¿Qué pasó con el dinero prometido a los indígenas para proteger los bosques?
Una reciente investigación analizó los 22 planes de acción de los donantes. Entre los criterios que tuvo en cuenta está su financiación actual, los modelos de apoyo y los canales para identificar mecanismos efectivos para la designación del dinero. Encontró que en 2021, los donantes desembolsaron $321.629.748, es decir, el 19 % de los 1.700 millones de dólares prometidos en la COP26.
Hace un año, en un acto histórico, un grupo de líderes mundiales e inversionistas privados, que estaban reunidos en la cumbre de cambio climático COP 26, se comprometieron a contribuir a las comunidades indígenas y así puedan proteger los bosques tropicales durante los próximos cinco años. Para lograrlo, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Alemania, Holanda y 17 inversionistas más invirtieron 1.700 millones de dólares.
Con el objetivo de comprender qué ha pasado con este dinero, Forest Tenure Funders Group, un grupo de trabajo creado para coordinar los esfuerzos y ver el cumplimiento del objetivo, analizó cómo y cuándo llegarán los recursos a las comunidades indígenas y a las locales. En el documento explican que “este fondo no tiene un mecanismo de asignación central y los donantes deciden cómo asignar y gastar sus contribuciones. Por eso, se creó un Grupo de Financiadores”.
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Para comprender por qué es importante que este dinero sea bien invertido, es fundamental entender la importancia de promover los derechos de tenencia forestal. Actualmente, cerca de 1.600 millones de personas viven cerca de los bosques y dependen de los recursos forestales para su sustento. Además, aproximadamente el 36 % de los bosques intactos que quedan en el mundo están ubicados en tierras de pueblos indígenas.
A pesar de que son relevantes para los bosques y la naturaleza, solo una pequeña proporción tiene derechos seguros de propiedad, gestión y control de sus recursos. A este panorama se suma la situación económica: solo reciben una pequeña parte de la financiación climática. Así lo mostró un informe publicado en 2021 y realizado por Rainforest Foundation Norway, que señala que recibieron menos del 1 % de la ayuda para la mitigación y adaptación al cambio climático entre 2011 y 2020.
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En esta investigación, analizaron los 22 planes de acción de los donantes, en las que revisaron su financiación actual, los modelos de apoyo y los canales para identificar mecanismos efectivos para la designación del dinero. Encontraron que en 2021, los donantes desembolsaron $321.629.748, es decir, el 19 % de los millones de dólares prometidos en la COP26. De este dinero, 39% fue para América Latina; 16 % a los proyectos en África; y un 7% ha sido designado al Sudeste Asiático.
Según explicaron en el documento, algunos donantes ya han asignado fondos que se comprometieron a proyectos existentes o canales de entrega. De hecho, añadieron, “solo una parte de los 1.700 millones de dólares se gastará en nuevas iniciativas, pero, en algunos casos, puede haber oportunidades para ampliar el apoyo directo a estas comunidades dentro de los proyectos existentes”. Es un compromiso que dicen, esperan cumplir antes de 2025.
Los investigadores además explicaron en qué se ha destinado el presupuesto: un poco más del 80% se ha designado a desarrollar la capacidad de estas comunidades; un 5 % para promover el cambio sistémico, por medio de la reforma nacional de la tenencia de tierra o bosques; un 50% se entregó a organizaciones no gubernamentales que se encargan de entregar los recursos; y solo un 7% llega directamente a los indígenas.
Puede ver: ONU expone plan para financiar sistema de alerta temprana de desastres climáticos
Según señalaron en el documento, es importante emplear diversas estrategias para que el dinero no sea entregado por las ONG´S, sino directamente a las comunidades. “El financiamiento indirecto a menudo es la única forma para . Sin embargo, en el último año se han anunciado varios mecanismos novedosos que son gestionados directamente y podrían canalizar el financiamiento sin necesidad del apoyo terceros”, dicen.
Levi Sucre, copresidente de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, aseguró que “los desafíos que enfrentan los donantes bien intencionados que buscan apoyarnos no son únicos”. Por eso, advirtió, que “para ayudar a las comunidades a tener éxito, nuestros gobiernos deben reconocer nuestros derechos, y las creencias sobre nuestras capacidades que nos impiden acceder a los fondos climáticos que somos capaces de administrar para el beneficio de todos”.
Puede ver: Salvar la selva amazónica: la intervención del presidente Petro en la COP27
Otra de las recomendaciones de esta investigación se centra en que, para 2023, los financiadores deben aumentar el apoyo al fortalecimiento de capacidades y utilizar las vías y organizaciones de financiación más directas. “También deberían distribuir sus contribuciones de manera más uniforme entre las regiones tropicales, de lo contrario, las crisis globales gemelas del cambio climático y la extinción de la biodiversidad podrían superar el punto de no retorno.
En el estudio, los investigadores sugieren que los bosques pueden contribuir hasta en un 37% a los objetivos de mitigación climática, de acuerdo al compromiso adquirido por los 97 países que suscribieron el Acuerdo de París en 2015. Otro informe sobre el Cambio Climático 2022 de la ONU subraya la necesidad urgente de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y apoyar la adaptación basada en su conocimiento.
Hace un año, en un acto histórico, un grupo de líderes mundiales e inversionistas privados, que estaban reunidos en la cumbre de cambio climático COP 26, se comprometieron a contribuir a las comunidades indígenas y así puedan proteger los bosques tropicales durante los próximos cinco años. Para lograrlo, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, Alemania, Holanda y 17 inversionistas más invirtieron 1.700 millones de dólares.
Con el objetivo de comprender qué ha pasado con este dinero, Forest Tenure Funders Group, un grupo de trabajo creado para coordinar los esfuerzos y ver el cumplimiento del objetivo, analizó cómo y cuándo llegarán los recursos a las comunidades indígenas y a las locales. En el documento explican que “este fondo no tiene un mecanismo de asignación central y los donantes deciden cómo asignar y gastar sus contribuciones. Por eso, se creó un Grupo de Financiadores”.
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Para comprender por qué es importante que este dinero sea bien invertido, es fundamental entender la importancia de promover los derechos de tenencia forestal. Actualmente, cerca de 1.600 millones de personas viven cerca de los bosques y dependen de los recursos forestales para su sustento. Además, aproximadamente el 36 % de los bosques intactos que quedan en el mundo están ubicados en tierras de pueblos indígenas.
A pesar de que son relevantes para los bosques y la naturaleza, solo una pequeña proporción tiene derechos seguros de propiedad, gestión y control de sus recursos. A este panorama se suma la situación económica: solo reciben una pequeña parte de la financiación climática. Así lo mostró un informe publicado en 2021 y realizado por Rainforest Foundation Norway, que señala que recibieron menos del 1 % de la ayuda para la mitigación y adaptación al cambio climático entre 2011 y 2020.
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En esta investigación, analizaron los 22 planes de acción de los donantes, en las que revisaron su financiación actual, los modelos de apoyo y los canales para identificar mecanismos efectivos para la designación del dinero. Encontraron que en 2021, los donantes desembolsaron $321.629.748, es decir, el 19 % de los millones de dólares prometidos en la COP26. De este dinero, 39% fue para América Latina; 16 % a los proyectos en África; y un 7% ha sido designado al Sudeste Asiático.
Según explicaron en el documento, algunos donantes ya han asignado fondos que se comprometieron a proyectos existentes o canales de entrega. De hecho, añadieron, “solo una parte de los 1.700 millones de dólares se gastará en nuevas iniciativas, pero, en algunos casos, puede haber oportunidades para ampliar el apoyo directo a estas comunidades dentro de los proyectos existentes”. Es un compromiso que dicen, esperan cumplir antes de 2025.
Los investigadores además explicaron en qué se ha destinado el presupuesto: un poco más del 80% se ha designado a desarrollar la capacidad de estas comunidades; un 5 % para promover el cambio sistémico, por medio de la reforma nacional de la tenencia de tierra o bosques; un 50% se entregó a organizaciones no gubernamentales que se encargan de entregar los recursos; y solo un 7% llega directamente a los indígenas.
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Según señalaron en el documento, es importante emplear diversas estrategias para que el dinero no sea entregado por las ONG´S, sino directamente a las comunidades. “El financiamiento indirecto a menudo es la única forma para . Sin embargo, en el último año se han anunciado varios mecanismos novedosos que son gestionados directamente y podrían canalizar el financiamiento sin necesidad del apoyo terceros”, dicen.
Levi Sucre, copresidente de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, aseguró que “los desafíos que enfrentan los donantes bien intencionados que buscan apoyarnos no son únicos”. Por eso, advirtió, que “para ayudar a las comunidades a tener éxito, nuestros gobiernos deben reconocer nuestros derechos, y las creencias sobre nuestras capacidades que nos impiden acceder a los fondos climáticos que somos capaces de administrar para el beneficio de todos”.
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Otra de las recomendaciones de esta investigación se centra en que, para 2023, los financiadores deben aumentar el apoyo al fortalecimiento de capacidades y utilizar las vías y organizaciones de financiación más directas. “También deberían distribuir sus contribuciones de manera más uniforme entre las regiones tropicales, de lo contrario, las crisis globales gemelas del cambio climático y la extinción de la biodiversidad podrían superar el punto de no retorno.
En el estudio, los investigadores sugieren que los bosques pueden contribuir hasta en un 37% a los objetivos de mitigación climática, de acuerdo al compromiso adquirido por los 97 países que suscribieron el Acuerdo de París en 2015. Otro informe sobre el Cambio Climático 2022 de la ONU subraya la necesidad urgente de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y apoyar la adaptación basada en su conocimiento.