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En los últimos días, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha estado de gira en Europa, para ganar más apoyos para la COP16, la conferencia de biodiversidad más importante del mundo, que se realizará en Cali a finales de octubre. Estuvo, por ejemplo, en Noruega y Alemania, reuniéndose con ministros de ambiente e invitándolos a la capital del Valle del Cauca. Como presidenta de la COP16, Muhamad tiene la misión de que el encuentro vaya por buen camino y se logren los resultados esperados.
Pero, en medio de los preparativos, ha surgido un desafío que no se puede eludir y ha empezado a inquietar a quienes están a cargo de la organización: la compleja situación de seguridad que viven territorios cerca a Cali. Un ataque con explosivos lanzados con un dron, que dejó a tres solados heridos, fue uno de los últimos episodios que muestran el difícil escenario en el sur occidente de Colombia, tras la ruptura de cese al fuego con el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las extintas FARC.
La pregunta es si ese evento, que recibirá a delegaciones de más de 190 países y espera acoger a cerca de 12 mil visitantes, estará blindado de esos hechos que han ocurrido en municipios vecinos como Jamundí. En respuesta a esas inquietudes, el presidente Gustavo Petro; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, han reiterado que la seguridad estará garantizada.
Para calmar los ánimos, de hecho, Petro ordenó a su cúpula militar y policial establecer una zona candado en torno a Cali, una acción que se suma al aumento de pie de fuerza en la región, con más de cuatro mil hombres. Se espera, además, que en las próximas semanas inicie una fuerte ofensiva militar que permita recuperar el territorio e impactar a las disidencias de Mordisco, el ELN y el Clan del Golfo en esta zona.
Uno de los principales encargados de la seguridad del evento es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, quien lleva seis meses en el cargo. Sabe que, parte de su tarea, es revertir las cifras de criminalidad en la capital del Valle del Cauca, aunque, asegura, no se pueden descartar las intenciones de los grupos armados para atentar contra la seguridad de la región.
“No podemos desconocer el contexto en el que vivimos. El Valle del Cauca está pasando por un momento complejo en materia de orden público y nosotros no somos ajenos. Estamos trabajando en garantizar la seguridad para la COP16 en coordinación con la ONU y el Gobierno Nacional. Lo que hemos solicitado es más apoyo en materia de inteligencia e investigación a las autoridades nacionales”, añade García.
Ante la comunidad internacional, este es un asunto que parece ir por buen camino. A la fecha, se han realizado dos sesiones oficiales con el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar y presentar el plan de Gestión del Riesgo de la COP16. “Hemos recibido una retroalimentación en el tema, pero lo que hemos presentado ha sido bien recibido por la ONU”, indica el funcionario.
Aun así, hay voces que creen que hacen falta más esfuerzos para que no haya ningún contratiempo. Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, cree, por ejemplo, que “la COP16 está en riesgo, no solo por la inseguridad, sino también por la falta de claridades logísticas del evento. Un objetivo militar de los grupos podría ser afectar Cali para que la COP no se realice, les daría una trascendencia monumental y sería un golpe directo al Gobierno”.
Las maniobras de seguridad
Según ha dicho la Alcaldía de Cali, el evento se dividirá, en términos de seguridad, en tres partes. La primera abarcará los recintos donde se desarrollarán las conferencias y negociaciones de las más de 190 delegaciones que participarán en el evento, que estará a cargo de las Naciones Unidas.
Las otras serán dos anillos de seguridad, conocidos como zonas verde y naranja, que abarcan prácticamente toda la ciudad y las comandarán la Fuerza Pública colombiana.
En términos de pie de fuerza, se espera que en las próximas semanas haya más de cuatro mil efectivos adicionales a los 6.300 hombres que tiene la Policía Metropolitana de Cali. Además, se desplegarán más de 10.000 hombres y mujeres en las especialidades de vigilancia, investigación judicial, inteligencia, así como 1.600 hombres adicionales del Ejército Nacional, tanto fuerzas especiales urbanas, como nuevos pelotones. Estos también estarán trabajando en el control territorial en las zonas rurales tanto de Jamundí como de Cali.
“El ministerio de Defensa ya nos confirmó la llegada de 14 pelotones adicionales de soldados profesionales. El llamado para incrementar el pie de fuerza y recuperar la seguridad de nuestros municipios vecinos está siendo atentado”, escribió hace un par de días su cuenta en X, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.
Según le había dicho Eder a El Espectador hace unas semanas, su administración ha logrado “una disminución del 20 % en promedio de los homicidios, desde que inició nuestra Alcaldía, y una disminución del 30 % en los hurtos. Desde el 1º de enero hemos capturado a 18 integrantes de las redes de apoyo de grupos terroristas, sobre todo los que están operando hacia el sur del país. Además, hemos impedido dos intentos de ataques terroristas”. El alcalde también ha sido insistente en disipar los rumores sobre la posible cancelación del evento.
Otra de las propuestas para mejorar la seguridad del evento ha sido la de mejorar la tecnología para prevenir dificultades. La Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian Francisca Toro, anunció que se adquirirá con recursos propios una serie de inhibidores de drones, artefactos que se han utilizado para cometer ataques en la región.
“Un problema que tenemos tiene que ver con los drones que están utilizando los grupos armados para realizar ataques. Hace unos días tuvimos una reunión con el Ejército y la Policía para mostrar la tecnología para hacerle frente y, por nuestra parte, vamos a comprar los inhibidores de drones”, dice a El Espectador la gobernadora.
Por el momento, aún no hay una fecha precisa sobre cuándo serán instalados y cuándo entrarán en operación. Respecto al plan candado que anunció el presidente Gustavo Petro, se están planeando simulacros con la Fuerza Pública para blindar a la ciudad con anillos de seguridad.
Más retos en el camino
Durante décadas, el suroccidente del país, con su conexión el océano Pacífico, ha sido un corredor obligado del narcotráfico para sacar la droga a diferentes partes del mundo. Por eso, para varios grupos ilegales, es clave el control territorial de esa zona.
Según investigaciones de la Fiscalía, los principales grupos armados que hacen presencia en la región son los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC.
“La facción de Jaime Martínez, un grupo de las FARC que no se acogió al Acuerdo de Paz, tiene entre 250 y 300 hombres patrullando las montañas de Jamundí, muy cerca del Cali”, explica el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. “Y hay un elemento que complica más las cosas: que haya posibles alianzas políticas en el departamento con la criminalidad, lo cual ha disminuido la autoridad local para enfrentar este tipo de hechos”.
Como respuesta a ese escenario, las autoridades afirman que están haciendo todos los esfuerzos de inteligencia para asegurar la seguridad en la ciudad. Según la Alcaldía, este año se ha logrado la captura de 18 integrantes de grupos armados ilegales y se han prevenido ataques terroristas. La idea, dicen, es fortalecer estas redes de seguridad para prevenir, controlar y contener la presencia directa o indirecta de estos grupos en la ciudad.
Otra de las peticiones que hace la gobernadora Dilian Francisca Toro al Gobierno Nacional es que “aumente las horas de vuelo de la Fuerza Aérea en el departamento para cubrir todos los frentes en materia de seguridad. Esto está aún por verse”.
Además, hay otros desafíos en el camino. Uno de ellos es el sitio en donde se hospedarán las Fuerzas Militares y policiales que llegarán en los siguientes meses a la ciudad. Hace apenas unas semanas, regresaron a la región más de 600 hombres del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Pichincha en Cali, que se encontraban en otras zonas del país.
“Necesitamos que el Gobierno Nacional garantice toda la logística y los recursos para la ubicación de los cuatro mil policías; su alimentación, transporte y su hospedaje desde hoy hasta la realización de la COP16, para que puedan trabajar de manera adecuada en la ciudad”, alertó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés (Centro Democrático).
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