Por amenazas de orden público, Procuraduría pide plan de contingencia para la COP16
El Ministerio Público le pidió a distintas entidades del gobierno nacional entregar un plan de contingencia para hacerle frente a la violencia que se ha presentado en las últimas semanas, así como a eventuales desastres asociados a fenómenos naturales.
En las últimas semanas, el orden público en el Valle del Cauca se ha venido deteriorando por cuenta de varios atentados y hechos violentos perpetrados en distintos municipios del departamento. La escalada de la violencia se explica, en gran parte, por los actos que las disidencias de Iván Mordisco vienen adelantando en el sur occidente del país desde mediados de marzo, cuando el gobierno levantó el cese al fuego con esta organización criminal.
A mediados de junio, esta disidencia explotó una moto bomba en el municipio de Jamundí, que dejó a cinco personas heridas y un muerto. Hace una semana, el Ejército Nacional logró frustrar un atentado dirigido en contra de una instalación militar en el municipio de Cartago y, hace unos días, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, denunció que en el departamento se están llevando a cabo ataques con drones.
En el ya complejo panorama de seguridad que afrontan diversos municipios de la región, hay que contemplar que entre el 21 de octubre y el 1º de noviembre, la capital del Valle del Cauca hospedará la COP16 de biodiversidad, uno de los eventos ambientales más importantes del mundo, en donde se espera la participación de 12.000 personas de más de 190 países.
Precisamente, ante la escalada de hechos violentos y teniendo en cuenta que para el inicio de la COP16 quedan menos de cuatro meses, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a las distintas entidades del gobierno nacional que participan en la planificación de este evento un plan de contingencia.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, le solicitó al Ministerio de Defensa “remitir los avances en los cronogramas establecidos para el buen desarrollo del evento que garantice la seguridad del mismo y de las personas asistentes, tanto nacionales como extranjeros, en razón a que recientemente el suroccidente del país (Jamundí, valle del Cauca), ha sido objeto de hechos de violencia por cuenta de las disidencias de las FARC”.
Así mismo, le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Cancillería y a los ministerios de Ambiente y Comerio, Industria y Turismo, reportar el plan de trabajo, cronogramas y presupuesto proyectado y ejecutado para la realización de la cumbre.
A mediados de junio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que a Cali llegarán 4.000 policías más para completar 10.000 uniformados que custodiarán la ciudad durante las dos semanas del evento. Ana María Sanclemente, secretaria de Seguridad del departamento, aseguró que municipios cercanos a la capital, como Jamundí, Yumbo y Palmira, también serán custodiados para frenar acciones terroristas.
El martes de esta semana, el presidente Gustavo Petro, le pidió al general de la Policía Nacional, William René Salamanca, que, “de acuerdo a los protocolos mundiales en este tipo de eventos, que se empiece a construir la zona candado que permita absoluta seguridad, en esta ciudad tan afectada por la violencia desde hace tiempos, en el desarrollo de la COP16″.
La solicitud del Ministerio Público también está dirigida a conocer los planes de contingencia que se prevén para atender posibles amenazas por fenómenos naturales.
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En las últimas semanas, el orden público en el Valle del Cauca se ha venido deteriorando por cuenta de varios atentados y hechos violentos perpetrados en distintos municipios del departamento. La escalada de la violencia se explica, en gran parte, por los actos que las disidencias de Iván Mordisco vienen adelantando en el sur occidente del país desde mediados de marzo, cuando el gobierno levantó el cese al fuego con esta organización criminal.
A mediados de junio, esta disidencia explotó una moto bomba en el municipio de Jamundí, que dejó a cinco personas heridas y un muerto. Hace una semana, el Ejército Nacional logró frustrar un atentado dirigido en contra de una instalación militar en el municipio de Cartago y, hace unos días, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, denunció que en el departamento se están llevando a cabo ataques con drones.
En el ya complejo panorama de seguridad que afrontan diversos municipios de la región, hay que contemplar que entre el 21 de octubre y el 1º de noviembre, la capital del Valle del Cauca hospedará la COP16 de biodiversidad, uno de los eventos ambientales más importantes del mundo, en donde se espera la participación de 12.000 personas de más de 190 países.
Precisamente, ante la escalada de hechos violentos y teniendo en cuenta que para el inicio de la COP16 quedan menos de cuatro meses, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a las distintas entidades del gobierno nacional que participan en la planificación de este evento un plan de contingencia.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, le solicitó al Ministerio de Defensa “remitir los avances en los cronogramas establecidos para el buen desarrollo del evento que garantice la seguridad del mismo y de las personas asistentes, tanto nacionales como extranjeros, en razón a que recientemente el suroccidente del país (Jamundí, valle del Cauca), ha sido objeto de hechos de violencia por cuenta de las disidencias de las FARC”.
Así mismo, le solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), la Cancillería y a los ministerios de Ambiente y Comerio, Industria y Turismo, reportar el plan de trabajo, cronogramas y presupuesto proyectado y ejecutado para la realización de la cumbre.
A mediados de junio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que a Cali llegarán 4.000 policías más para completar 10.000 uniformados que custodiarán la ciudad durante las dos semanas del evento. Ana María Sanclemente, secretaria de Seguridad del departamento, aseguró que municipios cercanos a la capital, como Jamundí, Yumbo y Palmira, también serán custodiados para frenar acciones terroristas.
El martes de esta semana, el presidente Gustavo Petro, le pidió al general de la Policía Nacional, William René Salamanca, que, “de acuerdo a los protocolos mundiales en este tipo de eventos, que se empiece a construir la zona candado que permita absoluta seguridad, en esta ciudad tan afectada por la violencia desde hace tiempos, en el desarrollo de la COP16″.
La solicitud del Ministerio Público también está dirigida a conocer los planes de contingencia que se prevén para atender posibles amenazas por fenómenos naturales.
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