¿Qué tan sostenible ha sido la reactivación económica de Colombia?

Desde hace más de año, uno de los principales retos a escala mundial ha sido tratar de reducir la propagación del virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que puso al mundo contra las cuerdas. Una de las medidas más efectivas para reducir la transmisión fue el confinamiento estricto, pero uno de los sectores más golpeados con esa estrategia fue la economía. En su informe “Perspectivas económicas mundiales del banco”, el Banco Mundial estima que la economía global se redujo en un 5,2 % durante 2020, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. (Lea: La reactivación económica mundial está lejos de ser verde, advierte la ONU)

Para recuperarse, varios países elaboraron planes de recuperación económica en los que, se supone, deberían impulsar una reactivación verde, justa y resiliente como una oportunidad para generar un mayor crecimiento económico, cumplir con los objetivos ambientales globales y abordar la desigualdad estructural. Sin embargo, un análisis del gasto de las principales economías, dirigido por el Proyecto de Recuperación Económica de Oxford y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que solo el 18 % del gasto anunciado es “verde”.

Y el último reporte publicado por el Índice de Estímulo Verde mostró que las principales economías anunciaron paquetes de estímulo que inyectarán cerca de US$4,6 billones a sectores con gran impacto en las emisiones de carbono y en la naturaleza; algo que va en contravía de la conservación del planeta. Este índice mide los paquetes económicos para evaluar qué tan sostenibles son. Hay treinta países en ese estudio: los del G20 y otros diez, entre ellos Colombia.

Helena García, experta en cambio climático, cuenta que allí “están países como Rusia, que está en el último lugar de la lista, hasta Dinamarca que es el más sostenible. Es un ejercicio interesante porque mide a qué sectores apoyan y bajo qué condiciones. Por ejemplo, hay países que ayudan a ciertos sectores tradicionales intensivos en emisiones, pero lo pueden hacer con cierta condicionalidad”.

Y, aunque en el caso de Colombia existe una visión de reactivación verde y de impulsar las soluciones basadas en la naturaleza mediante la reforestación, conservación y protección de la naturaleza, la calificación que el país recibió en el índice de estímulos verdes sigue siendo negativa, dado que las acciones planteadas no alcanzan a compensar el apoyo a las industrias nacionales, como los sectores de hidrocarburos y minería (que tienen un gran impacto en la naturaleza). De ahí que el país esté en el vigésimo lugar de los treinta países evaluados en el índice.

Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia, explica que, a escala nacional, la reactivación económica se ha dado en dos fases. La primera, que fue al inicio de la pandemia, se enfocó en dar una respuesta inmediata para prevenir y reducir oportunamente la posible propagación del virus, así como en desarrollar actividades prioritarias necesarias para mitigar el impacto humanitario y socioeconómico que el confinamiento tendría, especialmente, en la población en condiciones de vulnerabilidad.

La segunda, con la reciente aprobación del Conpes 4030, establece la política y materializa un plan de inversiones por más de US$135 billones. La estrategia está compuesta por 33 líneas de trabajo y 141 acciones específicas, con las que se buscan consolidar procesos como la transformación energética, la bioeconomía y la economía circular, con planes como la mitigación del incremento de la pobreza, la vulnerabilidad económica de los hogares y la desacumulación de capital humano. También pretende lograr un crecimiento mayor y más sostenible. (Puede leer: Verde, justa y resiliente: claves para una recuperación económica pospandemia)

Con esta política se destinarán US$4 millones para financiar 27 proyectos de energía renovable y se establecerán líneas de crédito del Gobierno que proporcionan un estímulo verde, al apoyar al sector del transporte público. La mayoría de las líneas de crédito de Colombia brindarán apoyo a las pymes, el sector cafetero y la industria del turismo. El plan de recuperación económica considera otros instrumentos de política que han guiado la agenda ambiental del país como el Conpes 3934, mejor conocido como Política de crecimiento verde, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Pero, “para que se enmarque en una recuperación verde, justa y resiliente, una de las oportunidades y los retos que tenemos está en alinearlo con la implementación de los compromisos climáticos que el país asumió hace poco mediante su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el aporte que hará a la lucha contra el cambio climático”. En ese documento, Colombia se comprometió a reducir el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene estimado generar de aquí a 2030, así como a desarrollar una estrategia para ser carbono neutral a 2050, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de París.

Barrera advierte que es necesario alinear los flujos financieros públicos y privados que sean bajos en emisiones y resilientes frente al clima, para que el país pueda promover la transición energética necesaria para fortalecer su competitividad. La transición energética es un elemento determinante para que haya una reactivación económica que transforme efectivamente los sectores y reduzca la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles (cuya quema contribuye al calentamiento global).

El Conpes también plantea poner a las personas en el centro de la recuperación. Pero para lograrlo es necesario que el plan brinde beneficios sociales y resiliencia, basándose en el principio de una transición justa para todos. “Aunque tiene un fuerte componente en mitigación de la pobreza y vulnerabilidad económica, al implementarlo es importante fortalecer los roles y responsabilidades de los pueblos indígenas, comunidades negras y comunidades locales campesinas”, señala Barrera. (Le puede interesar: Aprueban Conpes para manejo de riesgos en proyectos fluviales)

Otro de los puntos claves es mantener y fortalecer los estándares y políticas ambientales existentes, así como desarrollar políticas fiscales y tributarias que permitan incorporar consideraciones socioeconómicas inclusivas y sostenibles en la planificación de la economía nacional, con el fin de que esta fortalezca la convergencia y alineación entre las agendas de clima, biodiversidad y desarrollo económico.

Y aunque la base del documento es impulsar un enfoque de desarrollo sostenible identificando interacciones entre la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico, Barrera asegura que “el tema de la resiliencia es fundamental considerarlo no solo como la capacidad económica que le permite a una región o entidad sobreponerse y adaptarse ante las fuerzas de cambio. También debemos considerar aspectos fundamentales para la recuperación económica, como la resiliencia ecológica y climática”.

Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que, según el Swiss Re Institute (2020), más de la mitad (55 %) del PIB mundial —equivalente a US$41,7 billones— depende de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de alto funcionamiento, y más del 20 % de los países del mundo están corriendo el riesgo de que sus ecosistemas colapsen debido a una disminución de la biodiversidad y los servicios beneficiosos relacionados.

Entonces, Colombia está ante una gran oportunidad: la de implementar una política que, en vez de exacerbar las crisis medioambientales y las desigualdades sociales que vive Latinoamérica, garantice una recuperación económica realmente verde, justa y resiliente. (Lea también: “2021, el año de la recuperación del turismo”: Anato)

Desde hace más de año, uno de los principales retos a escala mundial ha sido tratar de reducir la propagación del virus SARS-CoV-2, un tipo de coronavirus que puso al mundo contra las cuerdas. Una de las medidas más efectivas para reducir la transmisión fue el confinamiento estricto, pero uno de los sectores más golpeados con esa estrategia fue la economía. En su informe “Perspectivas económicas mundiales del banco”, el Banco Mundial estima que la economía global se redujo en un 5,2 % durante 2020, siendo la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. (Lea: La reactivación económica mundial está lejos de ser verde, advierte la ONU)

Para recuperarse, varios países elaboraron planes de recuperación económica en los que, se supone, deberían impulsar una reactivación verde, justa y resiliente como una oportunidad para generar un mayor crecimiento económico, cumplir con los objetivos ambientales globales y abordar la desigualdad estructural. Sin embargo, un análisis del gasto de las principales economías, dirigido por el Proyecto de Recuperación Económica de Oxford y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que solo el 18 % del gasto anunciado es “verde”.

Y el último reporte publicado por el Índice de Estímulo Verde mostró que las principales economías anunciaron paquetes de estímulo que inyectarán cerca de US$4,6 billones a sectores con gran impacto en las emisiones de carbono y en la naturaleza; algo que va en contravía de la conservación del planeta. Este índice mide los paquetes económicos para evaluar qué tan sostenibles son. Hay treinta países en ese estudio: los del G20 y otros diez, entre ellos Colombia.

Helena García, experta en cambio climático, cuenta que allí “están países como Rusia, que está en el último lugar de la lista, hasta Dinamarca que es el más sostenible. Es un ejercicio interesante porque mide a qué sectores apoyan y bajo qué condiciones. Por ejemplo, hay países que ayudan a ciertos sectores tradicionales intensivos en emisiones, pero lo pueden hacer con cierta condicionalidad”.

Y, aunque en el caso de Colombia existe una visión de reactivación verde y de impulsar las soluciones basadas en la naturaleza mediante la reforestación, conservación y protección de la naturaleza, la calificación que el país recibió en el índice de estímulos verdes sigue siendo negativa, dado que las acciones planteadas no alcanzan a compensar el apoyo a las industrias nacionales, como los sectores de hidrocarburos y minería (que tienen un gran impacto en la naturaleza). De ahí que el país esté en el vigésimo lugar de los treinta países evaluados en el índice.

Ximena Barrera, directora de relaciones de gobierno y asuntos internacionales de WWF Colombia, explica que, a escala nacional, la reactivación económica se ha dado en dos fases. La primera, que fue al inicio de la pandemia, se enfocó en dar una respuesta inmediata para prevenir y reducir oportunamente la posible propagación del virus, así como en desarrollar actividades prioritarias necesarias para mitigar el impacto humanitario y socioeconómico que el confinamiento tendría, especialmente, en la población en condiciones de vulnerabilidad.

La segunda, con la reciente aprobación del Conpes 4030, establece la política y materializa un plan de inversiones por más de US$135 billones. La estrategia está compuesta por 33 líneas de trabajo y 141 acciones específicas, con las que se buscan consolidar procesos como la transformación energética, la bioeconomía y la economía circular, con planes como la mitigación del incremento de la pobreza, la vulnerabilidad económica de los hogares y la desacumulación de capital humano. También pretende lograr un crecimiento mayor y más sostenible. (Puede leer: Verde, justa y resiliente: claves para una recuperación económica pospandemia)

Con esta política se destinarán US$4 millones para financiar 27 proyectos de energía renovable y se establecerán líneas de crédito del Gobierno que proporcionan un estímulo verde, al apoyar al sector del transporte público. La mayoría de las líneas de crédito de Colombia brindarán apoyo a las pymes, el sector cafetero y la industria del turismo. El plan de recuperación económica considera otros instrumentos de política que han guiado la agenda ambiental del país como el Conpes 3934, mejor conocido como Política de crecimiento verde, y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Pero, “para que se enmarque en una recuperación verde, justa y resiliente, una de las oportunidades y los retos que tenemos está en alinearlo con la implementación de los compromisos climáticos que el país asumió hace poco mediante su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el aporte que hará a la lucha contra el cambio climático”. En ese documento, Colombia se comprometió a reducir el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene estimado generar de aquí a 2030, así como a desarrollar una estrategia para ser carbono neutral a 2050, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de París.

Barrera advierte que es necesario alinear los flujos financieros públicos y privados que sean bajos en emisiones y resilientes frente al clima, para que el país pueda promover la transición energética necesaria para fortalecer su competitividad. La transición energética es un elemento determinante para que haya una reactivación económica que transforme efectivamente los sectores y reduzca la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles (cuya quema contribuye al calentamiento global).

El Conpes también plantea poner a las personas en el centro de la recuperación. Pero para lograrlo es necesario que el plan brinde beneficios sociales y resiliencia, basándose en el principio de una transición justa para todos. “Aunque tiene un fuerte componente en mitigación de la pobreza y vulnerabilidad económica, al implementarlo es importante fortalecer los roles y responsabilidades de los pueblos indígenas, comunidades negras y comunidades locales campesinas”, señala Barrera. (Le puede interesar: Aprueban Conpes para manejo de riesgos en proyectos fluviales)

Otro de los puntos claves es mantener y fortalecer los estándares y políticas ambientales existentes, así como desarrollar políticas fiscales y tributarias que permitan incorporar consideraciones socioeconómicas inclusivas y sostenibles en la planificación de la economía nacional, con el fin de que esta fortalezca la convergencia y alineación entre las agendas de clima, biodiversidad y desarrollo económico.

Y aunque la base del documento es impulsar un enfoque de desarrollo sostenible identificando interacciones entre la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico, Barrera asegura que “el tema de la resiliencia es fundamental considerarlo no solo como la capacidad económica que le permite a una región o entidad sobreponerse y adaptarse ante las fuerzas de cambio. También debemos considerar aspectos fundamentales para la recuperación económica, como la resiliencia ecológica y climática”.

Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que, según el Swiss Re Institute (2020), más de la mitad (55 %) del PIB mundial —equivalente a US$41,7 billones— depende de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas de alto funcionamiento, y más del 20 % de los países del mundo están corriendo el riesgo de que sus ecosistemas colapsen debido a una disminución de la biodiversidad y los servicios beneficiosos relacionados.

Entonces, Colombia está ante una gran oportunidad: la de implementar una política que, en vez de exacerbar las crisis medioambientales y las desigualdades sociales que vive Latinoamérica, garantice una recuperación económica realmente verde, justa y resiliente. (Lea también: “2021, el año de la recuperación del turismo”: Anato)