COP16: la propiedad tiene una función ecológica y sus dueños tienen obligaciones

Las propiedades existen en un contexto ecológico. Así mismo, su uso y lo que se derive de este. Eso lo subraya la Constitución Política de Colombia, al validar el concepto de la función ecológica de la propiedad.

La inversión pública valoriza los capitales representados en las propiedades y en los desarrollos de negocios y de las empresas. Por lo mismo, es indispensable reconocer las responsabilidades respecto a los bienes públicos y los servicios ambientales afectados por la existencia y el uso de las propiedades. Esto es particularmente necesario en relación con los pasivos ambientales asociados a estas.

La legislación colombiana ha atendido en parte esas consecuencias cuando establece instrumentos económicos y financieros como la participación de las autoridades ambientales en un porcentaje del predial, las tasas de uso del agua, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico, las compensaciones derivadas de licencias ambientales, otras tasas y otros instrumentos que explícita o implícitamente, directa o indirectamente establecen obligaciones atendidas con este tipo de pagos. Esa legislación hace lo contrario cuando establece incentivos agropecuarios que desconocen tal función ecológica.

Los avances, muy significativos en comparación con lo sucedido en otros países, se han desdibujado por el incumplimiento en importante medida de esas obligaciones, tanto por parte de los particulares como por entidades públicas como los municipios y las gobernaciones. Así mismo, por la falta de una estrategia general de manejo de la financiación para la gestión ambiental, que lleva a fragmentación extrema en el gasto, a falta de coordinación y a insuficiente articulación con el desarrollo de políticas ambientales de largo plazo. Estas carencias y otras existentes en el manejo de presupuestos importantes, pero insuficientes, nos alejan aún más de la recuperación de los ecosistemas y de afrontar otros retos ambientales en las zonas urbanas y rurales.

Los pasivos ambientales relacionados con las cifras de degradación de la naturaleza en Colombia afectan a algo más del 45% del territorio continental del país. A esto se suma el estado indeterminado de deterioro de los cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión marina, además del deterioro documentado de los cuerpos de agua en el área continental. La escala de esos niveles de degradación, claramente impone al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la función ecológica de la propiedad exigencias muy superiores a lo interpretado hasta el momento, en especial cuando se entiende la inminencia de las metas que debemos cumplir como país en lo relacionado con el campo de política denominado “cambio climático”.

¿Qué falta hacer para procurar un mayor y más significativo cumplimiento de la función ecológica de la propiedad? Entre otras acciones es importante asegurar lo siguiente:

· Cuantificar impactos y realizar estimaciones de las obligaciones por los pasivos ambientales históricos.

· Asignar valores monetarios claros, así sean aproximados, a tales pasivos.

· Derivar decisiones consecuentes frente a la magnitud del grado de degradación -la general nacional, la municipal y la regional, y la específica de los predios.

· Precisar las regulaciones requeridas en virtud de estos análisis; en particular, ajustar instrumentos como los catastros multipropósito, otras herramientas de planificación y el conjunto de instrumentos económicos y financieros ambientales y agropecuarios.

Existen altas expectativas, quizás excesivas, frente a los resultados de la COP16 de biodiversidad. Cabe preguntar: ¿Los resultados efectivos de este evento incluirán, en el caso colombiano, acciones concretas para que la interpretación de la función ecológica de la propiedad asegure que se parte de reconocer y hacer cumplir las responsabilidades de los propietarios con la biósfera? ¿Se dará así fundamento a arreglos sociales que antepongan lo público y superen la tendencia a subsidios ineficientes y a los mal llamados incentivos que, ante todo, contribuyen a la mercantilización sin límite de un amplio ámbito de nuestras relaciones sociales y naturales, sin resultar efectivos en las escalas y los tiempos indispensables?

*Director del Fondo Patrimonio Natural

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Las propiedades existen en un contexto ecológico. Así mismo, su uso y lo que se derive de este. Eso lo subraya la Constitución Política de Colombia, al validar el concepto de la función ecológica de la propiedad.

La inversión pública valoriza los capitales representados en las propiedades y en los desarrollos de negocios y de las empresas. Por lo mismo, es indispensable reconocer las responsabilidades respecto a los bienes públicos y los servicios ambientales afectados por la existencia y el uso de las propiedades. Esto es particularmente necesario en relación con los pasivos ambientales asociados a estas.

La legislación colombiana ha atendido en parte esas consecuencias cuando establece instrumentos económicos y financieros como la participación de las autoridades ambientales en un porcentaje del predial, las tasas de uso del agua, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico, las compensaciones derivadas de licencias ambientales, otras tasas y otros instrumentos que explícita o implícitamente, directa o indirectamente establecen obligaciones atendidas con este tipo de pagos. Esa legislación hace lo contrario cuando establece incentivos agropecuarios que desconocen tal función ecológica.

Los avances, muy significativos en comparación con lo sucedido en otros países, se han desdibujado por el incumplimiento en importante medida de esas obligaciones, tanto por parte de los particulares como por entidades públicas como los municipios y las gobernaciones. Así mismo, por la falta de una estrategia general de manejo de la financiación para la gestión ambiental, que lleva a fragmentación extrema en el gasto, a falta de coordinación y a insuficiente articulación con el desarrollo de políticas ambientales de largo plazo. Estas carencias y otras existentes en el manejo de presupuestos importantes, pero insuficientes, nos alejan aún más de la recuperación de los ecosistemas y de afrontar otros retos ambientales en las zonas urbanas y rurales.

Los pasivos ambientales relacionados con las cifras de degradación de la naturaleza en Colombia afectan a algo más del 45% del territorio continental del país. A esto se suma el estado indeterminado de deterioro de los cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión marina, además del deterioro documentado de los cuerpos de agua en el área continental. La escala de esos niveles de degradación, claramente impone al cumplimiento de las obligaciones asociadas a la función ecológica de la propiedad exigencias muy superiores a lo interpretado hasta el momento, en especial cuando se entiende la inminencia de las metas que debemos cumplir como país en lo relacionado con el campo de política denominado “cambio climático”.

¿Qué falta hacer para procurar un mayor y más significativo cumplimiento de la función ecológica de la propiedad? Entre otras acciones es importante asegurar lo siguiente:

· Cuantificar impactos y realizar estimaciones de las obligaciones por los pasivos ambientales históricos.

· Asignar valores monetarios claros, así sean aproximados, a tales pasivos.

· Derivar decisiones consecuentes frente a la magnitud del grado de degradación -la general nacional, la municipal y la regional, y la específica de los predios.

· Precisar las regulaciones requeridas en virtud de estos análisis; en particular, ajustar instrumentos como los catastros multipropósito, otras herramientas de planificación y el conjunto de instrumentos económicos y financieros ambientales y agropecuarios.

Existen altas expectativas, quizás excesivas, frente a los resultados de la COP16 de biodiversidad. Cabe preguntar: ¿Los resultados efectivos de este evento incluirán, en el caso colombiano, acciones concretas para que la interpretación de la función ecológica de la propiedad asegure que se parte de reconocer y hacer cumplir las responsabilidades de los propietarios con la biósfera? ¿Se dará así fundamento a arreglos sociales que antepongan lo público y superen la tendencia a subsidios ineficientes y a los mal llamados incentivos que, ante todo, contribuyen a la mercantilización sin límite de un amplio ámbito de nuestras relaciones sociales y naturales, sin resultar efectivos en las escalas y los tiempos indispensables?

*Director del Fondo Patrimonio Natural

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