¿Qué se logró (y qué no) en la COP16 de Cali sobre Biodiversidad?

Desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2024 se realizó en Cali el que es sin duda el evento diplomático más grande que haya organizado Colombia. Con 196 Estados y un amplio número de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, se llevó a cabo la reunión número 16 de la Conferencia de las Partes del Convenio para la Diversidad Biológica de 1992. Este último, a su vez, uno de los dos más grandes e importantes tratados internacionales -junto con el de cambio climático- que existen en el derecho internacional para la protección del medio ambiente global. Pero ¿qué se logró en Cali y qué no?

La COP de Cali como evento cultural fue un éxito rotundo, como evento político y diplomático contribuyó a posicionar el liderazgo de Colombia en la agenda ambiental de la región y, como escenario de adopción de medidas jurídicas serias para la protección ambiental, continúa siendo totalmente insuficiente. Así, que, a pesar de la visión triunfalista del Gobierno y la perspectiva derrotista de los críticos, un escenario tan grande como estos realmente está lleno de matices. A continuación, un balance de lo cultural, lo político y lo jurídico.

Cultural

Aunque creo que logísticamente no fue buena idea escoger a Cali en lugar de Bogotá, precisamente porque esto desestimuló la participación de funcionarios de alto nivel como de Jefes de Estado y Cancilleres del mundo (solo 10 de 196 llegaron), Cali sin duda lo hizo muy bien, organizando un escenario que acogió una visita multitudinaria, que terminó generando ingresos tres veces superior al de las ferias, en el que gobernantes locales, como sus cálidas personas, fungieron como grandes anfitriones.

Así, las habitaciones temáticas, con camas redondas y espejos en el techo de algunos moteles en los que tuvieron que hospedarse algunos diplomáticos acreditados, pasaron a un segundo plano, pese a que fueron excusa para el humor en medios locales e internacionales.

La COP fue un extraordinario encuentro para la cultura ambiental y sin duda si fue la COP de la gente, en la que tuvo un enorme protagonismo la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y de diversos activistas que, a través de encuentros académicos, diálogos políticos, poesías, bailes y canciones, lograron reivindicar un espacio para hacer oír su voz.

Político

El impacto político, por su parte, debe analizarse en lo concerniente a Colombia y en cuanto al mecanismo en su conjunto. Para el Estado colombiano la COP fue un éxito diplomático simplemente con el hecho de haber sido sede.

Este privilegio, que ahora fue cedido a Armenia para el 2026, es una muestra de un respaldo internacional, así como un voto de confianza a quien se presenta como un líder en ascenso en una agenda tan importante como la ambiental.

La realización de la COP16 en Cali, sin duda ha contribuido a fortalecer el interés por la protección del medio ambiente que ha estado presente de manera prioritaria en el gobierno de Petro, sumándose al mensaje de los dos discursos que ha realizado el presidente en la ONU durante las últimas Asambleas.

Y aunque el protagonismo de Colombia en materia ambiental internacional no es nuevo, ya que la invención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 vigentes se le atribuye a las colombianas Paula Caballero y Patti Londoño, llevar a feliz término una COP de esta naturaleza resalta el posicionamiento que ha querido tener Colombia en la región con esta agenda.

Pese a esto, el hecho de que sólo 10 Jefes de Estado y unos otros cuantos pocos Cancilleres del mundo hayan confirmado su visita a Cali es un mal termómetro acerca del interés global que suscitó la reunión. En las últimas plenarias de “Alto Nivel” de hecho solo se vio conversar a Petro, junto con Guterrez, el Secretario General de la ONU, con apenas otros tres presidentes más, todos provenientes del Tercer Mundo.

Así, que lo que se esperaba fuera un escenario de diálogo mundial para la protección de la biodiversidad, terminó siendo un petit comité de países en vías de desarrollo intercambiando opiniones, que a la final no pueden implementar de forma debida medidas sin la participación de las grandes economías mundiales.

Nótese que ningún funcionario de alto nivel del primer mundo asistió. Algunos embajadores del norte global dijeron que los hoteles de Cali, el lugar de las reuniones, y las vías, no pasaron las evaluaciones de seguridad necesarias para que sus altos dignatarios se hicieran presentes.

Respecto al rol del presidente en la COP la reflexión también debe segmentarse. Celebro que el tema ambiental haya sido y continue siendo prioritario para este gobierno, ya que no existe agenda más importante que la de continuar existiendo en el planeta.

También he seguido con emoción los discursos de Petro en Nueva York como en Cali en los que ha criticado con vehemencia y valentía el desinterés de los Estados del primer mundo por las agendas ambientales, su despreocupación, ausencia y total falta de compromiso. No obstante, su discurso apasionado y emotivo, ha carecido de coherencia, unidad narrativa, así como de precisión jurídica.

Reitero, como lo he propuesto en otros escritos, que Colombia necesita una Política Exterior Ambiental de Estado. Esta debe ser producida por expertos en un escenario transdisciplinar, atendiendo al tecnicismo propio de las demandas del Derecho Internacional Ambiental vigente, producto de un diálogo abierto entre las tres ramas del poder, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la propia población.

A su vez, el epicentro del discurso tiene que ser el connotado Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que demanda una atención compartida a las necesidades del medio ambiente por los Estados del mundo, pero con una participación distinta, atendiendo a la magnitud histórica de la contribución a los daños ambientales, así como a las capacidades económicas. Aunque la habilidad oratoria del presidente es admirable, el contenido del mensaje debe dejar de ser improvisado.

El gobierno ha ocupado la mayoría de sus canales de comunicación para posicionar como un gran logro la denominada “Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza” (léalo), que se materializa en un documento de naturaleza política en el cual se asumen unos compromisos (también políticos) con la biodiversidad.

Y aunque los temas que allí se reivindican son muy importantes y necesarios, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el debate, la movilización de recursos y, por su puesto una nueva relación de la humanidad con el medio ambiente, no es menos cierto que solo 24 de casi 200 delegaciones han apoyado el documento, lo que apenas si lo reviste de una frágil iniciativa con impacto global.

Si bien hay un sitio en el que las personas pueden apoyar el documento, llegando alrededor de 250.000, esto termina siendo una victoria pírrica ante los 8 billones de habitantes del planeta, sobre todo teniendo en cuenta que quienes deciden el futuro del mundo son los Estados y no las personas naturales.

Jurídico

Por su parte, esta y todas las COP, continúan siendo en mi parecer muy insuficientes desde un punto de vista jurídico. Pese a que los ámbitos cultural y político retroalimentan lo jurídico y el aporte de aquellos suma, lo cierto es que es solamente a través del derecho que se pueden asegurar compromisos estrictos y serios, que sean susceptibles de ser generadores de responsabilidad internacional.

En otras palabras, mientras que nadie puede interponer una demanda internacional y obligar a un estado a cumplir un acuerdo como la “Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza”, precisamente porque es un documento político y no jurídico, a un Estado infractor del medio ambiente solo se le puede obligar a cumplir sus obligaciones a través de instrumentos adoptados por medio de fuentes de derecho internacional con validez legal. En la COP16 -como en la mayoría de las últimas COP- no se han adoptado muchos documentos con esta importancia e impacto.

La expectativa inicial de la COP de Cali era implementar las metas del Acuerdo Kunming-Montreal, alinear este último con las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (solo Colombia y otros 32 Estados cumplieron), evaluar el Marco de Monitoreo y Financiación del Marco Global (apenas se cumplió un tercio de la meta de los 200 billones anuales) y operacionalizar el Mecanismo para la Distribución Justa y Equitativa de los Recursos Genéticos, resultantes de la Información Digital de la Secuencia de Recursos Genéticos; sin embargo la tarea quedó a medio hacer, no se alcanzaron obligaciones duras suficientes, y aun se requiere la participación seria de los países desarrollados para proteger los casi 10 millones de especies existentes, de las cuales solo hay 2 millones conocidas por la ciencia.

Debe darse crédito en que la falta de instrumentos jurídicos vinculantes eficaces no es atribuible a Petro, Muhamad o Murillo, ya que es un fenómeno mundial que ha hecho que los países que más contribuyen a la degradación ambiental, esencialmente provenientes del primer mundo, sean reticentes a comprometerse, básicamente porque les toca el bolsillo.

Los cambios favorables para el ambiente global no van a suceder hasta que en el derecho internacional no se configure una perspectiva de solidarismo.

En una inspiradora conferencia impartida por el Juez Sudafricano de la Corte Internacional de Justicia, Dire Tladi, el pasado 30 de octubre, con ocasión de los diez años de la Maestría de Derecho Internacional de la Sabana, se nos hizo precisamente una invitación a transitar del bilateralismo tradicional del derecho internacional clásico al denominado solidarismo.

Un derecho internacional que sigue regido de manera absoluta por el principio de consentimiento es actualmente insostenible. Si estos importantes acuerdos ambientales solo surten efecto con la participación expresa de los países poderosos del mundo (que de hecho son minoría), al final llegaremos al declive.

Necesitamos un derecho solidario, en el que los compromisos bilaterales y multilaterales siempre sean asumidos con atención de los efectos generados en las partes interesadas, trascendiendo de los propios Estados a las gentes del mundo. Solo así lograremos que el clamor de una mayoría de Estados, generalmente los más ricos en biodiversidad y, paradójicamente, los más pobres y vulnerables, sea suficiente para lograr que los países más desarrollados asuman jurídica, política y económicamente sus responsabilidades históricas con el medio ambiente o la denominada Casa Común.

* PhD / Profesor de Derecho Internacional Ambiental, Pontificia Universidad Javeriana.

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Desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2024 se realizó en Cali el que es sin duda el evento diplomático más grande que haya organizado Colombia. Con 196 Estados y un amplio número de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, se llevó a cabo la reunión número 16 de la Conferencia de las Partes del Convenio para la Diversidad Biológica de 1992. Este último, a su vez, uno de los dos más grandes e importantes tratados internacionales -junto con el de cambio climático- que existen en el derecho internacional para la protección del medio ambiente global. Pero ¿qué se logró en Cali y qué no?

La COP de Cali como evento cultural fue un éxito rotundo, como evento político y diplomático contribuyó a posicionar el liderazgo de Colombia en la agenda ambiental de la región y, como escenario de adopción de medidas jurídicas serias para la protección ambiental, continúa siendo totalmente insuficiente. Así, que, a pesar de la visión triunfalista del Gobierno y la perspectiva derrotista de los críticos, un escenario tan grande como estos realmente está lleno de matices. A continuación, un balance de lo cultural, lo político y lo jurídico.

Cultural

Aunque creo que logísticamente no fue buena idea escoger a Cali en lugar de Bogotá, precisamente porque esto desestimuló la participación de funcionarios de alto nivel como de Jefes de Estado y Cancilleres del mundo (solo 10 de 196 llegaron), Cali sin duda lo hizo muy bien, organizando un escenario que acogió una visita multitudinaria, que terminó generando ingresos tres veces superior al de las ferias, en el que gobernantes locales, como sus cálidas personas, fungieron como grandes anfitriones.

Así, las habitaciones temáticas, con camas redondas y espejos en el techo de algunos moteles en los que tuvieron que hospedarse algunos diplomáticos acreditados, pasaron a un segundo plano, pese a que fueron excusa para el humor en medios locales e internacionales.

La COP fue un extraordinario encuentro para la cultura ambiental y sin duda si fue la COP de la gente, en la que tuvo un enorme protagonismo la presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y de diversos activistas que, a través de encuentros académicos, diálogos políticos, poesías, bailes y canciones, lograron reivindicar un espacio para hacer oír su voz.

Político

El impacto político, por su parte, debe analizarse en lo concerniente a Colombia y en cuanto al mecanismo en su conjunto. Para el Estado colombiano la COP fue un éxito diplomático simplemente con el hecho de haber sido sede.

Este privilegio, que ahora fue cedido a Armenia para el 2026, es una muestra de un respaldo internacional, así como un voto de confianza a quien se presenta como un líder en ascenso en una agenda tan importante como la ambiental.

La realización de la COP16 en Cali, sin duda ha contribuido a fortalecer el interés por la protección del medio ambiente que ha estado presente de manera prioritaria en el gobierno de Petro, sumándose al mensaje de los dos discursos que ha realizado el presidente en la ONU durante las últimas Asambleas.

Y aunque el protagonismo de Colombia en materia ambiental internacional no es nuevo, ya que la invención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 vigentes se le atribuye a las colombianas Paula Caballero y Patti Londoño, llevar a feliz término una COP de esta naturaleza resalta el posicionamiento que ha querido tener Colombia en la región con esta agenda.

Pese a esto, el hecho de que sólo 10 Jefes de Estado y unos otros cuantos pocos Cancilleres del mundo hayan confirmado su visita a Cali es un mal termómetro acerca del interés global que suscitó la reunión. En las últimas plenarias de “Alto Nivel” de hecho solo se vio conversar a Petro, junto con Guterrez, el Secretario General de la ONU, con apenas otros tres presidentes más, todos provenientes del Tercer Mundo.

Así, que lo que se esperaba fuera un escenario de diálogo mundial para la protección de la biodiversidad, terminó siendo un petit comité de países en vías de desarrollo intercambiando opiniones, que a la final no pueden implementar de forma debida medidas sin la participación de las grandes economías mundiales.

Nótese que ningún funcionario de alto nivel del primer mundo asistió. Algunos embajadores del norte global dijeron que los hoteles de Cali, el lugar de las reuniones, y las vías, no pasaron las evaluaciones de seguridad necesarias para que sus altos dignatarios se hicieran presentes.

Respecto al rol del presidente en la COP la reflexión también debe segmentarse. Celebro que el tema ambiental haya sido y continue siendo prioritario para este gobierno, ya que no existe agenda más importante que la de continuar existiendo en el planeta.

También he seguido con emoción los discursos de Petro en Nueva York como en Cali en los que ha criticado con vehemencia y valentía el desinterés de los Estados del primer mundo por las agendas ambientales, su despreocupación, ausencia y total falta de compromiso. No obstante, su discurso apasionado y emotivo, ha carecido de coherencia, unidad narrativa, así como de precisión jurídica.

Reitero, como lo he propuesto en otros escritos, que Colombia necesita una Política Exterior Ambiental de Estado. Esta debe ser producida por expertos en un escenario transdisciplinar, atendiendo al tecnicismo propio de las demandas del Derecho Internacional Ambiental vigente, producto de un diálogo abierto entre las tres ramas del poder, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la propia población.

A su vez, el epicentro del discurso tiene que ser el connotado Principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que demanda una atención compartida a las necesidades del medio ambiente por los Estados del mundo, pero con una participación distinta, atendiendo a la magnitud histórica de la contribución a los daños ambientales, así como a las capacidades económicas. Aunque la habilidad oratoria del presidente es admirable, el contenido del mensaje debe dejar de ser improvisado.

El gobierno ha ocupado la mayoría de sus canales de comunicación para posicionar como un gran logro la denominada “Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza” (léalo), que se materializa en un documento de naturaleza política en el cual se asumen unos compromisos (también políticos) con la biodiversidad.

Y aunque los temas que allí se reivindican son muy importantes y necesarios, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el debate, la movilización de recursos y, por su puesto una nueva relación de la humanidad con el medio ambiente, no es menos cierto que solo 24 de casi 200 delegaciones han apoyado el documento, lo que apenas si lo reviste de una frágil iniciativa con impacto global.

Si bien hay un sitio en el que las personas pueden apoyar el documento, llegando alrededor de 250.000, esto termina siendo una victoria pírrica ante los 8 billones de habitantes del planeta, sobre todo teniendo en cuenta que quienes deciden el futuro del mundo son los Estados y no las personas naturales.

Jurídico

Por su parte, esta y todas las COP, continúan siendo en mi parecer muy insuficientes desde un punto de vista jurídico. Pese a que los ámbitos cultural y político retroalimentan lo jurídico y el aporte de aquellos suma, lo cierto es que es solamente a través del derecho que se pueden asegurar compromisos estrictos y serios, que sean susceptibles de ser generadores de responsabilidad internacional.

En otras palabras, mientras que nadie puede interponer una demanda internacional y obligar a un estado a cumplir un acuerdo como la “Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza”, precisamente porque es un documento político y no jurídico, a un Estado infractor del medio ambiente solo se le puede obligar a cumplir sus obligaciones a través de instrumentos adoptados por medio de fuentes de derecho internacional con validez legal. En la COP16 -como en la mayoría de las últimas COP- no se han adoptado muchos documentos con esta importancia e impacto.

La expectativa inicial de la COP de Cali era implementar las metas del Acuerdo Kunming-Montreal, alinear este último con las Estrategias y Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad (solo Colombia y otros 32 Estados cumplieron), evaluar el Marco de Monitoreo y Financiación del Marco Global (apenas se cumplió un tercio de la meta de los 200 billones anuales) y operacionalizar el Mecanismo para la Distribución Justa y Equitativa de los Recursos Genéticos, resultantes de la Información Digital de la Secuencia de Recursos Genéticos; sin embargo la tarea quedó a medio hacer, no se alcanzaron obligaciones duras suficientes, y aun se requiere la participación seria de los países desarrollados para proteger los casi 10 millones de especies existentes, de las cuales solo hay 2 millones conocidas por la ciencia.

Debe darse crédito en que la falta de instrumentos jurídicos vinculantes eficaces no es atribuible a Petro, Muhamad o Murillo, ya que es un fenómeno mundial que ha hecho que los países que más contribuyen a la degradación ambiental, esencialmente provenientes del primer mundo, sean reticentes a comprometerse, básicamente porque les toca el bolsillo.

Los cambios favorables para el ambiente global no van a suceder hasta que en el derecho internacional no se configure una perspectiva de solidarismo.

En una inspiradora conferencia impartida por el Juez Sudafricano de la Corte Internacional de Justicia, Dire Tladi, el pasado 30 de octubre, con ocasión de los diez años de la Maestría de Derecho Internacional de la Sabana, se nos hizo precisamente una invitación a transitar del bilateralismo tradicional del derecho internacional clásico al denominado solidarismo.

Un derecho internacional que sigue regido de manera absoluta por el principio de consentimiento es actualmente insostenible. Si estos importantes acuerdos ambientales solo surten efecto con la participación expresa de los países poderosos del mundo (que de hecho son minoría), al final llegaremos al declive.

Necesitamos un derecho solidario, en el que los compromisos bilaterales y multilaterales siempre sean asumidos con atención de los efectos generados en las partes interesadas, trascendiendo de los propios Estados a las gentes del mundo. Solo así lograremos que el clamor de una mayoría de Estados, generalmente los más ricos en biodiversidad y, paradójicamente, los más pobres y vulnerables, sea suficiente para lograr que los países más desarrollados asuman jurídica, política y económicamente sus responsabilidades históricas con el medio ambiente o la denominada Casa Común.

* PhD / Profesor de Derecho Internacional Ambiental, Pontificia Universidad Javeriana.

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