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Como ha sucedido en ocasiones anteriores, el impuesto al carbono ha vuelto a ser motivo de controversia. En esta ocasión, la razón tiene que ver con la reforma tributaria: en uno de sus últimos artículos elimina la destinación que, hasta el momento, tiene ese tributo y que, esencialmente, iba para asuntos ambientales. (Lea Gobierno Petro no incluyó en la tributaria impuestos al cigarrillo ni a vapeadores)
La modificación tiene muy inquietos a varias organizaciones y algunos ambientalistas. “Gran ‘conejazo’ del gobierno de Gustavo Petro a los recursos económicos para el medio ambiente: en el proyecto de ley de la reforma tributaria se deroga la destinación específica de un 50% de los recaudos del impuesto al carbono para asuntos ambientales y de cambio climático”, escribió el Twitter el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. (Los “peros” al impuesto a las gaseosas en la nueva reforma tributaria)
“Ejecutar los recursos del impuesto para financiar proyectos que mitiguen los impactos de la contaminación es imperativo, pero eso no significa eliminar su destinación exclusiva y castigar al sector ambiental en el momento más crítico para el planeta”, expresó en un comunicado la organización WWF.
“El país no puede dar este timonazo. Estamos ante una oportunidad única de, no solo mantener este mecanismo, sino buscar alternativas de financiación complementarias al impuesto al carbono para fortalecer un sector que exige acciones inmediatas”, señaló en otro apartado.
Para ser precisos, lo que sucede es lo siguiente: en el artículo 96 de la reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro se pide la derogación de varios artículos de otras leyes, entre esos el 223 de la Ley 1819 de 2016. Este último es, justamente, el que se refiere a la destinación de la plata recaudada a través del impuesto al carbono.
Palabras más, palabras menos, ese tributo, que debe pagar la industria de los combustibles fósiles, se destinaba, una parte, al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el conflicto; y otra, a asuntos ambientales como la erosión costera o la conservación de fuentes hídricas (aunque ha sufrido varias modificaciones y diversos intentos de cambiar su destinación).
Según WWF, con ese impuesto se recaudó en 2021 los $425 mil millones. “Es fundamental para que el país contribuya al cumplimiento de metas globales en clima y biodiversidad y para la puesta en marcha del Programa Herencia Colombia. Es una cifra no menor, pues supera incluso el insuficiente presupuesto de inversión asignado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo para 2023, de $383 mil millones, correspondiente al 1% del total de gasto de inversión del gobierno”, añade la organización.
“La ejecución del impuesto al carbono es susceptible de mejora. Lo evidencian los constantes cambios luego de seis años. Tras su destinación inicial al Fondo Colombia en Paz, en 2016, ha sufrido cinco modificaciones. Ejecutar los recursos del impuesto para financiar proyectos que mitiguen los impactos de la contaminación es imperativo, pero eso no significa eliminar su destinación exclusiva”, añade esta ONG en el comunicado que publicaron este 7 de octubre.
La situación también prendió las alarmas entre algunos congresistas. La representante a la Cámara y exdirectora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda, manifestó, por ejemplo, su descontento.
“El impuesto al carbono debe tener una destinación específica para poder conducir recursos a lucha, mitigación y adaptación frente al cambio climático. Sin financiamiento, es difícil consolidar una agenda contundente y pertinente de protección ambiental y cambio climático”, apuntó en Twitter.
Para tratar de atajar ese “gol” que le quieren meter al sector ambiental, Miranda anunció este viernes que ya radicó una proposición para que se modifique este artículo de la reforma tributaria. La idea es que se elimine la propuesta de derogar el artículo que especifica hacia dónde va a parar la plata del impuesto al carbono.
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