Retornar para cuidar el bosque: la cruzada de Yaguara II

*Esta historia hace parte de Tierra de Resistentes, un proyecto periodístico colaborativo para documentar los ataques contra quienes defienden la naturaleza en América Latina.

Nunca se supo de Escolástico Ducuara. Quienes lo conocieron dicen que era un hombre trabajador y de temperamento fuerte. Rígido contra el sistema de la guerra. Que no titubeaba para hablar con los del monte cuando estos con falsas promesas querían reclutar a los más jóvenes y llevárselos selva adentro con un fusil colgando del hombro. Dicen que era la piedra en el zapato para las antiguas Farc y que, precisamente por eso, el 2 de mayo de 2004 lo desaparecieron y jamás se volvió a saber de él. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿En dónde está su cuerpo?

Dieciséis años después, siguen estando vigentes las mismas preguntas que aún no tienen respuestas. Los más viejos, sin embargo, aseguran que fue el grupo guerrillero, que firmó un acuerdo de paz en 2016 y dejó sus armas un año después, quien se lo llevó a sus 87 años.

Escolástico Ducuara fue uno de los fundadores del resguardo indígena Llanos del Yarí- Yaguara II, constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos pijao, tucano y piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano.

Arribar a tierra desconocida

Los primeros exploradores fueron los pijao, quienes llegaron a tantear el terreno en el año 1964, transportados y asistidos por la Fuerza Aérea Colombiana desde Chaparral, en el sur del Tolima. Huían de la violencia bipartidista que asolaba a Colombia desde los años 40 y del despojo de gran parte de sus tierras. Fue el Estado quien los animó a asentarse en una nueva región. De los Andes llegaron a la Amazonia sin saber cazar ni navegar. Aprendieron de la agricultura de tumba y poco a poco fueron adaptando el suelo forastero a los cerdos, las gallinas y el ganado. Quemaron el monte, abrieron las primeras trochas y construyeron pequeños puentes. Otros arribaron después serpenteando el río Tunia buscando alternativas distintas al caucho, las pieles animales y la coca. 

—Mi papá le pidió permiso a Escolástico para que nos dejara vivir acá y él nos acogió como parte de la comunidad —cuenta la piratapuyo Ilda Barra Builes, de 44 años— Ellos rayaban palos de caucho, le sacaban la leche y hacían unos cuerotes grandes para los patrones. Después trabajaron con pieles de tigrillo, pero eso era muy duro porque los blancos nos tenían de esclavos. Los blancos maltrataban y violaban mujeres.

Barra —con una melena lisa y negra que le roza la cadera, y delgada como un espagueti— recuerda que tardó 25 días en llegar a Yaguara II desde la cuenca del río Apaporis. Ella y su familia remaron en canoa río arriba y atravesaron el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en época de verano para aprovechar las peñas que se forman porque, en sus palabras, “si el agua se crece, solo quedan dos opciones: ahogarse o perderse”. Un año después todos se marcharon, menos Ilda. Fue la única que se quedó, y resistió la peor parte.

La aparente tranquilidad terminó en el año 2004. Las Farc dieron la orden de que cualquier persona con apellido Bocanegra tenía que abandonar el resguardo en menos de 72 horas.

Solo tres familias se quedaron en Yaguara II —entre ellas la de Barra, que ya no estaba sola sino con varios hijos pequeños—. “El 93% de la población fue víctima del desplazamiento forzado (…) y de la desaparición forzosa de tres miembros de la comunidad: Escolástico Ducuara, Orlando Cruz y Serafín Méndez”, según relata el 'Plan de salvaguarda étnica del pueblo pijao' elaborado por el Ministerio del Interior. La mayoría de esas familias se asentaron en el casco urbano de San Vicente del Caguán, en un área llamada Villa Norte, donde todavía siguen. Otras buscaron rumbos hacia Villavicencio, Bogotá, Granada, Neiva, Ibagué e incluso por fuera del país. El tejido social se rompió.

—Fue tan duro ese día. Todo el mundo llorando y mirando qué cositas se podían llevar para no perder lo que se trabajó con tanto esfuerzo —cuenta Luis Carvajal, de 72 años, ya con varios agujeros visibles en la boca por la falta de dientes— y así fueron saliendo los Bocanegra, pero después todos por la presión y el miedo a represalias. Usted siente que queda en el aire, ¿me entiende? Que todo se le revuelve y no sabe qué hacer con la vida.  Y ahora cuando hay ganas de regresar por esto de la paz, pues ya no tengo edad para usar el hacha, la guadaña o la sierra. Le llegó el turno a otra generación.

La deforestación tras el desplazamiento

El 26 de septiembre de 2017 llegó con un aire de triunfo. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, en Ibagué, otorgó medidas cautelares en pro de la protección de la comunidad del resguardo Llanos del Yarí —Yaguara II como víctima colectiva del conflicto armado en Colombia. El juez reconoció no solo los hechos de violencia perpetrados contra ellos por las Farc, especialmente por los frentes 14 y 15 de la columna móvil Teófilo Forero y algunas veces por el frente primero del Guaviare, sino también el aumento “dramático” de la deforestación y la presencia de cultivos de uso ilícito “a partir del abandono del territorio”.

En el Auto 0263, el mismo juez le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Corpoamazonía, CDA y Cormacarena —que son las tres autoridades ambientales regionales con jurisdicción en la zona del resguardo— y a la Fiscalía General implementar una “estrategia integral e inmediata” para que cese la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II. La orden fue más allá: las autoridades deberían judicializar a las personas que “trafiquen la madera extraída sin permiso” y poner a andar un “plan de reforestación y recuperación ambiental”.

A partir de imágenes satelitales y sobrevuelos aéreos, efectivamente se puede identificar y dimensionar la pérdida de bosque natural al interior del resguardo indígena. Si de manera simplista trazáramos una línea horizontal para dividir al territorio en dos, en la parte superior está concentrada la deforestación, especialmente en las veredas El Retiro, El Jordán y El Morichal, que hacen parte del municipio La Macarena, y en la vereda Itilla, de Calamar. Allí las carreteras —que se abren como espinas de pescado hacia distintas direcciones— llegan a conectarse con la famosa Marginal de la Selva, un viejo y muy controvertido proyecto vial para recortar los 381 kilómetros que separan entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. Las retroexcavadoras y motosierras han ido tumbando parte del tapete verde de la Amazonia colombiana a un ritmo preocupante.

En un sobrevuelo aéreo realizado en 2019 se corroboró el fenómeno de deforestación dentro del territorio indígena, así como la ampliación de lotes para ganadería. Crédito: FCDS.

Era difícil que Yaguara II, al estar ubicado en medio de los tres departamentos más deforestados del país, saliera librado de ese flagelo. El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lo corrobora: en el año 2018, el 9,3% de la deforestación nacional (cerca de 18.300 hectáreas) ocurrió al interior de resguardos indígenas. Después del Nukak-Makú en Guaviare, Yaguara II es el más crítico de todos: se arrasaron con 2.348 hectáreas de bosque en un solo año. Eso significa más de 6 hectáreas por día, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. Cada parche de bosque tumbado, en promedio, mide 8 hectáreas.

Sin embargo, los datos a una escala de 1:25.000 —mayor a la que tiene el Gobierno Nacional— muestran un cuadro más preocupante.  El área de los lotes abiertos entre abril de 2018 a septiembre de 2019, está entre 0,5 y 57 hectáreas. En ese periodo se talaron 2.037 hectáreas de bosque, según el monitoreo que ha hecho la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que trabaja en esa región. Sus investigadores identificaron dos pistas aéreas: una es la del mismo caserío —de 1 kilómetro, aproximadamente, construida por los primeros indígenas que llegaron a habitar Yaguara II y en donde la Fuerza Aérea aterrizaba dos veces al mes para dejarles víveres suficientes— y otra ilegal de 1,4 kilómetros, ubicada en el limite occidental del resguardo en las sabanas del Yarí, que la comunidad pide con insistencia se inhabilite.

—Este es uno de los resguardos indígenas más grandes al noroccidente de la Amazonia colombiana —explica la economista Gloria González, encargada del relacionamiento con pueblos indígenas en la FCDS— y es importante porque es un corredor que permite la conectividad entre las sabanas del Yarí y la selva amazónica, entre las áreas protegidas de La Macarena y Chiribiquete. Si se tumba, se rompe ese flujo.

Eso significa que el resguardo está situado sobre uno de los corredores biológicos más importantes que hay entre los Andes y la Amazonia colombiana, que permite un flujo e intercambio genético de un lado al otro. Al ritmo en el que se está desconectando, cada vez se vuelve más difícil para una especie ‘cruzar’ y colonizar otros lugares. En palabras coloquiales: van quedando poblaciones aisladas, con poco margen de maniobra para moverse. El paisaje corre el riesgo de volverse menos diverso.

Corpoamazonía, la autoridad ambiental en el departamento de Caquetá, reconoce que “es urgente la entrada al territorio (para frenar la deforestación) pero en compañía de las Fuerzas Militares debido a la complejidad topográfica y de orden público” en Yaguara II, según dijo en su respuesta a un derecho de petición para conocer los avances en el cumplimiento de las órdenes dadas por el juez de Ibagué. Su director, Mario Ángel Barón, señaló que han realizado ocho reuniones de trabajo (tanto internas como con la comunidad), pero insiste en que “no hay garantías ni apoyo logístico para entrar a la zona y realizar la verificación de la denuncia ambiental interpuesta”. Pese a esas dificultades, más “una vía de acceso en pésimas condiciones”, la autoridad logró evidenciar que —en palabras de Barón—  “las sabanas que pertenecen al resguardo están siendo quemadas con fines de ganadería”. 

La respuesta de Cormacarena, que es responsable ambiental de la zona en el Meta, va en la misma línea. Su subdirector de gestión y control ambiental, Wilson Eduardo Zárate, se refirió a Yaguara II como “una zona de orden público delicado y bastante distante del casco urbano”, lo que “condiciona y limita el ejercicio de la autoridad ambiental en el control de la deforestación e implementación del protocolo de restauración”. Como el resguardo queda a más de 40 kilómetros de La Macarena, señala Zárate, “a los funcionarios les es imposible cumplir con sus labores sin el acompañamiento de la Fuerza Pública”, que “se ha solicitado en vano”.

La información que brinda la CDA, autoridad ambiental en Guaviare, sigue el mismo camino: escasez de personal, largas distancias y disidencias. Sobre el aumento de la deforestación, el subdirector de calidad ambiental, Gabriel Polo, asegura que se "disparó" en 2016 por las negociaciones de paz, pues "las Farc ejercían control y prohibían las altas talas de bosque, pero las familias campesinas aprovecharon esta coyuntura para agrandar sus fincas para la ganadería".

Mientras eso ocurre, desde el aire el bosque luce mordisqueado y con varios parches de selva calcinados. Pero esa sigue siendo una mirada insuficiente, macro. Los tres municipios de los que hace parte Yaguara II tienen más de 36.000 registros biológicos, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de Colombia: en La Macarena son 27.309; en San Vicente del Caguán, 6.995; y en Calamar, 2.475. Solo en el área que corresponde al territorio indígena, hay 769 registros de 400 especies distintas.

Es justamente esa biodiversidad la que también se busca proteger con la orden judicial. El Ministerio de Ambiente siente que sus esfuerzos van en la dirección correcta y señala como avances: la creación del Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef), el operativo Artemisa, que está en marcha desde abril de 2019 y es catalogado como la gran apuesta del gobierno contra los verdugos de los recursos naturales. También se nombra al programa Visión Amazonía —que es financiado por Alemania, Noruega y Reino Unido—, y el Pacto por la sostenibilidad ‘producir conservando y conservar produciendo’.

Ninguna de esas acciones se hizo en Yaguara II. Ni detalla el Ministerio alguna estrategia para ese territorio en particular, tal y como se le ordenó. 

Las amenazas

Hace exactamente un año, un día de marzo, la esposa de Alexander Bocanegra Méndez, el gobernador del cabildo indígena, llegó al resguardo acompañada de tres familiares más. Apareció a las 2 de la madrugada como si la estuviesen persiguiendo. Como si se hubiese escapado y luego hubiera atravesado corriendo, sin descanso, decenas de kilómetros de trocha, monte y sabana con la esperanza de no encontrar a su marido tirado en el suelo. Muerto. Llegó sin previo aviso, tras recibir una llamada con un mensaje escueto pero que atravesó su cuerpo como un sablazo: “Avísenle a Alex que lo van a matar”.

En Yaguara II no hay señal de celular. Ese mismo mes Bocanegra fue a la Defensoría del Pueblo a alertar a las autoridades que su vida corría peligro. “El señor Samuel Tumbo, que está invadiendo el territorio de Yaguara II, el 15 de marzo se reunió con un jefe de las disidencias de las Farc donde ofreció armas y dinero para que me asesinaran. Al parecer aceptó y dijo que ‘ahora era objetivo militar’. Desde ese día temo por mi vida”, se lee en su declaración.

Ese integrante de la antigua guerrilla —que decidió no acogerse al acuerdo de paz— al que alude Bocanegra era Mario López Córdoba, alias el ‘Negro Edward’, quien murió en un bombardeo del Ejército en junio de 2019. Según los informes de inteligencia, había sido delegado por el disidente 'Gentil Duarte' para expandir este grupo armado en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, "especialmente para controlar la cadena de producción y comercialización de droga con carteles de narcotráfico en el exterior".

Un tiempo después, Alexander Bocanegra cuenta que se reunió y conversó durante 45 minutos con el comandante de las disidencias ‘Gildardo Cucho’ para esclarecer su estado de seguridad, pero éste también murió luego en otra operación militar en zona rural de San Vicente del Caguán que fue catalogada por el presidente Iván Duque como “meticulosa e impecable” a pesar de que luego se descubrió que había ocasionado la muerte de varios menores de edad, generando un escándalo nacional.

“Así que nunca pude saber bien qué pasó, si sí me iban a matar o no. Quedé en el limbo”, dice él.

Alexander Bocanegra Méndez, gobernador del cabildo indígena LLanos del Yarí-Yaguara II. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra

Bocanegra decidió salir de la zona. La Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un hombre de seguridad —un indígena de la comunidad y sin armamento—, cambió sus rutinas y se fue del departamento esperando que la tensión menguara. En este país, donde según cifras de la ONU fueron asesinados 107 defensores de los derechos humanos en 2019, el 98% en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados, proteger la selva, los ríos, los páramos y animales es una labor que puede pagarse con la vida misma.

A Alexander Bocanegra le ha costado su tranquilidad. En una reunión que tuvo con colonos de la vereda Monte Bello, por ejemplo, recuerda que cuando tomó la palabra para explicarle a la gente que estaban invadiendo un territorio indígena, esto fue lo que le respondieron sin titubear: "Es que a usted toca es matarlo para que deje de estar escarbando donde no tiene que meter las narices" y "A estos indios hay que acabarlos para poder seguir trabajando acá".

Su único hijo está encaramado en una reja para poder escuchar lo que su padre responde. Tal vez por eso Bocanegra prefiere decir de manera escueta que está bien, que él se cuida y tiene seguridad. Pero luego, cuando el niño se baja y se va con su cámara a tomar fotos, hace una pausa y llora. Al cabo de un rato recupera el aliento: "Todos los días me levanto de la cama esperando poderme acostar otra vez. Me da miedo no regresar a la casa".

El territorio colectivo de los pueblos pijao, piratapuyo y tucano hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Esto significa que las 146.500 hectáreas que el Incora les adjudicó en 1995 se encuentran blindadas ante cualquier acción que implique su enajenación o la transferencia de sus derechos de propiedad.

Yolima Isabel Jurado, de la URT y quien acompaña el proceso de cerca, es quien solicita la restitución de derechos territoriales a favor de las tres comunidades indígenas —atendiendo a su calidad de víctimas del conflicto—. La funcionaria pública detalló en 96 páginas los hechos que han afectado sus derechos a un gobierno propio, al uso y goce efectivo del territorio conforme a sus prácticas tradicionales, al ambiente sano, a la seguridad jurídica de la propiedad colectiva del territorio, y a la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.

La demanda que interpone Jurado, quien ejerce la representación judicial, también llama la atención sobre el rol de la naturaleza. Subraya que las dos carreteras que construyeron las Farc entre 1998 y 2002, en la época en que el entonces presidente Andrés Pastrana decretó una zona de despeje de 42 mil kilómetros cuadrados que incluía Yaguara II en medio de su proceso de paz fallido con esa guerrilla, “implicó la tala de bosque, el rompimiento de nichos ecológicos, la huida de especies, la explotación de maderables para puentes y, posterior a ello, la llegada de colonos, cazadores y pescadores que aumentaron la presión sobre el ecosistema y sus recursos”. En ese mismo periodo, asegura, se “reclutaron forzosamente a 12 niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 20 años, hecho que se configura como una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

También se mencionan bombardeos aéreos militares —sobretodo el de 1997 en el marco de la operación del Ejército Destructor II—, así como la existencia de 4 hectáreas activas con cultivos de hoja de coca dentro de los linderos y de 4 minas antipersonal.

Atenais Méndez, la mamá de Bocanegra, teme día y noche por la vida de su hijo. Lo resume en una línea, con la voz entrecortada: “¿Y si Alex es el nuevo Escolástico? ¿Y si un día no lo vuelvo a ver más?”.

Retornar sí, pero no así

A finales de diciembre de 2019, una chiva que llevaba a 70 indígenas a bordo salió de San Vicente del Caguán hacia Yaguara II. Eran las 5 de la mañana y una luna llena todavía iluminaba el andar. Los adultos habían empacado lo necesario para el viaje: ollas y bolsas llenas de comida, colchonetas enrolladas, sábanas, almohadas, hamacas, carpas, productos de aseo y hasta una moto y una bicicleta amarradas con cabuya en la parte trasera. El bus anduvo durante 200 kilómetros, casi 11 horas, levantando el polvo rojo del suelo arcilloso, hasta llegar al lugar que en otra época llamaban hogar. Con hijos grandes y nietos en brazos, llegaron para definir el futuro de su territorio.

Para algunos era la primera vez, después de 16 años de desplazamiento, que pisaban Yaguara II. Se saludaban y abrazaban. Curioseaban sobre los achaques que vienen con la vejez, que si el dolor articular en las rodillas, que los tobillos inflamados por el calor, que la pérdida de visión o la espalda encorvada. Adivinaban si todavía el río Tunia tendría la misma cantidad de peces como el jaco, el jurari y el guaruco que antes, si los cultivos de maíz y yuca seguían en el mismo lugar, o si sus antiguas casas estarían aún en pie o más bien enmarañadas de plantas. Hablaban sobre el destino que labraron cuando el miedo los obligó a irse y los muchos oficios que tuvieron que aprender para sobrevivir: electricista, zapatero, carpintero, empleada doméstica, niñera, obrero, peluquera, cargador de bultos en la plaza de mercado. Pero, lo más importante, se preguntaban si querían volver y en qué condiciones. ¿Y si la violencia volviera a tocarles la puerta? “Ya no podríamos aguantar”, dicen. “Otra vez no”.

—Creemos que recuperando estos espacios podemos frenar la deforestación —comenta Alexander Bocanegra, de 33 años, abriendo los brazos a su alrededor—. Las heridas que hoy tiene la naturaleza son las mismas que a nosotros nos dejó la guerra con el desplazamiento, las desapariciones y las muertes. Ahora queremos sanar con ella, vivir de ella y cuidarla para las próximas generaciones.

Bocanegra está convencido de que para frenar la deforestación ellos deben fortalecer la guardia indígena y hacer presencia en el territorio. Aunque durante esos días 90 familias —de 99— firmaron un acta en donde manifestaron su deseo de retornar de manera voluntaria al resguardo, el Estado aún no ha brindado las garantías de seguridad y dignidad que se requieren para que eso sea una realidad.

—En el marco de la restitución de derechos territoriales, las comunidades indígenas acceden a medidas de asistencia, atención y reparación integral—explica la abogada Jurado— eso se traduce no solo en realizar esfuerzos y acciones para devolverles su territorio, sino en que esa devolución esté acompañada de calidad de vida de acuerdo a las costumbres y cosmovisión de los pueblos (etno-educación, educación occidental, salud, construcción o mejoramientos de viviendas, proyectos productivos, soberanía alimentaria...).

El plan de retorno del resguardo, que fue una orden dada por el juez de restitución de Ibagué, lo realizó la alcaldía de San Vicente del Caguán bajo el acompañamiento de la Unidad de Víctimas, creada por el gobierno Santos para identificar y reparar a las 8,9 millones de víctimas de medio siglo de conflicto armado. El documento no detalla la hoja de ruta para hacer efectivo el retorno, simplemente enumera ciertas condiciones que deben darse: brindar herramientas esenciales para la prestación de primeros auxilios,  construir una maloka para las actividades comunitarias, adecuar un escenario deportivo y poner un kiosco Vive Digital que garantice la conectividad de la escuela, mejorar la vivienda de 14 familias que ya viven en Yaguara II, construir 68 viviendas para la población que hace falta, construir una electrificación por celda fotovoltaica para las 82 familias y un puerto fluvial sobre el río Tunia.

Llanos del Yarí- Yaguara II fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas. La mayoría de la comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en 2004. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra.

En todo caso, por más que todo lo anterior ya existiese, hay algo que falta: aún no hay seguridad. Y “si no hay seguridad tampoco hay retorno. No se va a poner en riesgo a la gente”, señala Deiby Madrigal, funcionario de la dirección de asuntos étnicos de la Unidad de Víctimas en Caquetá. “El escenario de conflicto continúa y es una de las dificultades para que la comunidad sea reparada; porque para ser reparada necesitan territorio”.

De la lista de cosas que hay que chulear para que los pijao, piratapuyo y tucano retornen y sean reparados, explica Madrigal, solo se han hecho dos cosas: identificar quiénes conforman Yaguara II y explicarle tanto a la comunidad como a las entidades públicas en qué consiste el programa y cuáles serán las respectivas competencias de cada uno. “Una vez que la mayoría retorne se instala la consulta previa con el Ministerio del Interior, dado que hay que caracterizar los daños que sufrieron (en tiempo, modo y lugar) y luego pasar a la formulación del plan de reparación (que incluye medidas materiales e inmateriales)”. La implementación del plan tarda aproximadamente tres años. No dice cuánto podría demorar todo.

Madrigal, sin embargo, sí reconoce que “el riesgo para el gobernador Alexander Bocanegra y los demás es permanente. Es un territorio donde hay muchos intereses…con cultivos ilícitos, ruta de narcotráfico, grupos armados...”.

Las abejas y la chagra

En Llanos del Yarí- Yaguara II la humedad se mezcla con el sol abrasador del medio día y se enquista en la piel sin misericordia alguna. En la noche, en cambio, un manto de estrellas cubre el cielo y el fresco arrulla el sueño. En el resguardo indígena hay una escuela de primaria con una pizarra de tiza abrigada por las telarañas, unas casas construidas en madera a las que poco a poco la hierba, como quien recupera lo suyo con el paso del tiempo, las ha ido devorando y habitando hasta solo dejarles el tejado a la vista. Una iglesia destartalada, una camioneta para las labores comunales, un cementerio, un sitio sagrado conocido como Las Cruces y una tierra en la que los mayores recuerdan haber dejado cultivos de maíz, caña de azúcar, yuca, cebolla, zanahoria, ahuyama, pepino, piña, guayaba, guama y chontaduro.

El gobernador Alexander Bocanegra habla con firmeza. Lo escuchan. Se para al frente de la comunidad y les explica, punto por punto, en qué ha avanzado el proyecto de forestería comunitaria que meses atrás le propusieron a Visión Amazonía, el programa del Gobierno colombiano para alcanzar la deforestación neta 0 en este 2020. Su propuesta está dividida en cuatro componentes: construir el plan de vida (que es como la hoja de ruta de una comunidad indígena), formular e implementar el plan de ordenamiento ambiental, fortalecer la seguridad alimentaria y construir un núcleo de desarrollo forestal sostenible. La inversión, que ya fue aprobada , es de 828 millones de pesos y serán ejecutados durante 18 meses por la FCDS.

—Yo necesito que ustedes me digan si le vamos a meter la ficha a esto o no… y sean sinceros —pregunta Bocanegra a los 70 indígenas que llegaron para participar de la asamblea— porque si solo diez quieren trabajar, pues con diez trabajo. Si retornamos esto deja de ser ‘mi finca’, mi pedazo de tierra, y se convierte en territorio colectivo. Nuestro. De todos. El vivero, la huerta casera, la chagra… nos vamos a empoderar porque la riqueza que tenemos es enorme. ¿Estamos?

En Yaguara II hay hay 769 registros de 400 especies distintas en el Sistema de Biodiversidad de Colombia-SIB. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra.

Bocanegra sabe que los pijao, piratapuyo y tucano se sienten caminando en un lodazal con temor a que el barro les llegue al cuello y amenace con ahogarlos, pero él les repite tajante y con una dosis de optimismo el mensaje: “Ustedes no pueden esperar a que el Estado venga a salvarnos. De una vez les digo que eso no va a pasar. Pero sí saldremos adelante con esfuerzo. No podemos matar al tigre y asustarnos con el cuero”. 

Ilda Barra se entusiasma con la idea de que vuelvan. Mientras prepara el sancocho y cuelga las tripas del cerdo en una cuerda cerca al fogón de leña, recuerda que no haberse marchado de Yaguara II le significó dolor, pues “corría sangre de un lado y de otro” y "me sentía sola día y noche".

—Estuve asustada y triste. Más triste que cualquier otra cosa. Me quedé acá porque tenía una ratonera de hijos y no estaba dispuesta a irme a mendigar a las calles sin poder darles de comer (…) pero yo quiero que retornen, ¿sí? mi corazón se volvió a alegrar cuando los vi otra vez. Es que después de 2004 la soledad se volvió tristeza.

Los tres pueblos indígenas se están preparando. Ya dejaron por escrito cuáles son los derechos y deberes que tienen con las 146.500 hectáreas de su territorio. En el ‘reglamento interno’ queda claro que los miembros de la comunidad tienen el derecho de “disfrutar responsablemente de los recursos”, pero tienen el deber “de proteger y cuidarlos”. Entre los principios básicos, además de la equidad, la solidaridad y el trabajo colectivo, están el respeto al conocimiento ancestral y a la naturaleza.

Para retornar y asentarse nuevamente decidieron apostarle a proyectos agropecuarios, pero sostenibles. Eso irá acompañado de pesca, caza y agricultura tradicional (chagra). De ecoturismo y de la venta de miel de abejas. Cada familia, estipulan ellos, podrá disponer de 150 hectáreas (el 50% se conserva) para trabajar en pequeños cultivos de pancoger y de ganadería, pero solo en el modelo silvopastoril que mezcla vacas con árboles para lograr mayor productividad por hectárea.

El manual no siempre suena como una constitución. También tiene pasajes de elocuencia casi poética, como cuando prometen que las sabanas naturales del Yarí, los arrabales, las moricheras, los caños que atraviesan la tierra, las lagunas y demás áreas de vegetación natural no serán repartidas, ni para la vivienda ni para el trabajo agropecuario de las familias. "Serán de responsabilidad colectiva”.

La comunidad ha decidido que estará prohibida la caza de animales como venados, pavas, paujiles, tigrillos o “tigres”, que es como ellos llaman a los jaguares. Se permite cazar dantas y borugas (agoutis) solo en casos especiales, y cajuches, chigüiros y manaos “exclusivamente para consumo de las familias y regulado de acuerdo con las temporadas y lugares”. Las lagunas son “sitios sagrados para la comunidad” y "por ningún motivo" se permitirá la siembra o el procesamiento de cultivos de uso ilícito ni la minería.

*Esta historia hace parte de Tierra de Resistentes, un proyecto periodístico colaborativo para documentar los ataques contra quienes defienden la naturaleza en América Latina.

Nunca se supo de Escolástico Ducuara. Quienes lo conocieron dicen que era un hombre trabajador y de temperamento fuerte. Rígido contra el sistema de la guerra. Que no titubeaba para hablar con los del monte cuando estos con falsas promesas querían reclutar a los más jóvenes y llevárselos selva adentro con un fusil colgando del hombro. Dicen que era la piedra en el zapato para las antiguas Farc y que, precisamente por eso, el 2 de mayo de 2004 lo desaparecieron y jamás se volvió a saber de él. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? ¿En dónde está su cuerpo?

Dieciséis años después, siguen estando vigentes las mismas preguntas que aún no tienen respuestas. Los más viejos, sin embargo, aseguran que fue el grupo guerrillero, que firmó un acuerdo de paz en 2016 y dejó sus armas un año después, quien se lo llevó a sus 87 años.

Escolástico Ducuara fue uno de los fundadores del resguardo indígena Llanos del Yarí- Yaguara II, constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos pijao, tucano y piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano.

Arribar a tierra desconocida

Los primeros exploradores fueron los pijao, quienes llegaron a tantear el terreno en el año 1964, transportados y asistidos por la Fuerza Aérea Colombiana desde Chaparral, en el sur del Tolima. Huían de la violencia bipartidista que asolaba a Colombia desde los años 40 y del despojo de gran parte de sus tierras. Fue el Estado quien los animó a asentarse en una nueva región. De los Andes llegaron a la Amazonia sin saber cazar ni navegar. Aprendieron de la agricultura de tumba y poco a poco fueron adaptando el suelo forastero a los cerdos, las gallinas y el ganado. Quemaron el monte, abrieron las primeras trochas y construyeron pequeños puentes. Otros arribaron después serpenteando el río Tunia buscando alternativas distintas al caucho, las pieles animales y la coca. 

—Mi papá le pidió permiso a Escolástico para que nos dejara vivir acá y él nos acogió como parte de la comunidad —cuenta la piratapuyo Ilda Barra Builes, de 44 años— Ellos rayaban palos de caucho, le sacaban la leche y hacían unos cuerotes grandes para los patrones. Después trabajaron con pieles de tigrillo, pero eso era muy duro porque los blancos nos tenían de esclavos. Los blancos maltrataban y violaban mujeres.

Barra —con una melena lisa y negra que le roza la cadera, y delgada como un espagueti— recuerda que tardó 25 días en llegar a Yaguara II desde la cuenca del río Apaporis. Ella y su familia remaron en canoa río arriba y atravesaron el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete en época de verano para aprovechar las peñas que se forman porque, en sus palabras, “si el agua se crece, solo quedan dos opciones: ahogarse o perderse”. Un año después todos se marcharon, menos Ilda. Fue la única que se quedó, y resistió la peor parte.

La aparente tranquilidad terminó en el año 2004. Las Farc dieron la orden de que cualquier persona con apellido Bocanegra tenía que abandonar el resguardo en menos de 72 horas.

Solo tres familias se quedaron en Yaguara II —entre ellas la de Barra, que ya no estaba sola sino con varios hijos pequeños—. “El 93% de la población fue víctima del desplazamiento forzado (…) y de la desaparición forzosa de tres miembros de la comunidad: Escolástico Ducuara, Orlando Cruz y Serafín Méndez”, según relata el 'Plan de salvaguarda étnica del pueblo pijao' elaborado por el Ministerio del Interior. La mayoría de esas familias se asentaron en el casco urbano de San Vicente del Caguán, en un área llamada Villa Norte, donde todavía siguen. Otras buscaron rumbos hacia Villavicencio, Bogotá, Granada, Neiva, Ibagué e incluso por fuera del país. El tejido social se rompió.

—Fue tan duro ese día. Todo el mundo llorando y mirando qué cositas se podían llevar para no perder lo que se trabajó con tanto esfuerzo —cuenta Luis Carvajal, de 72 años, ya con varios agujeros visibles en la boca por la falta de dientes— y así fueron saliendo los Bocanegra, pero después todos por la presión y el miedo a represalias. Usted siente que queda en el aire, ¿me entiende? Que todo se le revuelve y no sabe qué hacer con la vida.  Y ahora cuando hay ganas de regresar por esto de la paz, pues ya no tengo edad para usar el hacha, la guadaña o la sierra. Le llegó el turno a otra generación.

La deforestación tras el desplazamiento

El 26 de septiembre de 2017 llegó con un aire de triunfo. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, en Ibagué, otorgó medidas cautelares en pro de la protección de la comunidad del resguardo Llanos del Yarí —Yaguara II como víctima colectiva del conflicto armado en Colombia. El juez reconoció no solo los hechos de violencia perpetrados contra ellos por las Farc, especialmente por los frentes 14 y 15 de la columna móvil Teófilo Forero y algunas veces por el frente primero del Guaviare, sino también el aumento “dramático” de la deforestación y la presencia de cultivos de uso ilícito “a partir del abandono del territorio”.

En el Auto 0263, el mismo juez le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Corpoamazonía, CDA y Cormacarena —que son las tres autoridades ambientales regionales con jurisdicción en la zona del resguardo— y a la Fiscalía General implementar una “estrategia integral e inmediata” para que cese la tala indiscriminada de bosque al interior de Yaguara II. La orden fue más allá: las autoridades deberían judicializar a las personas que “trafiquen la madera extraída sin permiso” y poner a andar un “plan de reforestación y recuperación ambiental”.

A partir de imágenes satelitales y sobrevuelos aéreos, efectivamente se puede identificar y dimensionar la pérdida de bosque natural al interior del resguardo indígena. Si de manera simplista trazáramos una línea horizontal para dividir al territorio en dos, en la parte superior está concentrada la deforestación, especialmente en las veredas El Retiro, El Jordán y El Morichal, que hacen parte del municipio La Macarena, y en la vereda Itilla, de Calamar. Allí las carreteras —que se abren como espinas de pescado hacia distintas direcciones— llegan a conectarse con la famosa Marginal de la Selva, un viejo y muy controvertido proyecto vial para recortar los 381 kilómetros que separan entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare. Las retroexcavadoras y motosierras han ido tumbando parte del tapete verde de la Amazonia colombiana a un ritmo preocupante.

En un sobrevuelo aéreo realizado en 2019 se corroboró el fenómeno de deforestación dentro del territorio indígena, así como la ampliación de lotes para ganadería. Crédito: FCDS.

Era difícil que Yaguara II, al estar ubicado en medio de los tres departamentos más deforestados del país, saliera librado de ese flagelo. El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lo corrobora: en el año 2018, el 9,3% de la deforestación nacional (cerca de 18.300 hectáreas) ocurrió al interior de resguardos indígenas. Después del Nukak-Makú en Guaviare, Yaguara II es el más crítico de todos: se arrasaron con 2.348 hectáreas de bosque en un solo año. Eso significa más de 6 hectáreas por día, la cifra más alta registrada en las últimas dos décadas. Cada parche de bosque tumbado, en promedio, mide 8 hectáreas.

Sin embargo, los datos a una escala de 1:25.000 —mayor a la que tiene el Gobierno Nacional— muestran un cuadro más preocupante.  El área de los lotes abiertos entre abril de 2018 a septiembre de 2019, está entre 0,5 y 57 hectáreas. En ese periodo se talaron 2.037 hectáreas de bosque, según el monitoreo que ha hecho la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que trabaja en esa región. Sus investigadores identificaron dos pistas aéreas: una es la del mismo caserío —de 1 kilómetro, aproximadamente, construida por los primeros indígenas que llegaron a habitar Yaguara II y en donde la Fuerza Aérea aterrizaba dos veces al mes para dejarles víveres suficientes— y otra ilegal de 1,4 kilómetros, ubicada en el limite occidental del resguardo en las sabanas del Yarí, que la comunidad pide con insistencia se inhabilite.

—Este es uno de los resguardos indígenas más grandes al noroccidente de la Amazonia colombiana —explica la economista Gloria González, encargada del relacionamiento con pueblos indígenas en la FCDS— y es importante porque es un corredor que permite la conectividad entre las sabanas del Yarí y la selva amazónica, entre las áreas protegidas de La Macarena y Chiribiquete. Si se tumba, se rompe ese flujo.

Eso significa que el resguardo está situado sobre uno de los corredores biológicos más importantes que hay entre los Andes y la Amazonia colombiana, que permite un flujo e intercambio genético de un lado al otro. Al ritmo en el que se está desconectando, cada vez se vuelve más difícil para una especie ‘cruzar’ y colonizar otros lugares. En palabras coloquiales: van quedando poblaciones aisladas, con poco margen de maniobra para moverse. El paisaje corre el riesgo de volverse menos diverso.

Corpoamazonía, la autoridad ambiental en el departamento de Caquetá, reconoce que “es urgente la entrada al territorio (para frenar la deforestación) pero en compañía de las Fuerzas Militares debido a la complejidad topográfica y de orden público” en Yaguara II, según dijo en su respuesta a un derecho de petición para conocer los avances en el cumplimiento de las órdenes dadas por el juez de Ibagué. Su director, Mario Ángel Barón, señaló que han realizado ocho reuniones de trabajo (tanto internas como con la comunidad), pero insiste en que “no hay garantías ni apoyo logístico para entrar a la zona y realizar la verificación de la denuncia ambiental interpuesta”. Pese a esas dificultades, más “una vía de acceso en pésimas condiciones”, la autoridad logró evidenciar que —en palabras de Barón—  “las sabanas que pertenecen al resguardo están siendo quemadas con fines de ganadería”. 

La respuesta de Cormacarena, que es responsable ambiental de la zona en el Meta, va en la misma línea. Su subdirector de gestión y control ambiental, Wilson Eduardo Zárate, se refirió a Yaguara II como “una zona de orden público delicado y bastante distante del casco urbano”, lo que “condiciona y limita el ejercicio de la autoridad ambiental en el control de la deforestación e implementación del protocolo de restauración”. Como el resguardo queda a más de 40 kilómetros de La Macarena, señala Zárate, “a los funcionarios les es imposible cumplir con sus labores sin el acompañamiento de la Fuerza Pública”, que “se ha solicitado en vano”.

La información que brinda la CDA, autoridad ambiental en Guaviare, sigue el mismo camino: escasez de personal, largas distancias y disidencias. Sobre el aumento de la deforestación, el subdirector de calidad ambiental, Gabriel Polo, asegura que se "disparó" en 2016 por las negociaciones de paz, pues "las Farc ejercían control y prohibían las altas talas de bosque, pero las familias campesinas aprovecharon esta coyuntura para agrandar sus fincas para la ganadería".

Mientras eso ocurre, desde el aire el bosque luce mordisqueado y con varios parches de selva calcinados. Pero esa sigue siendo una mirada insuficiente, macro. Los tres municipios de los que hace parte Yaguara II tienen más de 36.000 registros biológicos, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB) de Colombia: en La Macarena son 27.309; en San Vicente del Caguán, 6.995; y en Calamar, 2.475. Solo en el área que corresponde al territorio indígena, hay 769 registros de 400 especies distintas.

Es justamente esa biodiversidad la que también se busca proteger con la orden judicial. El Ministerio de Ambiente siente que sus esfuerzos van en la dirección correcta y señala como avances: la creación del Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef), el operativo Artemisa, que está en marcha desde abril de 2019 y es catalogado como la gran apuesta del gobierno contra los verdugos de los recursos naturales. También se nombra al programa Visión Amazonía —que es financiado por Alemania, Noruega y Reino Unido—, y el Pacto por la sostenibilidad ‘producir conservando y conservar produciendo’.

Ninguna de esas acciones se hizo en Yaguara II. Ni detalla el Ministerio alguna estrategia para ese territorio en particular, tal y como se le ordenó. 

Las amenazas

Hace exactamente un año, un día de marzo, la esposa de Alexander Bocanegra Méndez, el gobernador del cabildo indígena, llegó al resguardo acompañada de tres familiares más. Apareció a las 2 de la madrugada como si la estuviesen persiguiendo. Como si se hubiese escapado y luego hubiera atravesado corriendo, sin descanso, decenas de kilómetros de trocha, monte y sabana con la esperanza de no encontrar a su marido tirado en el suelo. Muerto. Llegó sin previo aviso, tras recibir una llamada con un mensaje escueto pero que atravesó su cuerpo como un sablazo: “Avísenle a Alex que lo van a matar”.

En Yaguara II no hay señal de celular. Ese mismo mes Bocanegra fue a la Defensoría del Pueblo a alertar a las autoridades que su vida corría peligro. “El señor Samuel Tumbo, que está invadiendo el territorio de Yaguara II, el 15 de marzo se reunió con un jefe de las disidencias de las Farc donde ofreció armas y dinero para que me asesinaran. Al parecer aceptó y dijo que ‘ahora era objetivo militar’. Desde ese día temo por mi vida”, se lee en su declaración.

Ese integrante de la antigua guerrilla —que decidió no acogerse al acuerdo de paz— al que alude Bocanegra era Mario López Córdoba, alias el ‘Negro Edward’, quien murió en un bombardeo del Ejército en junio de 2019. Según los informes de inteligencia, había sido delegado por el disidente 'Gentil Duarte' para expandir este grupo armado en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, "especialmente para controlar la cadena de producción y comercialización de droga con carteles de narcotráfico en el exterior".

Un tiempo después, Alexander Bocanegra cuenta que se reunió y conversó durante 45 minutos con el comandante de las disidencias ‘Gildardo Cucho’ para esclarecer su estado de seguridad, pero éste también murió luego en otra operación militar en zona rural de San Vicente del Caguán que fue catalogada por el presidente Iván Duque como “meticulosa e impecable” a pesar de que luego se descubrió que había ocasionado la muerte de varios menores de edad, generando un escándalo nacional.

“Así que nunca pude saber bien qué pasó, si sí me iban a matar o no. Quedé en el limbo”, dice él.

Alexander Bocanegra Méndez, gobernador del cabildo indígena LLanos del Yarí-Yaguara II. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra

Bocanegra decidió salir de la zona. La Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un hombre de seguridad —un indígena de la comunidad y sin armamento—, cambió sus rutinas y se fue del departamento esperando que la tensión menguara. En este país, donde según cifras de la ONU fueron asesinados 107 defensores de los derechos humanos en 2019, el 98% en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados, proteger la selva, los ríos, los páramos y animales es una labor que puede pagarse con la vida misma.

A Alexander Bocanegra le ha costado su tranquilidad. En una reunión que tuvo con colonos de la vereda Monte Bello, por ejemplo, recuerda que cuando tomó la palabra para explicarle a la gente que estaban invadiendo un territorio indígena, esto fue lo que le respondieron sin titubear: "Es que a usted toca es matarlo para que deje de estar escarbando donde no tiene que meter las narices" y "A estos indios hay que acabarlos para poder seguir trabajando acá".

Su único hijo está encaramado en una reja para poder escuchar lo que su padre responde. Tal vez por eso Bocanegra prefiere decir de manera escueta que está bien, que él se cuida y tiene seguridad. Pero luego, cuando el niño se baja y se va con su cámara a tomar fotos, hace una pausa y llora. Al cabo de un rato recupera el aliento: "Todos los días me levanto de la cama esperando poderme acostar otra vez. Me da miedo no regresar a la casa".

El territorio colectivo de los pueblos pijao, piratapuyo y tucano hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Esto significa que las 146.500 hectáreas que el Incora les adjudicó en 1995 se encuentran blindadas ante cualquier acción que implique su enajenación o la transferencia de sus derechos de propiedad.

Yolima Isabel Jurado, de la URT y quien acompaña el proceso de cerca, es quien solicita la restitución de derechos territoriales a favor de las tres comunidades indígenas —atendiendo a su calidad de víctimas del conflicto—. La funcionaria pública detalló en 96 páginas los hechos que han afectado sus derechos a un gobierno propio, al uso y goce efectivo del territorio conforme a sus prácticas tradicionales, al ambiente sano, a la seguridad jurídica de la propiedad colectiva del territorio, y a la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.

La demanda que interpone Jurado, quien ejerce la representación judicial, también llama la atención sobre el rol de la naturaleza. Subraya que las dos carreteras que construyeron las Farc entre 1998 y 2002, en la época en que el entonces presidente Andrés Pastrana decretó una zona de despeje de 42 mil kilómetros cuadrados que incluía Yaguara II en medio de su proceso de paz fallido con esa guerrilla, “implicó la tala de bosque, el rompimiento de nichos ecológicos, la huida de especies, la explotación de maderables para puentes y, posterior a ello, la llegada de colonos, cazadores y pescadores que aumentaron la presión sobre el ecosistema y sus recursos”. En ese mismo periodo, asegura, se “reclutaron forzosamente a 12 niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 20 años, hecho que se configura como una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

También se mencionan bombardeos aéreos militares —sobretodo el de 1997 en el marco de la operación del Ejército Destructor II—, así como la existencia de 4 hectáreas activas con cultivos de hoja de coca dentro de los linderos y de 4 minas antipersonal.

Atenais Méndez, la mamá de Bocanegra, teme día y noche por la vida de su hijo. Lo resume en una línea, con la voz entrecortada: “¿Y si Alex es el nuevo Escolástico? ¿Y si un día no lo vuelvo a ver más?”.

Retornar sí, pero no así

A finales de diciembre de 2019, una chiva que llevaba a 70 indígenas a bordo salió de San Vicente del Caguán hacia Yaguara II. Eran las 5 de la mañana y una luna llena todavía iluminaba el andar. Los adultos habían empacado lo necesario para el viaje: ollas y bolsas llenas de comida, colchonetas enrolladas, sábanas, almohadas, hamacas, carpas, productos de aseo y hasta una moto y una bicicleta amarradas con cabuya en la parte trasera. El bus anduvo durante 200 kilómetros, casi 11 horas, levantando el polvo rojo del suelo arcilloso, hasta llegar al lugar que en otra época llamaban hogar. Con hijos grandes y nietos en brazos, llegaron para definir el futuro de su territorio.

Para algunos era la primera vez, después de 16 años de desplazamiento, que pisaban Yaguara II. Se saludaban y abrazaban. Curioseaban sobre los achaques que vienen con la vejez, que si el dolor articular en las rodillas, que los tobillos inflamados por el calor, que la pérdida de visión o la espalda encorvada. Adivinaban si todavía el río Tunia tendría la misma cantidad de peces como el jaco, el jurari y el guaruco que antes, si los cultivos de maíz y yuca seguían en el mismo lugar, o si sus antiguas casas estarían aún en pie o más bien enmarañadas de plantas. Hablaban sobre el destino que labraron cuando el miedo los obligó a irse y los muchos oficios que tuvieron que aprender para sobrevivir: electricista, zapatero, carpintero, empleada doméstica, niñera, obrero, peluquera, cargador de bultos en la plaza de mercado. Pero, lo más importante, se preguntaban si querían volver y en qué condiciones. ¿Y si la violencia volviera a tocarles la puerta? “Ya no podríamos aguantar”, dicen. “Otra vez no”.

—Creemos que recuperando estos espacios podemos frenar la deforestación —comenta Alexander Bocanegra, de 33 años, abriendo los brazos a su alrededor—. Las heridas que hoy tiene la naturaleza son las mismas que a nosotros nos dejó la guerra con el desplazamiento, las desapariciones y las muertes. Ahora queremos sanar con ella, vivir de ella y cuidarla para las próximas generaciones.

Bocanegra está convencido de que para frenar la deforestación ellos deben fortalecer la guardia indígena y hacer presencia en el territorio. Aunque durante esos días 90 familias —de 99— firmaron un acta en donde manifestaron su deseo de retornar de manera voluntaria al resguardo, el Estado aún no ha brindado las garantías de seguridad y dignidad que se requieren para que eso sea una realidad.

—En el marco de la restitución de derechos territoriales, las comunidades indígenas acceden a medidas de asistencia, atención y reparación integral—explica la abogada Jurado— eso se traduce no solo en realizar esfuerzos y acciones para devolverles su territorio, sino en que esa devolución esté acompañada de calidad de vida de acuerdo a las costumbres y cosmovisión de los pueblos (etno-educación, educación occidental, salud, construcción o mejoramientos de viviendas, proyectos productivos, soberanía alimentaria...).

El plan de retorno del resguardo, que fue una orden dada por el juez de restitución de Ibagué, lo realizó la alcaldía de San Vicente del Caguán bajo el acompañamiento de la Unidad de Víctimas, creada por el gobierno Santos para identificar y reparar a las 8,9 millones de víctimas de medio siglo de conflicto armado. El documento no detalla la hoja de ruta para hacer efectivo el retorno, simplemente enumera ciertas condiciones que deben darse: brindar herramientas esenciales para la prestación de primeros auxilios,  construir una maloka para las actividades comunitarias, adecuar un escenario deportivo y poner un kiosco Vive Digital que garantice la conectividad de la escuela, mejorar la vivienda de 14 familias que ya viven en Yaguara II, construir 68 viviendas para la población que hace falta, construir una electrificación por celda fotovoltaica para las 82 familias y un puerto fluvial sobre el río Tunia.

Llanos del Yarí- Yaguara II fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas. La mayoría de la comunidad fue víctima del desplazamiento forzado en 2004. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra.

En todo caso, por más que todo lo anterior ya existiese, hay algo que falta: aún no hay seguridad. Y “si no hay seguridad tampoco hay retorno. No se va a poner en riesgo a la gente”, señala Deiby Madrigal, funcionario de la dirección de asuntos étnicos de la Unidad de Víctimas en Caquetá. “El escenario de conflicto continúa y es una de las dificultades para que la comunidad sea reparada; porque para ser reparada necesitan territorio”.

De la lista de cosas que hay que chulear para que los pijao, piratapuyo y tucano retornen y sean reparados, explica Madrigal, solo se han hecho dos cosas: identificar quiénes conforman Yaguara II y explicarle tanto a la comunidad como a las entidades públicas en qué consiste el programa y cuáles serán las respectivas competencias de cada uno. “Una vez que la mayoría retorne se instala la consulta previa con el Ministerio del Interior, dado que hay que caracterizar los daños que sufrieron (en tiempo, modo y lugar) y luego pasar a la formulación del plan de reparación (que incluye medidas materiales e inmateriales)”. La implementación del plan tarda aproximadamente tres años. No dice cuánto podría demorar todo.

Madrigal, sin embargo, sí reconoce que “el riesgo para el gobernador Alexander Bocanegra y los demás es permanente. Es un territorio donde hay muchos intereses…con cultivos ilícitos, ruta de narcotráfico, grupos armados...”.

Las abejas y la chagra

En Llanos del Yarí- Yaguara II la humedad se mezcla con el sol abrasador del medio día y se enquista en la piel sin misericordia alguna. En la noche, en cambio, un manto de estrellas cubre el cielo y el fresco arrulla el sueño. En el resguardo indígena hay una escuela de primaria con una pizarra de tiza abrigada por las telarañas, unas casas construidas en madera a las que poco a poco la hierba, como quien recupera lo suyo con el paso del tiempo, las ha ido devorando y habitando hasta solo dejarles el tejado a la vista. Una iglesia destartalada, una camioneta para las labores comunales, un cementerio, un sitio sagrado conocido como Las Cruces y una tierra en la que los mayores recuerdan haber dejado cultivos de maíz, caña de azúcar, yuca, cebolla, zanahoria, ahuyama, pepino, piña, guayaba, guama y chontaduro.

El gobernador Alexander Bocanegra habla con firmeza. Lo escuchan. Se para al frente de la comunidad y les explica, punto por punto, en qué ha avanzado el proyecto de forestería comunitaria que meses atrás le propusieron a Visión Amazonía, el programa del Gobierno colombiano para alcanzar la deforestación neta 0 en este 2020. Su propuesta está dividida en cuatro componentes: construir el plan de vida (que es como la hoja de ruta de una comunidad indígena), formular e implementar el plan de ordenamiento ambiental, fortalecer la seguridad alimentaria y construir un núcleo de desarrollo forestal sostenible. La inversión, que ya fue aprobada , es de 828 millones de pesos y serán ejecutados durante 18 meses por la FCDS.

—Yo necesito que ustedes me digan si le vamos a meter la ficha a esto o no… y sean sinceros —pregunta Bocanegra a los 70 indígenas que llegaron para participar de la asamblea— porque si solo diez quieren trabajar, pues con diez trabajo. Si retornamos esto deja de ser ‘mi finca’, mi pedazo de tierra, y se convierte en territorio colectivo. Nuestro. De todos. El vivero, la huerta casera, la chagra… nos vamos a empoderar porque la riqueza que tenemos es enorme. ¿Estamos?

En Yaguara II hay hay 769 registros de 400 especies distintas en el Sistema de Biodiversidad de Colombia-SIB. Crédito: Tatiana Pardo Ibarra.

Bocanegra sabe que los pijao, piratapuyo y tucano se sienten caminando en un lodazal con temor a que el barro les llegue al cuello y amenace con ahogarlos, pero él les repite tajante y con una dosis de optimismo el mensaje: “Ustedes no pueden esperar a que el Estado venga a salvarnos. De una vez les digo que eso no va a pasar. Pero sí saldremos adelante con esfuerzo. No podemos matar al tigre y asustarnos con el cuero”. 

Ilda Barra se entusiasma con la idea de que vuelvan. Mientras prepara el sancocho y cuelga las tripas del cerdo en una cuerda cerca al fogón de leña, recuerda que no haberse marchado de Yaguara II le significó dolor, pues “corría sangre de un lado y de otro” y "me sentía sola día y noche".

—Estuve asustada y triste. Más triste que cualquier otra cosa. Me quedé acá porque tenía una ratonera de hijos y no estaba dispuesta a irme a mendigar a las calles sin poder darles de comer (…) pero yo quiero que retornen, ¿sí? mi corazón se volvió a alegrar cuando los vi otra vez. Es que después de 2004 la soledad se volvió tristeza.

Los tres pueblos indígenas se están preparando. Ya dejaron por escrito cuáles son los derechos y deberes que tienen con las 146.500 hectáreas de su territorio. En el ‘reglamento interno’ queda claro que los miembros de la comunidad tienen el derecho de “disfrutar responsablemente de los recursos”, pero tienen el deber “de proteger y cuidarlos”. Entre los principios básicos, además de la equidad, la solidaridad y el trabajo colectivo, están el respeto al conocimiento ancestral y a la naturaleza.

Para retornar y asentarse nuevamente decidieron apostarle a proyectos agropecuarios, pero sostenibles. Eso irá acompañado de pesca, caza y agricultura tradicional (chagra). De ecoturismo y de la venta de miel de abejas. Cada familia, estipulan ellos, podrá disponer de 150 hectáreas (el 50% se conserva) para trabajar en pequeños cultivos de pancoger y de ganadería, pero solo en el modelo silvopastoril que mezcla vacas con árboles para lograr mayor productividad por hectárea.

El manual no siempre suena como una constitución. También tiene pasajes de elocuencia casi poética, como cuando prometen que las sabanas naturales del Yarí, los arrabales, las moricheras, los caños que atraviesan la tierra, las lagunas y demás áreas de vegetación natural no serán repartidas, ni para la vivienda ni para el trabajo agropecuario de las familias. "Serán de responsabilidad colectiva”.

La comunidad ha decidido que estará prohibida la caza de animales como venados, pavas, paujiles, tigrillos o “tigres”, que es como ellos llaman a los jaguares. Se permite cazar dantas y borugas (agoutis) solo en casos especiales, y cajuches, chigüiros y manaos “exclusivamente para consumo de las familias y regulado de acuerdo con las temporadas y lugares”. Las lagunas son “sitios sagrados para la comunidad” y "por ningún motivo" se permitirá la siembra o el procesamiento de cultivos de uso ilícito ni la minería.