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Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana saben en qué momento del año deben dejar de pescar. Cuando el bosque se inunda, los peces salen de los ríos y se pasean por los pantanos para buscar alimento y un sitio seguro para reproducirse. Entonces, los indígenas dejan de alimentarse de pescados y buscan otras fuentes de proteína, para respetar el período de crianza de esas especies.
En Guatemala y México, el pueblo cachiquel lleva cientos de años haciendo procesos de selección de semillas para hacer que los árboles que les dan alimentos se adapten a los cambios de clima. “Tenemos sistemas de adaptación del maíz, del frijol, tenemos sistemas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, con la seguridad alimentaria, con la medicina tradicional. Todo gracias al conocimiento tradicional”, explica Ramiro Batzin, miembro de ese pueblo.
Hace 32 años, en 1992, cuando se creó el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), la convención internacional que busca tomar acciones para reducir la pérdida de la biodiversidad, en su artículo 8 (j) se reconoció que los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales son vitales para cumplir esa tarea.
Un ejemplo de esto es que “los sitios sagrados de algunos pueblos, que según sus sistemas de conocimiento no deben tocarse, coinciden con lugares de alto valor ecológico y que también, desde el punto de vista científico, deben dejarse intactos”, señala Mariana Gómez Soto, líder de incidencia de Gaia Amazonas, una organización que estudia esa región y que participa como observadora en la COP16.
Seis años después se creó un grupo de trabajo ad hoc, de carácter temporal, para que ese conocimiento se integrara a la protección de la biodiversidad. Ese grupo ha funcionado durante 26 años, pero, desde 2022, los pueblos indígenas y las comunidades locales creen que se ha quedado corto y llegaron con una petición ambiciosa a la COP16 en Cali: volverse un grupo de trabajo permanente.
Un nuevo órgano subsidiario
Cuando se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMB) en 2022, que trazó las 23 metas que debe cumplir el mundo para mitigar la pérdida de biodiversidad a 2030, “se incluyó un enfoque de derechos que es transversal, y que, en todas las metas que tienen que ver con áreas protegidas, incluye los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales”, dice Gómez.
Por eso, cuando llegaron a la COP16 que se desarrolla en Cali, incluyeron como primera, dentro de tres prioridades, la propuesta de convertir al grupo de trabajo del artículo 8 (j) en un órgano subsidiario. Esto significa que pasaría a ser un grupo de trabajo permanente, con voz y voto en las negociaciones del CDB, y asesor de la Secretaría del convenio. Actualmente, solo hay dos órganos de este tipo: el de Implementación del MMB, y el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.
A un día de que termine la cumbre de biodiversidad, dos de las prioridades de los pueblos indígenas parecen tener vía libre: se creó el programa de trabajo que seguirán de aquí a 2030 para mitigar la pérdida de biodiversidad y se incluyeron los conocimientos tradicionales dentro de los sistemas de monitoreo de tierras y aguas protegidas. Para que todo esto tenga sentido, “es necesario que se apruebe el órgano subsidiario”, afirma Batzin, quien es co-presidente del Foro Internacional Indígena para la Biodiversidad (IIFB, por su sigla en inglés), que reúne a las organizaciones indígenas de gran parte del mundo. El problema es que hay dos países, de 196, que se oponen a crearlo.
Las voces en contra
Rusia e Indonesia han pedido la palabra durante las negociaciones del Grupo de Trabajo I de la COP16 para decir que es innecesario crear un órgano subsidiario para un solo artículo del CDB (el 8 (j)), mientras que los otros dos abarcan parte importante del convenio. Además, según varios boletines que reportan el día a día de las negociaciones, como este, estos países aseguran que el grupo de trabajo ad hoc ha sido efectivo hasta ahora y que convertirlo en un órgano subsidiario generaría “altos costos asociados que no están incluidos en el presupuesto de la Secretaría del convenio, así como una superposición con los mandatos de los otros órganos subsidiarios”.
A esto, desde la IIFB responden que “no se trata solo de un artículo, sino de los millones de indígenas, mujeres y jóvenes de todo el mundo que tienen una conexión con este artículo. Hemos hecho reuniones diplomáticas para tratar de explicar el largo camino de construcción con el que se logró traer esta propuesta a la COP16″, según Lakpa Nuri Sherpa, coordinador regional para Asia de esa organización.
Uno de los aspectos que intentan explicar es que el programa de trabajo para 2030 y que fue aprobado ayer (a falta de su votación en la plenaria final), ya cuenta con un presupuesto asignado y que, por lo tanto, el impacto presupuestal de volverse un órgano subsidiario sería mínimo. El otro es que “no se han reconocido en su justa dimensión los derechos de los pueblos indígenas, que están contribuyendo con la conservación de la biodiversidad, pero al mismo tiempo vienen afrontando impactos externos de saqueo, de explotación y exploración de recursos”, asegura Batzin.
Para Gómez, algo que evidencia esa falta de reconocimiento es que el enfoque de conservación de la biodiversidad se ha centrado en las áreas protegidas y no en los territorios indígenas. También, hay un temor desde la IIFB y es que, sin este reconocimiento, el grupo de trabajo de conocimientos tradicionales podría acabarse en cualquier momento. “Está probado que los pueblos indígenas conservan el 80 % de la biodiversidad en el mundo, pero, por ejemplo, a esos territorios no llegan recursos suficientes para cumplir con esa labor”.
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