Radican demanda para que se anulen las concesiones mineras en Cajamarca

Las organizaciones que promovieron la consulta popular de Cajamarca en la que el 99% del municipio le dijo NO a la mina a cielo abierto La Colosa, acaban de interponer una demanda para que se declaren nulos los tres contratos de explotación minera en el municipio que siguen vigentes entre la Agencia Nacional de Minería y la empresa Anglo Gold Ashanti.

“Pedimos que los contratos dejen de existir porque el objeto de los contratos es incompatible, actualmente, con nuestra decisión de prohibir la minería”, señalaron las organizaciones en un comunicado. De acuerdo con ellos, los contratos, que se firmaron antes de la consulta popular del 26 de marzo de 2017,  serían inválidos gracias a los resultados de la votación. En dichos comicios, 6.165 cajamarcunos (el 97,9% de los votos) votaron por no permitir la minería en el municipio.

A la fecha, ya existe un acuerdo municipal que adopta los resultados de la consulta y Cortolima, la autoridad ambiental de la región, expidió la Resolución No. 1963 de 2018, ordenando dar cumplimiento a la consulta popular del municipio de Cajamarca. Sin embargo, denuncian las organizaciones, la Agencia Nacional de Minería siguió avanzando con trámites administrativos relacionados con los contratos de concesión minera.

Es en este contexto en el que se interpone la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “De acuerdo con las normas colombianas todos los contratos deben tener un objeto que cumpla con los requisitos legales y constitucionales. Hoy día, el objeto de los contratos, es ilícito e imposible de cumplir”, explicaron las organizaciones, que están siendo legalmente asesoradas por la organización Tierra Digna, que también acompañó a las comunidades de Chocó en el fallo que declaró al río Atrato como sujeto de derechos.

De acuerdo con lo informado en un comunicado, su argumento jurídico es que si bien en el momento en el que se firmaron los contratos cumplían todas las condiciones legales, desde entonces, las reglas de juego han cambiado y hay nuevas normas jurídicas –el acuerdo municipal y las órdenes de Cortolima que ordenan hacer efectivos los resultados– . “La consulta”, se lee en un comunicado, “convirtió lo que antes era lícito (explorar y explotar minerales) en ilícito. Esto quiere decir que, actualmente, no deberían existir contratos mineros en el municipio”.

Hasta el momento, ni la Agencia Nacional Minera y ni la compañía Anglo Gold Ashanti se han pronunciado respecto a la demanda.

Las organizaciones que promovieron la consulta popular de Cajamarca en la que el 99% del municipio le dijo NO a la mina a cielo abierto La Colosa, acaban de interponer una demanda para que se declaren nulos los tres contratos de explotación minera en el municipio que siguen vigentes entre la Agencia Nacional de Minería y la empresa Anglo Gold Ashanti.

“Pedimos que los contratos dejen de existir porque el objeto de los contratos es incompatible, actualmente, con nuestra decisión de prohibir la minería”, señalaron las organizaciones en un comunicado. De acuerdo con ellos, los contratos, que se firmaron antes de la consulta popular del 26 de marzo de 2017,  serían inválidos gracias a los resultados de la votación. En dichos comicios, 6.165 cajamarcunos (el 97,9% de los votos) votaron por no permitir la minería en el municipio.

A la fecha, ya existe un acuerdo municipal que adopta los resultados de la consulta y Cortolima, la autoridad ambiental de la región, expidió la Resolución No. 1963 de 2018, ordenando dar cumplimiento a la consulta popular del municipio de Cajamarca. Sin embargo, denuncian las organizaciones, la Agencia Nacional de Minería siguió avanzando con trámites administrativos relacionados con los contratos de concesión minera.

Es en este contexto en el que se interpone la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. “De acuerdo con las normas colombianas todos los contratos deben tener un objeto que cumpla con los requisitos legales y constitucionales. Hoy día, el objeto de los contratos, es ilícito e imposible de cumplir”, explicaron las organizaciones, que están siendo legalmente asesoradas por la organización Tierra Digna, que también acompañó a las comunidades de Chocó en el fallo que declaró al río Atrato como sujeto de derechos.

De acuerdo con lo informado en un comunicado, su argumento jurídico es que si bien en el momento en el que se firmaron los contratos cumplían todas las condiciones legales, desde entonces, las reglas de juego han cambiado y hay nuevas normas jurídicas –el acuerdo municipal y las órdenes de Cortolima que ordenan hacer efectivos los resultados– . “La consulta”, se lee en un comunicado, “convirtió lo que antes era lícito (explorar y explotar minerales) en ilícito. Esto quiere decir que, actualmente, no deberían existir contratos mineros en el municipio”.

Hasta el momento, ni la Agencia Nacional Minera y ni la compañía Anglo Gold Ashanti se han pronunciado respecto a la demanda.