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En horas de la noche de este miércoles, terminó el puesto de mando unificado que se desarrolló alrededor de la emergencia que vive Chocó. Con presencia del presidente de la república, Gustavo Petro, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y varios alcaldes de los municipios más afectados, las autoridades dieron un primer balance de la respuesta a la emergencia.
“Vivimos una situación muy compleja”, comenzó diciendo Carrillo. Esta mañana, el Gobierno movilizó las primeras 8 toneladas de ayuda humanitaria a través de dos aviones. También hizo la entrega de 10 mil kits de aseo por vía terrestre, acompañados de 10 mil kits de ayuda no alimentaria. Además, Carrillo anunció el envío de 600 carpas a la comunidad Pogue en Bojayá, Chocó, y la disponibilidad de otros 32 mil toldillos. Todo esto, dijo el director de la UNGRD, compone la primera respuesta a la emergencia desatada por las lluvias.
“Estas ayudas son fundamentales para responder a las familias que aún continúan en la intemperie y no han recibido alimento o están todavía bajo las precariedades de haberlo pedido todo. Van a comenzar a recibir ayuda en las próximas horas”, prometió la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Sin embargo, los funcionarios reconocieron que será compleja la entrega de estas ayudas, debido a que, como dijo la gobernadora, muchas de las familias afectadas son rurales y se encuentran en comunidades dispersas.
La Gobernación de ese departamento mantiene la cifra preliminar de 37 mil familias afectadas en 27 de 31 municipios que componen Chocó. Para la entrega de las ayudas, agregó después Carrillo, es clave que los municipios aceleren el registro en el Registro Único de Damnificados, una herramienta creada por el gobierno nacional para identificar, clasificar y dar seguimiento a las personas afectadas por desastres naturales, emergencias o situaciones de riesgo en el país. Este registro tiene como objetivo centralizar la información sobre las víctimas y asegurar que los recursos y ayudas sean distribuidos de manera eficiente y equitativa.
“En este momento respondemos de emergencia, pero los entes de control siguen ahí, y es clave que el sistema opere cuantificando con precisión las familias damnificadas. Eso es responsabilidad de los municipios”, dijo Carrillo, en clara alusión a que entidades como la Contraloría ya anunciaron que vigilarán el uso de los recursos destinados a atender el desastre en Colombia, que se cuantifican de manera inicial en $1,7 billones. De hecho, Carrillo fue claro en señalar que la Unidad tiene que garantizar que estos recursos “puedan llegar a atender las necesidades de los municipios afectados”.
¿Y el reasentamiento de comunidades?
Durante el puesto de mando unificado se tocó el tema de los reasentamientos de comunidades, una petición que ha hecho de manera expresa el presidente Petro. El mandatario afirmó que habrá construcción de viviendas y anotó que no será como la reconstrucción de hogares en San Andrés y Providencia. “No es desde la oficina de Bogotá como se puede diseñar un plan urbanístico en una región de cultura completamente diferente, que fue la mala experiencia de San Andrés y Providencia, que terminó en un desfalco”.
“Se habló del plan de reasentamientos”, confirmó Carillo. “Es muy importante, porque estas situaciones se van a seguir viviendo cada vez más con la crisis climáticas que vivimos y la única solución que puede considerarse como definitiva es el reasentamiento de las poblaciones”, agregó el funcionario. Anunció que la UNGRD ya tiene lista una de estas acciones en la comunidad de Pogue, en Bojayá, que tiene destinado un presupuesto de $17 mil millones. “Esperamos firmar un convenio con una prestigiosa universidad del país para comenzar los procesos de diseño participativo y poder hacer realidad esas 168 viviendas”, señaló Carrillo.
La elección de Pogue no es una coincidencia. Ya desde finales de 2023, la Procuraduría General de la Nación solicitó al gobierno nacional la reubicación de la comunidad, que en ese entonces contaba con 696 personas, entre adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y mujeres embarazadas. En un comunicado de aquel entonces, la Procuraduría señalaba que el territorio de esta población está en medio de dos ríos y colinda, además, con el río Atrato, “por lo que viven en riesgo de inundaciones y deslizamientos; aún más en las temporadas de lluvias y sin contar con una vía de acceso”.
Situación de desastre nacional
Durante la tarde de este miércoles, el Gobierno expidió el decreto 1372 del 13 de noviembre, a través del cual oficializó la situación de desastre nacional por un periodo inicial de 12 meses, con posibilidad de prórroga por otro año. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será responsable de elaborar un plan de acción para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.
Además, el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre, con una subcuenta especial para ello, destinada a recibir una asignación inicial de $1.7 billones. ¿De donde saldrá esa plata, en momentos de austeridad? El Ministerio de Hacienda garantizará los recursos necesarios para asegurar la financiación de las actividades de respuesta y recuperación.
El informe de predicción climática de corto, mediano y largo plazo presentado el pasado 18 octubre por el IDEAM señala una probabilidad del 71 % de ocurrencia de la fase La Niña durante el trimestre octubre diciembre de este año. La Niña es un fenómeno climático que se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este fenómeno tiene un impacto significativo en los patrones climáticos globales, alterando las condiciones meteorológicas en varias regiones, incluyendo Colombia. Durante una fase de La Niña, es común que se presenten lluvias más intensas de lo normal en muchas áreas del país, especialmente en la región Andina, el Amazonas y el Caribe.
El IDEAM prevé que la fase de La Niña podría persistir hasta el primer trimestre de 2025 (enero-febrero-marzo), con una probabilidad del 60%. Se estima que podría alcanzar su fase de madurez durante el trimestre noviembre-diciembre-enero, con una probabilidad del 75%. En el decreto expedido este miércoles, el Gobierno señala que el comportamiento de las precipitaciones en 2024 ha mostrado anomalías significativas, lo que ha incrementado los riesgos en los suelos, ya sea por exceso o déficit de lluvias.
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