En las últimas semanas, una serie de explosiones controladas han sacudido al Parque Nacional Natural Los Farallones, en Cali (Valle del Cauca). Las ondas han destruido las paredes y los muros de los socavones mineros que, durante las últimas décadas, han servido para extraer oro y otros metales preciosos en esta área protegida de Colombia.
Estas detonaciones, realizadas en operativos liderados por la Policía Nacional, marcan el inicio de la segunda fase del plan para recuperar esta área protegida. La primera fase, llevada a cabo en el 2023, incluyó acciones como la destrucción de maquinaria utilizada en yacimientos mineros, la intervención de nueve minas y el aumento de las actividades de control y monitoreo de las actividades ilegales en el parque, entre otras medidas.
“En Los Farallones se ha practicado minería ilegal a través de socavones de más de 100 metros, en los que se procesan estos materiales con mercurio en campamentos provisionales, lo que causa una fuente constante y documentada de contaminación del suelo y los ríos”, explica Gustavo Rodríguez, experto de monitoreo e investigaciones de Parques Nacionales Naturales.
El proceso de recuperación no será fácil ni rápido. Según estimaciones del Ministerio de Ambiente, se prevé que la restauración de los daños causados por la minería ilegal tome al menos 20 años. “El año pasado logramos controlar el 60 % del problema, que 200 mineros se apartaran de esta actividad y se cerraron dos minas, que no se han vuelto a abrir. Sin embargo, quedan al menos seis minas abiertas, que se mantienen como una amenaza para el parque. El objetivo es hacer un trabajo unificado para su cierre”, indicó la ministra Susana Muhamad.
Desde su creación, en 1968, Los Farallones —la formación rocosa más joven de la cordillera Occidental de los Andes y hogar de tres tipos de ecosistemas con una rica biodiversidad— ha enfrentado diversos conflictos que han dificultado su protección. Los procesos mineros fueron iniciados por exploradores extranjeros entre los años 1920 y 1930, y continuaron después de que se declarara protegida el área, impulsados primero por habitantes locales y después por grupos ilegales. A pesar de que se han realizado varias medidas, como la instalación de un puesto de la policía para controlar las actividades mineras ilegales, este fenómeno empeoró con los confinamientos de la pandemia.
“Con la pandemia y el encierro, se abandonó el puesto de control que había y con eso empezó resurgir el tema de la minería y todo el caos que esto implica”, explica Guerrero, de Parques Nacionales Naturales. “Se presentaron casos de mineros que se enfrentaban con la gente, con los guardabosques e incluso con el Ejército, con un incidente que dejó incluso un minero muerto en medio de un procedimiento de la fuerza pública”.
A la minería se suman otros fenómenos como la deforestación e incluso la presencia de cultivos ilícitos. En 2021, Los Farallones registró más de 670 hectáreas de cultivos ilícitos, convirtiéndose en la séptima área protegida del país con mayor incidencia de este fenómeno, según cifras de la veeduría Parques Cómo Vamos. Frente a esto, Parques Nacionales le indicó a El Espectador que para la zona del río Pance no se tiene esta problemática, aunque sí se ha detectado en zonas a sus alrededores.
A esto se suman las familias que viven dentro del parque y realizan, en ocasiones, actividades no permitidas, como agricultura o incluso ganadería, con registro por parte del Instituto Colombiano Agropecuario de la presencia de cabezas de ganado. Todo esto conforma un panorama que complica la revitalización de Los Farallones, hogar de más de mil especies de árboles, orquídeas, bromelias y helechos, así como de más de 620 especies de aves residentes y migratorias. Ubicado a menos de 40 minutos de Cali —ciudad anfitriona de la COP16—, este parque ilustra perfectamente los retos que enfrentan las zonas que albergan una biodiversidad privilegiada.
“Los Farallones es muy extenso y eso es lo que lo hace tan difícil de monitorear, pero también muy relevante en términos biológicos. El parque recoge partes de Los Andes, así cómo parte de las selvas del Chocó biográfico, con una alta cantidad de especies endémicas asociada con esos diferentes pisos térmicos que hay en la zona”, indica Daniel Osorio, experto en herpetología y docente de Biología de la Universidad Javeriana de Cali.
¿Qué se está haciendo?
Alejandro Eder, alcalde de Cali, resume de manera sencilla la importancia de Los Farallones: “Es un tesoro no solo para los caleños, sino para todos los colombianos, ya que es uno de los lugares más biodiversos del país y de él proviene el agua que consumimos en la ciudad y en las zonas rurales”. Esta área protegida, que abarca 196.429 hectáreas (ha) entre los Andes y el Pacífico colombiano, actúa como un banco genético in situ, explica Parques Nacionales. Es decir, resguarda gran diversidad de especies vegetales y animales, vitales para el equilibrio de los ecosistemas y la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Todavía seguimos desconociendo mucho de Los Farallones. Hace relativamente poco, a finales de 2023, se anunció el descubrimiento de ocho nuevas especies de orquídeas, que fueron bautizadas en honor a científicas e investigadoras colombianas destacadas. Además de esto, a lo largo de los años, el conocido Pico del Loro, que permite observar a Cali y sus alrededores desde más de 2.600 metros de altura, se ha convertido en una de las principales atracciones ecoturísticas de Cali y del Valle del Cauca.
La pregunta, entonces, es, ¿cómo proteger este ecosistema? “Con Parques y el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto de pago por servicios Ambientales para reducir la carga en los ecosistemas y darles oportunidades a las personas para su propio desarrollo”, explica Eder. El ecoturismo es otra de las opciones que se ha considerado para impulsar la conservación del área protegida y lograr una reconversión de las comunidades que viven dentro y en los alrededores del parque.
“Se viene trabajando en la formalización y creación de grupos comunitarios para que estos tengan la capacidad técnica y operativa para mostrar estos atractivos ecoturísticos y, al tiempo, generar recursos”, explica Rodríguez, de PNN. “Lo que queremos controlar es el turismo descontrolado que afecta a esta área protegida”. Para asegurar que no se afectarán los ecosistemas del parque, se están realizando estudios de carga para garantizar que las visitas dentro del área protegida no afecten a las especies de fauna y flora que habitan en esta zona. También se está trabajando en proyectos de ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento de los ecosistemas.
Uno de los retos más importantes que persisten es que los caleños conozcan el parque. “Curiosamente, la gente no dimensiona su importancia, incluso desconocen la historia y el nombre del área protegida. Hay que trabajar para mejorar esa conexión”, asegura Rodríguez. A esto se suma Osorio, de la Universidad Javeriana de Cali, quien indica que, “a pesar de esa relación directa con el parque, que ofrece servicio ecosistémico como el abastecimiento de agua, aún no se asume que es una área protegida”.
Con estos esfuerzos del Gobierno nacional, el país busca detener los procesos que están afectando la riqueza de estas áreas protegidas y su conexión con los ciudadanos que viven a su alrededor.