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Durante la última conferencia de biodiversidad de la ONU (COP 15), una de las más importantes en temas de conservación a nivel global, llevada a cabo en diciembre de 2022 en Montreal, Canadá, se firmó un acuerdo internacional sin precedentes para proteger la naturaleza. El Marco Global de la Biodiversidad, como se llamó, fue firmado por 196 países y constituye una hoja de ruta para la protección de la biodiversidad. El acuerdo contiene una serie de metas para 2050, acompañadas de objetivos que deben ser cumplidos a 2030 por los países firmantes.
Colombia es ahora el país anfitrión de la COP 16, la cual se llevará a cabo en octubre de este año en Cali que, por cierto, es probablemente la ciudad con mayor riqueza de aves a nivel global: tiene un total de 561 especies registradas, más de las que se han encontrado en todo el territorio de Canadá. Esta conferencia será la primera después de la firma del Marco Global de Biodiversidad, por lo que hay una gran expectativa sobre el progreso en la implementación de los objetivos planteados por parte de los diferentes países firmantes. Colombia tiene, entonces, una gran responsabilidad: como país anfitrión debe demostrar el compromiso del gobierno con estos acuerdos, exponer claramente los avances que se han logrado en los diferentes frentes y tomar la iniciativa en proponer planes de ruta y mecanismos para lograr los objetivos de conservación esperados para 2030 y 2050.
Esta conferencia también presenta una gran oportunidad para el país. Una de las metas del acuerdo es cerrar la brecha entre los medios internacionales de financiación disponibles para la implementación y los necesarios para lograr las metas del acuerdo (Meta D). Si se identifican claramente, a nivel nacional, mecanismos de financiación efectivos en términos de resultados explícitos de conservación, así como acciones y proyectos que estén directamente relacionadas con los objetivos de conservación definidos en el acuerdo, se podría aprovechar la conferencia como plataforma para incentivar inversión por parte de organizaciones filantrópicas, ONGs y potenciales países donantes en acciones concretas, proyectos a corto y largo plazo y objetivos gubernamentales de conservación explícitos.
El objetivo dos del marco global de biodiversidad, por ejemplo, busca garantizar que, al menos, el 20% de los ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres degradados estén en proceso de restauración, garantizando la conectividad entre ellos y centrándose en los ecosistemas prioritarios. El gobierno colombiano, por su parte, se ha propuesto restaurar un millón de hectáreas para 2030, de las cuales el actual gobierno se comprometió a hacer efectivas 750 mil. Es, entonces, clave articular estos dos compromisos y de esta forma canalizar fondos para este objetivo común de restauración.
Por otro lado, está el Objetivo tres del acuerdo, que busca garantizar que para el 2030 al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas se conserven a través de sistemas de Áreas Protegidas y Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMECs). En Colombia, alrededor de 17% de la superficie del territorio nacional está cubierto por áreas protegidas. Estas áreas han sido la principal herramienta del gobierno colombiano para afrontar la pérdida de biodiversidad y existe evidencia sólida de que han disminuido la deforestación considerablemente en comparación a áreas similares pero sin protección (aunque existen algunas áreas protegidas, sobre todo en el piedemonte amazónico, con grandes pérdidas de bosque).
Sin embargo, a pesar de la importancia de incrementar la extensión del área protegida en zonas de alta biodiversidad para evitar su pérdida, en algunas esto podría ser difícil, ya que pueden surgir conflictos socioeconómicos, debido a restricciones en el acceso a recursos naturales y al territorio. Hay que tener en cuenta, además, que existen otros temas prioritarios para el país como lo es la implementación de la reforma rural integral, punto central de los acuerdos de paz con las FARC, que implica una formalización y compra de tierras en zonas rurales, con el fin de facilitar el acceso a la tierra y poder generar las condiciones adecuadas para el desarrollo rural. Es, entonces, necesario una buena planeación territorial, especialmente en áreas rurales con alta biodiversidad, para poder alcanzar los objetivos de conservación y desarrollo rural establecidos. Un ejemplo de esta problemática se da en la serranía de San Lucas, un área de inmensurable biodiversidad y de alta prioridad de conservación, pero con un contexto social complejo que ha dificultado el establecimiento de un área protegida en la zona.
Las OMECs se definen como áreas geográficamente definidas diferentes a las áreas protegidas que brindan una conservación efectiva de la biodiversidad a largo plazo, pero su principal objetivo de gestión no tiene necesariamente que ser la protección de la biodiversidad. Este mecanismo representa una alternativa complementaria a las áreas protegidas, útil para alcanzar el objetivo tres del Marco Global de Biodiversidad de conservar el 30% del territorio nacional. Además, podría ser más equitativo y socialmente aceptables que las áreas protegidas, especialmente en paisajes productivos, pues las OMEC son gestionadas por y para el beneficio de un conjunto diverso de actores. Teniendo esto en cuenta, es prioritario sistematizar los mecanismos de gobernanza en el territorio nacional que ya han sido clasificados como OMECs, además de identificar que otros tipos de mecanismos de gobernanza tienen potencial de serlo.
A nivel global se ha identificado que tipos de gobernanza como propiedades privadas o concesiones con fines de conservación, turismo o de productos forestales no maderables, así como áreas de connotación religiosa y cultural, bases militares y territorios indígenas tienen el potencial de ser clasificados como OMECs.
En el país hay un gran potencial en los territorios de comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas de funcionar como dicho mecanismo o mecanismos alternativos con objetivos similares de conservación. Los territorios indígenas cubren un área sustancial de la región amazónica del país, mientras que los territorios de comunidades afrocolombianas cubren una área representativa del pacífico Colombiano. Ambas zonas también son de alta prioridad de conservación y tienen altos grados de conversión. Diferentes estudios han demostrado que estos tipos de gobernanza pueden ser efectivos reduciendo los impactos antrópicos sobre la biodiversidad, sin embargo, es importante resaltar que en muchos casos no son tan efectivos como las áreas protegidas.
Por otro lado, es importante preguntarse, ¿cuál es el beneficio para una comunidad afrocolombiana, indígena o campesinas o para un propietario de una propiedad privada, de reportar su territorio o parte de él como una OMEC? Aquí es cuando el COP 16 entra en juego como una plataforma ideal para identificar los beneficios explícitos a los que podrían acceder los territorios que decidan aplicar a ser OMECs. También es clave para identificar formas de financiación a estos mecanismos de gobernanza, por su contribución a los objetivos del marco global de biodiversidad. A su vez, para identificar métodos de monitoreo de la efectividad de estos mecanismos en términos de conservación, así como en términos de procurar que los recursos lleguen a los responsables de esos territorios y no se queden en manos de intermediarios.
Métodos como los créditos de carbono y de biodiversidad han demostrado ser efectivos para la conservación de la biodiversidad en algunos contextos, pero también existen casos en los que no son rigurosos y terminan siendo solo una fachada para darle falsa credibilidad de compromiso ambiental a empresas con bajos estándares ambientales.
La COP 16, entonces, nos da la oportunidad de mostrar los adelantos del país en términos de conservación, especialmente en lo referente a los objetivos del Marco Global de Biodiversidad y, de esta manera, gestionar recursos para escalar los procesos exitosos. Así mismo, permitirá mejorar en las metas que no se ha podido avanzar y será un camino para afrontar los nuevos retos de la implementación del acuerdo. Es necesario que el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil nos preparemos para poder mostrar con evidencia tangible en la COP 16 que somos un país comprometido con la conservación y así poder maximizar las oportunidades de acceder a incentivos y otras formas de financiación.
* Investigador postdoctoral de la Universidad de Berna, Suiza.
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