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Seis países de la región, entre los que se encuentra Colombia, presentaron en la tarde de este miércoles 30 de octubre un documento que formaliza el inicio de un camino cuyo resultado, esperan, sea la declaratoria de la reserva de la biosfera marina transfronteriza más grande del mundo por parte de la Unesco.
La declaración consigna su voluntad política para iniciar los diálogos interinstitucionales que lleven a presentar la documentación necesaria para que la Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental sea una realidad.
El evento contó con la participación de los ministros de Ambiente de Panamá, Honduras y Costa Rica, así como de la directora de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (DAMCRA), Ximena Rojas Giraldo, en representación de la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad. Aunque Nicaragua no envió delegación a la COP16, personas cercanas al proceso le contaron a El Espectador que, en una reunión previa, ese país manifestó su apoyo a la iniciativa.
La propuesta nació hace cinco años en San Andrés. Desde entonces ha logrado sumar el apoyo de los pueblos creoles de las otras cinco naciones, que busca que se declare la Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental, que contaría con 500.000 km², lo que la convertiría en la reserva marina de la biósfera más grande del mundo, según Juliana Hurtado Rassi, bióloga con un doctorado en derecho.
Rassi, quien es parte del Grupo de Investigación de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, explica que la declaratoria firmada busca que todos los países “digan que hay la voluntad de trabajar unidos para la consecución de la declaración”, y la califica como un “anuncio clave en una iniciativa sin precedentes”. Pero aún le queda un largo camino por delante.
Una disputa dio origen a la iniciativa
El origen de la propuesta, reconocen desde la iniciativa Saltwatta Roots, que reúne a los pueblos creoles y afrocaribeños, científicos, líderes políticos y otros actores de estos seis países, surgió a raíz de la controversia limítrofe que sostienen Colombia y Nicaragua desde hace más de 20 años. El panorama se agudizó desde el fallo que en 2012 emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Allí, aunque se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, hubo una reducción del espacio marítimo nacional de alrededor de 75.000 km².
“La controversia limítrofe entre Colombia y Nicaragua desmembró la Reserva de Biosfera Seaflower y alejó aún más a los pueblos originarios que estaban unidos por el mar en disputa”, alegan desde Saltwatta Roots. Ante estos resultados, los pueblos creoles y afrocaribeños se agruparon para crear una “administración ambiental regional que protegiera la diversidad biológica y cultural más allá de las fronteras nacionales”.
Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa tiene varios datos para respaldar su propuesta: allí se encuentra el tercer sistema coralino más grande del mundo, más de 400 especies de peces, 57 de aves y 33 de tiburones, entre otras. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan varios retos que tienen en vía de extinción a al menos 70 de estas. “La sobrepesca, el turismo intensivo, el extractivismo minero-energético y la falta de cooperación entre países” son algunas de las problemáticas identificadas.
En términos culturales, Saltwatta Roots destaca el hecho de que, en estos seis países, habiten miembros del pueblo creole que por siglos han dependido de la pesca artesanal. En este sentido, proponen un mecanismo de manejo ambiental y pesquero que sea acordado de manera conjunta. Para esto esperan que la reserva de la Biosfera Seaflower (que cuenta con 180.000 km²) se amplíe en otros 320.000 km² que abarcarían, ahora, porciones de Costa Rica, Panamá, Honduras y Jamaica.
¿Qué viene?
En palabras de Franz Tattenbach, ministro de Ambiente de Costa Rica, quien participó del evento, este es solo el primer paso de un largo camino que, de ninguna manera, “debería desincentivar a quienes han impulsado este importante proceso”. Tras el acuerdo político que se firmó este miércoles viene la parte técnica, apuntó Tattenbach, la cual, advirtió, puede tomar varios años. La elaboración de estos documentos es clave para la propuesta que deberá ser evaluada por la Unesco.
En el camino, Rassi también advierte una serie de retos para los años que vienen. El primero de ellos serán los diálogos que deben hacer todos los países. En estos, agrega la bióloga, deben ponerse de acuerdo en la delimitación de los cinco tipos de área con los que cuenta una reserva marina de la bisofera. Algunas de ellas son las áreas de preservación, las más restrictivas y donde solo se permiten actividades de investigación. También están las áreas de protección de los recursos hidrobiológicos, donde se permite la pesca artesanal, así como las de uso especial, en las que incluso se permite el tránsito de embarcaciones pesqueras.
Tanto Tattenbach, como el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, aseguraron que sus países apoyan totalmente el proceso que ahora lidera Colombia, pero aclararon que, antes de adherir a la declaración, deberán adelantar procesos de consulta previa con los pueblos indígenas y las comunidades locales que habitan las áreas que se incluirían en la reserva de la biosfera.
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