Uno de los temas claves que deberá enfrentar un próximo gobierno de Colombia es la crisis ambiental. ¿Pero qué tan sólidas son las propuestas de los candidatos presidenciales en este tema? Cinco organizaciones que trabajan estos temas, incluyendo Gaia Amazonas y la Iniciativa Interreligiosa para la Protección de los Bosques Tropicales, IRI Colombia, nos ayudaron a seleccionar unos ejes ambientales que deberían tener las propuestas, así como a analizar su alcance. Esta breve guía le ayudará a definir qué tan “verde” es su candidato. (Lea Tras las huellas de los gigantes que recorrieron el Orinoco: el rastro de Humboldt)
Si el próximo gobierno de Colombia quiere ser coherente con la situación ambiental que atraviesa el mundo y el país, los temas que no puede ignorar, mínimo, son cambio climático y pérdida de biodiversidad, y protección de líderes ambientales. Además, debe tener un plan claro para la protección de la Amazonia, incluyendo medidas para mitigar la deforestación. (Lea Galería: Las increíbles fotos de animales ganadoras del All About Photo 2022)
Los expertos nos ayudaron a clasificar si el plan de gobierno de cada candidato abarca estos temas en cuatro categorías: se desarrolla, se desarrolla parcialmente, se menciona, pero no se desarrolla, y no se contempla.
Cambio climático y pérdida de biodiversidad
Se trata de las dos crisis ambientales más críticas a escala mundial, por lo que es importante que un próximo gobierno las entienda. ¿Qué tan acertados son los programas de gobierno de cada candidato?
Sergio Fajardo: esta temática sí se desarrolla en su plan de gobierno, ya que dice que se implementará un plan de adaptación al cambio climático -que ya está creado-, se reestructurarán las instituciones del Estado para darle respuesta a esta crisis y se fortalecerán los mercados de carbono a través de la protección de la biodiversidad y la venta de bonos internacionales y créditos de alta calidad en los mercados internacionales.Este último punto, el de los mercados de carbono, es importante aclararlo, no solo porque lo mencionan casi todos los programas de los candidatos, sino porque hay mucha confusión sobre qué son. Así que va un pequeño paréntesis.
Aunque hay varias versiones de cómo funcionan, los mercados de carbono son un mecanismo en el que empresas y otros actores pueden vender o comprar certificados que representan reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si soy una empresa con un alto nivel de emisiones, puedo comprarle bonos de carbono a una empresa que tenga un proyecto de captura de carbono a través de la conservación de bosques para mitigar las emisiones de mi propia empresa. Por cada bono de carbono que compro, usualmente, estoy garantizando que una tonelada de CO2 fue capturada de la atmósfera o que se evitó liberarla.
Pero esta fiebre del carbono ha generado conflictos en las comunidades, pues piensan que van a vender oxígeno y carbono y no es así. Ni es, como algunos candidatos han mencionado, “pagar por producir oxígeno”. Lo esencial en los mercados de carbono es proteger los bosques de la deforestación y la degradación, y esto implica tener en cuenta la participación de las comunidades y no sólo del Estado y las organizaciones privadas.
Volvamos al programa de Fajardo. Otras de las propuestas concretas que menciona su plan de gobierno es implementar un plan nacional de zonificación ambiental y contar con una política climática que fortalezca el Acuerdo de Paz, organizar criterios para los pagos por servicios ambientales e impulsar el aumento de áreas para su implementación en 300.000 hectáreas. También quiere implementar un programa de educación ambiental a escala nacional y proteger el 30 % de los ecosistemas terrestres y el 30 % de los marinos. Esta última, sin embargo, es una meta que Duque ha dicho que piensa lograr durante su mandato y dejar lista este año, 2022. Además, la propuesta de Fajardo habla de crear centros de investigación, entre ellos el de las energías y el cambio climático, y promover la gobernanza hídrica para proteger las fuentes de agua.
Lo bueno de este plan de gobierno, aseguran los expertos, es que pone la adaptación al cambio climático en el centro de las intervenciones que debe hacer el Estado. Igualmente, es bueno que acepte que tanto la crisis climática como la pérdida de biodiversidad tienen relación con varias causas y sectores. En otras palabras, no serían temas que solo deben solucionar o pensar las autoridades institucionales, sino que se construyan de la mano de otras autoridades, como las indígenas y afros, que están en deuda de ser reconocidas plena y formalmente como autoridad ambiental en el marco del Sistema Nacional Ambiental, creado por la Ley 99 de 1993. Además, el plan tiene una cualidad, y es que logra vincular las estrategias ambientales con el ordenamiento territorial y figuras que se crearon bajo la sombrilla del proceso de paz.
Lo malo es que, a pesar de que habla de gobernanza hídrica, no define medidas específicas para los sistemas acuáticos y ecosistemas de agua dulce de la Amazonia que necesitan acciones urgentes para su restauración, conservación y protección de los impactos de la minería.
Gustavo Petro: esta temática se desarrolla. El candidato propone cumplir con los acuerdos suscritos por Colombia en las cumbres climáticas, entre las que están, por ejemplo, el Acuerdo de París, y delimitar áreas de Colombia con riesgo alto a ser vulnerables al cambio climático como áreas de reserva y protección ambiental. Al igual que Fajardo, habla de programas de captura de carbono, pero específicamente en la Amazonia, región en la que, además, quiere crear un pacto nacional con alcance regional y global por su defensa.
El programa también busca proteger y preservar ecosistemas estratégicos con base en procesos organizativos, y suscribir acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración y preservación de ecosistemas.
A ojos de los expertos, lo bueno de este plan de gobierno es que reconoce el vínculo entre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, menciona la necesidad de impulsar transformaciones hacia un modelo de desarrollo sostenible que cada vez dependa menos económicamente de los combustibles fósiles, y propone liderar una agenda climática en el ámbito internacional.
Lo malo, en cambio, es que, aunque se propone ordenar el territorio a partir del agua, no menciona la necesidad de conectar los ecosistemas a través de otros corredores e ignora que, actualmente, se necesita regular los incentivos a la conservación, como el pago por servicios ambientales y los programas de reducción de emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques. Una regulación sólida de estos mecanismos exige garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Federico Gutiérrez: esta temática se desarrolla parcialmente en su programa. El candidato propone liderar la política exterior de cambio climático, contar con una estrategia nacional de financiamiento climático actualizada y crear una diplomacia científica, tecnológica y de innovación para traer a Colombia capacidades de adaptación al cambio climático. Propone restaurar 400 mil hectáreas degradadas y sembrar 200 millones de árboles -una buena referencia de comparación es que Duque dejará sembrados 180 millones-. Al igual que los candidatos previos, habla de los mercados de carbono, al proponer adoptar normas para una comisión de regulación del carbono, similar a lo que ya se estableció en la Ley de Acción Climática de 2021.
Esta propuesta aborda el tema desde la necesidad de impulsar la conectividad entre las distintas regiones y liderar los programas desde la especificidad de cada región. Igual que Petro y Fajardo, busca implementar el catastro multipropósito, una política que se ha considerado clave para limitar la deforestación, porque entre sus múltiples objetivos busca establecer quién es dueño de la tierra y cómo puede usarla.
Lo malo, señalan los expertos, es que el interés por impulsar la conectividad entre regiones está marcado por hacerlo a través de infraestructura, lo que puede aumentar las amenazas y presiones sobre los bosques. Además, a pesar de que el plan de Gutiérrez sí habla de impulsar las energías renovables, sigue planteando una dependencia económica al incremento de las reservas de gas y petróleo. Es decir, se estaría planteando diversificar la matriz energética, pero no una transición energética como tal, algo necesario para cumplir con la meta de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, como lo prometió este gobierno.
Rodolfo Hernández: esta temática se desarrolla parcialmente en su programa. El candidato propone fortalecer el modelo institucional ambiental tanto a nivel preventivo como correctivo frente a la crisis climática y establecer un plan de protección especial de la Amazonia colombiana, medida que podría estar relacionada con la sentencia que declaró a esta región como sujeto de derechos.
Su propuesta habla también de honrar los acuerdos suscritos en la COP26 y materializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. En cuanto a los mercados de carbono, el plan propone que los bonos verdes sean una acción permanente para financiar proyectos de sostenibilidad.
Lo bueno de la propuesta de Hernández es que busca que cada territorio aproveche su vocación y así impulsen su economía local. Asimismo, menciona estar en línea con acuerdos climáticos internacionales, como el de la COP26. Lo malo, sin embargo, es que a pesar de proponer una industria nacional limpia y acorde a estos tratados, es paradójico que el candidato enfoque el desarrollo en sectores económicos como la agroindustria, la minería y el turismo. No queda claro cómo lograr ese impulso sin sacrificar el ambiente.
Enrique Gómez Martínez: esta temática no se considera en su programa. Sin embargo, en su plan de gobierno habla de promover subastas para proyectos energéticos hidráulicos y ampliar Hidroituango, aumentar la exploración de gas natural e importar nuevas plantas de generación limpia con carbón para aprovechar reservas carboníferas y estudiar la viabilidad geográfica de varias plantas termonucleares que protejan en caso de que el calentamiento global afecte el parque de generación hidráulico.
John Milton Rodríguez: el programa habla de reglamentar el mercado de bonos de carbono. Algo que, vale aclarar, se debió hacer en 2021 como parte de lo que estableció la Ley de Cambio Climático de 2018, pero en lo que va del gobierno de Duque se ha retrasado.
Además, el plan desarrolla esta temática de la siguiente manera. Su programa habla dees de reglamentar el mercado de bonos de carbono. Algo que, vale aclarar, se debió hacer en 2021 como parte de lo que estableció la Ley de Cambio Climático de 2018, pero en lo que va del gobierno de Duque se ha retrasado.Habla de una transición confiable energética con enfoque diferencial, en el que al menos el 25% de la matriz provenga de energías limpias para 2026. Propone hacer “fracking sostenible”, que, según explica, “se enfoca en minimizar en la mayor medida posible el impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad, y al mismo tiempo proteger a los cerca de 185 mil empleos y 20 departamentos del país que dependen de estas actividades”. Y, finalmente, propone la resiembra de 100 mil hectáreas de bosque; duplicar el presupuesto de Parques Nacionales; reformar el proceso de selección de los directivos de las corporaciones, incrementando la meritocracia y la transparencia, y ampliar las compensaciones ambientales para contribuir al descenso de gases de efecto invernadero*.
Protección de líderes ambientales
Según la ONG Global Witness, en 2020 y 2021 Colombia encabezó el listado de los países más peligrosos para los líderes ambientales. De los 227 líderes que fueron asesinados en el mundo durante 2020, 65 eran de Colombia, lo que corresponde casi a un tercio del total. Uno de los tratados internacionales que busca proteger a estos líderes ambientales, es el Acuerdo de Escazúque, además, busca que las comunidades puedan garantizar el acceso a la justicia y a la información de proyectos que potencialmente pueden afectar el ambiente. Pero el Congreso, hasta la legislatura pasada, no discutió el proyecto de ley para ratificar este tratado.
Sergio Fajardo: esta temática se desarrolla parcialmente en su programa. El plan de gobierno dice que sí se ratificará el Acuerdo de Escazú. Y aunque esto es una muestra de voluntad política para garantizar el derecho a la vida de los líderes y lideresas ambientales, el programa del candidato no desarrolla cuáles serían las medidas para llevar a cabo esta garantía.
En el caso específico de los pueblos indígenas, la principal propuesta de Fajardo habla de recuperar la confianza frente a la Fuerza Pública y fortalecer las guardias indígenas. Sin embargo, su enfoque está basado en la fuerza pública y no en perspectivas de derechos humanos como la desarrollada en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Además, Fajardo también tiene una propuesta de enfoque de género dentro de la política de justicia climática, con la que reconoce el rol de las mujeres para pensar y combatir el cambio climático.
Gustavo Petro: esta temática se desarrolla en su programa. A pesar de que el plan de gobierno no menciona el Acuerdo de Escazú, sí hace referencia a la garantía de la protección de defensores de derechos ambientales y reconoce a las guardias indígenas y de campesinos como protectores del territorio y los derechos humanos. También hace énfasis en que se debe investigar a los responsables de conflictos ambientales y generar mecanismos para resolverlos.
Federico Gutiérrez: esta temática no se contempla en su programa. Sin embargo, la propuesta del candidato sí habla de implementar una estrategia que garantice los derechos humanos como política nacional a 2034 y también de fortalecer procesos territoriales para la defensa de estos derechos.
Rodolfo Hernández: el candidato propone poner en vigencia el Acuerdo de Escazú y una estrategia de seguridad territorial, que se coordine con las demás políticas del Gobierno.
Enrique Gómez Martínez: no contempla esta temática en su programa.
John Milton Rodríguez: el plan del candidato habla de proteger a los lideres indígenas en la Amazonía y Orinoquía, así como garantizar la seguridad de los lideres sociales en las zonas urbanas del país. Tiene tres propuestas sobre este tema. Una es restituir tierras a victimas del conflicto, lo que considera un “punto clave para que el país logre sus metas ambientales a 2030″. Hace un énfasis en que la protección de líderes de Amazonía y Orinoquía será también efectiva para preservar los bosques y propone un “desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente” en el que incluyen propuestas como las mencionadas anteriormente*.
Amazonia y deforestación
La Amazonia es una de las regiones más afectadas en Colombia por factores como la deforestación, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la siembra de monocultivos. Su destrucción es una amenaza para la conservación de la biodiversidad mundial y para la reducción de emisiones contaminantes. Las decisiones que tome el próximo gobierno sobre esta región son un punto clave para que el país logre sus metas ambientales a 2030, así como para garantizar los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales que viven allí.
Según expertos, una de las formas de proteger la Amazonia es llevar a cabo estrategias de conservación ambiental que tengan en cuenta la participación plena, activa y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Además, en el año 2020, ha señalado el Ideam, se deforestaron 171.685 hectáreas de bosque, una cifra 8 % superior a la del 2019, cuando el país perdió 158.894 hectáreas. Del área deforestada, el 63 % se concentró en la Amazonia. En el 2018, ya se habían talado 197.159 hectáreas. Un problema estructural que no se ha podido detener.
Sergio Fajardo: esta temática se desarrolla en su plan de gobierno. El candidato propone reducir la deforestación al 50 % y restaurar 1′000.0000 de hectáreas a 2026. También dice que implementará al 100 % la política de catastro multipropósito y formalizará las áreas con mayor impacto de deforestación. En todo caso no precisa las medidas específicas para lograr el 100 % de un política que avanza a ritmo lento en sus cerca de siete años de implementación, ni señala a quiénes y con qué criterios se formalizarán las áreas con impacto de deforestación. Finalmente, habla de avanzar en la regulación de los cultivos de uso ilícito y de realizar monitoreos forestales, junto con las comunidades, para valorizar los bosques que siguen de pie.
A los expertos les preocupa que el programa no desarrolle medidas específicas para la Amazonia -donde ocurre hasta el 60 % de la deforestación- y que no se planteen medidas para contrarrestar el impacto desproporcionado que han tenido los intentos militares de frenar la deforestación, como la Operación Artemisa.
Gustavo Petro: esta temática se desarrolla en su plan de gobierno. En este se mencionan dos medidas contra la deforestación. Una es impulsar una ley orgánica de ordenamiento territorial y, la otra, es detener la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería en zonas de frontera agraria. Esto, aclara el plan, “desde un modelo sin estigmas, agresiones y criminalización contra los liderazgos campesinos, indígenas y afrodescendientes”.
Aunque también se trata de un plan sólido, los expertos se preguntan cómo equilibrarlo con otras propuestas, como el tránsito hacia una economía productiva, industrial y agraria que garantice estimular la tierra bajo su vocación productiva. La preocupación, entonces, es cómo lograr que este impulso no lleve a que la agricultura y el cambio de uso del suelo generen más deforestación, ya que actualmente es el sector más responsable de las emisiones de Colombia, representando alrededor del 50,5 %.
Federico Gutiérrez: esta temática se desarrolla en su plan de gobierno. El candidato señala varias cosas, como crear un fondo forestal nacional para combatir la deforestación y reducirla en 54 mil hectáreas a 2026, principalmente en la Amazonia y con el fin de cumplir con la mitad de la meta de cero deforestación a 2030, que se planteó el gobierno de Duque.
Su plan también menciona que se aumentará el fondo de tierras a 2,2 millones de hectáreas, de adjudicar a familias campesinas un millón de hectáreas y de enfocar las fuerzas militares en la especialización y combate tanto de grupos armados organizados (GAO), como de delitos complejos como la minería ilegal, la deforestación, el control en fronteras y el narcotráfico. Aunque es una propuesta amplia, esto último inquieta a los expertos, ya que el enfoque militar y coercitivo ha resultado, en muchos casos, en la violación de los derechos humanos de quienes han habitado estas zonas.
Rodolfo Hernández: esta temática se desarrolla en su programa. El candidato propone garantizar renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques, conformar equipos especializados en las fuerzas militares para detener la deforestación y fortalecer las autoridades ambientales para ejercer sus funciones y judicializar los crímenes de minería y deforestación. Al igual que con la propuesta de Gutiérrez, hay dudas sobre este enfoque militar.
John Milton Rodríguez: esta temática se desarrolla parcialmente en su programa. El candidato propone entregar tierras en áreas de frontera agrícola y enfrentar estructuras ilegales. A pesar de plantear estas medidas, para los expertos no es claro cómo propone hacerles frente a las causas directas e indirectas de la deforestación y la degradación del ambiente.
Enrique Gómez Martínez: no contempla esta temática en su programa.
*Esta nota fue modificada el 25 de mayo, ya que una versión inicial del análisis fue realizada con un antiguo plan de gobierno de John Milton Rodríguez, el cual el candidato actualizó durante las últimas semanas.
Aquí puede revisar otras propuestas de los candidatos: