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Colombia es uno de los países con más bosques de manglar en el mundo, con aproximadamente 280.000 hectáreas, una superficie equivalente a siete veces el área urbana de su capital, Bogotá. Esta es una cifra clave para el país anfitrión de la próxima Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP16 de Biodiversidad), debido al creciente reconocimiento de estos ecosistemas costeros como un aliado estratégico para la acción global contra la emergencia climática y la desaparición de hábitats y especies.
“Si nosotros hubiéramos tenido esta entrevista hace 80 años, la percepción sería opuesta, es decir, cómo hacemos para librarnos de esos ecosistemas, porque tienen mucho mosquito, huelen horrible, no sirven para nada”, explica Ernesto Mancera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y presidente de la Red Colombiana de Estuarios y Manglares. “Antes hablábamos de los “des servicios” (perjuicios), lo que ‘no nos sirve’, hoy hablamos de lo que nos sirve, los servicios ecosistémicos”.
Además de ser fuente de alimentos, madera, combustible, medicinas y otros recursos vitales para las comunidades que habitan en sus alrededores; los manglares funcionan como una barrera de protección que mitiga el avance de la erosión costera y reduce el impacto de las olas y de eventos extremos, como huracanes y tsunamis. Como si fuera poco, varios estudios científicos han demostrado durante los últimos 15 años que los manglares pueden capturar y almacenar hasta 10 veces más dióxido de carbono que un bosque tropical, uno de los gases que más interviene en el calentamiento global.
Hoy, el llamado ‘carbono azul’, que también incluye al que se encuentra en los pastos marinos y marismas salobres, se posiciona como un aliado estratégico para las metas de neutralidad de carbono establecidas en los Acuerdos de París, y para el financiamiento de proyectos de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.
Al mismo tiempo, recuperar y revitalizar sus bosques de mangle es una tarea urgente para Colombia. Según el Global Mangrove Watch, entre 1996 y 2020 el país registró una pérdida neta de 7.269 hectáreas de manglar. Una cifra que podría ser mayor, de no ser por las iniciativas de restauración en curso, pero que podría seguir en aumento debido al avance de la deforestación, el deterioro ecológico y los efectos del cambio climático.
El Pacífico, una región estratégica
Santiago de Cali, la ciudad sede de la COP16, se encuentra en el valle del río Cauca, entre las cordilleras occidental y central de los Andes, a 300 km al suroccidente de Bogotá. Sin embargo, sólo tres horas de carretera la separan de Buenaventura, el mayor puerto del país, por lo cual es considerada como la capital cultural y económica del Pacífico colombiano. Por este motivo, la COP16 representa una oportunidad histórica para visibilizar la riqueza natural y cultural de esta región, así como para movilizar recursos hacia algunos de los rincones más olvidados por el Estado y con peores indicadores sociales del país.
Con precipitaciones que pueden llegar a los 9.000 milímetros anuales, el Pacífico colombiano es el lugar más lluvioso del planeta. Sus numerosos y caudalosos ríos alimentan una rica red de estuarios y lagunas donde florecen cerca de 200.000 hectáreas de bosques de mangle, el 71% del total del país. Estos manglares se caracterizan por sus amplias coberturas y su relativamente buen estado de conservación, como lo demuestran la altura y frondosidad de sus arbustos, con ejemplares que pueden llegar hasta los 60 metros de altura.
Como nos explica Julio César Rodríguez, profesional especializado en áreas protegidas y zonas marino-costeras de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) –uno de los cuatro departamentos del Pacífico colombiano–, la inmensa mayoría de estas 200 mil hectáreas se encuentra en territorios de Consejos Comunitarios Afrocolombianos y Resguardos Indígenas. Es por esto que “en toda Colombia, pero en especial en el Pacífico, el manejo del ecosistema de manglar tiene que pasar por el relacionamiento, la consulta previa, libre e informada y el diálogo permanente de las comunidades que están allí asentadas”, afirma Rodríguez.
El Consejo Comunitario de El Cuerval, en Timbiquí, Cauca, es uno de estos territorios. Según nos cuenta Yolanda Garcés, pescadora y recolectora de piangua –una ostra que se cría en las raíces de los manglares y que es una de las bases de la alimentación de las comunidades del Pacífico colombiano– la principal amenaza que enfrentan los manglares en su territorio es la tala para cazar a los polluelos del pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus), un ave estacionaria que construye sus nidos en las copas de los manglares.
Gonzalo Valencia, tecnólogo agropecuario y expresidente del Consejo, nos explica que el grave impacto que genera la caza de estos polluelos se debe a que, para capturar un nido, se tumban decenas de árboles de mangle, lo que además favorece la propagación de la rancocha (Acrostichum aureum), un helecho que endurece el terreno y disminuye “la producción de pescado, de piangua, de cangrejo, de iguana, de todas esas especies que necesitan el manglar para poder sobrevivir y seguir reproduciéndose”.
Valencia también señala que a esta problemática se suma el avance de la deforestación hacia las costas, pues la desaparición del bosque tropical está aumentando la presión sobre los manglares para obtener madera y hacer campo a la minería y otras actividades ilegales. “Yo le aseguro que, así como vamos, de aquí a cinco años yo ya no le diré más que tenemos 2.400 hectáreas de manglar [en el Consejo Comunitario], sino que le puedo decir que tenemos 1.000, o hasta menos”, advierte Valencia.
Los retos de la restauración
El Gobierno del actual presidente, Gustavo Petro, se comprometió a restaurar 753.783 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos en todo el país para el 2026. Entre sus prioridades figuran los territorios de las comunidades afrocolombianas e indígenas y áreas con gran concentración de manglar, como el municipio de Buenaventura y el Núcleo de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad Pacífico Sur, en el departamento de Nariño.
Para cumplir esta meta, una de las principales herramientas del Gobierno es el Fondo Para la Vida, creado en noviembre de 2023. A través de este fondo, se busca invertir cinco billones de pesos (USD 1.200 millones) hasta el 2026 en acciones climáticas y ambientales, como la restauración y recuperación de ecosistemas. Además del Presupuesto General de la Nación y el Impuesto al Carbono, el Gobierno pretende obtener estos recursos a través de la banca multilateral y la cooperación internacional; un punto central en la agenda del país durante la COP16 y los dos años que presidirá el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas.
Aunque la actualización de la Estrategia y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (NBSAPs, por sus siglas en inglés) –presentada por el Gobierno el primer día de la COP, el 21 de octubre– no menciona explícitamente la restauración de manglares, sí los reconoce como ecosistemas estratégicos para integrar las agendas de financiamiento para el cambio climático y la biodiversidad. El NBSAP es un documento fundamental, pues es el principal instrumento para implementar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en la COP15 de 2022, que es el eje transversal de las negociaciones que se realizan en Cali.
En todo caso, la restauración de manglares se alinea con varias de las 23 metas del especialmente la Meta 8, que busca minimizar el impacto del cambio climático y aumentar su resiliencia; y la Meta 11, orientada a restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Adicionalmente, la Ley 2243 de 2022 declaró de interés público la restauración de los manglares y obliga al Gobierno a destinar presupuesto para este fin, por lo cual estos ecosistemas deberán ser uno de sus escenarios prioritarios para la acción por la biodiversidad.
Más allá de estas metas y cifras promisorias, la restauración de manglares enfrenta grandes desafíos en el Pacífico colombiano. Según Valencia, restaurar una hectárea de manglar requiere una inversión en materiales, combustible y mano de obra que puede alcanzar entre 18 y 23 millones de pesos (entre 4.500 y 6.000 USD). Es un proceso largo, que incluye la adecuación del terreno, la adquisición y germinación de las semillas, la siembra, el monitoreo para reemplazar las semillas que no germinen y un seguimiento hasta que el árbol de mangle alcance entre 18 meses a dos años, para evitar que la rancocha se coma a los manglares de menor tamaño.
Todo este proceso, según nos cuenta, lo realizan cada año las comunidades “prácticamente con las uñas”, con muy poco o sin ningún apoyo de las entidades estatales, pues la mayoría de los recursos disponibles para este fin se queda en la burocracia del Estado, mientras que “a las comunidades, que realmente están haciendo el ejercicio de preservación, no les llega nada, ni las migajas”.
Es por esto que, para Valencia, el gobierno debe ofrecer remuneraciones justas a las comunidades por su trabajo de restauración y darles apoyo financiero para generar alternativas económicas que desincentiven la tala y otras prácticas nocivas para el medio ambiente. También pide mayor acompañamiento a las comunidades en la negociación de proyectos de bonos de carbono, que comienzan a abrirse camino en la región pero generan desconfianza en las comunidades, pues han visto cómo en otras experiencias en el país “ponen a firmar a las comunidades por 30 años y los beneficios son para las empresas”.
“Paz con la naturaleza”
Valencia también pide mayor presencia de la fuerza pública, la Policía y las instituciones de justicia para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, pues “es muy duro para nosotros como comunidad salir a estar pendiente cuando los que vienen a hacer el daño vienen con armas de fuego”.
Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, Colombia fue el país más letal para los defensores del medio ambiente en 2023, con 79 asesinatos registrados, de los cuales más de la mitad ocurrieron en los cuatro departamentos de la región Pacífico. El país también ocupa el deshonroso primer lugar en el acumulado de asesinatos desde que comenzó el conteo de esta organización, en 2012. A esto se suman otras formas de violencia, como secuestros, confinamientos y desplazamientos forzados, que azotan a la población civil en medio de la disputa entre más de una docena de estructuras criminales por el control del territorio, las rutas del narcotráfico y las rentas ilegales.
En este contexto de violencia y desafíos ambientales, el lema elegido por el Gobierno para la COP16, ‘Paz con la naturaleza’, adquiere un significado especial en las costas del Pacífico colombiano. “Si el gobierno habla de paz con la naturaleza, entonces lo que tiene que decir es mejor: paz entre el gobierno y las comunidades, para que pueda estar bien la naturaleza”, afirma Valencia. “Si no hay un real apoyo, directo, sentido a las personas que viven en los territorios, que realmente hacen los procesos de conservación, en un final muy cercano esto va a explotar, porque lo poquito que hay conservado se va a destruir”.
*Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y FES Transformación
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