¿Quién le teme al Acuerdo de Escazú?

Ya son cuatro las veces que en Congreso se aplaza el debate sobre el Acuerdo de Escazú. Un tratado firmado entre varios países de Latinoamérica y el Caribe que, en pocas palabras, busca que los proyectos de desarrollo sean más equilibrados social y ambientalmente. Aunque son varios los puntos que propone el Acuerdo, los más sonados son el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, el acceso a la justicia ambiental y la protección al medio ambiente. Además, uno de los objetivos más mediáticos es la protección a los líderes ambientales; misión que no es pequeña si se tiene en cuenta que en Colombia, solo el año pasado, asesinaron a 64 defensores del medio ambiente, según Global Witness. (Colombia: el país más letal para ser defensor ambiental)

El proyecto de ley para ratificar Escazú fue radicado con mensaje de urgencia el pasado 20 de julio en el Congreso. Pero el acuerdo parece ahogarse. El debate, que estaba programado para mañana, acaba de volver a ser aplazado.

Lo curioso es que mientras en Colombia se le hace quite al debate, gigantes como la banca multilateral ya han adoptado las obligaciones del Acuerdo de Escazú por su cuenta. El BID, desde la rama que financia al sector público, incluyó varios aspectos del Acuerdo en su nuevo marco de políticas ambientales y sociales que presentó en septiembre. “Durante el proceso de consulta de este marco, uno de los pedidos fue que los clientes del BID, es decir, los gobiernos, tuvieran como referente lo pactado en Escazú. Y desde la primera parte del documento, en la declaración política, hablan de esto”, explica David Cruz, investigador de Ambiente y Sociedad.

“La institución está comprometida a respetar los derechos de acceso a información, participación y justicia en relación con los temas ambientales”, dice el documento. Más adelante, además, reitera que se asegurará de suministrar información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto, “de conformidad con los principios del Acuerdo de Escazú”.

A grandes rasgos, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe. Se comenzó a negociar en 2014 y se enfoca en tres derechos fundamentales en materia ambiental: acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

No busca en ningún caso modificar los requisitos para la aplicación de la consulta previa a las comunidades étnicas. Su propósito es que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a esos tres derechos. Y a diferencia del derecho a la consulta previa, que reconoce la potestad de las comunidades étnicas a decidir sobre las decisiones que puedan afectar sus derechos o sus territorios, el Acuerdo de Escazú establece que todo ciudadano debe tener la posibilidad de acceder a esos tres derechos. También pone la responsabilidad de proteger a los defensores del medio ambiente en hombros de los países firmantes.

Durante la audiencia pública que se realizó en septiembre, fueron varios los gremios que sugirieron al Gobierno no ratificar Escazú. También fueron similares los argumentos que usaron entre ellos para evitar que salga adelante el Acuerdo.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, Asocaña y el Fondo Nacional Avícola, por ejemplo, señalaron que el acceso a la participación podría convertirse en un mecanismo que le pone trabas al “desarrollo económico” y desincentiva ciertos proyectos. Además de creer que expone a las empresas a exponer información confidencial. Pero para los promotores de Escazú esto no es cierto.

Para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), “las razones, que podrían ser más mitos, se orientan en el fondo y esta es una interpretación personal y sin señalamientos específicos, desde un paradigma, que se pensaba superado, en el cual la conservación de la naturaleza frena el desarrollo económico. El punto central de ese paradigma es ¿a qué tipo de desarrollo se hace referencia? ¿Será el que ha imperado en la región con altos índices de inequidad y corrupción? Ese, para mí, reitero, es el debate de fondo. Ahora bien, este Acuerdo internacional se enmarca en los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral. Por ejemplo, los incendios en Pantanal (Brasil) amenaza las inversiones de Países Bajos en Brasil. Hay dificultad para mantener negocios por los altos índices de devastación y degradación ecológica”.

Madrigal señala que entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) defendía Escazú, al menos hasta agosto, cuando envió al gobierno nacional un documento sobre participación ciudadana ambiental en “lineamiento” con el Acuerdo de Escazú, y donde sugieren algunos mecanismos para la participación ciudadana. Entre otras, sugieren que la presencialidad no es necesaria para la participación, una afirmación que podría llegar a ser polémica en casos como el de las audiencias públicas sobre la aspersión aérea con glifosato, que quedaron suspendidas por que, precisamente, la pandemia no permitía la participación virtual de cientos de comunidades. (En contexto: Tribunal de Nariño mantiene suspensión de audiencias sobre glifosato)

La ironía sobre quienes ponen en duda la participación ciudadana está en que el pasado 22 de septiembre, el senador Ernesto Macías envió una carta a la ministra del Interior, Alicia Arango, en donde pide la suspensión del trámite de Escazú en Congreso hasta que no se realice una consulta previa presencial con comunidades indígenas y afrocolombianas. “Manifestamos nuestro profundo y categórico rechazo a la instrumentalización oportunista del derecho fundamental a la consulta previa por parte del senador Macías y de los miembros de su bancada”, señala una carta de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y organizaciones indígenas (MPC). Agregan que el derecho de los pueblos étnicos también está relacionado con la autodeterminación. “Ni el senador Macías, ni ningún tercero tiene autorización de hacer solicitudes de mala fe y sin consentimiento ni aprobación de nosotros”.

Al miedo de Escazú se sumaron más gremios, como la Federación de Cafeteros y la Cámara de Comercio Colombo Americana. Ambos afirmaron que habría mayor inseguridad jurídica en Colombia si se ratifica el Acuerdo. “Existe un riesgo de generar incertidumbre jurídica para la inversión extranjera, ya que establece una serie de disposiciones que van en contravía de los compromisos comerciales del país derivando en controversias ante la OMC por el sentido discriminatorio de esas obligaciones”, explicó la segunda.

Ante este aparente miedo por parte de los gremios Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, invita a continuar el diálogo. “La idea no es que el acuerdo sea un punto de quiebre. Lo importante es conocer a profundidad el contenido y discutirlo técnicamente para fortalecer el debate, teniendo en cuenta que durante su construcción participaron todos los sectores sociales incluyendo el sector privado”, explica. Además, señala que Escazú lo que hace es fortalecer el marco ambiental del país, dándole no sólo más seguridad a las comunidades, sino a los inversionistas, quienes tendrán una mayor garantía de que las leyes serán más efectivas y estables.

Un último argumento en común que utilizaron los gremios fue la supuesta pérdida de soberanía y quedar a merced de la CEPAL u ONG internacionales al hacer parte del Acuerdo. “¿Por qué ceder soberanía cuando Colombia tiene los mecanismos?”, se preguntó el Consejo Gremial Nacional. Mientras, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), afirmó que “La ratificación de este acuerdo estaría integrado al bloque de constitucionalidad, de modo que se cederían importantes competencias judiciales, administrativas y se dejarían en manos de funcionarios de la CEPAL sin ninguna representación ciudadana, y también se dejaría en manos de los jueces de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos y de la Haya”.

Sobre este punto, un documento de “mitos y verdades” producido por la Alianza nacional por el Acuerdo de Escazu aclara que el acuerdo no obliga a someter las controversias a la Corte Internacional de Justicia y ningún Estado podrá obligar a otro a hacer lo mismo, salvo que ambos hayan aceptado de manera voluntaria y expresa dicha jurisdicción. Básicamente, deja a decisión de los estados si someterse o no a la CIDH. El acuerdo tampoco reconoce la competencia de ningún otro tribunal internacional para que este se pronuncie sobre sus obligaciones, como sería el caso de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, es el procedimiento estándar de otros tratados ambientales como el Acuerdo de París o el Convenio de Minamata, que han sido firmados por Colombia. Nada nuevo bajo el sol.

“Es claro que los tratados ambientales no van a cambiar la realidad por sí misma. Se necesita activar un proceso de implementación, pero tener un tratado internacional garantiza que se mantenga en la agenda, moviliza recursos, conocimientos y personas, y eso en las condiciones actuales, en donde defender a los líderes ambientales es complejo y el gobierno no reconoce la sistematicidad de estas muertes, es importante”, dice Sebastián Rubiano, abogado y director de la línea ambiental de Dejusticia.

Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario quien participó en las negociaciones del Acuerdo, concluye así: “La normativa colombiana ya impone requisitos comerciales, laborales, civiles e incluso ambientales para el desarrollo de proyectos productivos, por ejemplo, en las normas de permisos y licencias ambientales y estos nunca se han considerado desincentivos sino reglas mínimas para garantizar el desarrollo sostenible. En este orden de ideas, el Acuerdo no modifica las condiciones que la legislación colombiana impone a los sectores productivos, porque el tratado no incorpora nuevas reglas para los permisos y licencias ni es un tratado comercial. Por esta razón, la interpretación errónea del contenido del Acuerdo es producto del desconocimiento la legislación ambiental y de los requisitos al momento de emprender proyectos productivos”.

Otros países también han encontrado detractores al Acuerdo. En Paraguay, líderes religiosos se opusieron aduciendo que el acuerdo supuestamente traía consigo la “ideología de género”, y en Perú, la preocupación es por las consultas previas, dado que Escazú considera que no solo las comunidades afectadas, sino que todos los ciudadanos tienen posibilidad de acceder a información transparente sobre la gestión del ambiente.

Ya son cuatro las veces que en Congreso se aplaza el debate sobre el Acuerdo de Escazú. Un tratado firmado entre varios países de Latinoamérica y el Caribe que, en pocas palabras, busca que los proyectos de desarrollo sean más equilibrados social y ambientalmente. Aunque son varios los puntos que propone el Acuerdo, los más sonados son el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, el acceso a la justicia ambiental y la protección al medio ambiente. Además, uno de los objetivos más mediáticos es la protección a los líderes ambientales; misión que no es pequeña si se tiene en cuenta que en Colombia, solo el año pasado, asesinaron a 64 defensores del medio ambiente, según Global Witness. (Colombia: el país más letal para ser defensor ambiental)

El proyecto de ley para ratificar Escazú fue radicado con mensaje de urgencia el pasado 20 de julio en el Congreso. Pero el acuerdo parece ahogarse. El debate, que estaba programado para mañana, acaba de volver a ser aplazado.

Lo curioso es que mientras en Colombia se le hace quite al debate, gigantes como la banca multilateral ya han adoptado las obligaciones del Acuerdo de Escazú por su cuenta. El BID, desde la rama que financia al sector público, incluyó varios aspectos del Acuerdo en su nuevo marco de políticas ambientales y sociales que presentó en septiembre. “Durante el proceso de consulta de este marco, uno de los pedidos fue que los clientes del BID, es decir, los gobiernos, tuvieran como referente lo pactado en Escazú. Y desde la primera parte del documento, en la declaración política, hablan de esto”, explica David Cruz, investigador de Ambiente y Sociedad.

“La institución está comprometida a respetar los derechos de acceso a información, participación y justicia en relación con los temas ambientales”, dice el documento. Más adelante, además, reitera que se asegurará de suministrar información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto, “de conformidad con los principios del Acuerdo de Escazú”.

A grandes rasgos, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de los países de América Latina y el Caribe. Se comenzó a negociar en 2014 y se enfoca en tres derechos fundamentales en materia ambiental: acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

No busca en ningún caso modificar los requisitos para la aplicación de la consulta previa a las comunidades étnicas. Su propósito es que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a esos tres derechos. Y a diferencia del derecho a la consulta previa, que reconoce la potestad de las comunidades étnicas a decidir sobre las decisiones que puedan afectar sus derechos o sus territorios, el Acuerdo de Escazú establece que todo ciudadano debe tener la posibilidad de acceder a esos tres derechos. También pone la responsabilidad de proteger a los defensores del medio ambiente en hombros de los países firmantes.

Durante la audiencia pública que se realizó en septiembre, fueron varios los gremios que sugirieron al Gobierno no ratificar Escazú. También fueron similares los argumentos que usaron entre ellos para evitar que salga adelante el Acuerdo.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, Asocaña y el Fondo Nacional Avícola, por ejemplo, señalaron que el acceso a la participación podría convertirse en un mecanismo que le pone trabas al “desarrollo económico” y desincentiva ciertos proyectos. Además de creer que expone a las empresas a exponer información confidencial. Pero para los promotores de Escazú esto no es cierto.

Para Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes (MASP), “las razones, que podrían ser más mitos, se orientan en el fondo y esta es una interpretación personal y sin señalamientos específicos, desde un paradigma, que se pensaba superado, en el cual la conservación de la naturaleza frena el desarrollo económico. El punto central de ese paradigma es ¿a qué tipo de desarrollo se hace referencia? ¿Será el que ha imperado en la región con altos índices de inequidad y corrupción? Ese, para mí, reitero, es el debate de fondo. Ahora bien, este Acuerdo internacional se enmarca en los estudios de la OCDE y los estándares de la Banca Multilateral. Por ejemplo, los incendios en Pantanal (Brasil) amenaza las inversiones de Países Bajos en Brasil. Hay dificultad para mantener negocios por los altos índices de devastación y degradación ecológica”.

Madrigal señala que entidades como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) defendía Escazú, al menos hasta agosto, cuando envió al gobierno nacional un documento sobre participación ciudadana ambiental en “lineamiento” con el Acuerdo de Escazú, y donde sugieren algunos mecanismos para la participación ciudadana. Entre otras, sugieren que la presencialidad no es necesaria para la participación, una afirmación que podría llegar a ser polémica en casos como el de las audiencias públicas sobre la aspersión aérea con glifosato, que quedaron suspendidas por que, precisamente, la pandemia no permitía la participación virtual de cientos de comunidades. (En contexto: Tribunal de Nariño mantiene suspensión de audiencias sobre glifosato)

La ironía sobre quienes ponen en duda la participación ciudadana está en que el pasado 22 de septiembre, el senador Ernesto Macías envió una carta a la ministra del Interior, Alicia Arango, en donde pide la suspensión del trámite de Escazú en Congreso hasta que no se realice una consulta previa presencial con comunidades indígenas y afrocolombianas. “Manifestamos nuestro profundo y categórico rechazo a la instrumentalización oportunista del derecho fundamental a la consulta previa por parte del senador Macías y de los miembros de su bancada”, señala una carta de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y organizaciones indígenas (MPC). Agregan que el derecho de los pueblos étnicos también está relacionado con la autodeterminación. “Ni el senador Macías, ni ningún tercero tiene autorización de hacer solicitudes de mala fe y sin consentimiento ni aprobación de nosotros”.

Al miedo de Escazú se sumaron más gremios, como la Federación de Cafeteros y la Cámara de Comercio Colombo Americana. Ambos afirmaron que habría mayor inseguridad jurídica en Colombia si se ratifica el Acuerdo. “Existe un riesgo de generar incertidumbre jurídica para la inversión extranjera, ya que establece una serie de disposiciones que van en contravía de los compromisos comerciales del país derivando en controversias ante la OMC por el sentido discriminatorio de esas obligaciones”, explicó la segunda.

Ante este aparente miedo por parte de los gremios Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, invita a continuar el diálogo. “La idea no es que el acuerdo sea un punto de quiebre. Lo importante es conocer a profundidad el contenido y discutirlo técnicamente para fortalecer el debate, teniendo en cuenta que durante su construcción participaron todos los sectores sociales incluyendo el sector privado”, explica. Además, señala que Escazú lo que hace es fortalecer el marco ambiental del país, dándole no sólo más seguridad a las comunidades, sino a los inversionistas, quienes tendrán una mayor garantía de que las leyes serán más efectivas y estables.

Un último argumento en común que utilizaron los gremios fue la supuesta pérdida de soberanía y quedar a merced de la CEPAL u ONG internacionales al hacer parte del Acuerdo. “¿Por qué ceder soberanía cuando Colombia tiene los mecanismos?”, se preguntó el Consejo Gremial Nacional. Mientras, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), afirmó que “La ratificación de este acuerdo estaría integrado al bloque de constitucionalidad, de modo que se cederían importantes competencias judiciales, administrativas y se dejarían en manos de funcionarios de la CEPAL sin ninguna representación ciudadana, y también se dejaría en manos de los jueces de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos y de la Haya”.

Sobre este punto, un documento de “mitos y verdades” producido por la Alianza nacional por el Acuerdo de Escazu aclara que el acuerdo no obliga a someter las controversias a la Corte Internacional de Justicia y ningún Estado podrá obligar a otro a hacer lo mismo, salvo que ambos hayan aceptado de manera voluntaria y expresa dicha jurisdicción. Básicamente, deja a decisión de los estados si someterse o no a la CIDH. El acuerdo tampoco reconoce la competencia de ningún otro tribunal internacional para que este se pronuncie sobre sus obligaciones, como sería el caso de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, es el procedimiento estándar de otros tratados ambientales como el Acuerdo de París o el Convenio de Minamata, que han sido firmados por Colombia. Nada nuevo bajo el sol.

“Es claro que los tratados ambientales no van a cambiar la realidad por sí misma. Se necesita activar un proceso de implementación, pero tener un tratado internacional garantiza que se mantenga en la agenda, moviliza recursos, conocimientos y personas, y eso en las condiciones actuales, en donde defender a los líderes ambientales es complejo y el gobierno no reconoce la sistematicidad de estas muertes, es importante”, dice Sebastián Rubiano, abogado y director de la línea ambiental de Dejusticia.

Lina Muñoz, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario quien participó en las negociaciones del Acuerdo, concluye así: “La normativa colombiana ya impone requisitos comerciales, laborales, civiles e incluso ambientales para el desarrollo de proyectos productivos, por ejemplo, en las normas de permisos y licencias ambientales y estos nunca se han considerado desincentivos sino reglas mínimas para garantizar el desarrollo sostenible. En este orden de ideas, el Acuerdo no modifica las condiciones que la legislación colombiana impone a los sectores productivos, porque el tratado no incorpora nuevas reglas para los permisos y licencias ni es un tratado comercial. Por esta razón, la interpretación errónea del contenido del Acuerdo es producto del desconocimiento la legislación ambiental y de los requisitos al momento de emprender proyectos productivos”.

Otros países también han encontrado detractores al Acuerdo. En Paraguay, líderes religiosos se opusieron aduciendo que el acuerdo supuestamente traía consigo la “ideología de género”, y en Perú, la preocupación es por las consultas previas, dado que Escazú considera que no solo las comunidades afectadas, sino que todos los ciudadanos tienen posibilidad de acceder a información transparente sobre la gestión del ambiente.