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La COP16 de biodiversidad, que se realizó entre el 21 de octubre y la madrugada del dos de noviembre en Cali, fue suspendida por falta de quórum sin que varias decisiones se adoptaran. Entre esas, uno de los temas más complejos y polarizados, que se había establecido como un punto central de las negociaciones: el financiamiento, del que depende que todo lo demás avance o se estanque.
Hace dos años, en la COP15 de Canadá, se acordó el Marco Global de Kunming-Montreal, una hoja de ruta para proteger y evitar la pérdida de biodiversidad a 2030, que contaba con una serie de metas y objetivos para lograrlo. Entre esas la de movilizar al menos US$200.000 millones al año para 2030 para implementar las estrategias y los planes de acción nacionales para conservar la naturaleza.
La razón es sencilla. Sin dinero es poco probable que los países puedan cumplir sus compromisos, desarrollar nuevas capacidades o hacer frente a las amenazas de la biodiversidad. Lograrlo requiere esfuerzos enormes y una gran movilización de recursos.
Se estima que, anualmente, se necesitan alrededor de US$700.000 millones para proteger la biodiversidad en el planeta. Por eso, el Marco definió que los países desarrollados debían aportar US$20.000 millones anuales, hasta 2025, y US$30.000 millones anuales hasta 2030 para cubrir una parte de esos recursos necesarios (los primeros US$200.000 millones) que irían destinados a países en desarrollo. Los otros US$500.000 millones deben reducirse de incentivos que afecten la biodiversidad.
En otras palabras, esos miles de millones serían lo básico para pasar de los acuerdos en papel a la acción. Pero la meta aún está lejos de alcanzarse. Al cierre de la COP16, solo se habían girado US$407 millones, una cifra mínima comparada con lo prometido, lo que hace mucho más incierto el camino para impulsar acciones concretas para proteger la naturaleza.
Y el planeta ya tiene un antecedente de fracaso. Como explica David Obura, jefe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por su sigla en inglés), la falta de financiamiento fue “un factor principal” para que las Metas de Aichi (antecesoras del Marco Kunming-Montreal, firmadas en 2010) no se cumplieran.
Por eso, para varios países y observadores, una de las grandes fallas de la COP16 fue que los temas más grandes y difíciles, como este, se dejaran para el final de la plenaria, cuando muchos de los delegados tenían que abandonar el recinto para volver a casa. De hecho, las negociaciones fueron suspendidas justo cuando la discusión se enfocaba en el dinero.
Divisiones profundas
Más allá de la brecha entre lo que se necesita y lo que se ha aportado, hay otros temas grandes alrededor del debate sobre el financiamiento, como la forma en la que se entregan los recursos. Por un lado, gran parte de los fondos destinados para la biodiversidad son distribuidos a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). Un organismo internacional por el que también se mueven otros fondos para el medio ambiente, y que, para los países en desarrollo, ha resultado ineficiente por los trámites y requisitos que se requieren para acceder a esos recursos.
Por otro lado, como reveló un informe de la OCDE, buena parte de los recursos que se han entregado para proteger la biodiversidad han sido en forma de préstamos (que luego deben pagarse con intereses). A países como los nuestros, que ya cuentan con una gran presión por la deuda externa, no les resulta tan buen negocio. Solo en América Latina, por ejemplo, se estima que el 45 % de los fondos recibidos para proyectos de desarrollo relacionados con biodiversidad llegaron en forma de préstamos.
Ante ese panorama, varios países del sur global, encabezados por el bloque africano y Brasil, llegaron a la COP16 con una propuesta sobre la mesa: impulsar la creación de un nuevo fondo, que sea gobernado directamente por la Conferencia de las Partes de Biodiversidad y que responda a la urgencia y las necesidades particulares de estas regiones, que resguardan buena parte de la riqueza natural del mundo.
Sin embargo, tras dos semanas de negociaciones, la discusión, en vez de avanzar, se complicaba. Aumentaban los puntos en desacuerdo y ninguna de las partes dio el brazo a torcer.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que también es la presidenta de las negociaciones, hizo un esfuerzo para alcanzar el consenso a último minuto. En la plenaria final, una extensa jornada que inició el 1° de noviembre a las 10 p.m. y terminó el 2 de noviembre a las 8:30 a.m., Muhamad presentó, sobre las 3:30 a.m., un texto borrador a las partes. La propuesta establecía la creación de un nuevo fondo e incluía el reconocimiento de las altas cargas de deuda existentes.
Pero la idea (y el texto) no les gustó mucho a los países del norte global, como Canadá, Suiza, Japón, Reino Unido y el bloque de la Unión Europea, que se opusieron tajantemente hasta el final.
Como explicó Óscar Soria, director de la ONG Common Initiative, la presidencia de Colombia presionó para que temas importantes se incluyeran en las negociaciones, como la deuda soberana. “Pero la desconfianza entre países en desarrollo y países desarrollados, así como las decisiones hechas por Muhamad en la organización del proceso, hicieron las negociaciones muy desafiantes en las últimas horas”, insistió.
“Esto es lamentable considerando la urgente necesidad de asegurar que los fondos lleguen a donde más se los necesita para frenar y revertir la pérdida de la naturaleza”, sostuvo, por su parte, Nina Seega, directora de finanzas sostenibles del Cambridge Institute for Sustainable Leadership.
Nuevos recursos son insuficientes
El pasado 28 de octubre se realizó el “día del financiamiento” en la COP16 y, como se esperaba, algunos países anunciaron nuevos recursos para financiar la conservación de la biodiversidad. Siete de ellos, incluidos Nueva Zelanda, Francia y Austria, así como Quebec (el primer gobierno subnacional que se suma voluntariamente a esta iniciativa) prometieron US$163 millones adicionales para el fondo.
Asimismo, informó el presidente Gustavo Petro, Colombia logró movilizar US$100 millones para proteger la biodiversidad. Entre esos, US$20 millones de Noruega para luchar contra la deforestación y US$5 millones de Suecia para impulsar la bioeconomía y la restauración.
Durante la COP16 también se crearon nuevos fondos, como el Fondo de Cali, para repartir los beneficios del uso de recursos genéticos digitales, o el Fondo Multidonante para la conservación y restauración del Chocó Biogeográfico, apoyado por el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF).
Pese a estos avances, aún hay grandes reparos. Por un lado, las cifras de recursos movilizados siguen estando en términos de millones, cuando se necesitan miles de millones (es decir, la brecha sigue siendo enorme). Por otro, el punto central de la discusión, relacionado con cómo financiar la implementación del Marco Global, sigue en vilo, pues no terminó de discutirse antes de la suspensión de la plenaria.
Con la COP16 sin acto de clausura, las partes deberán programarse para debatir asuntos claves, como este, durante las reuniones intersesionales del próximo año.