Retrasar la transición energética podría costarle a Colombia 88.000 millones de dólares

En el corazón de muchas de las discusiones sobre la transición energética en Colombia está a qué ritmo hacerla. A diferencia de países europeos o del llamado “Norte Global”, Colombia aporta solo el 0.6 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Por cifras como esta, hay quienes mantienen que el país no tiene las mismas obligaciones que otros, ni debería descarbonizarse (reducir las emisiones de dióxido de carbono) al mismo que otros países.

Hace unas semanas, la exministra de Agricultura, Cecilia López, incluso criticó el discurso que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en varios espacios internacionales. Dijo que en Colombia se debe priorizar la pobreza y desigualdad, por encima del control de las emisiones; el discurso y compromisos para los países en vía de desarrollo, agregó, debería ser distinto.

En el país, hasta ahora, no se conoce cómo sería el plan para desarrollar la transición energética, ni en qué fechas, por ejemplo, se dejarían de explotar combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas natural. Un nuevo informe, desarrollado por la compañía WTW y el Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, da pistas sobre algunas preguntas clave que el Gobierno, bancos, empresas y otras instituciones se deberían plantear para resolver ese cuestionamiento.

Para aportar a la discusión, los investigadores examinaron cuál podría ser el impacto de una transición hacia una economía baja en carbono, es decir, cada vez menos dependiente en los combustibles fósiles. Para hablar de este impacto, analizaron el riesgo de transición climática de Colombia. (También puede leer: “La minería no se acabará en este Gobierno, solo cambiaremos cómo hacerla”: director ANM)

Como explica Matt Huxham, director de Análisis de la Transición Climática de WTW y uno de los autores del informe, el concepto de “riesgo de transición” o “riesgo de transición climática” viene del mundo financiero. “Cuánto menos (o más) valdrán mis bonos o mis acciones en un mundo de descarbonización acelerada en comparación con el mundo actual”, indica. “Pero el mismo principio es válido para los impuestos, la balanza comercial y el empleo”.

Entonces, por ejemplo, en un escenario donde los países se orientaran más rápidamente a las energías renovables, disminuyendo el consumo y compra de petróleo, Ecopetrol se enfrentaría a un riesgo, por pérdida de sus ganancias futuras.

En el informe, los investigadores hicieron un análisis más amplio de qué otros riesgos correría Colombia, teniendo en cuenta las tendencias del resto del mundo con respecto a la transición energética. El mensaje de fondo es que, sin importar la decisión que tome el país sobre la rapidez de su transición, no está solo. Lo que empiece a suceder en otros países tendrá, obligatoriamente, efectos para Colombia.

Estos impactos, y la pregunta de cómo afectan la transición energética nacional, son usualmente ignorados, identificaron los investigadores. “El tema que todo el mundo discute, y no solo en Colombia, es el riesgo de transición interna, es decir, si se cierra una central eléctrica antes de tiempo o se impone un impuesto sobre el carbono, ¿a quién afecta y en qué medida?”, explica Huxham.

“Pero hay muchos estudios al respecto, así que nos centramos en el impacto de estos cambios globales, sobre los que Colombia tiene menos control. Lo que ocurre es que es probable que estas cuestiones sean más importantes y se produzcan antes que muchas de las decisiones nacionales” señala. (Le puede interesar: Lo que no contó el Gobierno sobre el parque eólico que “le dio” a las comunidades wayuu)

Entonces, si el Gobierno u otros tomadores de decisiones ignoran esto, el país podría correr riesgos económicos y sociales altos. Para saber qué riesgos se podrían presentar, los investigadores plantearon dos escenarios en su análisis: en uno de ellos, el mundo tiene una transición más lenta y mayores emisiones globales (escenario BAU) y, en el otro, cumple completamente con sus compromisos climáticos y evita por completo un aumento preocupante de la temperatura mundial (escenario WB2C).

Así, si el mundo logra una transición más rápida, Colombia podría perder más de 88.000 millones de dólares en su producción de gas natural, petróleo y carbón, de aquí a 2050. En ese escenario, además, la exportación de carbón térmico, el que produce Cerrejón y Prodeco, “cesaría en gran medida” a principios o mediados de la década de 2030.

Incluso si no se produce este declive, los investigadores resaltaron en el informe que este será el combustible fósil que se verá afectado antes que otros. ¿Y quién está expuesto a estos riesgos? Aunque Ecopetrol enfrentaría la mayor desventaja absoluta, por los cambios de los precios de petróleo y gas, “los productores independientes de petróleo y gas y las empresas mineras de carbón se enfrentan a un reto mucho más severo”, anota el informe.

Aunque las empresas podrían diversificarse, las mineras de carbón son las que tienen menos tiempo para hacer la transición. En este proceso, entre 25.000 y 30.000 trabajadores directores (y muchos más indirectos) de los sectores de combustibles fósiles se podrían ver seriamente afectados. (Puede leer: La orden al Gobierno para que contemple los impactos que no tuvo en cuenta del carbón)

¿Qué tan rápida debería ser la transición a la que Colombia le debería apostar? No hay una única respuesta, pero lo que sí resaltan los investigadores es que si el país adopta una posición pasiva, con una actitud de “aquí no pasa nada” (business as usual), podría terminar siendo una decisión muy riesgosa en términos económicos y sociales.

Y es que, según Huxham, “una de las cosas más sorprendentes que encontramos fue el desafío a la viabilidad de un modelo económico dependiente de la extracción y exportación de combustibles fósiles” en el futuro. Es decir, que si Colombia, hipotéticamente, le apostara completamente al petróleo, gas natural y carbón para el mediano y largo plazo, podría enfrentar desafíos muy grandes después.

En palabras de Mark Campanale, fundador de la iniciativa Carbon Tracker, “este informe muestra que una transición lenta sería en realidad la opción más arriesgada para Colombia, puesto que la demanda mundial de combustibles fósiles bajará”.

Pero, por el contrario, si el país se empieza a alejar de los combustibles fósiles muy rápidamente, sin aumentar las energías renovables y otras fuentes de ganancias para cubrir el “hueco” de los fósiles, “también podría debilitar la economía del país y amenazar el consentimiento social en los objetivos de transición a largo plazo de Colombia”.

Entonces, ¿qué debería hacer el país? Huxham señala que una de las opciones para hacer frente a esta situación es “acelerar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, pero es necesario un paquete de medidas dirigidas a los diferentes problemas que hay que resolver, como la balanza comercial, la financiación de las administraciones locales y los trabajadores”.

El informe también resalta que el país tiene oportunidades para aumentar la minería de metales de transición, como el cobre (y, potencialmente, níquel y hierro), y de industrias como los fertilizantes y los combustibles sintéticos para la aviación y el transporte marítimo.

En general, subraya Huxham, “la introducción progresiva del ‘nuevo’ sistema debe gestionarse cuidadosamente junto con la reducción progresiva del ‘viejo’ sistema”. La tarea, además, es global. “A menos que todos los países sean capaces de gestionar estas transiciones con eficacia, no alcanzaremos los objetivos del Acuerdo de París. El impacto del calentamiento global será mucho mayor. Si no nos ocupamos de estas cuestiones, muchos países podrían verse abocados a problemas de deuda soberana. Esto podría significar que no podrían permitirse invertir en la descarbonización, la protección de los trabajadores o incluso en la adaptación al cambio climático”.

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En el corazón de muchas de las discusiones sobre la transición energética en Colombia está a qué ritmo hacerla. A diferencia de países europeos o del llamado “Norte Global”, Colombia aporta solo el 0.6 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial. Por cifras como esta, hay quienes mantienen que el país no tiene las mismas obligaciones que otros, ni debería descarbonizarse (reducir las emisiones de dióxido de carbono) al mismo que otros países.

Hace unas semanas, la exministra de Agricultura, Cecilia López, incluso criticó el discurso que ha mantenido el presidente Gustavo Petro en varios espacios internacionales. Dijo que en Colombia se debe priorizar la pobreza y desigualdad, por encima del control de las emisiones; el discurso y compromisos para los países en vía de desarrollo, agregó, debería ser distinto.

En el país, hasta ahora, no se conoce cómo sería el plan para desarrollar la transición energética, ni en qué fechas, por ejemplo, se dejarían de explotar combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas natural. Un nuevo informe, desarrollado por la compañía WTW y el Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, da pistas sobre algunas preguntas clave que el Gobierno, bancos, empresas y otras instituciones se deberían plantear para resolver ese cuestionamiento.

Para aportar a la discusión, los investigadores examinaron cuál podría ser el impacto de una transición hacia una economía baja en carbono, es decir, cada vez menos dependiente en los combustibles fósiles. Para hablar de este impacto, analizaron el riesgo de transición climática de Colombia. (También puede leer: “La minería no se acabará en este Gobierno, solo cambiaremos cómo hacerla”: director ANM)

Como explica Matt Huxham, director de Análisis de la Transición Climática de WTW y uno de los autores del informe, el concepto de “riesgo de transición” o “riesgo de transición climática” viene del mundo financiero. “Cuánto menos (o más) valdrán mis bonos o mis acciones en un mundo de descarbonización acelerada en comparación con el mundo actual”, indica. “Pero el mismo principio es válido para los impuestos, la balanza comercial y el empleo”.

Entonces, por ejemplo, en un escenario donde los países se orientaran más rápidamente a las energías renovables, disminuyendo el consumo y compra de petróleo, Ecopetrol se enfrentaría a un riesgo, por pérdida de sus ganancias futuras.

En el informe, los investigadores hicieron un análisis más amplio de qué otros riesgos correría Colombia, teniendo en cuenta las tendencias del resto del mundo con respecto a la transición energética. El mensaje de fondo es que, sin importar la decisión que tome el país sobre la rapidez de su transición, no está solo. Lo que empiece a suceder en otros países tendrá, obligatoriamente, efectos para Colombia.

Estos impactos, y la pregunta de cómo afectan la transición energética nacional, son usualmente ignorados, identificaron los investigadores. “El tema que todo el mundo discute, y no solo en Colombia, es el riesgo de transición interna, es decir, si se cierra una central eléctrica antes de tiempo o se impone un impuesto sobre el carbono, ¿a quién afecta y en qué medida?”, explica Huxham.

“Pero hay muchos estudios al respecto, así que nos centramos en el impacto de estos cambios globales, sobre los que Colombia tiene menos control. Lo que ocurre es que es probable que estas cuestiones sean más importantes y se produzcan antes que muchas de las decisiones nacionales” señala. (Le puede interesar: Lo que no contó el Gobierno sobre el parque eólico que “le dio” a las comunidades wayuu)

Entonces, si el Gobierno u otros tomadores de decisiones ignoran esto, el país podría correr riesgos económicos y sociales altos. Para saber qué riesgos se podrían presentar, los investigadores plantearon dos escenarios en su análisis: en uno de ellos, el mundo tiene una transición más lenta y mayores emisiones globales (escenario BAU) y, en el otro, cumple completamente con sus compromisos climáticos y evita por completo un aumento preocupante de la temperatura mundial (escenario WB2C).

Así, si el mundo logra una transición más rápida, Colombia podría perder más de 88.000 millones de dólares en su producción de gas natural, petróleo y carbón, de aquí a 2050. En ese escenario, además, la exportación de carbón térmico, el que produce Cerrejón y Prodeco, “cesaría en gran medida” a principios o mediados de la década de 2030.

Incluso si no se produce este declive, los investigadores resaltaron en el informe que este será el combustible fósil que se verá afectado antes que otros. ¿Y quién está expuesto a estos riesgos? Aunque Ecopetrol enfrentaría la mayor desventaja absoluta, por los cambios de los precios de petróleo y gas, “los productores independientes de petróleo y gas y las empresas mineras de carbón se enfrentan a un reto mucho más severo”, anota el informe.

Aunque las empresas podrían diversificarse, las mineras de carbón son las que tienen menos tiempo para hacer la transición. En este proceso, entre 25.000 y 30.000 trabajadores directores (y muchos más indirectos) de los sectores de combustibles fósiles se podrían ver seriamente afectados. (Puede leer: La orden al Gobierno para que contemple los impactos que no tuvo en cuenta del carbón)

¿Qué tan rápida debería ser la transición a la que Colombia le debería apostar? No hay una única respuesta, pero lo que sí resaltan los investigadores es que si el país adopta una posición pasiva, con una actitud de “aquí no pasa nada” (business as usual), podría terminar siendo una decisión muy riesgosa en términos económicos y sociales.

Y es que, según Huxham, “una de las cosas más sorprendentes que encontramos fue el desafío a la viabilidad de un modelo económico dependiente de la extracción y exportación de combustibles fósiles” en el futuro. Es decir, que si Colombia, hipotéticamente, le apostara completamente al petróleo, gas natural y carbón para el mediano y largo plazo, podría enfrentar desafíos muy grandes después.

En palabras de Mark Campanale, fundador de la iniciativa Carbon Tracker, “este informe muestra que una transición lenta sería en realidad la opción más arriesgada para Colombia, puesto que la demanda mundial de combustibles fósiles bajará”.

Pero, por el contrario, si el país se empieza a alejar de los combustibles fósiles muy rápidamente, sin aumentar las energías renovables y otras fuentes de ganancias para cubrir el “hueco” de los fósiles, “también podría debilitar la economía del país y amenazar el consentimiento social en los objetivos de transición a largo plazo de Colombia”.

Entonces, ¿qué debería hacer el país? Huxham señala que una de las opciones para hacer frente a esta situación es “acelerar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, pero es necesario un paquete de medidas dirigidas a los diferentes problemas que hay que resolver, como la balanza comercial, la financiación de las administraciones locales y los trabajadores”.

El informe también resalta que el país tiene oportunidades para aumentar la minería de metales de transición, como el cobre (y, potencialmente, níquel y hierro), y de industrias como los fertilizantes y los combustibles sintéticos para la aviación y el transporte marítimo.

En general, subraya Huxham, “la introducción progresiva del ‘nuevo’ sistema debe gestionarse cuidadosamente junto con la reducción progresiva del ‘viejo’ sistema”. La tarea, además, es global. “A menos que todos los países sean capaces de gestionar estas transiciones con eficacia, no alcanzaremos los objetivos del Acuerdo de París. El impacto del calentamiento global será mucho mayor. Si no nos ocupamos de estas cuestiones, muchos países podrían verse abocados a problemas de deuda soberana. Esto podría significar que no podrían permitirse invertir en la descarbonización, la protección de los trabajadores o incluso en la adaptación al cambio climático”.

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