El miércoles 29 de mayo concluyeron las audiencias públicas sobre emergencia climática convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición de los Estados de Chile y Colombia, realizadas en las ciudades de Barbados, Brasilia y Manaos. La importancia del proceso se vio reflejada en el amplio número de observaciones presentadas por parte de organizaciones, instituciones educativas, colectivos y personas defensoras del medio ambiente, así como en la variedad de temáticas abordadas.
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En las audiencias se abordaron desde aspectos relacionados con la ciencia climática y la importancia de que los gobiernos la incorporen en el centro de la toma de decisiones; hasta los impactos que el calentamiento del planeta tiene en las formas de vida de las personas y comunidades más vulnerables, así como la necesidad de garantizar los derechos al territorio como una medida clave para enfrentar la emergencia climática.
Alrededor de cada una de las temáticas abordadas se han generado debates de suma importancia. Uno de los aspectos sobre los cuales es posible afirmar que existe un consenso generalizado, es sobre la importancia que tiene la mitigación de los contaminantes de vida corta, particularmente el metano (CH4), como una medida estratégica para enfrentar la emergencia climática.
Como ha sido recogido por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el CH4, si bien permanece por menos años en la atmosfera que el CO2, tiene un potencial de calentamiento hasta ochenta veces mayor, lo que intensifica la velocidad con la que aumenta la temperatura del planeta. En un contexto de emergencia como el que nos encontramos, reducir emisiones de metano significa ganar tiempo en la lucha contra el cambio climático.
En este sentido, reducciones sostenidas y sistemáticas de las emisiones de metano resulta fundamental para limitar el aumento de la temperatura en el corto plazo. Además, reduce los riesgos asociados al calentamiento global, como fenómenos extremos, y genera enormes beneficios para la calidad del aire y la salud de las personas.
Para lograr dicha reducción, diversas organizaciones realizaron propuestas muy concretas que pueden ser incorporadas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ejemplo, en términos de prevención, se requiere fortalecer la institucionalidad y los marcos normativos relacionados con los contaminantes de vida corta. Asimismo, el Acuerdo de Escazú marca la ruta para que las personas y organizaciones puedan contar con recursos judiciales efectivos para reclamar el incumplimiento de las regulaciones con plazos fatales y sistemas de monitoreo para el cumplimiento de sentencias.
El proceso de la Opinión Consultiva representa una oportunidad histórica para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpore en su resolución estándares y obligaciones específicas para los Estados relacionados con los contaminantes de vida corte. Esto no solo marcará una ruta más clara de actuación para los gobiernos, sino también generará un terreno de exigencia más sólido para que organizaciones, comunidades y personas que defienden la naturaleza realicen ejercicios de rendición de cuentas.
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