, los desarrolladores de mercados de carbono en el país no están obligados por la ley a aplicar un marco de salvaguardas que: primero, asegure una distribución de beneficios equitativa para las comunidades que están en la primera línea de protección de los bosques; y, segundo, que proteja sus derechos territoriales. Además, solamente hace referencia a un tipo de mercados de carbono (bonos derivados de proyectos REDD+), cuando tenemos muchos que vienen llegando.

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente espera su debate en las plenarias del Congreso, en uno de sus artículos, reitera la necesidad de reglamentar la aplicación de la interpretación nacional de las salvaguardas que tenemos actualmente. Sin embargo, el artículo se queda corto y parece estar incompleto para regular lo que realmente necesita el país.

¿Por qué? Para empezar solo se busca reglamentar la aplicación de la interpretación nacional, pero esta solamente cobija una parte de los mercados de carbono que están en curso. Por tanto, deja varios proyectos que también pueden tener impactos en las comunidades locales por fuera. Además, no contempla la necesidad de establecer mecanismos de articulación interinstitucional que permitan tener un control, vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la aplicación de las salvaguardas; y no contempla crear canales de comunicación y participación para las comunidades locales, que están siendo directamente afectadas por la mala implementación de los proyectos de bonos de carbono.

Lo que necesitamos es que el Congreso, el DNP y los ministerios avalen la modificación y el fortalecimiento de este artículo. Es importante que se ordene la aplicación vinculante de salvaguardas socioambientales para todos los proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, no solo para los proyectos REDD+ que cobija la interpretación nacional. Establecer un mecanismo de articulación interinstitucional, permitiría crear esquemas de control y vigilancia e instancias de participación para las comunidades afectadas. Es clave que la aplicación de salvaguardas se haga para todos los actores involucrados en los proyectos: incluyendo a los Organismos de Validación y Verificación, a los Estándares de Carbono y a las empresas titulares de las iniciativas de mitigación.

El Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad única para establecer un esquema de salvaguardas para los mercados de carbono que sea realmente efectivo y justo, y que permita fortalecer la contribución de estas iniciativas al cumplimiento de nuestras metas climáticas. No desaprovechemos esta oportunidad, solamente así podremos tener una Colombia que realmente sea una potencia mundial de la vida.

*Directora TNC Colombia

[1] Los proyectos REDD+ son iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. Contemplan la implementación actividades que buscan reducir la deforestación y garantizar la gestión sostenible de los bosques.

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Mucho hemos visto últimamente sobre el impacto negativo que están teniendo los mercados de carbono en las comunidades de la Amazonía Colombiana. En el último reportaje del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) se pone en evidencia el caso de un proyecto de bonos de carbono en el Resguardo Indígena de Monochoa, municipio de Solano (Caquetá), que está excluyendo a dos de las seis comunidades que por años han trabajado mancomunadamente para preservar su territorio de las decisiones y beneficios de la conservación de los bosques.

Cada vez estoy más convencida de que necesitamos regular, con mucha urgencia, la aplicación de las salvaguardas socioambientales en los mercados de carbono. Y es que sin una regulación sólida, vinculante e inclusiva de estas, no lograremos tener una acción climática justa y efectiva en una Colombia que le apueste a ser una potencia mundial de la vida. (Lea El aumento de la minería ilegal amenaza a un pueblo del Amazonas en aislamiento)

Recapitulemos sobre la importancia y el estado actual de regulación de las salvaguardas socioambientales para mercados de carbono en el país. Aunque los mercados de carbono son una estrategia importante para el cumplimiento de las metas climáticas globales, la ejecución de los proyectos para el desarrollo de los bonos de carbono que se transaccionan en los mercados está teniendo un impacto social importante en Pueblos Indígenas y comunidades locales. Por ejemplo, no se da información transparente y completa a las comunidades, hay una inequitativa distribución de beneficios, se comprometen los derechos territoriales por décadas, entre otros. Las salvaguardas son una forma de prevenir y manejar estos impactos.

Hoy tenemos una interpretación nacional de unos lineamientos que se dieron a nivel internacional para aplicar salvaguardas en los mercados de carbono que derivan de los proyectos REDD+ [1], que hacen referencia a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación. Pero esta interpretación es solamente un documento que da línea. No es vinculante para ningún actor. Es decir, los desarrolladores de mercados de carbono en el país no están obligados por la ley a aplicar un marco de salvaguardas que: primero, asegure una distribución de beneficios equitativa para las comunidades que están en la primera línea de protección de los bosques; y, segundo, que proteja sus derechos territoriales. Además, solamente hace referencia a un tipo de mercados de carbono (bonos derivados de proyectos REDD+), cuando tenemos muchos que vienen llegando.

El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que actualmente espera su debate en las plenarias del Congreso, en uno de sus artículos, reitera la necesidad de reglamentar la aplicación de la interpretación nacional de las salvaguardas que tenemos actualmente. Sin embargo, el artículo se queda corto y parece estar incompleto para regular lo que realmente necesita el país.

¿Por qué? Para empezar solo se busca reglamentar la aplicación de la interpretación nacional, pero esta solamente cobija una parte de los mercados de carbono que están en curso. Por tanto, deja varios proyectos que también pueden tener impactos en las comunidades locales por fuera. Además, no contempla la necesidad de establecer mecanismos de articulación interinstitucional que permitan tener un control, vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la aplicación de las salvaguardas; y no contempla crear canales de comunicación y participación para las comunidades locales, que están siendo directamente afectadas por la mala implementación de los proyectos de bonos de carbono.

Lo que necesitamos es que el Congreso, el DNP y los ministerios avalen la modificación y el fortalecimiento de este artículo. Es importante que se ordene la aplicación vinculante de salvaguardas socioambientales para todos los proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, no solo para los proyectos REDD+ que cobija la interpretación nacional. Establecer un mecanismo de articulación interinstitucional, permitiría crear esquemas de control y vigilancia e instancias de participación para las comunidades afectadas. Es clave que la aplicación de salvaguardas se haga para todos los actores involucrados en los proyectos: incluyendo a los Organismos de Validación y Verificación, a los Estándares de Carbono y a las empresas titulares de las iniciativas de mitigación.

El Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad única para establecer un esquema de salvaguardas para los mercados de carbono que sea realmente efectivo y justo, y que permita fortalecer la contribución de estas iniciativas al cumplimiento de nuestras metas climáticas. No desaprovechemos esta oportunidad, solamente así podremos tener una Colombia que realmente sea una potencia mundial de la vida.

*Directora TNC Colombia

[1] Los proyectos REDD+ son iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de los bosques. Contemplan la implementación actividades que buscan reducir la deforestación y garantizar la gestión sostenible de los bosques.

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