Lo que esperan los pueblos indígenas, como defensores de la naturaleza, en la COP16
En la cumbre que se llevará a cabo en Cali, los indígenas esperan tener un papel protagónico. Que los reconozcan como un organismo que incida en las decisiones y que puedan acceder a más recursos para proteger los bosques serán algunas de sus peticiones. Además, los pueblos colombianos, esperan que el Estado salde una deuda que ha tenido con ellos por más de 30 años.
Catalina Sanabria Devia
Este año, durante la COP16 en Cali, 196 países se reunirán para tomar decisiones claves en torno a la conservación y uso de la biodiversidad. Entre los participantes también habrá, como suele suceder, diversas organizaciones y representantes de comunidades que juegan un rol esencial en la protección de la naturaleza. Uno de ellos son los pueblos indígenas, que participarán en calidad de observadores de las discusiones. Aunque no podrán votar, sí estarán en los debates que se darán en torno a las metas que hace dos años trazó el mundo en el llamado Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB).
Hay muchas cifras que ayudan a entender un poco mejor la relación de los indígenas con los objetivos que se establecieron en 2022 para frenar la pérdida de biodiversidad, pero basta mencionar una sola: alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentra en zonas ocupadas por grupos indígenas.
“Somos parte del esfuerzo para poder salvar el planeta con nuestro sistema de conocimiento”, expresa el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca.
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¿Pero qué esperan estas comunidades de la COP que se va a realizar en Colombia en un mes? ¿Qué papel quieren jugar en esas discusiones en las que se pondrá sobre la mesa las 23 metas para detener la pérdida de biodiversidad para 2030? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, con el uso justo de recursos genéticos, otro de los temas sensibles que se debatirán en Cali?
Para responder esas inquietudes, el primer paso es entender que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), ratificado por los países que vendrán a la COP, es claro en uno de sus principios: reconocer la estrecha relación que tienen estas comunidades con los recursos biológicos, sobre la cual han basado tradicionalmente sus formas de vida.
Es por eso, entre otras razones, que una de las principales peticiones de los pueblos indígenas es que su participación sí tenga un verdadero impacto en las decisiones que tomen los delgados de los países. “Abogamos por un compromiso más profundo y estructuras más inclusivas que posibiliten que nuestras voces no solo se escuchen, sino que también sean determinantes en la configuración de las políticas y prácticas que afectan nuestros territorios y sistemas de vida”, se lee en la página de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
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Además de ese papel protagónico que buscan en la toma de decisiones, hay un elemento que siempre atraviesa las discusiones: el acceso a recursos económicos. “Lo que esperamos es tener una fuente de financiación de manera directa para poder seguir cuidando la naturaleza. Mientras otros destruyen los territorios, nosotros, los pueblos indígenas que los habitamos, los protegemos. Eso tiene un valor significativo”, agrega Muca.
Pablo Hernán Jamioy, originario del pueblo Kamëntsa de Putumayo y líder del equipo de incidencia de la OPIAC, afirma que, a pesar de que ha habido gran afluencia de recursos por parte de algunos fondos, las medidas no han sido del todo efectivas. El mejor ejemplo para mostrarlo es un informe de la organización Rainforest Foundation Norway, que demostró que entre 2011 y 2020, los pueblos indígenas recibieron menos del 1 % de la ayuda para la mitigación y adaptación al cambio climático.
“Si seguimos así, no vamos a cumplir las metas que se comprometieron en la COP15. Hoy el gran reto es que el quehacer ya está fijado a través de las metas y nosotros queremos plantear cómo, cuáles son los pasos, cuál es la ruta a seguir”, dice el coordinador de la OPIAC.
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De hecho, el mes pasado, en Bogotá, se llevó a cabo la Cumbre Mundial TRɄA sobre Conocimientos Tradicionales relacionados con la Biodiversidad. Allí se reunieron más de 150 representantes de todo el mundo y el copresidente del FIIB, Ramiro Batzon, también hizo énfasis en la importancia de un acceso directo a los fondos de financiación. Según él, es uno de los objetivos del Programa de Trabajo sobre el artículo 8j del CDB, que posiblemente se apruebe en la COP16.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sintetizó dos de sus principales requerimientos de esta forma, durante aquella cumbre. “Ellos (los pueblos indígenas) tienen dos aspiraciones: tener un cuerpo subsidiario permanente en la convención, esto quiere decir ser un organismo reconocido de forma permanente, lo que les dará más capacidad política de influencia y tener acceso directo a recursos internacionales que se destinen para ese plan de trabajo”.
“Llamamos a los países a apoyar la creación de un espacio institucional de alto nivel para asesorar a la COP sobre conocimientos tradicionales, y a adoptar un plan de trabajo ambicioso que ayude a aplicar el compromiso asumido por los países de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales”, dijo, entonces, Viviana Figueroa, coordinadora técnica global del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).
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Al cierre de ese evento, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, destacó otro objetivo más que buscarán las comunidades indígenas en la COP16: buscar que se adopte un nuevo programa de trabajo que guíe los compromisos hasta 2050. También esperan, dijo, que se haga un reconocimiento de la contribución que tienen estos conocimientos en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Pero, ¿cómo lograr esos dos grandes objetivos? A ojos de Jamioy, una forma de tener incidencia es a través de propuestas unificadas. Los pueblos indígenas lo saben y, por ello, en agosto, llevaron a cabo, en Bogotá, el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, con representantes de los nueve países que componen esa región.
Allí, justamente, los asistentes insistieron en la necesidad de que se protejan sus derechos y de que haya seguridad jurídica de sus territorios “como una estrategia eficaz para combatir las crisis de biodiversidad climática”. La gobernanza de esas zonas bajo los sistemas de conocimiento indígena fue otro de los asuntos primordiales que trataron. Así mismo, recalcaron lo importante que es la ampliación de sus resguardos y garantizar su seguridad jurídica.
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Todos esos puntos están relacionados, de algún modo, con el Marco Global de Biodiversidad. Para ser un poco más detallados, con las metas 1, 3, 19 y 21. “No logramos nada si no hay ordenamiento ambiental ni planes de gestión integral y si no fortalecemos la gobernanza territorial”, señala Jamioy.
A la espera de una decisión histórica en la COP16
Los pueblos indígenas de Colombia están esperando que en la COP16 se haga un anuncio que han esperado desde que se promulgó la Constitución Política de 1991: que se creen Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura similar a la de un municipio y departamento que les permitiría a las comunidades ser parte de la estructura político administrativa del Estado.
Sin embargo, a la fecha, esto no se ha logrado, en una mora estructural y sistemática en la que han participado los tres poderes públicos del Estado, según Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas.
Como consecuencia, explica Varela, ha habido fallas para proteger la existencia física y cultural de los pueblos indígenas, un relacionamiento asimétrico entre sus gobiernos y las diferentes entidades del país; una invisibilización al nombrar sus territorios como áreas no municipalizadas.
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En 2018, el Gobierno había expedido el Decreto Ley 632, que determina los mecanismos y procedimientos para formalizar las ETI en Amazonas, Guainía y Vaupés. Actualmente, 25 Territorios Indígenas de dichos departamentos se encuentran en alguna fase del proceso y cinco ya tuvieron diálogo intercultural con la Agencia Nacional de Tierras (ANT): Apaporis, Río Tiquié, Mirití Paraná, PANI y Bajo Río Caquetá. La Fundación Gaia Amazonas acompaña diez de esos Territorios Indígenas, al resto los acompañan la Fundación Etnollano y la OPIAC.
Para ese propósito, los pueblos indígenas ya han actualizado sus planes de vida, los cuales son la gran política para regir al territorio, en palabras de Kelly Johan Yukuna, secretaría de mujeres del Mirití Paraná. Ella también espera que en la COP16, en Cali, se dé el acto administrativo final para que al menos una se formalice.
“A la COP16 queremos llegar con buenos tonos y ánimos y una celebración si esto se logra hacer”, dice, por su parte, Fabio Valencia Vanegas, representante legal del Territorio Indígena del Pirá Paraná. “Teniendo en cuenta que nosotros somos defensores de la biodiversidad, por eso es que queremos que se reconozcan estos Territorios Indígenas. Para eso es que gobernamos nosotros: protegemos, conservamos todo el sistema de conocimiento, de la vida, del bosque, eso es lo que somos”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Este año, durante la COP16 en Cali, 196 países se reunirán para tomar decisiones claves en torno a la conservación y uso de la biodiversidad. Entre los participantes también habrá, como suele suceder, diversas organizaciones y representantes de comunidades que juegan un rol esencial en la protección de la naturaleza. Uno de ellos son los pueblos indígenas, que participarán en calidad de observadores de las discusiones. Aunque no podrán votar, sí estarán en los debates que se darán en torno a las metas que hace dos años trazó el mundo en el llamado Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (MGB).
Hay muchas cifras que ayudan a entender un poco mejor la relación de los indígenas con los objetivos que se establecieron en 2022 para frenar la pérdida de biodiversidad, pero basta mencionar una sola: alrededor del 35% de los bosques de América Latina se encuentra en zonas ocupadas por grupos indígenas.
“Somos parte del esfuerzo para poder salvar el planeta con nuestro sistema de conocimiento”, expresa el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca.
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¿Pero qué esperan estas comunidades de la COP que se va a realizar en Colombia en un mes? ¿Qué papel quieren jugar en esas discusiones en las que se pondrá sobre la mesa las 23 metas para detener la pérdida de biodiversidad para 2030? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, con el uso justo de recursos genéticos, otro de los temas sensibles que se debatirán en Cali?
Para responder esas inquietudes, el primer paso es entender que el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), ratificado por los países que vendrán a la COP, es claro en uno de sus principios: reconocer la estrecha relación que tienen estas comunidades con los recursos biológicos, sobre la cual han basado tradicionalmente sus formas de vida.
Es por eso, entre otras razones, que una de las principales peticiones de los pueblos indígenas es que su participación sí tenga un verdadero impacto en las decisiones que tomen los delgados de los países. “Abogamos por un compromiso más profundo y estructuras más inclusivas que posibiliten que nuestras voces no solo se escuchen, sino que también sean determinantes en la configuración de las políticas y prácticas que afectan nuestros territorios y sistemas de vida”, se lee en la página de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
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Además de ese papel protagónico que buscan en la toma de decisiones, hay un elemento que siempre atraviesa las discusiones: el acceso a recursos económicos. “Lo que esperamos es tener una fuente de financiación de manera directa para poder seguir cuidando la naturaleza. Mientras otros destruyen los territorios, nosotros, los pueblos indígenas que los habitamos, los protegemos. Eso tiene un valor significativo”, agrega Muca.
Pablo Hernán Jamioy, originario del pueblo Kamëntsa de Putumayo y líder del equipo de incidencia de la OPIAC, afirma que, a pesar de que ha habido gran afluencia de recursos por parte de algunos fondos, las medidas no han sido del todo efectivas. El mejor ejemplo para mostrarlo es un informe de la organización Rainforest Foundation Norway, que demostró que entre 2011 y 2020, los pueblos indígenas recibieron menos del 1 % de la ayuda para la mitigación y adaptación al cambio climático.
“Si seguimos así, no vamos a cumplir las metas que se comprometieron en la COP15. Hoy el gran reto es que el quehacer ya está fijado a través de las metas y nosotros queremos plantear cómo, cuáles son los pasos, cuál es la ruta a seguir”, dice el coordinador de la OPIAC.
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De hecho, el mes pasado, en Bogotá, se llevó a cabo la Cumbre Mundial TRɄA sobre Conocimientos Tradicionales relacionados con la Biodiversidad. Allí se reunieron más de 150 representantes de todo el mundo y el copresidente del FIIB, Ramiro Batzon, también hizo énfasis en la importancia de un acceso directo a los fondos de financiación. Según él, es uno de los objetivos del Programa de Trabajo sobre el artículo 8j del CDB, que posiblemente se apruebe en la COP16.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sintetizó dos de sus principales requerimientos de esta forma, durante aquella cumbre. “Ellos (los pueblos indígenas) tienen dos aspiraciones: tener un cuerpo subsidiario permanente en la convención, esto quiere decir ser un organismo reconocido de forma permanente, lo que les dará más capacidad política de influencia y tener acceso directo a recursos internacionales que se destinen para ese plan de trabajo”.
“Llamamos a los países a apoyar la creación de un espacio institucional de alto nivel para asesorar a la COP sobre conocimientos tradicionales, y a adoptar un plan de trabajo ambicioso que ayude a aplicar el compromiso asumido por los países de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales”, dijo, entonces, Viviana Figueroa, coordinadora técnica global del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).
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Al cierre de ese evento, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, destacó otro objetivo más que buscarán las comunidades indígenas en la COP16: buscar que se adopte un nuevo programa de trabajo que guíe los compromisos hasta 2050. También esperan, dijo, que se haga un reconocimiento de la contribución que tienen estos conocimientos en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Pero, ¿cómo lograr esos dos grandes objetivos? A ojos de Jamioy, una forma de tener incidencia es a través de propuestas unificadas. Los pueblos indígenas lo saben y, por ello, en agosto, llevaron a cabo, en Bogotá, el Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica, con representantes de los nueve países que componen esa región.
Allí, justamente, los asistentes insistieron en la necesidad de que se protejan sus derechos y de que haya seguridad jurídica de sus territorios “como una estrategia eficaz para combatir las crisis de biodiversidad climática”. La gobernanza de esas zonas bajo los sistemas de conocimiento indígena fue otro de los asuntos primordiales que trataron. Así mismo, recalcaron lo importante que es la ampliación de sus resguardos y garantizar su seguridad jurídica.
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A la espera de una decisión histórica en la COP16
Los pueblos indígenas de Colombia están esperando que en la COP16 se haga un anuncio que han esperado desde que se promulgó la Constitución Política de 1991: que se creen Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura similar a la de un municipio y departamento que les permitiría a las comunidades ser parte de la estructura político administrativa del Estado.
Sin embargo, a la fecha, esto no se ha logrado, en una mora estructural y sistemática en la que han participado los tres poderes públicos del Estado, según Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas.
Como consecuencia, explica Varela, ha habido fallas para proteger la existencia física y cultural de los pueblos indígenas, un relacionamiento asimétrico entre sus gobiernos y las diferentes entidades del país; una invisibilización al nombrar sus territorios como áreas no municipalizadas.
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En 2018, el Gobierno había expedido el Decreto Ley 632, que determina los mecanismos y procedimientos para formalizar las ETI en Amazonas, Guainía y Vaupés. Actualmente, 25 Territorios Indígenas de dichos departamentos se encuentran en alguna fase del proceso y cinco ya tuvieron diálogo intercultural con la Agencia Nacional de Tierras (ANT): Apaporis, Río Tiquié, Mirití Paraná, PANI y Bajo Río Caquetá. La Fundación Gaia Amazonas acompaña diez de esos Territorios Indígenas, al resto los acompañan la Fundación Etnollano y la OPIAC.
Para ese propósito, los pueblos indígenas ya han actualizado sus planes de vida, los cuales son la gran política para regir al territorio, en palabras de Kelly Johan Yukuna, secretaría de mujeres del Mirití Paraná. Ella también espera que en la COP16, en Cali, se dé el acto administrativo final para que al menos una se formalice.
“A la COP16 queremos llegar con buenos tonos y ánimos y una celebración si esto se logra hacer”, dice, por su parte, Fabio Valencia Vanegas, representante legal del Territorio Indígena del Pirá Paraná. “Teniendo en cuenta que nosotros somos defensores de la biodiversidad, por eso es que queremos que se reconozcan estos Territorios Indígenas. Para eso es que gobernamos nosotros: protegemos, conservamos todo el sistema de conocimiento, de la vida, del bosque, eso es lo que somos”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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